En resumen
- Los ayuntamientos ya disponen del formulario oficial con el que avisan de que, si no pagas la multa de tráfico en 90 días, te quedas sin el derecho a conducir. Se llama «Model 2026 ITL 076» y lo emite la administración tributaria local.
- La regla de cálculo es mecánica: un día de suspensión por cada 50 lei sin abonar. Las fracciones de día no se tienen en cuenta y, al terminar la suspensión, la multa se da de baja en los registros fiscales.
- El plazo de 90 días corre desde la entrega o la notificación del acta de denuncia, pero se detiene mientras dura el proceso judicial, si has presentado recurso, hasta que la sentencia sea firme.
Publicado: Boletín Oficial de Rumanía (Monitorul Oficial) n.º 632 de 30 de julio de 2026
En vigor desde: 30 de julio de 2026
Una multa de tráfico de 1.000 lei que se queda sin pagar puede convertirse en 20 días sin permiso de conducir. El Ministerio de Desarrollo, Obras Públicas y Administración ha aprobado, mediante la Orden n.º 825 de 29 de julio de 2026, publicada en el Boletín Oficial de Rumanía n.º 632 de 30 de julio de 2026, el modelo de requerimiento de pago con el que los ayuntamientos comunican esta consecuencia. Es la pieza administrativa que pone en marcha un mecanismo ya muy discutido, en un año en el que los tribunales han confirmado además que el juez no puede acortar la suspensión del permiso impuesta junto con la multa.
El formulario se denomina oficialmente Requerimiento relativo a la obligación de pago de las multas administrativas en materia de circulación por las vías públicas, abreviado S.O.P.A.C. en las instrucciones de aplicación. Su fundamento es el art. XVII del Decreto de urgencia del Gobierno n.º 7/2026, desarrollado por las normas metodológicas aprobadas mediante la Decisión del Gobierno n.º 530/2026.
La orden en sí tiene tres artículos. El primero aprueba el modelo del formulario y precisa que lo utilizan las administraciones tributarias locales. El segundo encomienda su ejecución a esas mismas administraciones. El tercero dispone la publicación en el Boletín Oficial de Rumanía. Toda la sustancia está en el anexo, es decir, en el formulario y en sus instrucciones de aplicación.
Los efectos que produce
El primer efecto es que el mecanismo pasa a ser operativo. Sin un formulario normalizado aprobado por orden, las administraciones tributarias locales carecían del instrumento con el que comunicar legalmente la información exigida por las normas metodológicas. Desde el 30 de julio de 2026 ya lo tienen.
El segundo efecto es la transparencia del cálculo. El requerimiento de pago recoge, de forma estructurada, todo lo que el destinatario necesita para comprobarlo por su cuenta: la serie y el número del acta de denuncia, el órgano que la emitió, la fecha de entrega o de notificación, la fecha de alta en los registros de la administración tributaria local, el importe de la obligación de pago, el importe pendiente, la fecha en que vence el plazo de 90 días y el número de rol nominal único.
El tercer efecto es la propia regla de conversión, escrita con todas las letras en el formulario. Si la obligación no se abona íntegramente antes del vencimiento del plazo, se cumple un periodo de suspensión del derecho a conducir automóviles, tractores agrícolas o forestales y tranvías por las vías públicas, calculado como un día por cada 50 lei pendientes de pago. La división se hace sin tener en cuenta las fracciones de día, y las diferencias resultantes se dan de baja junto con la extinción de la deuda por la vía de la suspensión.
El cuarto efecto se refiere al intervalo exacto de la suspensión. El formulario tiene casillas separadas para la fecha de inicio, a las 00:00 horas, y para la fecha de finalización, a las 24:00 horas. No queda margen de interpretación sobre el día en que puedes volver a ponerte al volante.
El quinto efecto es la extinción de la deuda. Las instrucciones prevén expresamente que, en la fecha en que termina la suspensión, la multa administrativa se da de baja en los registros fiscales y contables. La suspensión no se suma al pago: lo sustituye.
El sexto efecto es administrativo. Cada requerimiento se inscribe en un registro propio, el Registro de requerimientos, Modelo 2026, numerado de forma creciente y por separado para cada año natural. La competencia corresponde a la administración tributaria local en cuya demarcación reside el infractor y, en Bucarest, a cada alcalde de sector.
Qué ha cambiado respecto de la situación anterior
Hasta ahora, una multa de tráfico sin pagar seguía el recorrido clásico de la ejecución forzosa: embargo de ingresos, embargo de bienes, cobro a través de los órganos fiscales. El efecto sobre el permiso de conducir no existía como sanción administrativa vinculada directamente al impago.
El nuevo mecanismo cambia la naturaleza de la consecuencia. El impago ya no lleva solo a recuperar el dinero, sino a una restricción del derecho a conducir, con una duración calculada aritméticamente. Es, de hecho, una forma de extinguir la deuda ejecutándola sobre un derecho y no sobre el patrimonio.
El segundo cambio importante es la protección de quien recurre. El formulario dice de forma explícita que, al determinar el plazo de 90 días, no se tiene en cuenta el periodo transcurrido entre la fecha de presentación del recurso contra el acta de denuncia y la fecha en que la sentencia queda firme. Quien acude a los tribunales no resulta penalizado por lo que dure el proceso.
El tercer cambio afecta a la forma de trabajar de los ayuntamientos. Las instrucciones recomiendan expresamente el formato electrónico, tanto para el requerimiento como para el registro, con el fin de eliminar el uso del papel, y aconsejan la utilización de la firma electrónica. La notificación se practica conforme al art. 47 de la Ley n.º 207/2015, el Código de Procedimiento Fiscal.
El cuarto cambio es de contexto presupuestario. Todo el paquete, incluido el art. XVII del Decreto de urgencia del Gobierno n.º 7/2026, tiene como objetivo declarado aumentar la capacidad financiera de las entidades administrativas territoriales. Las multas de tráfico que no se cobran son una pérdida directa para los presupuestos locales, y la presión sobre el permiso es la palanca elegida para reducirla.
Ventajas y desventajas
Lo que mejora
- Aporta previsibilidad: formulario normalizado, casillas claras y una fórmula de cálculo que cualquiera puede verificar con una simple división entre 50.
- Protege el derecho de defensa, porque la duración del proceso no se descuenta de los 90 días.
- Cierra la deuda. Al terminar la suspensión, la multa se da de baja, de modo que no te quedas a la vez sin permiso y con la deuda abierta.
- Impone un registro numerado de forma creciente y por años, lo que hace verificables los requerimientos emitidos por un ayuntamiento.
- Recomienda el formato electrónico y la firma electrónica, lo que reduce costes y retrasos en la notificación.
- Ayuda a los presupuestos locales a cobrar deudas que, en la práctica, la ejecución forzosa clásica no recuperaba.
Lo que sigue siendo un problema
- La sanción golpea de forma desigual. Para un conductor profesional, esos mismos días de suspensión suponen perder el ingreso, mientras que para otra persona son una molestia menor.
- La conversión es puramente aritmética. En el formulario no aparece ningún límite máximo, de modo que las multas elevadas y acumuladas pueden dar lugar a periodos largos de suspensión.
- El formulario no contiene ninguna casilla para impugnar el propio requerimiento ni menciona los recursos disponibles contra él.
- Depende de la calidad de los registros locales. Una fecha de notificación mal anotada desplaza el plazo de 90 días y, con él, el periodo de suspensión.
- La notificación por correo electrónico presupone que la dirección que consta en el registro fiscal es correcta y está actualizada, algo que no siempre ocurre.
- El registro y el requerimiento se quedan en el ámbito de cada entidad administrativa territorial, sin un sistema nacional visible en este acto, lo que complica la situación de quien tiene multas en varias provincias.
Consejos prácticos
- Revisa el punto 6 del requerimiento. Ahí figura la fecha de vencimiento del plazo de 90 días, contada desde la entrega o la notificación del acta de denuncia. Es la fecha hasta la que todavía puedes pagar sin consecuencias para el permiso.
- Haz tú mismo el cálculo. Divide el importe pendiente entre 50 y obtendrás el número de días de suspensión. Si la cifra del requerimiento no coincide, tienes un motivo concreto para dirigirte a la administración tributaria local.
- Si has presentado recurso, comunícalo a la administración tributaria. El periodo que va desde la presentación del recurso hasta que la sentencia queda firme no entra en los 90 días.
- El pago parcial ayuda. La suspensión se calcula sobre el importe pendiente, no sobre el inicial, así que cada 50 lei abonados suponen un día menos.
- Actualiza tu dirección en el ayuntamiento. El requerimiento se notifica en el domicilio fiscal, y una dirección antigua significa que te enteras de la suspensión cuando ya te para la policía.
- Comprueba el número de rol nominal único del punto 7. Es el dato que vincula el requerimiento con tu expediente fiscal y la referencia en cualquier gestión con el ayuntamiento.
- Anota la fecha del punto 10. La suspensión termina a las 24:00 horas de ese día y, a partir de entonces, la multa se da de baja en los registros.
Preguntas frecuentes
¿Qué aprueba en concreto la Orden MDLPA n.º 825/2026?
¿Cuántos días de suspensión supone una multa sin pagar?
¿Desde cuándo corren los 90 días?
¿Qué ocurre si he recurrido el acta de denuncia?
¿Qué categorías de vehículos están afectadas?
¿Después de la suspensión hay que pagar igualmente la multa?
¿Quién emite el requerimiento?
¿Cómo me lo notifican?
¿Existe un registro de los requerimientos emitidos?
¿Desde cuándo se aplica la orden?
Texto original del acto normativo
El texto que figura a continuación se reproduce en rumano, la forma oficial de publicación.
El texto íntegro, tal como se publicó en el Boletín Oficial de Rumanía
Boletín Oficial de Rumanía n.º 632 de 30 de julio de 2026 8 páginas PDF, 109 KB
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Este artículo tiene carácter informativo y no constituye asesoramiento jurídico. Para situaciones concretas, consulta a un abogado o asesor fiscal autorizado.