El catastro hecho de oficio puede cambiarte la superficie, pero tienes 60 días para reaccionar: el Tribunal Constitucional avala el procedimiento

Un juzgado de primera instancia planteó por sí mismo la duda: ¿tiene el ciudadano garantías reales cuando el catastro elaborado de oficio le cambia la superficie o la ubicación? El Tribunal respondió que sí, y que el recurso ante el juzgado es la garantía que de verdad cuenta. La Decisión n.º 735 de 9 de diciembre de 2025, publicada en el Boletín Oficial de Rumanía n.º 596 de 21 de julio de 2026, desestima por infundada la cuestión de inconstitucionalidad planteada de oficio por el Juzgado de Primera Instancia de Buzău. Es la tercera vez en la misma edición que el Tribunal se pronuncia sobre un precepto de propiedad inmobiliaria, después de haber inadmitido también la cuestión relativa al terreno situado bajo las construcciones de las antiguas cooperativas.

El precepto discutido es el art. 14, apartados 1, 3 y 4, de la Ley del catastro y de la publicidad inmobiliaria n.º 7/1996. Describe lo que ocurre al final de los trabajos de registro sistemático: los documentos técnicos del catastro, es decir, el plano catastral y el índice con propietarios y superficies, se exponen al público durante 60 días a cargo de la oficina territorial de catastro y publicidad inmobiliaria.

Dentro de esos mismos 60 días, cualquiera que se considere mal inscrito puede presentar una solicitud de rectificación, acompañada de documentos justificativos. Las solicitudes las resuelve una comisión mixta, formada por representantes designados por el alcalde, representantes del ejecutor de los trabajos y representantes de la oficina de catastro, conforme a la realidad sobre el terreno y a un procedimiento establecido por orden del director general de la Agencia Nacional. El resultado se hace constar en un acta, que se notifica al solicitante y puede impugnarse mediante recurso ante el juzgado de primera instancia del lugar donde se encuentra el inmueble, en 15 días.

El Juzgado de Primera Instancia de Buzău, que conocía de uno de esos recursos, consideró que el texto es demasiado pobre. No dice qué se puede pedir mediante la solicitud de rectificación, cuáles son los requisitos de admisibilidad, qué pruebas deben practicarse y, sobre todo, qué fallos puede dictar el órgano judicial al resolver el recurso. Y si la actualización de la situación catastral puede cambiar la ubicación y la superficie inscritas, entonces la falta de esas garantías afecta al propio derecho de propiedad.

Los efectos que produce

El primer efecto es que el procedimiento se mantiene tal como está y que los recursos pendientes ante los juzgados se siguen resolviendo sobre la base normativa actual. El asunto de Buzău, un recurso contra el acta de la oficina territorial, continúa su curso.

El segundo efecto es una confirmación que todo solicitante debería aprovechar: el órgano judicial que conoce del recurso tiene plenitud de jurisdicción. El Tribunal afirma expresamente que la existencia de ese recurso constituye una garantía suficiente del acceso a la justicia y que el precepto no suprime el acceso a un tribunal ni priva de efectividad a la vía de impugnación. Que la ley no enumere los fallos posibles no significa que el juzgado esté limitado.

El tercer efecto se refiere a la calidad de la ley. El Tribunal retoma una línea constante de su jurisprudencia: la ley debe estar formulada con suficiente claridad, pero no puede alcanzar un grado absoluto de precisión. Los elementos esenciales están aquí recogidos en la propia ley, es decir, el plazo de presentación, el órgano competente, el plazo de resolución, la emisión del acta y la vía de impugnación. La ausencia de detalles adicionales no equivale a una falta de regulación esencial.

El cuarto efecto tiene que ver con el derecho de propiedad. El Tribunal considera que el procedimiento de rectificación tiene carácter técnico y administrativo y que los eventuales errores pueden corregirse ante los tribunales. Cuando el Estado impone reglas especiales, estas deben estar justificadas, no ser arbitrarias y dejar remedios abiertos. La ley del catastro deja remedios, de modo que no cabe hablar de una injerencia desproporcionada en la propiedad.

Qué ha cambiado respecto de la situación anterior

En el plano normativo, nada. El texto se mantiene en la versión republicada en 2015 y el registro sistemático se desarrolla con las mismas reglas.

Lo que cambia es la posición de los órganos judiciales que resuelven recursos de este tipo. Hasta ahora, un juez podía considerar que, a falta de una enumeración legal de los fallos, no sabía qué podía acordar. La decisión le dice que tiene plenitud de jurisdicción, es decir, que puede examinar el fondo de la solicitud de rectificación y no solo la legalidad formal del acta. Ese era, por lo demás, exactamente el temor del juzgado de Buzău: que la revisión se quedara en algo puramente formal.

Se aclara también el sentido de la expresión «rectificación de unos documentos técnicos», impugnada por poco clara. El argumento acogido, sostenido también por el fiscal, es que un documento de ese tipo contiene datos técnicos y matemáticos, que deben corresponderse con la realidad sobre el terreno. Por tanto, el objeto de la rectificación es precisamente la discordancia entre el documento y el terreno.

Un detalle que merece señalarse: en la fundamentación, el Tribunal describe el plazo de resolución de la comisión como de 30 días tras la exposición, mientras que el texto legal citado en la misma decisión prevé la resolución durante el periodo de exposición pública, pero no más tarde de 90 días desde la finalización de dicho periodo. Para el cálculo práctico de los plazos se aplica el texto de la ley, no la formulación de los fundamentos.

Ventajas y desventajas

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