Diez partidos controlados por la AEP: 125.000 lei en multas y la mitad no entregó documentos

El Estado ha terminado de controlar las cuentas de diez partidos pequeños correspondientes a 2025 y les ha sacado 125.000 lei en multas, aunque en la mitad de ellos no llegó a ver ni un solo documento. Los diez informes aparecen uno tras otro en el Boletín Oficial de Rumanía, Parte I, n.º 903 de 29 de octubre de 2026, en las páginas 11-15, y son la segunda serie de este tipo del otoño: el lote de seis informes publicado el 18 de septiembre de 2026 terminó sin ninguna multa, con cinco partidos de seis que no habían entregado sus documentos. En el lote de octubre, la misma conducta tiene precio.

El control parte del art. 42, apdo. 1, de la Ley n.º 334/2006 sobre la financiación de la actividad de los partidos políticos y de las campañas electorales, republicada, que faculta a la Autoridad Electoral Permanente para comprobar los ingresos y los gastos de los partidos. Con arreglo al plan de control de 2026, aprobado por el presidente de la Autoridad, los equipos notificaron a los partidos en primavera y trabajaron, de media, 54 días en cada expediente, desde 21 días en la Alianza de Jóvenes Demócratas hasta 86 días en el Partido por Odorheiu Secuiesc. Las diez misiones suman 538 días de control para una actividad financiera documentada de 402,93 lei.

El mecanismo que produce la multa es sencillo y no tiene nada que ver con lo que las cuentas pudieran haber mostrado. El art. 43, apdo. 4, de la ley obliga al partido a entregar a la Autoridad todos los documentos e informaciones solicitados en un plazo máximo de 15 días desde la petición. Si no lo hace, ya ha cometido la infracción administrativa, y el art. 52, apdo. 2, la sanciona con una multa de 15.000 a 50.000 lei. Cuatro de los cinco partidos que no entregaron nada fueron multados precisamente por este motivo.

Los diez informes, uno al lado de otro

Sumadas, las multas ascienden a 125.000 lei: 50.000 en el Movimiento Merit, 30.000 en el Movimiento Europeo para la Reconstrucción, la Iniciativa y la Tradición y 15.000 en cada uno de los siguientes: la Derecha Conservadora, el Partido de los Agricultores de Rumanía y la Alianza por la Transparencia y la Unidad. Cinco partidos fueron multados, uno recibió solo una advertencia y cuatro salieron sin sanción alguna.

Las advertencias no son un gesto de buena voluntad sin base legal. La Ley n.º 334/2006 no prevé la advertencia en su art. 52, donde enumera las infracciones administrativas, pero el art. 55 de la ley remite a la Ordenanza del Gobierno n.º 2/2001 sobre el régimen jurídico de las infracciones administrativas, y esa ordenanza coloca la advertencia, en el art. 5, apdo. 2, entre las sanciones principales y, en el art. 7, apdo. 3, la deja aplicable incluso cuando el acto que establece la infracción no la prevé. El art. 7, apdo. 2, exige para la advertencia una conducta de gravedad reducida.

Los efectos que produce

Para los cinco partidos multados, el efecto inmediato es una deuda con el presupuesto del Estado y un plazo corto. La sanción se impone mediante una resolución de la Autoridad Electoral Permanente, con arreglo al art. 54, apdo. 1, de la Ley n.º 334/2006, y el art. 54, apdo. 2, establece que la resolución puede impugnarse ante el órgano jurisdiccional competente. Como el art. 55 completa el régimen con la Ordenanza del Gobierno n.º 2/2001, el plazo es el del art. 31, apdo. 1, de la ordenanza, 15 días desde la entrega o la comunicación del acto, y la competencia es la alternativa del art. 32, apdo. 1: el juzgado de primera instancia de la circunscripción donde se cometió la infracción o el del domicilio social del partido. El art. 32, apdo. 3, de la ordenanza precisa que el recurso suspende la ejecución.

Si transcurren los 15 días sin recurso, el acto pasa a ser título ejecutivo sin más trámite, conforme al art. 37 de la ordenanza, y se ejecuta, según el art. 39, apdo. 3, en las condiciones previstas para los créditos tributarios. Sobre este mecanismo general, la Ley n.º 334/2006 añade una palanca propia en el art. 56, apdo. 1: en los 30 días siguientes a la firmeza de la sentencia o a la expiración del plazo para impugnar la resolución, pueden retenerse, mediante embargo, de las cuotas mensuales de la financiación pública, cantidades equivalentes a las multas impagadas. El Ministerio de Hacienda comunica a la Autoridad qué multas siguen sin pagarse.

Los partidos de este lote, sin embargo, no reciben financiación pública, al menos según los documentos que se comprobaron: ninguno de los cinco expedientes en los que se pudieron leer las cuentas muestra ingreso alguno procedente de una subvención del presupuesto del Estado. Para ellos, la palanca del art. 56, apdo. 1, está vacía, y el cobro se reduce a la ejecución ordinaria contra entidades sin patrimonio documentado.

Un segundo efecto, que los informes no nombran, se desprende del art. 24, apdo. 1, de la misma ley: la subvención del presupuesto del Estado puede suspenderse temporalmente, por resolución de la Autoridad, entre otros motivos por el incumplimiento del art. 3, apdo. 8, y del art. 5, apdo. 4. Son precisamente las disposiciones incumplidas por el Partido de los Agricultores de Rumanía y por la Alianza de Jóvenes Demócratas. Un partido que crezca y llegue a recibir una subvención arranca, por tanto, con una constatación que puede congelar su dinero, y el plazo para subsanar con arreglo al art. 24, apdo. 3, no supera los 15 días.

Para los cinco partidos que no entregaron documentos, el efecto que importa es que el ejercicio de 2025 sigue sin comprobarse y, en la práctica, es incomprobable: el plazo de prescripción para imponer sanciones es de 3 años desde la comisión del hecho, según el art. 52, apdo. 5, pero ninguna disposición obliga a un partido a entregar con carácter retroactivo los documentos que no entregó a tiempo. La multa castiga la negativa, no la falta de transparencia que hay detrás.

Qué ha cambiado respecto de la situación anterior

El cambio más visible es el paso de la advertencia a la multa. El lote de seis informes publicado el 18 de septiembre de 2026 tenía cinco partidos de seis que no habían entregado sus documentos y terminó sin ninguna multa, solo con advertencias. El lote de 29 de octubre de 2026 tiene cinco partidos de diez en la misma situación y obtiene 110.000 lei solo de la negativa a presentar documentos. Con seis semanas de diferencia, la misma conducta pasa de la gravedad reducida al tope legal.

El segundo cambio es que la Autoridad ha empezado a utilizar toda la horquilla que permite el art. 52, apdo. 2, y no solo su extremo inferior. El mínimo de 15.000 lei aparece tres veces, el tramo medio lo ocupan los 30.000 lei impuestos al Movimiento Europeo para la Reconstrucción, la Iniciativa y la Tradición, y el tope de 50.000 lei se alcanza una vez, en el Movimiento Merit. Por la misma infracción, la del art. 43, apdo. 4, la diferencia entre el partido más y el menos sancionado es de 35.000 lei, una proporción de 3,3 a 1, y los informes no explican de dónde procede.

La tercera diferencia afecta a lo que se controla. Hasta ahora, la imagen pública de los controles de la financiación de los partidos estaba ligada a las campañas electorales y a los partidos grandes, con subvenciones de millones. Los informes de este lote muestran el otro extremo del mecanismo: partidos que, en conjunto, movieron menos de 1.500 lei en 2025 y a los que el Estado aplica el mismo régimen de control, con la misma escala de multas, concebido para entidades que manejan dinero público.

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