En resumen

  • Las normas de protección contra incendios de las instalaciones nucleares se sustituyen por completo a partir del 26 de octubre de 2026. Las nuevas normas tienen 146 artículos, diez capítulos y tres anexos, en 92 páginas, y derogan las Normas sobre la protección de las centrales nucleares contra incendios y explosiones internos, en vigor desde el 9 de junio de 2006, es decir, durante 7.444 días.
  • Las normas ya no se detienen en la central nuclear. El artículo 2 enumera trece categorías: centrales nucleares, incluidas las equipadas con reactores modulares; reactores de investigación, de ensayo y de potencia cero, y conjuntos subcríticos; reactores de demostración; plantas de fabricación de combustible nuclear; instalaciones de almacenamiento de combustible nuclear gastado; instalaciones de enriquecimiento de uranio y de reprocesamiento; instalaciones de almacenamiento y tratamiento de residuos radiactivos; instalaciones de detritiación; la extracción y el tratamiento de minerales de uranio y de torio; construcciones específicas nucleares; y la última categoría es una cláusula abierta, para cualquier otra instalación nuclear a la que la CNCAN decida aplicar las normas mediante las condiciones de la autorización.
  • Tres cifras que cualquiera puede comprobar. La intervención en el foco del incendio debe comenzar en un plazo máximo de 15 minutos desde la detección de un incendio incipiente. Los sistemas con funciones de seguridad nuclear se separan del resto de las instalaciones mediante barreras resistentes al fuego durante un mínimo de 3 horas. El agua contra incendios procede de dos fuentes distintas y fiables de agua filtrada, y los depósitos deben tener, en conjunto, el doble de la capacidad necesaria, cubriendo cada uno de ellos por sí solo el 100 % de la necesidad calculada.
  • El proyectista de protección contra incendios pasa a estar sometido a examen. El experto que elabora, verifica y avala el proyecto técnico necesita un permiso de ejercicio expedido por la CNCAN: estudios de ingeniería en la materia, al menos 5 años de experiencia en proyectos y verificación técnica, de los cuales al menos 2 años en edificios e instalaciones específicos nucleares, y después pruebas escritas, una prueba práctica sobre un proyecto real y una entrevista, con un mínimo del 70 % en cada prueba. El permiso se expide por 3 años en la primera autorización y por 5 años en la renovación, solo para los tipos de instalación examinados y solo para la organización del titular, es decir, del titular de la autorización de la CNCAN.
  • Un único plazo de calendario en todo el acto: 26 de octubre de 2027. Para esa fecha, los titulares de instalaciones nucleares en funcionamiento deben remitir a la CNCAN el análisis de conformidad con los nuevos requisitos y el plan de acciones para aplicarlos íntegramente. Para la ejecución de las mejoras propiamente dichas, el acto no fija ninguna fecha: el artículo 143 solo pide que se pongan en práctica «en tiempo oportuno».
Acto: Orden del presidente de la Comisión Nacional para el Control de las Actividades Nucleares n.º 162/2026 por la que se aprueban las Normas de seguridad nuclear sobre la protección de las instalaciones nucleares contra incendios y explosiones
Publicado: Boletín Oficial de Rumanía (Monitorul Oficial), Parte I, n.º 893 de 26 de octubre de 2026, página 2, con el anexo en el n.º 893 bis de 26 de octubre de 2026, páginas 3-94
Entrada en vigor: 26 de octubre de 2026, fecha de publicación, ya que la orden no prevé una fecha posterior

Desde el 26 de octubre de 2026, toda instalación nuclear de Rumanía está obligada a iniciar la intervención ante un incendio en un plazo máximo de 15 minutos desde su detección, y los sistemas de los que depende la seguridad nuclear deben separarse del resto de la instalación mediante barreras que resistan el fuego durante al menos 3 horas. Las dos cifras aparecen por primera vez en una norma rumana de seguridad nuclear y forman parte de las 92 páginas aprobadas por la Orden n.º 162/2026 del presidente de la Comisión Nacional para el Control de las Actividades Nucleares (CNCAN). Las normas no atañen solo a la central de Cernavodă: abarcan también la planta de fabricación de combustible nuclear, los almacenes de combustible gastado, los almacenes de residuos radiactivos, la minería del uranio y los reactores de investigación del Estado, cuyo presupuesto de 2026 se aprobó dos semanas antes.

La orden en sí ocupa una sola página y tiene tres artículos. El artículo 1 aprueba las normas, recogidas en el anexo publicado por separado, en la edición 893 bis. El artículo 2 deroga las Normas sobre la protección de las centrales nucleares contra incendios y explosiones internos, aprobadas por la Orden n.º 141/2006 del presidente de la misma comisión y publicadas el 9 de junio de 2006. El artículo 3 dispone la publicación. La orden se firmó el 16 de octubre de 2026, el mismo día en que se redactó la nota justificativa n.º 12.449 que motiva su adopción, y llegó al Boletín Oficial de Rumanía, Parte I, diez días después.

Las normas antiguas se referían a un único tipo de instalación, la unidad de central nuclear, y solo abarcaban los incendios y explosiones internos. Las nuevas parten de otro punto: el artículo 1 establece que fijan los requisitos generales de seguridad nuclear para la protección de las instalaciones nucleares contra incendios y explosiones, mientras que el artículo 2 amplía la aplicación a trece categorías, desde las centrales nucleares «incluidas las equipadas con reactores modulares» hasta las instalaciones de detritiación y las construcciones específicas nucleares. Para las distintas categorías y tipos de instalación, la aplicación sigue «un enfoque graduado», según los riesgos de cada una, de modo que un reactor de investigación no recibe el mismo trato que una central.

El instrumento central de las normas es el análisis de peligros de incendio, abreviado API en todo el texto rumano. Se elabora en la fase de proyecto, se actualiza antes de la puesta en servicio y, en los reactores, antes de la primera carga de combustible nuclear en el núcleo. A lo largo de la vida de la instalación, el API se revisa al menos cada 5 años y cada vez que una modificación del proyecto o de la explotación altera el nivel o la ubicación de los peligros. La protección contra incendios en su conjunto se revisa al menos cada 10 años, para ajustarla a las normas internacionales más recientes, y la lista de normas, códigos y guías utilizados se actualiza igualmente al menos cada 10 años.

El API no se queda en un documento de despacho. El artículo 21 exige que las hipótesis sobre la disponibilidad de los equipos y sobre el tiempo transcurrido entre la detección del incendio y la finalización con éxito de la intervención se justifiquen, se verifiquen y se validen mediante ejercicios prácticos que simulen las maniobras en la instalación. Para cada zona en la que los análisis den crédito a la extinción manual, deben fijarse y validarse sobre el terreno el número mínimo de personal cualificado, los medios de intervención y los tiempos operativos. Y para las centrales nucleares y los reactores de demostración, junto al API son obligatorios otros dos análisis: uno que demuestre que el reactor puede llevarse a un estado de parada segura y mantenerse en él tras un incendio, a largo plazo, y la evaluación probabilista de seguridad nuclear de nivel 1 y nivel 2 para los sucesos de incendio.

Una frase del artículo 11 cambia el tono de toda la regulación: el diseño de la protección contra incendios «no puede limitarse por motivos económicos». Se corresponde con el artículo 9, que enumera las funciones que deben mantenerse durante y después de cualquier incendio: el control de la reactividad, incluida la parada del reactor y su mantenimiento en parada segura por tiempo indefinido, la refrigeración del combustible nuclear, en el reactor y en los almacenes de combustible gastado, el confinamiento de los materiales radiactivos y la vigilancia del estado de la instalación, con los servicios de apoyo necesarios, desde la alimentación eléctrica hasta el aire de instrumentos.

Los efectos que produce

Para los titulares, el efecto inmediato es una lista de obligaciones que se comprueban en la autorización, no en una inspección rutinaria. La autorización de la seguridad contra incendios deja de ser un expediente aparte: el artículo 141 la convierte en parte integrante de las autorizaciones de proyecto, emplazamiento, construcción y montaje, puesta en servicio, explotación y desmantelamiento. Sin la documentación del API, en su fase preliminar, no se expide la autorización de construcción, y sin un API actualizado no se expide la autorización de puesta en servicio.

Dos requisitos adelantan el momento en que la protección debe existir. Todos los sistemas de detección y alarma deben estar plenamente operativos antes de que lleguen al emplazamiento el primer combustible nuclear o los primeros materiales radiactivos, y en las instalaciones con reactor todos los sistemas de extinción deben estar plenamente disponibles antes de la carga inicial de combustible. Para los proyectos en preparación, incluidos los de reactores modulares, esto significa que la protección contra incendios pasa a ser una condición del calendario, y no una partida que se completa en paralelo con la puesta en servicio.

Cada sector de incendio o célula de incendio debe estar cubierto por un sistema fiable de detección automática, con una alarma que indique la ubicación del incendio. Los sistemas deben ser direccionables, deben comunicar rápidamente el suceso a la sala de control principal, deben alimentarse con fuentes de alimentación ininterrumpida y deben tener cables resistentes al fuego, y los fallos de conexión también se señalizan en la sala de control. La única salida es una demostración, basada en el API, de que un sistema así no es necesario o no es viable en una zona concreta, con medidas alternativas adecuadas.

El suministro de agua contra incendios recibe requisitos precisos de dimensionamiento. Se necesitan dos fuentes distintas y fiables de agua filtrada, salvo que una sola fuente sea suficientemente grande, como un lago o un río, y tenga dos tomas independientes. Cuando se utilizan depósitos, estos deben tener, en conjunto, el doble de la capacidad exigida por el API, cada uno debe poder aportar por sí solo el 100 % de la necesidad, deben estar interconectados para que las bombas puedan aspirar de uno, de otro o de ambos, y cada uno debe poder aislarse en caso de avería. La distribución se hace por una red en anillo, alimentada desde ambos sentidos, y cada edificio debe tener al menos dos conexiones a ella.

En la explotación, las normas entran en el detalle del día a día. No se admiten materiales combustibles no esenciales en las proximidades de los sistemas importantes para la seguridad nuclear y de sus cables, ni en las salas de control principal y secundaria. El material combustible transitorio, en particular los embalajes, se retira inmediatamente después de terminar la actividad. Para cada zona y cada compartimento debe llevarse un registro de la carga de fuego existente y de la carga de fuego máxima admisible, y los trabajos en caliente se realizan con permiso, previa evaluación de su efecto sobre la protección contra incendios y, cuando es necesario, bajo vigilancia continua.

Para las personas que viven en torno a un emplazamiento, el efecto se lee de forma indirecta, a través de lo que exactamente debe cumplirse. La protección contra incendios se vincula expresamente a la protección radiológica del personal, de la población y del medio ambiente, y los peligros procedentes del exterior de la instalación, de instalaciones vecinas, actividades industriales, vías de transporte, almacenes o vegetación, deben identificarse, evaluarse y reducirse al mínimo practicable mediante el emplazamiento, las distancias de separación y las barreras. Para las instalaciones con reactores y para los almacenes intermedios de combustible gastado, el titular debe contar con una estrategia de respuesta ante la caída accidental de una aeronave en el emplazamiento, incluidos los incendios que de ella se derivarían.

Qué ha cambiado respecto de la situación anterior

Hasta el 26 de octubre de 2026 se aplicaban las Normas sobre la protección de las centrales nucleares contra incendios y explosiones internos, con 149 artículos en nueve capítulos y tres anexos. Las nuevas normas tienen 146 artículos en diez capítulos y tres anexos, tres artículos menos, pero abarcan trece categorías de instalaciones en lugar de una. La diferencia no se debe a la concisión: el capítulo V, el de la defensa en profundidad, ha crecido hasta seis secciones y veinte apartados, y se han añadido materias que en 2006 no existían en absoluto.

El mayor cambio de fondo es el ámbito de aplicación. La regulación antigua se dirigía al titular de la autorización de una unidad de central nuclear. La nueva alcanza a los reactores de investigación, de ensayo y de potencia cero y a los conjuntos subcríticos, los reactores de demostración, las plantas de fabricación de combustible nuclear, los almacenes de combustible gastado, las instalaciones de enriquecimiento y reprocesamiento, los almacenes e instalaciones de tratamiento de residuos radiactivos situados en el mismo emplazamiento, las instalaciones de detritiación, la extracción y el tratamiento de minerales de uranio y de torio y las construcciones específicas nucleares. Las centrales con reactores modulares se nombran expresamente, cuatro veces en el texto, aunque en Rumanía todavía no funciona ninguna.

El segundo cambio es la llegada de las cifras. Las normas antiguas hablaban de un «tiempo de respuesta suficiente» y dejaban la resistencia al fuego de las barreras al análisis de peligros y a las reglamentaciones técnicas aplicables. Las nuevas fijan 15 minutos como techo absoluto para el inicio de la intervención y 3 horas como resistencia mínima al fuego de las barreras entre los sistemas con funciones de seguridad nuclear y el resto de las instalaciones, con la obligación de justificar cualquier excepción. En el mismo paquete están la capacidad doble de los depósitos de agua contra incendios y las dos conexiones exigidas por edificio.

El tercer cambio afecta a las personas, no a las instalaciones. En 2006 no se exigía un permiso individual a los proyectistas de protección contra incendios; la responsabilidad recaía en la organización de proyecto, que debía tener experiencia y ser aceptada. El artículo 110 de las nuevas normas introduce el permiso de ejercicio expedido por la CNCAN para el experto que elabora, verifica y avala el proyecto técnico, con un examen en tres pruebas y una nota mínima del 70 % en cada una. El mismo régimen se aplica, por remisión, a las personas designadas para supervisar la aplicación de los requisitos operativos, al menos una por cada instalación nuclear y al menos una para todo el emplazamiento.

Por último, se han reorganizado los anexos. El anexo n.º 1 sigue siendo el de las definiciones, pero es mucho más extenso. El anexo n.º 2 ya no es la lista de actos normativos conexos, sino una lista de doce documentos internacionales de referencia, desde las guías SSG-64 y SSG-77 del Organismo Internacional de Energía Atómica hasta los niveles de referencia de la asociación de reguladores nucleares de Europa Occidental, las normas canadienses CSA N293 y N393 y la guía estadounidense RG n.º 1.189. El anexo n.º 3 contiene el contenido mínimo del programa de protección contra incendios, que en 2006 era el anexo n.º 2.

Ventajas y desventajas

Lo que mejora

  • El techo de 15 minutos convierte una apreciación subjetiva en una obligación verificable. Un inspector puede cronometrarlo durante un ejercicio; un «tiempo de respuesta suficiente» no se podía cronometrar.
  • La regla se aplica ahora a todas las instalaciones nucleares, no solo a la central. Hasta el 26 de octubre de 2026, los almacenes de combustible gastado, la planta de fabricación de combustible, las instalaciones de detritiación y la minería del uranio solo tenían la legislación general de seguridad contra incendios.
  • La protección contra incendios pasa a ser condición de la autorización en cada fase, también en la de proyecto, de modo que se comprueba antes de verter el hormigón, no después.
  • La exigencia de que los sistemas de detección estén operativos antes de llevar el combustible al emplazamiento, y los de extinción antes de la primera carga, cierra una ventana de riesgo que en la práctica era la más larga.
  • El artículo 11 saca el coste de la discusión técnica: la protección contra incendios «no puede limitarse por motivos económicos».
  • El examen para el permiso de ejercicio incluye una prueba práctica sobre un proyecto real, en presencia de representantes de la CNCAN, y puede incluir una inspección sobre el terreno para comprobar que el proyecto instalado coincide con la documentación. No es una prueba de memoria.
  • El anexo n.º 2 pone sobre la mesa los documentos internacionales de referencia, con título y año, de modo que el titular sabe con qué se le mide y cualquiera puede comprobar si la norma rumana se ha quedado atrás.

Lo que sigue siendo un problema

  • El único plazo de calendario del acto, el 26 de octubre de 2027, se aplica a un informe y a un plan, no a una medida física. La ejecución de las mejoras queda en «en tiempo oportuno».
  • La obligación de informar sobre la conformidad recae solo en las instalaciones en funcionamiento. Las que están en construcción o en puesta en servicio en la fecha de entrada en vigor no tienen ningún plazo de información, aunque el artículo 143 las incluye en el régimen transitorio.
  • La CNCAN no se fija ningún plazo para evaluar el informe que solicita. En 92 páginas no hay un solo plazo para la autoridad.
  • El permiso de ejercicio se expide solo para el personal propio del titular y solo para su organización, aunque los trabajos de proyecto suelen subcontratarse. Para el experto de una empresa de ingeniería, la norma no abre ninguna vía.
  • El régimen de permisos entra en vigor junto con el resto de las normas, sin período transitorio, aunque el permiso que exige lo crea este mismo acto y nadie podía tener uno el 26 de octubre de 2026.
  • La palabra «interne» (internos) ha quedado en tres lugares del nuevo texto, heredada del título de las normas de 2006, y choca con la obligación de cubrir también los peligros externos.
  • Las normas exigen registrar y analizar los incendios ocurridos en el emplazamiento, pero no fijan ningún plazo ni una obligación propia de notificarlos a la CNCAN. La comunicación se deja a «la reglamentación en vigor», que el acto no nombra.

Consejos prácticos

  1. Si usted es titular de una instalación nuclear en funcionamiento, la fecha desde la que cuenta es el 26 de octubre de 2026, y el plazo vence el 26 de octubre de 2027. El informe exigido por el artículo 144 tiene dos partes distintas, el análisis de conformidad y el plan de acciones, y la ausencia de cualquiera de ellas supone que el plazo no se ha cumplido.
  2. Empiece por un inventario artículo por artículo, no por una evaluación global. Los requisitos con cifra, los 15 minutos, las 3 horas, la capacidad doble de los depósitos, las dos conexiones por edificio, la detección automática en cada compartimento, pueden comprobarse con rapidez y muestran por sí solos dónde hace falta un plan de inversiones.
  3. Compruebe si su API tiene menos de 5 años. Si no es así, la revisión es obligatoria con independencia de las nuevas normas, y un API caducado impide justificar cualquiera de las excepciones que las normas permiten «sobre la base del API».
  4. Si usted es ingeniero y quiere trabajar en proyectos de protección contra incendios en el ámbito nuclear, las condiciones de acceso son 5 años de experiencia en proyectos y verificación técnica, de los cuales 2 en edificios e instalaciones específicos nucleares. La metodología del examen se basa en la Orden n.º 149/2021 del presidente de la CNCAN y en la Orden n.º 61/2014, por lo que es allí donde hay que leer las reglas sobre el expediente de solicitud.
  5. Tenga presente que el permiso está vinculado al tipo de instalación y a la organización. Ampliarlo a otro tipo de instalación exige un nuevo examen, y el derecho adquirido no se transfiere sin el acuerdo de la CNCAN.
  6. Cuando un requisito de las normas nucleares no pueda aplicarse al mismo tiempo que la legislación general de seguridad contra incendios, no decida por su cuenta. El artículo 145 exige informar por escrito a la CNCAN y solicitar la aplicación del artículo 28, apartado 5, de la Ley n.º 111/1996, que da prioridad a las condiciones para realizar con seguridad las actividades nucleares.
  7. En el desmantelamiento, el programa de protección contra incendios se elabora al menos 6 meses antes del inicio efectivo de las actividades, y el sistema de hidrantes debe permanecer en servicio hasta que concluya la última etapa.

Preguntas frecuentes

¿Cuándo entran en vigor las nuevas normas?
El 26 de octubre de 2026, fecha de publicación en el Boletín Oficial de Rumanía, Parte I, ya que la orden no prevé una fecha posterior. Ese mismo día quedan derogadas las Normas sobre la protección de las centrales nucleares contra incendios y explosiones internos, aprobadas por la Orden n.º 141/2006 del presidente de la CNCAN.
¿A quién afectan exactamente?
A los titulares y a los solicitantes de autorización para las fases de emplazamiento, construcción y montaje, puesta en servicio, explotación y desmantelamiento de una instalación nuclear, además de los titulares de una autorización de proyecto de una instalación nuclear. En Rumanía la categoría es reducida e identificable: la central nuclear, la planta de fabricación de combustible nuclear, los almacenes de combustible gastado y de residuos radiactivos, los reactores de investigación, las instalaciones de detritiación y las unidades de extracción y tratamiento de uranio.
¿Por qué aparecen los reactores modulares en la norma si Rumanía no tiene ninguno?
Porque las normas se aplican también al titular de una autorización de proyecto de una instalación nuclear, no solo al explotador. El artículo 2, letra a), incluye las centrales nucleares «incluidas las equipadas con reactores modulares», y el artículo 21 los nombra por separado entre las obligaciones de análisis, de modo que los requisitos se comprueban ya desde la fase de proyecto.
¿Qué significan los 15 minutos?
Para cada zona importante para la seguridad nuclear o para el funcionamiento fiable, el titular debe fijar, sobre la base del análisis de peligros de incendio, el tiempo máximo admitido para el inicio de la intervención en el foco del incendio. Ese tiempo debe ser lo bastante corto para impedir que el incendio se desarrolle hasta el nivel en que afecte a las funciones de seguridad nuclear y, en cualquier caso, no debe superar los 15 minutos desde la detección del incendio incipiente.
¿Puede un proyectista externo obtener el permiso de ejercicio?
El artículo 110, apartado 1, habla del «personal propio del titular», y la letra i) dispone que el permiso se expide solo para la organización del titular que posee las instalaciones afectadas. Para el experto de una empresa de proyectos independiente, el texto no prevé ninguna vía de autorización, aunque la letra b) remite a una norma que concierne al personal de las organizaciones responsables del proyecto.
¿Qué ocurre si un titular no cumple?
Las normas no contienen sanciones propias. Funcionan a través de la autorización: la seguridad contra incendios es parte integrante de las autorizaciones expedidas por la CNCAN, y la documentación sobre el análisis de peligros de incendio condiciona la expedición de la autorización de construcción y de la autorización de puesta en servicio. El régimen de constatación y sanción de las infracciones sigue siendo el de la Ley n.º 111/1996.
¿Dónde puede leerse el texto íntegro?
La orden figura en el Boletín Oficial de Rumanía, Parte I, n.º 893 de 26 de octubre de 2026, en la página 2, y las normas, que contienen todo el fondo, en la edición n.º 893 bis del mismo día, páginas 3-94. La edición oficial en formato PDF se adjunta a este artículo.

Errores e incoherencias en el texto publicado

  • Anexo, artículo 4, apartado 2, artículo 5, apartado 9 y artículo 5, apartado 10: la palabra «interne» (internos) restringe el objeto del programa de protección y de los análisis obligatorios, en contradicción con otras cuatro disposiciones del mismo acto. El artículo 4, apartado 1, exige al titular aplicar «un program de protecție împotriva incendiilor și exploziilor», un programa de protección contra incendios y explosiones, sin calificativo, mientras que el apartado 5 exige que ese programa prevea también «protecția împotriva evenimentelor de pe amplasamentul instalației nucleare sau din vecinătatea acestuia care pot cauza incendii și explozii», es decir, la protección contra sucesos ocurridos en el emplazamiento de la instalación nuclear o en sus proximidades que puedan causar incendios y explosiones. El apartado 2, que es el único que establece para qué sistemas, estructuras, componentes y equipos se constituye el programa, lo llama sin embargo «programul de protecție împotriva incendiilor și exploziilor interne», el programa de protección contra incendios y explosiones internos. Del mismo modo, el artículo 5, apartado 9, anuncia «următoarele analize și evaluări privind securitatea la incendiu și explozii interne», los siguientes análisis y evaluaciones sobre la seguridad frente a incendios y explosiones internos, y enumera de inmediato, en la letra a), «analiza deterministă a pericolelor interne și externe de incendii și explozii», el análisis determinista de los peligros internos y externos de incendio y explosión, mientras que el apartado 10 vuelve a «securitatea la incendiu și explozii interne», la seguridad frente a incendios y explosiones internos. El artículo 1, apartado 2, el título de las normas y el artículo 10, apartado 11, que exige identificar los peligros procedentes de instalaciones vecinas, vías de transporte, almacenes y vegetación, van todos en sentido contrario. Un titular de buena fe puede concluir tanto que el programa presentado para la aprobación de la CNCAN abarca solo los peligros internos como que abarca también los externos, y de esa elección depende lo que se incluya en la documentación de la autorización. La palabra tiene historia: el título de las normas derogadas, aprobadas por la Orden n.º 141/2006, era «privind protecția centralelor nuclearoelectrice împotriva incendiilor și exploziilor interne», sobre la protección de las centrales nucleares contra incendios y explosiones internos, y las nuevas normas suprimieron «interne» del título y del artículo 1 pero lo dejaron en estos tres lugares. La contradicción es más visible porque el artículo 4, apartado 6, regula expresamente también la prevención de explosiones en el interior de sistemas y equipos, materia que la norma de 2006 excluía.
  • Anexo n.º 1, el párrafo que sigue a la definición de «Riscul de incendiu» (riesgo de incendio): un texto de definición sin término definido. El anexo se construye de forma uniforme, con el término en negrita seguido de un guion y de la definición. Entre la definición del riesgo de incendio y la de la carga de fuego aparece un párrafo independiente, que empieza con minúscula y no lleva ningún término delante: «starea exprimată prin relația de interdependență între probabilitatea globală de inițiere a unui incendiu și gravitatea consecințelor evenimentului respectiv; de regulă, relația este exprimată prin produsul celor doi factori», es decir, el estado expresado por la relación de interdependencia entre la probabilidad global de que se inicie un incendio y la gravedad de las consecuencias de ese suceso; por lo general, la relación se expresa como el producto de los dos factores. El lector no puede determinar si se trata de una segunda definición del riesgo de incendio, en cuyo caso el riesgo sería «el producto» de la frecuencia y la gravedad según la primera definición pero solo «por lo general» el producto según la segunda, o si es la definición de otro término cuyo nombre falta en el anexo. La elección no es teórica: el riesgo de incendio es la magnitud sobre la que se construyen el análisis de peligros de incendio y las evaluaciones probabilistas de nivel 1 y nivel 2 exigidas por el artículo 21. La comprobación se hizo en la página 91 de la edición n.º 893 bis, sobre las fuentes tipográficas y las posiciones de cada fragmento de texto: todos los demás términos del anexo tienen el nombre en negrita, este párrafo no tiene ninguno, y en las páginas de las normas no hay ninguna imagen en la que el nombre pudiera haberse compuesto gráficamente.

Análisis de la redacción

El acto salda un atraso antiguo y lo salda bien. La regulación que sustituye estuvo en vigor 7.444 días, es decir, 20 años y cuatro meses, y se detenía en un único tipo de instalación, la unidad de central nuclear, durante un período en el que Rumanía añadió un almacén intermedio de combustible gastado, sacó adelante el proyecto de las unidades 3 y 4 e inició un proyecto de reactor modular. Las nuevas normas abarcan trece categorías, introducen los primeros techos numéricos en la materia y hacen de la autorización de la seguridad contra incendios parte integrante de la autorización de cada fase. En cuanto al fondo, esto alinea a Rumanía con las normas internacionales que enumera por su nombre el anexo n.º 2, con título y año, algo que pocas normas rumanas hacen.

Lo que no se ve al leer el acto de principio a fin es la aritmética de sus plazos. En 92 páginas y 146 artículos hay exactamente un plazo de calendario, el plazo de un año del artículo 144, que vence el 26 de octubre de 2027, y un plazo relativo, los 6 meses previos al desmantelamiento del artículo 137. Ambos se refieren a documentos: un informe con el análisis de conformidad más un plan de acciones, y un programa de protección contra incendios, respectivamente. Ninguna medida física tiene fecha. El artículo 143 exige utilizar los requisitos de proyecto «como referencia para la aplicación oportuna de las mejoras de seguridad nuclear razonablemente practicables», una fórmula que deja el calendario abierto a la negociación, y el artículo 11, que prohíbe restringir la protección por motivos económicos, no puede surtir efecto sin una fecha de referencia. Por el otro lado, la CNCAN no se impone ningún plazo: el informe se remite «para su evaluación», sin fecha en que deba estar lista la evaluación y sin consecuencia alguna si se retrasa. La relación entre los plazos de las dos partes es, por tanto, de 365 días para el destinatario y ningún plazo para la autoridad.

La segunda observación surge de leer juntos el artículo 110 y el artículo 143. Las normas crean un permiso de ejercicio que no existía el 25 de octubre de 2026 y que exigen a partir del 26 de octubre de 2026, sin disposición transitoria: el régimen transitorio del capítulo X se ocupa de los requisitos de proyecto y del informe de conformidad, no de la cualificación de las personas. El día de la entrada en vigor no había ninguna persona con el permiso, porque el examen lo realizan representantes de la CNCAN con arreglo a una metodología que, según el artículo 110, apartado 1, letra b), debe ajustarse a la Orden n.º 149/2021 del presidente de la CNCAN y a la Orden n.º 61/2014, y que por tanto presupone ella misma una adaptación. Además, la misma letra b) remite a una norma relativa al «personal de las organizaciones responsables del proyecto, el emplazamiento, la construcción y el montaje» de las instalaciones nucleares, mientras que el apartado 1 habla solo del «personal propio del titular», y la letra i) vincula el permiso a la organización del titular. El proyecto de protección contra incendios de las instalaciones nucleares lo realizan en Rumanía, como en todas partes, empresas especializadas; la norma las deja fuera del régimen que acaba de crear.

La tercera observación se refiere a la asimetría de los períodos de validez. El permiso se expide por 3 años en la primera autorización y por 5 años en la renovación, con una nota mínima del 70 % en cada prueba. El análisis de peligros de incendio se revisa al menos cada 5 años, y la protección contra incendios en su conjunto al menos cada 10 años. Un experto autorizado por primera vez pasa, por tanto, por dos exámenes en el intervalo en que su instalación realiza una sola revisión del API, y ni siquiera llega a la mitad del ciclo de revisión decenal. A la inversa, entre dos revisiones decenales caben solo dos renovaciones del permiso, a los tres y a los ocho años, de modo que la persona se recualifica con más frecuencia de lo que se reevalúa el objeto en el que trabaja. Si la finalidad del permiso es que el proyecto avance al ritmo de las normas, la cadencia de examen de las personas y la de revisión de la instalación deberían leerse juntas, y no fijarse por separado.

Qué debería cambiar

  • Suprimir la palabra «interne» (internos) en el artículo 4, apartado 2, en el artículo 5, apartado 9 y en el artículo 5, apartado 10. La corrección es una palabra en tres lugares, pero su efecto práctico sería que la documentación de autorización del programa de protección incluyera, sin discusión posible, los peligros externos del emplazamiento y de sus proximidades, que el artículo 10, apartado 11, exige de todos modos. Tal como están las cosas, un titular puede presentar un programa limitado a los peligros internos y puede invocar en su apoyo el texto del artículo 4, apartado 2.
  • Completar el anexo n.º 1 con el término que falta o suprimir el párrafo huérfano. Si el texto es una segunda definición del riesgo de incendio, una de las dos tiene que desaparecer, porque la primera lo define categóricamente como un producto y la segunda solo «por lo general» como un producto. Si es la definición de otro término, hay que añadir su nombre. El efecto sobre el análisis de peligros de incendio es directo: un titular sabría si está obligado a expresar el riesgo como un producto o si puede usar otra relación, con justificación.
  • Un plazo para la ejecución de las mejoras y la inclusión de las obras en curso en la obligación de informar. Bastaría con que el artículo 144 exigiera, junto al plan de acciones, una fecha de finalización para cada acción, aprobada por la CNCAN junto con la evaluación del informe, y con que extendiera la obligación a las instalaciones en construcción o en puesta en servicio, que el artículo 143 ya incluye en el régimen transitorio. Los 365 días no se gastarían entonces en un documento, y el «en tiempo oportuno» del artículo 143 adquiriría un contenido medible. Para una obra nuclear, el análisis de conformidad es más útil que para una instalación que lleva décadas funcionando, porque allí todavía son posibles modificaciones de proyecto sin parada.
  • Un plazo de evaluación para la CNCAN. Un nuevo apartado en el artículo 144, con 90 o 120 días desde la recepción del informe para comunicar el resultado de la evaluación, equilibraría la relación de 365 días a cero. Sin él, un titular que haya presentado su informe a tiempo puede quedarse indefinidamente con el plan sin aprobar, sin que el retraso pueda imputarse a nadie.
  • Extender el régimen de permisos a los expertos de las organizaciones de proyecto y prever un período transitorio para los primeros exámenes. El artículo 110, apartado 1, debería abarcar al personal de las organizaciones contratadas para elaborar y verificar el proyecto, como hace la norma a la que él mismo remite, y una disposición transitoria de 12 o 18 meses permitiría firmar legalmente los proyectos en curso hasta la primera convocatoria de examen. Sin ello, un requisito que debe cumplirse desde el 26 de octubre de 2026 no podía ser cumplido por nadie ese día.
  • Un plazo propio para notificar los incendios a la CNCAN. El artículo 135 exige el registro y el análisis detallados de los sucesos ocurridos en el emplazamiento que afecten a la protección contra incendios, «de conformidad con la reglamentación en vigor», sin nombrarla y sin plazo alguno. Una remisión expresa a la norma sobre notificación de sucesos, con el plazo aplicable, marcaría la diferencia entre un expediente interno y la información a la autoridad en tiempo real, que es la única manera de que la experiencia operativa acabe cambiando algo en las demás instalaciones.

Texto original del acto normativo

El texto que figura a continuación se reproduce en rumano, la forma oficial de publicación.

El texto íntegro, tal como se publicó en el Boletín Oficial de Rumanía

Boletín Oficial de Rumanía n.º 893 de 26 de octubre de 2026, página 2, con el anexo en el n.º 893 bis de 26 de octubre de 2026, páginas 3-94 16 páginas PDF, 103 KB el acto comienza en la página 2

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Este artículo tiene carácter informativo y no constituye asesoramiento jurídico. Para situaciones concretas, consulta a un abogado o asesor fiscal autorizado.