El taller puede aplicar su propia tarifa de mano de obra en las reparaciones del RCA, confirma el Tribunal Constitucional

Un asegurador pidió al Tribunal Constitucional que declarara inconstitucional la regla que permite a los talleres de reparación aplicar su propia tarifa horaria de mano de obra en las reparaciones pagadas con cargo al RCA. El Tribunal se ha negado, por cuarta vez sobre la misma cuestión. La Decisión n.º 617, de 20 de noviembre de 2025, publicada el martes en el Boletín Oficial de Rumanía, constata que el artículo 14 apartado (3) de la Ley n.º 132/2017 es constitucional. Es la segunda decisión del Tribunal con efectos sobre los conductores publicada en las últimas semanas, después de aquella por la que el juez no puede acortar la duración de la suspensión del permiso de conducir.

El texto impugnado tiene una sola frase: el valor de la reparación se determina utilizando los sistemas de evaluación especializados o mediante documentos emitidos en las condiciones de la ley en los que la unidad reparadora de automóviles puede utilizar su propio valor de la hora de mano de obra expuesto al público. Los sistemas de evaluación especializados son los programas profesionales de presupuestación, que el propio Tribunal enumera: Audatex, Autovista, DAT, GT Motive.

La autora de la excepción fue la Societatea de Asigurare Reasigurare City Insurance, que la planteó en cuatro procedimientos distintos, ante el Juzgado del Sector 1 de Bucarest, el Tribunal de Alba y, en dos ocasiones, el Juzgado de Timișoara. Los cuatro versaban sobre reclamaciones de cantidad derivadas del seguro obligatorio RCA, y el Tribunal los acumuló.

Los efectos que produce

La tarifa de mano de obra del taller sigue siendo una base legal de cálculo. El asegurador sostenía que la formulación permite a las unidades reparadoras fijar arbitrariamente precios muy por encima de las referencias del mercado, ya que la ley no las obliga a atenerse a ningún criterio, ni a los precios de referencia del mercado ni a los recomendados por el fabricante. El Tribunal ha rechazado el argumento: el texto pone de manifiesto explícitamente las dos modalidades de cuantificación, está redactado con claridad y sin equívocos, por lo que satisface las exigencias de claridad, precisión y previsibilidad.

Ningún método tiene prioridad. Es la precisión más útil de la decisión, en el párrafo 26. La legislación no establece que una forma de evaluación prevalezca en detrimento de la otra. Por consiguiente, ni el asegurador puede imponer el sistema de presupuestación ni el taller puede imponer automáticamente su propia tarifa. Lo que queda es el acuerdo de las partes y, a falta de él, una vía de resolución del litigio.

Tres vías cuando no hay acuerdo. El Tribunal las enumera: los mecanismos alternativos de resolución, como la Entidad de Resolución Alternativa de Litigios en el ámbito financiero no bancario, conocida como SAL-FIN, o la mediación, o bien la sentencia firme del tribunal, conforme al artículo 23 apartado (5) de la Ley n.º 132/2017.

La diferencia no cubierta puede reclamarse al conductor culpable. El Tribunal recuerda que nada impide exigir la responsabilidad civil extracontractual del asegurado, es decir, de la persona culpable del accidente, en virtud del principio de la reparación íntegra del perjuicio, por la diferencia de indemnización que el asegurador no asume. Para el perjudicado, eso significa que el límite pagado por el seguro no es necesariamente el final del camino.

El seguro es un contrato aleatorio y el riesgo forma parte de él. El argumento con el que el Tribunal rechaza la crítica relativa al derecho de propiedad es este: al celebrar el contrato, el asegurador adquiere la posibilidad de una ganancia y se expone al mismo tiempo al riesgo de una pérdida, y la existencia y el alcance de esa pérdida dependen de un acontecimiento futuro e incierto. El riesgo es un atributo esencial de la economía de libre mercado, que justifica la libre competencia.

Los abusos de la práctica no son problemas de constitucionalidad. El Tribunal lo dice directamente: las eventuales disfunciones surgidas en la forma en que las unidades reparadoras aplican el texto no pueden convertirse en vicios de inconstitucionalidad. Dicho de otro modo, si un taller infla la factura, el remedio es contractual o judicial, en el asunto concreto, no la derogación de la norma.

La cuarta vez sobre la misma cuestión. El texto ya había sido examinado mediante la Decisión n.º 583, de 23 de noviembre de 2022, la Decisión n.º 126, de 14 de marzo de 2024, y la Decisión n.º 244, de 25 de abril de 2024, todas ellas con soluciones de rechazo por infundada. El Tribunal constata que no han sobrevenido elementos nuevos, por lo que la solución y sus fundamentos mantienen su validez.

Qué ha cambiado respecto de la situación anterior

Nada en el texto de la ley. La decisión confirma una norma en vigor desde 2017 y una línea jurisprudencial abierta en 2022. Para los conductores y para los talleres, las reglas de cálculo siguen siendo las de hasta ahora.

Lo que se consolida es la posición de las unidades reparadoras en la negociación con los aseguradores. Tras el cuarto rechazo consecutivo, el argumento de que la tarifa propia de mano de obra sería inconstitucional por falta de previsibilidad ya no tiene posibilidades razonables ante el Tribunal. La discusión se traslada definitivamente al terreno de la prueba en cada asunto: cuánto costó efectivamente la reparación, qué recoge el presupuesto, qué dice el peritaje.

Para los perjudicados, la decisión tiene un efecto práctico menos evidente. No obliga al asegurador a pagar la tarifa del taller elegido, sino que solo confirma que esa tarifa es una base legal de cálculo tan válida como el sistema de presupuestación. La diferencia entre ambas sigue siendo una cuestión de negociación y, cuando la negociación fracasa, de SAL-FIN, mediación o tribunal.

Merece la pena observar también un detalle de práctica judicial. El Tribunal de Alba no expresó su opinión sobre la excepción, aunque el artículo 29 apartado (4) de la Ley n.º 47/1992 le obligaba a ello. Es la segunda situación de este tipo consignada el mismo día en el Boletín Oficial de Rumanía, después de la de la Decisión n.º 757/2025, en la que el Tribunal de Apelación de Bucarest omitió lo mismo. Ni los presidentes de las dos Cámaras, ni el Gobierno, ni el Defensor del Pueblo comunicaron los puntos de vista solicitados en este asunto.

Ventajas y desventajas

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