En resumen
- La Decisión del Gobierno n.º 775/2026 no añade ningún inmueble al corredor de expropiación de la autopista Târgu Mureș-Târgu Neamț y no cambia ninguna cuantía de indemnización. Reparte el trabajo entre dos compañías estatales: de las 3.906 posiciones recogidas en los anexos n.º 2, 3 y 4 de la Decisión del Gobierno n.º 1.040/2025, 1.409 pasan a la Compañía Nacional de Administración de Infraestructuras Viarias (CNAIR) y 2.497 se quedan en la Compañía Nacional de Inversiones Viarias (CNIR).
- Afecta a los propietarios de 16 localidades situadas en tres provincias. La CNAIR asume los extremos del corredor, es decir, Acățari, Miercurea Nirajului, Bereni, Măgherani, Chibed y Sărățeni de la provincia de Mureș, más Pipirig y Vânători-Neamț de la provincia de Neamț. La CNIR conserva el tramo central de montaña: Praid, Joseni, Lăzarea, Ditrău y Tulgheș de la provincia de Harghita, más Grințieș, Ceahlău, Poiana Teiului y Pipirig de la provincia de Neamț. El reparto efectivo se hace por números de posición de los anexos, no por nombre de localidad.
- El dinero sigue siendo el aprobado en 2025: 134.132,38 miles de lei, es decir, 134,13 millones de lei, con cargo al presupuesto del Estado, a través del presupuesto del Ministerio de Transportes e Infraestructuras. La decisión produce efectos desde la publicación, el 28 de septiembre de 2026, y las dos compañías tienen 15 días, es decir, hasta el 13 de octubre de 2026, para entregarse la una a la otra los resguardos de consignación de CEC Bank y los documentos elaborados hasta ahora.
Publicado: Boletín Oficial de Rumanía, Parte I, n.º 821 de 28 de septiembre de 2026, páginas 2-3
Entrada en vigor: desde la publicación, 28 de septiembre de 2026, porque el artículo 12 apartado (3) de la Ley n.º 24/2000 sobre las normas de técnica legislativa establece que los actos normativos, con excepción de las leyes y de las ordenanzas, producen efectos desde la fecha de publicación en el Boletín Oficial de Rumanía (Monitorul Oficial) si no contienen ellos mismos una fecha posterior, y la decisión no contiene ninguna fecha así
La Decisión del Gobierno n.º 775/2026 no saca del patio de nadie ni un metro cuadrado más y no mueve ni un leu de las indemnizaciones ya calculadas. Hace otra cosa, más rara en un acto de expropiación: reescribe quién se ocupa de los expedientes. El corredor se había abierto en diciembre de 2025, mediante una decisión del tipo de aquellas con las que el Gobierno inicia las expropiaciones de una autopista, y desde entonces todo el procedimiento estaba a cargo de una sola compañía estatal. Desde el 28 de septiembre de 2026 se reparte entre dos.
Se trata de la Sección II de la autopista Târgu Mureș-Târgu Neamț, el tramo Miercurea Nirajului-Leghin, que va del kilómetro 22+000 al kilómetro 181+195, es decir, 159,195 kilómetros por las provincias de Mureș, Harghita y Neamț. Los indicadores técnico-económicos se habían aprobado mediante la Decisión del Gobierno n.º 1.201/2023, y el corredor de expropiación, mediante la Decisión del Gobierno n.º 1.040/2025, adoptada el 27 de noviembre de 2025 y publicada en el Boletín Oficial de Rumanía, Parte I, n.º 1119 de 4 de diciembre de 2025. Aquella decisión estimó las indemnizaciones en 134.132,38 miles de lei, dinero asignado con cargo al presupuesto del Estado a través del presupuesto del Ministerio de Transportes e Infraestructuras, en el capítulo 84.01 «Transporturi», el de transportes, dentro de los programas financiados por el Fondo de Cohesión para el marco financiero 2021-2027.
Lo que cambia la decisión del 28 de septiembre de 2026 se ve en cuatro puntos del artículo I. El primero reescribe el apartado (1) del artículo 2 de la decisión de 2025: el expropiante sigue siendo el Estado rumano, representado por el Ministerio de Transportes e Infraestructuras, pero desde ahora a través de dos compañías, la Compañía Nacional de Inversiones Viarias y la Compañía Nacional de Administración de Infraestructuras Viarias, y no de una sola. Los otros tres puntos añaden seis apartados nuevos, dos por cada uno de los tres anexos de inmuebles, y cada pareja parte la lista en dos intervalos de posiciones.
El anexo n.º 2, el de los inmuebles de propiedad privada, es decir, el único en el que aparecen propietarios y cuantías individuales, tiene 3.178 posiciones. Las posiciones 1-896 y 2.854-3.178, en total 1.221, pasan a la Compañía Nacional de Administración de Infraestructuras Viarias; las posiciones 897-2.853, es decir, 1.957, se quedan en la Compañía Nacional de Inversiones Viarias. Sigue la lista de los inmuebles de propiedad pública del Estado, el anexo n.º 3, con 188 posiciones: 64 para la primera compañía, 124 para la segunda. La última, la lista de los inmuebles de las comunas y de las ciudades, el anexo n.º 4, tiene 540 posiciones: 124 para la primera, 416 para la segunda. Sumados, los tres anexos cuentan 3.906 posiciones, de las cuales 1.409 van a la CNAIR y 2.497 se quedan en la CNIR.
Leído sobre el mapa, el reparto tiene una lógica sencilla: la CNAIR se queda con los extremos y la CNIR conserva el centro. Las seis localidades de la provincia de Mureș, donde arranca la sección, y las dos del norte de la provincia de Neamț, hacia Leghin, van a la primera compañía. La travesía de montaña, con las cinco localidades de Harghita y con Grințieș, Ceahlău y Poiana Teiului de Neamț, se queda en la segunda. La comuna de Pipirig aparece en las dos listas, porque la frontera entre los dos intervalos de posiciones cae justo dentro de ella.
El artículo II se ocupa del traspaso. La CNAIR se subroga en los derechos de la CNIR como representante del expropiante para las posiciones del anexo n.º 2 que se le han asignado, desde la fecha de entrada en vigor de la decisión. Los resguardos emitidos por CEC Bank para las indemnizaciones ya consignadas se entregan en 15 días, y los documentos elaborados hasta ahora en el marco de los procedimientos de expropiación se entregan también en 15 días, mediante protocolo, para que se completen las formalidades. Los dos plazos vencen el 13 de octubre de 2026.
El mismo día, en el Boletín Oficial de Rumanía, Parte I, n.º 822, apareció también un acto gemelo sobre la misma autopista, la Decisión del Gobierno n.º 771/2026. Aquella se refiere a la Sección III, Leghin-Târgu-Neamț, que continúa exactamente donde acaba la Sección II, del kilómetro 181+195 al kilómetro 211+107, y no reparte nada: incrementa en 51,75 miles de lei la cantidad prevista como justa indemnización y actualiza 126 posiciones del anexo n.º 2 de la Decisión del Gobierno n.º 1.179/2023, de las cuales 88 son posiciones nuevas, resultantes de segregaciones catastrales.
Los efectos que produce
El primer efecto lo notan 1.409 propietarios y administradores de inmuebles: cambia la institución con la que tienen que tratar. Quien tenga un terreno o una construcción incluida en el anexo n.º 2 en una posición entre 1 y 896 o entre 2.854 y 3.178 ya no habla con la Compañía Nacional de Inversiones Viarias, sino con la Compañía Nacional de Administración de Infraestructuras Viarias. Es esta la que notifica, la que recibe los títulos de propiedad, la que emite la decisión de expropiación y la que lleva el expediente hasta el final.
El segundo efecto es que el procedimiento no vuelve a empezar. Los documentos elaborados hasta el 28 de septiembre de 2026 se entregan mediante protocolo, y la subrogación opera de pleno derecho, así que un expediente que esté a la mitad no regresa al principio. Las cifras del anexo n.º 2 no se recalculan, las listas no se reescriben y el emplazamiento sigue siendo el aprobado en 2025. Para el propietario, el único cambio es el nombre del membrete de los papeles.
El tercer efecto se refiere al calendario que recorre cada propietario y que sigue siendo el de la Ley n.º 255/2010 sobre la expropiación por causa de utilidad pública. El expropiante notifica por escrito la intención de expropiar y expone la lista de los inmuebles, y el propietario tiene 20 días naturales para presentarse con los títulos de propiedad. La decisión de expropiación se dicta una vez vencido el plazo y constituye título ejecutivo para la entrega del inmueble, y la transmisión del derecho de propiedad opera de pleno derecho, se haya presentado o no el propietario. El pago se hace en un plazo máximo de 90 días desde la fecha de la resolución que fija la cuantía de la indemnización. Quien no esté conforme con la cantidad puede acudir al órgano judicial, pero la acción no suspende la transmisión de la propiedad ni detiene la obra.
El cuarto efecto es uno que el acto no resuelve. El artículo 3 apartado (2) de la decisión de 2025 queda intacto y sigue estableciendo que el ministerio transfiere las cuantías individuales a una cuenta de tesorería abierta a nombre de la Compañía Nacional de Inversiones Viarias, a disposición de los propietarios. Para las 1.221 posiciones de propiedad privada trasladadas a la otra compañía, el procedimiento y la cuenta quedan así en direcciones distintas. El traspaso regulado en el artículo II cubre solo los resguardos ya emitidos por CEC Bank, no los pagos que vienen después.
Qué ha cambiado respecto de la situación anterior
Hasta el 28 de septiembre de 2026, el texto decía que el expropiante es el Estado rumano, representado por el Ministerio de Transportes e Infraestructuras a través de la Compañía Nacional de Inversiones Viarias, y nada más. Una sola compañía, en los 159,195 kilómetros y en los tres anexos. Desde la publicación, la misma posición la ocupan dos compañías, y la delimitación entre ellas se hace por números de posición de los anexos, que son documentos separados, no por provincias ni por tramos.
En el plano del texto, se han añadido seis apartados al artículo 2: los apartados (21) y (22) para el anexo n.º 2, los apartados (31) y (32) para el anexo n.º 3 y los apartados (5) y (6) para el anexo n.º 4. Cada pareja nombra las localidades y, lo que más cuenta, el intervalo de posiciones que corresponde a cada compañía. Es la única modificación de fondo; el resto de la decisión de 2025 sigue como estaba.
Lo que no ha cambiado merece la misma atención. La cantidad total estimada sigue siendo 134.132,38 miles de lei. Las cuantías individuales siguen siendo las del anexo n.º 2. La cuenta en la que se ingresa el dinero, fijada en el artículo 3 apartado (2), sigue abierta a nombre de la Compañía Nacional de Inversiones Viarias. El artículo 4, que deja al ministerio, a través de esa misma compañía, responsable de la veracidad de los datos de las tres listas, también queda intacto, aunque un tercio de las posiciones las administre ahora otro.
Hay un detalle que conviene retener: la decisión de 2025 no había sufrido hasta ahora ninguna modificación. El acto del 28 de septiembre de 2026 es la primera intervención sobre ella desde la apertura del corredor, lo que significa que el reparto de los procedimientos entre dos compañías es el único cambio de fondo por el que ha pasado el corredor de expropiación de la Sección II.
Ventajas y desventajas
Lo que mejora
- Los extremos del corredor van a parar a la compañía que administra la red viaria existente y que se hará cargo de la carretera una vez abierta, así que la expropiación y la explotación quedan en las mismas manos justo allí donde la autopista se engancha al resto de la red.
- El reparto está escrito por intervalos de posiciones numeradas, no por fórmulas descriptivas. Un propietario que sepa su número del anexo averigua sin discusión quién se ocupa de su expediente.
- El plazo de entrega es corto y explícito: 15 días para los resguardos de CEC Bank y 15 días para los documentos, mediante protocolo, es decir, hasta el 13 de octubre de 2026.
- La subrogación opera de pleno derecho para las posiciones del anexo n.º 2, de modo que los actos ya elaborados no se pierden y los procedimientos en curso no se reinician.
- La decisión no toca las cuantías y no reescribe las listas, así que nadie recibe una valoración nueva y nadie sale ni entra en el corredor por su causa.
Lo que sigue siendo un problema
- El propietario no puede averiguar por el acto en qué grupo entra. Los anexos n.º 1-4 de la decisión de 2025 no aparecieron en la edición ordinaria del Boletín Oficial de Rumanía, sino en el número 1119 bis, que se compra en el Centro de Relaciones con el Público del Boletín Oficial de Rumanía.
- El artículo 3 apartado (2) de la decisión modificada sigue igual, así que el dinero de 1.221 posiciones de propiedad privada va a parar todavía a una cuenta abierta a nombre de la compañía que ya no dirige esos procedimientos.
- La subrogación del artículo II apartado (1) se refiere solo al anexo n.º 2, aunque el artículo I traslada a la otra compañía también 188 posiciones de los anexos n.º 3 y 4.
- Ninguna disposición obliga a nadie a avisar a los propietarios afectados de que el interlocutor ha cambiado. Quien tenía una dirección, un número de teléfono o un expediente abierto en una compañía se entera por su cuenta.
- La decisión no fija plazo alguno para terminar los procedimientos asumidos, así que dentro de un año no se podrá decir si el reparto ha acelerado algo o solo ha movido los papeles.
Consejos prácticos
- Averigüe el número de la posición con la que su inmueble figura en el anexo, porque es el número, y no la localidad, lo que decide la compañía. En el anexo n.º 2, las posiciones 1-896 y 2.854-3.178 corresponden a la Compañía Nacional de Administración de Infraestructuras Viarias, y las 897-2.853 se quedan en la Compañía Nacional de Inversiones Viarias; en el anexo n.º 3, las posiciones 1-29 y 154-188 van a la primera y las 30-153 a la segunda; en el anexo n.º 4, las posiciones 1-84 y 501-540 a la primera y las 85-500 a la segunda.
- Pida la lista en el ayuntamiento si no quiere comprar la edición bis del Boletín Oficial de Rumanía. El plano de emplazamiento se pone en conocimiento del público mediante exposición en las sedes de los consejos locales afectados y en la página de internet del expropiante, y la lista de los inmuebles y de los propietarios se expone en los mismos lugares.
- No presente por segunda vez los documentos que ya ha entregado. Su entrega entre las dos compañías se hace mediante protocolo hasta el 13 de octubre de 2026. Pida por escrito la confirmación de que el expediente ha sido asumido, con el número de registro.
- Respete el plazo de 20 días naturales desde la notificación, dentro del cual tiene que presentarse con los títulos de propiedad. No presentarse no detiene la expropiación, pero le puede retrasar el pago, porque la cantidad se consigna a nombre del propietario hasta que se aclare la situación jurídica.
- Si le parece demasiado pequeña la indemnización, cóbrela e impúgnela por separado. La acción judicial no suspende la transmisión del derecho de propiedad, y recibir la cantidad fijada no le cierra el derecho a reclamar la diferencia.
- Guarde la prueba de la consignación. El resguardo emitido por CEC Bank es el documento que demuestra que la cantidad se ha puesto a su disposición, y para las posiciones trasladadas a la otra compañía es justamente él el objeto de la entrega de 15 días.
Preguntas frecuentes
¿Esta decisión me quita el terreno ahora?
¿Cambia la cantidad que voy a recibir?
¿Cómo sé si de mi expediente se ocupa la CNAIR o la CNIR?
¿En cuánto tiempo recibo el dinero?
¿Qué hago si no estoy de acuerdo con la indemnización?
¿De dónde viene el dinero de las indemnizaciones?
¿Qué pasa con la Sección III de la misma autopista?
Errores e incoherencias en el texto publicado
- El artículo I puntos 2-4, en relación con el artículo 3 apartado (2) de la decisión modificada. El artículo I traslada a la Compañía Nacional de Administración de Infraestructuras Viarias los procedimientos de 1.221 posiciones de propiedad privada, pero deja intacto el artículo 3 apartado (2) de la Decisión del Gobierno n.º 1.040/2025, que establece que el ministerio transfiere las cuantías individuales «într-un cont de trezorerie deschis pe numele Companiei Naționale de Investiții Rutiere», a una cuenta de tesorería abierta a nombre de la segunda compañía, a disposición de los propietarios, para el pago de las indemnizaciones. A la pregunta de quién paga la indemnización de un inmueble de Acățari, el texto da dos respuestas: el apartado (21) recién introducido dice que los procedimientos de la Ley n.º 255/2010, entre ellos el pago, los hace la primera compañía, y el artículo 3 apartado (2) dice que el dinero está en la segunda. El artículo II apartado (2) cierra solo el pasado, es decir, los resguardos ya emitidos por CEC Bank, no la cuenta desde la que se paga en adelante. El acto gemelo publicado el mismo día sobre la Sección III enseña la forma que aquí falta: allí las cantidades se ingresan en la cuenta de la compañía que dirige efectivamente el procedimiento.
- El artículo II apartado (1). La subrogación se limita a las posiciones con número de orden 1-896 y 2.854-3.178 del anexo n.º 2, aunque el artículo I puntos 3 y 4 traslada a la misma compañía también las posiciones con número de orden 1-29 y 154-188 del anexo n.º 3 y las posiciones con número de orden 1-84 y 501-540 del anexo n.º 4, otras 188 posiciones de propiedad pública. El apartado (3) del mismo artículo II entrega los documentos de los tres anexos, así que la intención se ve, pero la enumeración del apartado (1) no la sigue. Para esas 188 posiciones queda abierta la pregunta de quién tiene la condición de representante del expropiante.
Análisis de la redacción
El acto resuelve un problema real y lo resuelve de forma sencilla. Un corredor de 159,195 kilómetros, abierto en 2025 a cargo de una sola compañía, se reparte entre la que construye y la que administra la red, y la delimitación se hace por números de posición, no por fórmulas interpretables. Es exactamente lo contrario de la solución cómoda, en la que se habría escrito «en el término de la provincia de Mureș» y se habría dejado la frontera a cargo de quien lee el mapa. Desde ese punto de vista, el texto está bien hecho.
Lo que no se ve leyendo el acto de cabo a rabo es lo desigual que es el reparto. Por nombres de localidad parece una mitad: ocho de las dieciséis localidades del corredor pasan a la Compañía Nacional de Administración de Infraestructuras Viarias. Por posiciones, en cambio, la compañía asume 1.409 de 3.906, es decir, el 36,1%, y el peso difiere mucho de un anexo a otro: el 38,4% de los inmuebles de propiedad privada, el 34,0% de los del Estado y solo el 23,0% de los de las comunas y las ciudades. La travesía de montaña, que se queda en la otra compañía, es la parte en la que el corredor corta más parcelas. Quien lea solo la lista de localidades se hace una idea equivocada del volumen de trabajo trasladado.
La segunda observación sale de una división. Los 134.132,38 miles de lei estimados en 2025 para 3.178 posiciones de propiedad privada suponen una media de 42.207 lei por posición y alrededor de 842.567 lei por kilómetro de autopista, solo por el terreno que queda debajo. La media sirve sobre todo como referencia de orden de magnitud: con semejante densidad de parcelas, lo que se traslada entre compañías supone un tercio de un presupuesto de indemnizaciones de más de 134 millones de lei, junto con la responsabilidad de pagarlo a tiempo, lo que va mucho más allá de una simple entrega de expedientes.
La tercera observación se refiere a la relación entre los plazos impuestos y los asumidos. Las dos compañías reciben 15 días para entregarse la una a la otra los papeles, y el propietario, en el procedimiento de base, tiene 20 días naturales desde la notificación para presentarse con los títulos. Entre la decisión que abrió el corredor, adoptada el 27 de noviembre de 2025, y la que establece quién se ocupa de él, adoptada el 24 de septiembre de 2026, pasaron 301 días, durante los cuales los procedimientos ya estaban en marcha. El acto no se fija a sí mismo ningún plazo de finalización. La prisa se les pide a quienes reciben el papel, no a quienes lo escriben.
La última observación es pequeña, pero dice algo sobre la atención con la que se ha redactado el texto: el apartado (6) recién introducido coloca la localidad de Sărățeni entre las «din județul Harghita», las de la provincia de Harghita, aunque la misma decisión la atribuye a la provincia de Mureș en el título, en el apartado (1) del artículo 2 y en los apartados (21), (31) y (5). Aquí no se pierde nada, porque los intervalos de posiciones deciden por sí solos, pero una lista que contradice su propio título a la cuarta relectura no inspira confianza en un acto que reparte 3.906 expedientes.
Qué debería cambiar
- Que la cuenta siga al procedimiento. El artículo 3 apartado (2) de la decisión de 2025 debería repartirse entre las dos compañías, exactamente como hace el acto gemelo sobre la Sección III. En la práctica, los 1.221 propietarios trasladados sabrían de quién reciben el dinero, y la compañía que dirige el procedimiento dejaría de depender de una cuenta abierta a nombre de otra.
- Que la subrogación cubra los tres anexos. La enumeración del artículo II apartado (1) debería completarse con las posiciones de los anexos n.º 3 y 4, igual que hace el apartado (3) del mismo artículo. Efecto práctico: las 188 posiciones de propiedad pública pasarían sin discusión, y un notario o un órgano judicial ya no tendrían nada que interpretar.
- Que la responsabilidad siga al reparto. El artículo 4 de la decisión de 2025 deja la responsabilidad por la veracidad de los datos de las tres listas en la misma compañía, aunque un tercio de las posiciones se administre ahora en otra parte. Cada compañía debería responder de la lista que lleva; si no, un error de identificación de un inmueble tiene dos gestores, pero ningún responsable.
- Una notificación escrita a los afectados por el cambio. El acto traslada 1.409 expedientes sin obligar a nadie a avisar a los propietarios. Una comunicación en el mismo plazo de 15 días en el que se entregan los documentos costaría lo que un sobre y ahorraría a la gente viajes a la ventanilla equivocada.
- Que los anexos sean accesibles sin pagar. La posición del anexo decide con quién trata el propietario, y los anexos n.º 1-4 se compran en el Centro de Relaciones con el Público del Boletín Oficial de Rumanía, como edición bis. Publicarlos en la página del expropiante, junto al plano de emplazamiento que ya se expone allí, convertiría el reparto en una información comprobable desde casa.
Texto original del acto normativo
El texto que figura a continuación se reproduce en rumano, la forma oficial de publicación.
El texto íntegro, tal como se publicó en el Boletín Oficial de Rumanía
Boletín Oficial de Rumanía n.º 821 de 28 de septiembre de 2026, páginas 2-3 16 páginas PDF, 123 KB el acto comienza en la página 2
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Este artículo tiene carácter informativo y no constituye asesoramiento jurídico. Para situaciones concretas, consulta a un abogado o asesor fiscal autorizado.