Seis partidos controlados por la AEP: cinco quedaron sin comprobar y el sexto reunió 2.521 lei en 2025

La Autoridad Electoral Permanente publicó el 18 de septiembre de 2026 los resultados de seis controles realizados en partidos políticos, correspondientes al ejercicio 2025, y en cinco de ellos no consiguió comprobar nada. Los seis informes ocupan tres páginas de la edición n.º 794 del Boletín Oficial de Rumanía y todos son extractos, la forma breve cuya publicación exige la ley. Cuatro días antes, la misma institución había publicado once informes de control en once partidos pequeños, así que en un intervalo de cinco días se hicieron públicos diecisiete controles. La diferencia entre las dos series está en lo que quedó de ellas: aquí, una sola formación abrió sus libros.

Este control no parte de una denuncia. El artículo 44 apartado (1) de la Ley n.º 334/2006 obliga a la autoridad a comprobar cada año, en cada partido, el cumplimiento de las reglas sobre ingresos y gastos. Las formaciones de este lote se incluyeron en el Plan de control para el año 2026, aprobado por el presidente de la institución, y cada misión arrancó con una notificación escrita, enviada 15 días antes, según el artículo 47 apartado (4) de las normas metodológicas aprobadas por la Decisión del Gobierno n.º 10/2016. Desde la fecha de la solicitud, el partido tiene como máximo 15 días para entregar los documentos, plazo escrito en el artículo 43 apartado (4) de la ley. Si no los entrega, el equipo de control no tiene de dónde averiguar nada: el artículo 42 apartado (5) limita sus peticiones estrictamente a las actividades relativas a la obtención de ingresos y la realización de gastos.

Esto es lo que encontró cada uno de los seis controles. Las fechas y las cantidades son las de los informes.

Un solo control llegó hasta el final. El Partido Național Român entregó los documentos, tenía contabilidad propia organizada en 2025 y cerró el año con 2.521,00 lei de ingresos, todos de donaciones, y 2.521,00 lei de gastos. Los ingresos y los gastos coinciden al leu, y el informe no dice cuánto tenía el partido en cuenta a 1 de enero de 2025 ni cuánto le quedó a 31 de diciembre. Para ver de qué orden de magnitud hablamos: 2.521 lei son el 62% del salario base mínimo bruto nacional de un solo mes de 2025, que era de 4.050 lei.

El informe del Partido Sebeșul Verde es el más difícil de leer. Un miembro fundador declaró al equipo de control que la persona que se había ocupado de administrar el partido había muerto el 18 de enero de 2026, que la formación ya no tiene a nadie designado para el cargo de presidente y que él mismo ya no tiene ninguna relación con ella. Los documentos pedidos por la Notificación n.º 7.087, de 5 de mayo de 2026, no llegaron al equipo, y el informe termina con una fórmula rara en un acto administrativo: la comprobación «nu s-a realizat», es decir no se llevó a cabo. El calendario completa la historia: el fallecimiento se produjo 18 días después del cierre del año comprobado y 102 días antes del 30 de abril de 2026, día en que el partido tenía que presentar el informe detallado de ingresos y gastos de 2025. La notificación salió el 5 de mayo, 107 días después del fallecimiento, y la misión se desarrolló el 3 de julio, 59 días después de la notificación, casi cuatro veces el plazo de 15 días que la ley da al partido para responder.

En el Partido Alianța Moților Uniți, el equipo de control entró y encontró un vacío. El presidente y el vicepresidente habían dimitido, la formación quedaba representada solo por el secretario general, y a 31 de diciembre de 2025 no tenía la contabilidad organizada, no había tenido actividad económico-contable y tampoco tenía cuenta bancaria. El artículo 3 apartado (8) de la Ley n.º 334/2006 obliga a cada partido a organizar su propia contabilidad, sin ninguna exención para las formaciones sin actividad. El informe recoge el hecho y pasa después a la sección siguiente con una sola frase: «Nu au fost aplicate sancțiuni.», es decir no se aplicaron sanciones.

El informe del Partido Mișcarea Iubim România tiene dos frases de constataciones y se detiene. El partido no entregó los documentos pedidos por notificación y no tiene asignado código de identificación fiscal, lo que significa que no puede abrir legalmente una cuenta bancaria ni llevar una contabilidad. El texto publicado no tiene sección de sanciones, ni siquiera una vacía, y las constataciones no están numeradas, aunque los otros cinco informes de la misma edición tienen tanto «I. Constatări» como «II. Sancțiuni aplicate», es decir constataciones y sanciones aplicadas.

Las otras dos negativas recibieron un apercibimiento. El Partido Alianța Națională pentru Demnitatea României no entregó todos los documentos y fue sancionado por incumplir el artículo 43 apartado (4) y el artículo 49 apartado (1). El Partido Polul Suveranist no entregó ninguno y fue sancionado por las mismas dos disposiciones, a las que se añade el apartado (3) del artículo 49. El apercibimiento no figura entre las sanciones enumeradas por el artículo 52 de la ley, que para exactamente estos hechos prevé una multa de 15.000 a 50.000 lei. Llega ahí por el artículo 55, que completa el régimen con la Ordenanza del Gobierno n.º 2/2001, y el artículo 7 apartado (2) de esa ordenanza lo reserva a los hechos «de gravitate redusă», es decir de gravedad reducida.

Sobre el dinero público los informes callan, y tienen un motivo. La subvención del presupuesto del Estado se reparte según el número de votos obtenidos en las elecciones generales a la Cámara de Diputados y al Senado y en las elecciones a las autoridades de la administración pública local, según el artículo 18 apartado (3), y ninguna de las seis formaciones aparece con un solo leu de esa fuente. Donde la subvención existe, el control es doble: el artículo 42 apartado (2) lo atribuye también al Tribunal de Cuentas. En los partidos de este lote el segundo control no tiene objeto, y la auditoría estatutaria exigida por el artículo 45 los deja fuera por el mismo motivo.

Los efectos que produce

La publicación en el Boletín Oficial de Rumanía no aplica, por sí sola, ninguna sanción. Las infracciones administrativas las constatan los representantes de la autoridad, y la sanción se aplica por resolución de la Autoridad Electoral Permanente, según el artículo 54 apartado (1). La resolución puede impugnarse ante el órgano judicial competente, según el apartado (2) del mismo artículo. Los apercibimientos son, por tanto, actos impugnables, aunque no cuesten nada: quedan en el registro de la institución y pesan en un control posterior.

Para las cuatro formaciones que se quedaron sin sanción, la publicación no cierra el expediente. La aplicación de las sanciones prescribe a los tres años desde la comisión del hecho, según el artículo 52 apartado (5), y en las infracciones administrativas continuadas el plazo corre desde que cesa el hecho, según el apartado (6). Un partido que no presentó hasta el 30 de abril de 2026 el informe del año 2025 puede ser sancionado por ello hasta el 30 de abril de 2029.

Para el dinero recibido ilegalmente, el mecanismo de recuperación existe, pero necesita cifras. El artículo 53 apartado (1) dice que el sancionado ingresa en el presupuesto del Estado las cantidades de dinero y el contravalor de los bienes y servicios «care au constituit obiectul contravenției», es decir los que constituyeron el objeto de la infracción administrativa. Cuando la infracción es precisamente la negativa a mostrar los documentos, no existe ninguna cantidad que constituya su objeto, así que no se recupera nada. En este lote no volvió al presupuesto ni un leu, y el único ingreso encontrado, los 2.521 lei de donaciones, era legal.

Para el lector que no es afiliado de ninguno de los seis partidos, el efecto es informativo, y la información resulta desagradable. El Estado fue a seis partidos a contar el dinero y volvió con una sola cifra. Qué pasó con el dinero de las otras cinco formaciones en 2025 no se sabe ni por los informes ni por otra vía, ya que tampoco el informe anual que los partidos presentan por su cuenta lo comprobó nadie.

Qué ha cambiado respecto de la situación anterior

En derecho no ha cambiado nada entre los dos lotes. La Ley n.º 334/2006 y las normas de 2016 son las mismas el 14 y el 18 de septiembre de 2026. Ha cambiado lo que llega al lector.

El reparto de los informes por ediciones es el cambio más visible. Los números de la edición n.º 794 van del 12.172 al 13.926, y los de la edición n.º 776, aparecida cuatro días antes, del 11.041 al 13.160. Los intervalos se solapan en casi toda su longitud, así que los lotes no salen a publicación en orden. Dos ejemplos cierran la discusión. El informe n.º 12.172 y el informe n.º 12.180 están firmados los dos en Bucarest el 14 de julio de 2026, pero el primero apareció el 18 de septiembre y el segundo el 14 de septiembre, o sea que el de número menor salió en segundo lugar. Igualmente, los informes n.º 13.010 y n.º 13.011 tienen números consecutivos y la misma fecha, 29 de julio de 2026, y se publicaron en ediciones distintas, con cuatro días de diferencia.

También se ha adelgazado el contenido. En el lote del 14 de septiembre, la mayoría de los informes mostraban los ingresos desglosados por fuentes, cuotas, donaciones, intereses bancarios, y los totales se podían sumar. En el lote de ahora, cinco informes de seis no tienen ninguna cifra, y el sexto tiene un total de donaciones sin ningún desglose. Un lector que quisiera comparar el año 2025 de estos seis partidos con el anterior no tiene de dónde partir.

Lo que no ha cambiado es el retraso. El plazo de 45 días desde la realización del control, escrito en el artículo 44 apartado (6) de la ley y repetido en el artículo 50 apartado (1) de las normas, se superó en los seis informes, con 15 a 32 días. El control más antiguo, el de Sebeșul Verde, se desarrolló el 3 de julio de 2026, así que el plazo vencía el 17 de agosto, y la publicación llegó el 18 de septiembre.

Ventajas y desventajas

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Preguntas frecuentes

Errores e incoherencias en el texto publicado

Análisis de la redacción