En resumen

  • El Estado anticipa íntegramente las tasas y los gastos de un proceso civil si el ingreso medio mensual neto por miembro de la familia de los dos últimos meses es inferior a 1.081,25 lei, y la mitad de ellos si es inferior a 2.162,50 lei. Los dos umbrales del artículo 8 de la Ordenanza de urgencia del Gobierno n.º 51/2008 equivalen al 25 % y al 50 % del salario de base mínimo bruto nacional, que desde el 1 de julio de 2026 es de 4.325 lei. En el primer semestre de 2026, con el salario mínimo en 4.050 lei, los umbrales eran de 1.012,50 lei y de 2.025 lei.
  • La ayuda adopta cuatro formas: abogado, perito o traductor, agente de ejecución y alivio en las tasas judiciales, desde la exención total hasta el pago en un máximo de 48 cuotas mensuales. Las tres primeras comparten un único tope de 10 salarios de base mínimos brutos nacionales al año, que en octubre de 2026 son 43.250 lei. El alivio en las tasas, incluida la exención de la tasa judicial de timbre, queda fuera de ese tope.
  • La decisión publicada el 27 de octubre de 2026 examina, sin embargo, el umbral fijo de 300 lei, que salió del ordenamiento el 15 de enero de 2023. El Tribunal Constitucional desestima la excepción por unanimidad y declara que el artículo 6, el artículo 8, apartado 1 y el artículo 14, apartado 1, junto con la ordenanza de urgencia en su conjunto, son constitucionales. No cambia ninguna norma ni nace ningún derecho a raíz de la decisión.
  • La solicitud de asistencia jurídica pública está exenta de tasa judicial de timbre, se resuelve sin citar a las partes y la denegación puede recurrirse en 5 días. La solicitud de reexamen la resuelve otra formación, mediante un auto que ya no admite recurso. Cuando la ayuda se pide para una apelación o un recurso, el plazo para interponerlo se interrumpe una sola vez, siempre que los justificantes se presenten en 10 días.
  • Entre la remisión al Tribunal y la publicación de la decisión transcurrieron 1.925 días, y el texto mantenido llevaba 3 años y 285 días fuera de vigor en la fecha de la publicación. La excepción se planteó en un asunto registrado en 2015, el Tribunal de Bucarest sometió la cuestión al Tribunal Constitucional el 20 de julio de 2021, la decisión se dictó el 9 de diciembre de 2025 y se publicó el 27 de octubre de 2026, es decir, 322 días después.
Acto: Decisión del Tribunal Constitucional n.º 715, de 9 de diciembre de 2025, sobre la excepción de inconstitucionalidad de las disposiciones del artículo 6, del artículo 8, apartado 1 y del artículo 14, apartado 1 de la Ordenanza de urgencia del Gobierno n.º 51/2008 sobre la asistencia jurídica pública en materia civil, y de la ordenanza de urgencia en su conjunto
Publicado: Boletín Oficial de Rumanía, Parte I, n.º 898 de 27 de octubre de 2026, páginas 2-5
Dictada: 9 de diciembre de 2025, por unanimidad
Firme y de obligado cumplimiento general: 27 de octubre de 2026, fecha de la publicación

Quien tiene pocos ingresos y es parte en un proceso civil puede pedir al Estado que pague el abogado, el perito, el agente de ejecución y la tasa judicial de timbre, pero solo si el ingreso neto de cada miembro de la familia se mantiene por debajo de una cuarta parte del salario mínimo bruto, es decir, por debajo de 1.081,25 lei desde el 1 de julio de 2026. Ese umbral fue confirmado de forma indirecta por el Tribunal Constitucional en la Decisión n.º 715, de 9 de diciembre de 2025, publicada el 27 de octubre de 2026, que desestima por infundada la excepción de inconstitucionalidad planteada contra el artículo 6, el artículo 8, apartado 1 y el artículo 14, apartado 1 de la Ordenanza de urgencia del Gobierno n.º 51/2008 y contra la ordenanza en su conjunto. Es la segunda decisión sobre los mismos umbrales de ingresos que se publica en dos meses: en la Decisión n.º 169/2026, publicada el 4 de septiembre de 2026, el Tribunal mantuvo exactamente los mismos límites de 300 y 600 lei, y precisó de forma expresa, en el título de la decisión, que el texto examinado era el anterior a la Ley n.º 31/2023.

Esa precisión del título es justamente lo que separa las dos decisiones. La Decisión n.º 715/2025 reproduce el artículo 8, apartado 1 en presente, en la versión con el umbral fijo de 300 lei, y en ningún lugar dice que el texto haya sido sustituido desde entonces. Un lector de buena fe que abra el número del 27 de octubre de 2026 para saber cuánto puede ganar sin perder la ayuda encontrará una cifra que los tribunales no aplican desde enero de 2023.

Las cifras que sí se aplican se derivan del salario mínimo. El artículo 8, apartado 1, en la versión dada por la Ley n.º 31/2023, concede una ayuda anticipada íntegramente por el Estado a las personas cuyo ingreso medio mensual neto por miembro de la familia en los dos meses anteriores a la solicitud queda por debajo del 25 % del salario de base mínimo bruto nacional, mientras que el apartado 2 concede la mitad de las cantidades cuando el ingreso queda por debajo del 50 %. El salario mínimo es de 4.325 lei desde el 1 de julio de 2026, en virtud de la Decisión del Gobierno n.º 146/2026, de modo que los umbrales son de 1.081,25 lei y de 2.162,50 lei. Para las solicitudes presentadas entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2026, con el salario mínimo en 4.050 lei, eran de 1.012,50 lei y de 2.025 lei.

La excepción la planteó un matrimonio, Iosif y Constanța Puiu, en un asunto ante el Tribunal de Bucarest, Sección IV Civil, cuyo objeto era precisamente una solicitud de asistencia jurídica pública en forma de exención de la tasa judicial de timbre de su recurso de apelación. Sus críticas se articulaban en dos planos. Por motivos extrínsecos, sostenían que el Gobierno no podía legislar mediante ordenanza de urgencia en una materia reservada a la ley por el artículo 139, apartado 1 de la Constitución, y que había afectado a derechos fundamentales, lo que prohíbe el artículo 115, apartado 6. Por motivos intrínsecos, atacaban el umbral de ingresos como criterio discriminatorio y la lista de documentos del artículo 14, apartado 1 como un obstáculo adicional al acceso a la justicia, y añadían que las normas carecían de previsibilidad.

El Tribunal rechazó cada una de las críticas apoyándose en su propia jurisprudencia. Las tasas judiciales pueden establecerse por ordenanza porque la expresión «numai prin lege», es decir, únicamente por ley, del artículo 139, apartado 1 excluye los instrumentos de rango inferior a la ley, a saber, las decisiones del Gobierno y las órdenes ministeriales, y no las ordenanzas. El libre acceso a la justicia no significa que el servicio que prestan los tribunales sea gratuito: la regla es que las demandas tributan tasa de timbre y las excepciones son las que fija el legislador. Fijar las condiciones de acceso corresponde al legislador, que elige el círculo de personas con derecho al apoyo del Estado. Los documentos exigidos por el artículo 14, apartado 1 se impusieron por transparencia y por la buena administración del fondo, no como obstáculo. Y la previsibilidad de una norma se aprecia en el contexto del conjunto de la regulación, no artículo por artículo.

Los efectos que produce

La decisión es firme y de obligado cumplimiento general desde el 27 de octubre de 2026, fecha de la publicación, con arreglo al artículo 147, apartado 4 de la Constitución, que la propia parte dispositiva cita junto con el artículo 146, letra d). El efecto práctico más importante es que no cambia nada, y esa es precisamente la noticia. La desestimación por infundada no retira ninguna norma del ordenamiento ni retoca su sentido: el artículo 6, el artículo 8, apartado 1 y el artículo 14, apartado 1 siguen aplicándose exactamente como estaban, en su versión actual, y la ordenanza de urgencia sigue en vigor en su conjunto.

Para quien presente una solicitud de asistencia jurídica pública después del 27 de octubre de 2026 la prueba no varía: se calcula el ingreso medio mensual neto por miembro de la familia de los dos meses anteriores a la solicitud y se compara con 1.081,25 lei para la ayuda íntegra y con 2.162,50 lei para la mitad. Según el artículo 9, el cálculo recoge todos los ingresos periódicos, pero también las cantidades debidas periódicamente para necesidades básicas, como el alquiler y las obligaciones de alimentos. La familia se define en el artículo 5: el cónyuge, los hijos y los demás descendientes en línea recta a cargo hasta los 18 años, los mayores de 18 y menores de 26 si siguen estudiando, además de cualquier persona que comparta el domicilio y la economía doméstica del solicitante.

Los umbrales no son la única vía de acceso, y la decisión no toca ninguna de las otras dos. El artículo 8, apartado 3, en la versión dada por la Ley n.º 268/2024, permite conceder la ayuda también en otras situaciones, de forma proporcionada a las necesidades del solicitante, cuando los costes ciertos o estimados del proceso puedan limitar su acceso efectivo a la justicia, medidos frente a los ingresos obtenidos y a los gastos acreditados. El artículo 8^1 concede la ayuda con independencia de los ingresos, cuando una ley especial prevé la asistencia jurídica gratuita como medida de protección, en situaciones como la minoría de edad, la discapacidad o una condición particular.

La parte extrínseca de la decisión es la de mayor alcance, aunque pase inadvertida. Al mantener la ordenanza en su conjunto frente al artículo 115, apartado 6 y al artículo 139, apartado 1 de la Constitución, el Tribunal cierra la vía para discutir la elección misma del Gobierno de regular la asistencia jurídica pública por ordenanza de urgencia y, por extensión, la relación entre las tasas judiciales y la reserva de ley. El artículo 29, apartado 3 de la Ley n.º 47/1992 solo impide plantear de nuevo la excepción respecto de textos ya declarados inconstitucionales, de modo que una nueva excepción sobre los mismos artículos no es inadmisible de plano, pero el Tribunal se ha pronunciado sobre estas mismas disposiciones al menos tres veces en dos años, en las Decisiones n.º 118/2025, n.º 169/2026 y n.º 715/2025.

En cuanto al asunto concreto, la decisión se comunica al Tribunal de Bucarest, Sección IV Civil. El artículo 29 de la Ley n.º 47/1992 no prevé la suspensión del proceso mientras se resuelve la excepción, de modo que el matrimonio no pasó esos 1.925 días con su procedimiento paralizado, pero su solicitud de exención de la tasa de timbre de la apelación se resolvió mucho antes de que el Tribunal Constitucional respondiera.

Qué ha cambiado respecto de la situación anterior

El texto examinado por el Tribunal fue sustituido por la Ley n.º 31/2023 por la que se modifica la Ordenanza de urgencia del Gobierno n.º 51/2008, publicada en el Boletín Oficial de Rumanía, Parte I, n.º 38 de 12 de enero de 2023 y en vigor desde el 15 de enero de 2023. La ley suprimió las dos cantidades fijas, 300 lei para la ayuda íntegra y 600 lei para la modalidad del 50 %, y las vinculó al salario de base mínimo bruto nacional, al 25 % y al 50 %. En la misma operación reescribió el artículo 7, que limita a 10 salarios de base mínimos brutos nacionales al año el valor acumulado de la ayuda en las formas enumeradas en el artículo 6, letras a) a c), reescribió el artículo 9 sobre la determinación de los ingresos y derogó el artículo 16, apartado 2 y el artículo 22, apartado 1.

El nuevo mecanismo tiene un efecto que solo se aprecia al alinear las cifras. Cuando se adoptó la ordenanza de urgencia, el 21 de abril de 2008, el salario de base mínimo bruto nacional era de 500 lei, según la Decisión del Gobierno n.º 1.507/2007, de modo que el umbral de 300 lei equivalía al 60 % del salario mínimo y el de 600 lei al 120 %. Las cantidades permanecieron intactas casi 15 años, mientras que el salario mínimo se multiplicó por seis. El 1 de enero de 2023, con el salario mínimo en 3.000 lei, el umbral de 300 lei había caído al 10 % de este y el de 600 lei al 20 %. Dicho de otro modo, el círculo de beneficiarios se había reducido seis veces sin que se modificara un solo artículo. La Ley n.º 31/2023 elevó de golpe los umbrales a 750 lei y a 1.500 lei, y la indexación automática los ha llevado desde entonces a 1.081,25 lei y a 2.162,50 lei.

La segunda modificación importante es la Ley n.º 268/2024, publicada en el Boletín Oficial de Rumanía, Parte I, n.º 1089 de 31 de octubre de 2024 y aplicable desde el 3 de noviembre de 2024. Abrió la asistencia jurídica pública también a las personas jurídicas sin ánimo de lucro establecidas en Rumanía, en los casos previstos por la ley, cuando actúan sin interés personal para defender los derechos de personas en situaciones especiales o para proteger un interés colectivo. Introdujo, en el artículo 8, apartado 3, la vía proporcionada a las necesidades del solicitante, incluso por las diferencias de coste de la vida entre el país de residencia y Rumanía. Y añadió, en el artículo 11, apartado 4, una obligación que importa más de lo que parece: en la primera vista a la que las partes hayan sido citadas legalmente, el órgano jurisdiccional les informa de que pueden pedir asistencia jurídica pública y de las condiciones y las formas concretas en que puede solicitarse.

Comparada con la propia jurisprudencia del Tribunal, la decisión no aporta nada nuevo ni pretende otra cosa. El apartado 30 afirma de forma expresa que no han surgido elementos nuevos que obliguen a reconsiderar la jurisprudencia, por lo que se trasladan tanto la motivación como la solución. La única novedad está en el apartado 31, donde el Tribunal responde por separado a la crítica de falta de previsibilidad formulada al amparo del artículo 1, apartado 5 de la Constitución, que las decisiones anteriores sobre el artículo 8 no habían abordado. La respuesta es que la claridad de una norma se examina en el contexto del conjunto de la regulación y que una precisión absoluta produciría una rigidez excesiva.

Ventajas y desventajas

Lo que mejora

  • Los umbrales se mueven por sí solos con el salario mínimo desde el 15 de enero de 2023, de modo que no hace falta una nueva ley para que no se queden atrás. El último ajuste llegó automáticamente el 1 de julio de 2026, cuando el salario mínimo subió a 4.325 lei.
  • La propia solicitud no cuesta ni un leu: está exenta de tasa judicial de timbre según el artículo 12, apartado 2, así que quien no puede pagar la tasa no necesita dinero para pedir que se le dispense de ella.
  • El tope anual de 10 salarios mínimos brutos, es decir, 43.250 lei en octubre de 2026, cubre únicamente los honorarios del abogado, del perito, del traductor, del intérprete y del agente de ejecución. Las exenciones, las reducciones y los fraccionamientos de las tasas judiciales del artículo 6, letra d), quedan fuera de él, de modo que un proceso con una tasa de timbre elevada no agota el tope.
  • La ayuda puede solicitarse en cualquier momento del proceso y se mantiene durante toda la fase procesal para la que se pidió, según el artículo 12, apartado 1.
  • Cuando hay recurso, el artículo 13, apartado 3 interrumpe una sola vez el plazo para la apelación o el recurso, siempre que los justificantes se presenten en 10 días, y desde la notificación del auto empieza a correr un nuevo plazo. Cuando la ayuda consiste en la asistencia de un abogado, el colegio de abogados debe designar uno en 48 horas.
  • La denegación no es firme de inmediato: la solicitud de reexamen se presenta en 5 días desde la notificación y la resuelve otra formación, no la que denegó la ayuda.
  • Quien cumple las condiciones de ingresos y ha pasado por una mediación antes del proceso o antes de la primera vista recupera la retribución pagada al mediador, según el artículo 20.
  • Las tasas judiciales pueden fraccionarse en hasta 48 cuotas mensuales y, cuando las tasas superan el doble del ingreso neto mensual de la familia, la cuota se calcula de modo que no exceda de la mitad de ese ingreso.
  • Desde el 3 de noviembre de 2024 el órgano jurisdiccional debe informar a las partes en la primera vista de su derecho a pedir asistencia jurídica pública, de modo que la información ya no depende de lo bien que cada uno conozca sus derechos.

Lo que sigue siendo un problema

  • El umbral se calcula como porcentaje del salario mínimo bruto, mientras que el ingreso del solicitante se mide en neto. Para una familia de cuatro personas, la ayuda íntegra exige un ingreso neto total inferior a 4.325 lei, es decir, inferior a un solo salario mínimo bruto, y la mitad de la ayuda exige menos de 8.650 lei, lo que queda por debajo de dos salarios mínimos brutos.
  • Medido en salarios mínimos, el umbral de acceso es 2,4 veces más estricto que cuando se adoptó la ordenanza: el 25 % en lugar del 60 %. Mantener la proporción de 2008 situaría el umbral, en octubre de 2026, en 2.595 lei por miembro de la familia en lugar de 1.081,25 lei.
  • La decisión mantiene una cifra que ya no se aplica. El umbral de 300 lei llevaba 3 años y 285 días fuera del ordenamiento en la fecha en que se publicó la decisión, y el texto publicado no dice en ningún sitio qué versión se examinó.
  • El desfase temporal hace que el control sea casi inútil para quienes plantearon la excepción: 1.603 días desde el auto de remisión hasta el fallo y otros 322 hasta la publicación.
  • La solicitud se resuelve sin citar a las partes, en cámara de consejo, y el reexamen del mismo modo. En ningún momento puede el solicitante explicar de viva voz por qué sus cifras no cuentan toda la historia.
  • El riesgo de equivocarse en la solicitud es desproporcionado: si el órgano jurisdiccional aprecia mala fe por ocultación de la verdad, el artículo 17, apartado 2 obliga a devolver las cantidades e impone una multa de hasta 5 veces el importe por el que se obtuvo la exención.
  • La ayuda no es una transferencia definitiva. Si el beneficiario pierde el proceso, los gastos anticipados por el Estado quedan, por regla general, a cargo de este, pero el órgano jurisdiccional puede ordenar su devolución total o parcial por falta de diligencia o por abuso del proceso.
  • Para las solicitudes presentadas en el primer semestre de 2026 los umbrales eran de 1.012,50 lei y de 2.025 lei, porque la subida del salario mínimo solo se aplicó desde el 1 de julio. Quien fue rechazado en junio y habría cumplido los requisitos en julio no tiene forma de reabrir el asunto, ya que la ayuda se concede desde la fecha de la solicitud.

Consejos prácticos

  1. Calcule el ingreso medio mensual neto por miembro de la familia de los dos meses anteriores a la solicitud, no el del último año ni el de su mejor mes. Compare el resultado con 1.081,25 lei para la ayuda íntegra y con 2.162,50 lei para la mitad, mientras el salario mínimo siga en 4.325 lei.
  2. Cuente bien la familia, porque cada miembro rebaja la media. Incluye a los hijos a cargo hasta los 18 años, a los que tienen entre 18 y 26 años y siguen estudiando, y a la persona con la que comparte el domicilio y la economía doméstica, aunque no sea pariente.
  3. Deduzca lo que debe pagar periódicamente. El artículo 9 exige tener en cuenta las cantidades debidas periódicamente para necesidades básicas, entre ellas el alquiler y las obligaciones de alimentos, así que un alquiler mensual no es un detalle que pueda omitirse del expediente.
  4. Si sus ingresos superan el umbral por poco, no desista: solicite la ayuda con arreglo al artículo 8, apartado 3. El texto permite concederla de forma proporcionada a sus necesidades, cuando los costes ciertos o estimados del proceso limiten el acceso efectivo a la justicia, medidos frente a los ingresos y a los gastos acreditados.
  5. Cuando pida la ayuda para una apelación o un recurso, presente la solicitud ante el órgano jurisdiccional cuya resolución impugna, dentro del plazo de ese recurso, y tenga preparados los justificantes con antelación: el plazo se interrumpe una sola vez, y la interrupción solo opera si presenta los documentos en 10 días.
  6. Incluya en la solicitud, desde el principio, la declaración jurada sobre las ayudas recibidas en los últimos 12 meses, con su forma, el asunto y el importe. El artículo 14, apartado 1 la exige expresamente, y omitirla devuelve el expediente justo cuando los plazos son cortos.
  7. Anote en su agenda los 5 días desde la notificación del auto de denegación. El reexamen lo resuelve otra formación y se decide mediante un auto que ya no admite recurso, así que es su única oportunidad de corregir un cálculo o un documento que faltaba.
  8. Si prevé una tasa de timbre elevada, pida el fraccionamiento y no solo la exención. Cuando las tasas superan el doble del ingreso neto mensual de la familia del mes anterior, la cuota mensual no puede exceder de la mitad de ese ingreso, y el pago puede repartirse hasta en 48 meses.
  9. Si una ley especial le da derecho a asistencia jurídica gratuita, por minoría de edad, discapacidad o una condición particular, invoque el artículo 8^1 y prescinda del cálculo de ingresos: en ese caso la ayuda se concede con independencia de los ingresos, pero solo para los derechos vinculados a la situación especial.
  10. No base su solicitud en la cifra de 300 lei que encontrará en la decisión del 27 de octubre de 2026 ni en decisiones anteriores del Tribunal. El texto aplicable es el dado por la Ley n.º 31/2023, y un expediente elaborado sobre el umbral antiguo se rechaza sin debate.

Preguntas frecuentes

¿Qué umbrales de ingresos están en vigor?
Por debajo del 25 % del salario de base mínimo bruto nacional por miembro de la familia, el Estado anticipa las cantidades íntegramente; por debajo del 50 %, anticipa la mitad. Con el salario mínimo en 4.325 lei desde el 1 de julio de 2026, eso significa 1.081,25 lei y 2.162,50 lei. El ingreso se calcula como media mensual neta por miembro de la familia en los dos meses anteriores a la solicitud.
¿Por qué habla la decisión de 300 lei?
Porque la excepción se planteó en 2021, cuando el artículo 8, apartado 1 fijaba un umbral de 300 lei. La Ley n.º 31/2023 sustituyó las cantidades fijas por porcentajes del salario mínimo desde el 15 de enero de 2023. La decisión reproduce, no obstante, el texto antiguo en presente y no dice qué versión examinó, a diferencia de la Decisión n.º 169/2026, que lo indica en su propio título.
¿Qué formas puede adoptar la asistencia jurídica pública?
Cuatro, por separado o combinadas: pago de los honorarios del abogado, pago del perito, del traductor o del intérprete, pago de los honorarios del agente de ejecución y alivio en las tasas judiciales, es decir, exenciones, reducciones, fraccionamientos o aplazamientos, también para las tasas debidas en la fase de ejecución. Las tres primeras comparten un único tope de 10 salarios de base mínimos brutos nacionales al año, que en octubre de 2026 son 43.250 lei.
¿Qué hago si me deniegan la solicitud?
Dispone de 5 días desde la notificación del auto para presentar una solicitud de reexamen, que se resuelve en cámara de consejo por otra formación, mediante un auto que ya no admite recurso. Si la ayuda se pidió para una apelación o un recurso, empieza a correr un nuevo plazo para interponerlo desde la fecha de notificación del auto que resuelve la solicitud o el reexamen, sea cual sea la respuesta.
¿Me da el Estado el dinero o me lo presta?
Lo anticipa. Si pierde la otra parte, los gastos cubiertos con su ayuda se le imputan a ella y los paga al Estado. Si pierde usted, por regla general los gastos anticipados quedan a cargo del Estado, pero el órgano jurisdiccional puede ordenar su devolución total o parcial si usted provocó la pérdida del proceso por falta de diligencia o si se aprecia que el procedimiento fue un abuso del proceso.
¿Puedo solicitarla si mis ingresos superan ligeramente el umbral?
Sí. El artículo 8, apartado 3, en la versión en vigor desde el 3 de noviembre de 2024, permite conceder la ayuda también en otras situaciones, de forma proporcionada a las necesidades del solicitante, cuando los costes ciertos o estimados del proceso puedan limitar el acceso efectivo a la justicia, medidos frente a los ingresos obtenidos y a los gastos acreditados. El órgano jurisdiccional lo aprecia con las pruebas presentadas junto con la solicitud.
¿Puede recibir asistencia jurídica pública una asociación o una fundación?
Sí, desde el 3 de noviembre de 2024, con arreglo al artículo 4, apartado 2. Las condiciones son estrictas: una persona jurídica sin ánimo de lucro establecida en Rumanía, un procedimiento iniciado en los casos y con las condiciones que establece exclusivamente la ley, sin interés personal, para defender los derechos de personas en situaciones especiales o para proteger un interés colectivo o general. El órgano jurisdiccional comprueba si, dada su situación económica y financiera, los costes del proceso afectarían de manera significativa a su actividad corriente.
¿Qué arriesgo si declaro un ingreso inferior al real?
El artículo 17, apartado 2 prevé la devolución, como indemnización, de las cantidades de cuyo pago fue dispensado y una multa de hasta 5 veces el importe por el que obtuvo indebidamente la exención, si el órgano jurisdiccional aprecia que la solicitud se presentó de mala fe, ocultando la verdad. El auto solo puede recurrirse mediante una solicitud de reexamen, en 5 días desde la notificación.
¿Cambia algo para mí la decisión?
No. Una desestimación por infundada deja el derecho exactamente como estaba. El artículo 6, el artículo 8, apartado 1 y el artículo 14, apartado 1 de la Ordenanza de urgencia del Gobierno n.º 51/2008 siguen aplicándose en su versión actual, y la ordenanza sigue en vigor en su conjunto. Su utilidad está en otro lugar: cierra, de cara al futuro, la discusión sobre si las tasas judiciales y las condiciones de la asistencia jurídica pública podían regularse por ordenanza de urgencia.

Errores e incoherencias en el texto publicado

  • Apartado 13, página 3: el texto del artículo 8, apartado 1 se reproduce en presente en su versión derogada, y la parte dispositiva mantiene el artículo sin decir qué versión. El texto introduce las disposiciones impugnadas con la fórmula «care au următorul conținut normativ», es decir, «que tienen el siguiente contenido normativo», y cita el artículo 8, apartado 1 en la versión con umbral fijo de 300 lei por miembro de la familia. Esa versión fue sustituida por el punto 2 del artículo I de la Ley n.º 31/2023, publicada en el Boletín Oficial de Rumanía, Parte I, n.º 38 de 12 de enero de 2023, con la redacción «sub nivelul echivalentului a 25% din salariul de bază minim brut pe țară», que vincula el umbral a una cuarta parte del salario de base mínimo bruto nacional, aplicable desde el 15 de enero de 2023, es decir, 3 años y 285 días antes de la publicación de la decisión. Ni el título de la decisión ni ningún apartado mencionan la modificación, y la parte dispositiva de la página 5 declara constitucionales «dispozițiile art. 6, ale art. 8 alin. (1) și ale art. 14 alin. (1)», sin marca de versión, aunque la decisión es obligatoria con carácter general desde su publicación en virtud del artículo 147, apartado 4 de la Constitución. Examinar la versión en vigor en la fecha de la remisión es natural y responde a la práctica habitual del tribunal constitucional. El defecto está en otro punto: el texto publicado impide establecer qué se mantuvo exactamente, si el umbral de 300 lei o el del 25 % del salario mínimo, que en octubre de 2026 era de 1.081,25 lei. El contraste puede comprobarse en la misma materia: la Decisión n.º 169, de 26 de febrero de 2026, publicada en el Boletín Oficial de Rumanía, Parte I, n.º 750 de 4 de septiembre de 2026, lleva en su título las palabras «în redactarea anterioară modificărilor aduse prin Legea nr. 31/2023», es decir, la versión anterior a esa modificación. El artículo 29, apartado 1 de la Ley n.º 47/1992 exige además que la excepción se refiera a una disposición «în vigoare», es decir, en vigor, y la decisión no explica por qué se cumple esa condición respecto de un texto sustituido casi tres años antes del fallo.
  • Apartado 30, página 5: la motivación trasladada se atribuye a una «decizia menționată», la decisión mencionada, que el texto no identifica. La frase final del análisis dice que, al no haber surgido elementos nuevos, «atât considerentele, cât și soluția pronunțată în decizia menționată sunt aplicabile și în prezenta cauză», es decir, que tanto la motivación como la solución de la decisión mencionada son aplicables también en el presente asunto. Hasta ese punto, el Tribunal cita en su motivación ocho decisiones propias: n.º 462/2019, n.º 299/2001, n.º 649/2014, n.º 109/2011, n.º 118/2025, n.º 39/2015, n.º 264/2009 y n.º 187/2017. El singular no puede asociarse a ninguna de ellas sin que el lector elija, y la motivación de una decisión del Tribunal es obligatoria en la misma medida que la parte dispositiva. Un órgano jurisdiccional que invoque más adelante «la motivación de la decisión mencionada en el apartado 30» no tiene forma de saber de qué motivación se trata.

Análisis de la redacción

En cuanto al fondo, el resultado es correcto y previsible. Ninguna de las críticas planteadas podía prosperar: las tasas judiciales son ingresos presupuestarios fijados en las condiciones que establece la ley, una ordenanza de urgencia es legislación en sentido material, y el umbral de ingresos es, por su propia naturaleza, una opción de política limitada por los recursos del fondo que administra el Ministerio de Justicia. El Tribunal responde además a la crítica de falta de previsibilidad, que las decisiones anteriores de la misma materia no habían abordado, y lo hace con el argumento adecuado: la claridad de una norma se examina en el contexto del conjunto de la regulación, y una enumeración exhaustiva de situaciones haría el texto inaplicable en cuanto surgiera un caso imprevisto.

El problema de este acto no es el resultado, sino la fotografía que deja en el Boletín Oficial de Rumanía (Monitorul Oficial). Una decisión del Tribunal Constitucional no es solo un acto de justicia entre las partes, es también una fuente de información para quien lee la ley, y aquí la cifra que llega a los ojos del lector en octubre de 2026 es una que ningún tribunal aplica desde enero de 2023. Que se podía haber hecho de otra manera lo demuestra la propia práctica del Tribunal: la Decisión n.º 169/2026, dictada el 26 de febrero de 2026, es decir, 79 días después que esta, se publicó a los 190 días del fallo, el 4 de septiembre de 2026, 53 días antes, y lleva en su propio título la versión examinada. El mismo Tribunal, la misma ordenanza, el mismo artículo, dos modos de identificar el objeto del control.

La observación que no sale de leer el acto de principio a fin es otra, y explica por qué el umbral impugnado se había quedado tan pequeño. Cuando se adoptó la Ordenanza de urgencia del Gobierno n.º 51/2008, el 21 de abril de 2008, el salario de base mínimo bruto nacional era de 500 lei, según la Decisión del Gobierno n.º 1.507/2007, de modo que el umbral de 300 lei significaba el 60 % del salario mínimo y el de 600 lei el 120 %. Las dos cantidades no se tocaron hasta el 15 de enero de 2023, mientras el salario mínimo llegaba a 3.000 lei: el umbral de 300 lei pasó a representar solo el 10 % del salario mínimo, una proporción seis veces menor que en la adopción. En 2021 los autores de la excepción atacaron un criterio que no tenía nada de discriminatorio cuando se adoptó y que se había vuelto casi imposible de cumplir por el simple paso del tiempo. El Tribunal no tenía instrumento para corregirlo, porque el círculo de beneficiarios compete al legislador, pero tampoco lo dice en ningún lugar, y sin estas cifras una desestimación parece la confirmación de que un umbral de 300 lei es razonable en 2026.

El segundo cálculo que falta en todas estas decisiones es el que hace el lector cuando se pregunta si cumple los requisitos. El umbral se expresa como porcentaje del salario mínimo bruto, mientras que el ingreso del solicitante se mide en neto, y el cómputo se hace por miembro de la familia. Para una familia de cuatro personas, la ayuda íntegra exige que todo el ingreso neto del hogar sea inferior a 4.325 lei, es decir, inferior a un solo salario mínimo bruto, mientras que la ayuda del 50 % exige menos de 8.650 lei, o menos de dos. Si se hubiera mantenido la proporción de 2008, el umbral de acceso en octubre de 2026 sería de 2.595 lei por miembro de la familia, más del doble del real. El mecanismo de indexación detuvo la erosión, pero la congeló en el nivel alcanzado en 2023, no en el de 2008.

Un tercer desequilibrio está en la relación entre los plazos que se imponen al solicitante y los que se permite la propia administración del control de constitucionalidad. Quien pide una exención para una apelación dispone de 10 días para presentar los justificantes, so pena de que no opere la interrupción del plazo, y de 5 días para impugnar una denegación. Del otro lado, pasaron 1.603 días entre el auto de remisión de 20 de julio de 2021 y el fallo, y otros 322 entre el fallo y la publicación, 1.925 días en total. Ninguna disposición de la Ley n.º 47/1992 fija un plazo para resolver una excepción ni para publicar la decisión, a pesar de que es la publicación la que hace correr el efecto obligatorio con carácter general.

Qué debería cambiar

  • La versión del texto examinado debería indicarse en el título y en la parte dispositiva de la decisión, y no solo en algunos casos. El tribunal constitucional ya usa la fórmula en la Decisión n.º 169/2026, y bastaría con que se convirtiera en una regla de redacción. En la práctica: un abogado o un órgano jurisdiccional que consulte el Boletín Oficial de Rumanía vería desde la primera línea si la decisión abarca el texto aplicable hoy o el aplicable en el asunto del que procedía la excepción.
  • Cuando la disposición examinada haya sido modificada entre la remisión y el fallo, la decisión debería explicar de forma expresa por qué sigue dentro de la competencia del Tribunal. El artículo 29, apartado 1 de la Ley n.º 47/1992 exige una disposición «în vigoare», es decir, en vigor, y la razón por la que se examina de todos modos la versión antigua, a saber, que sigue produciendo efectos en el asunto, debería escribirse en un apartado en lugar de darse por supuesta. La consecuencia: el mismo texto ya no podría leerse como si sugiriera que el Tribunal excedió su competencia o que el umbral derogado sigue siendo aplicable.
  • El apartado 30 debería nombrar la decisión cuya motivación traslada, con el número, la fecha y el lugar de publicación. Trasladarla mediante «la decisión mencionada», tras citar ocho decisiones, frustra el propio mecanismo que hace obligatoria la motivación. El resultado sería que un órgano jurisdiccional que se enfrente más adelante a la misma cuestión podría citar la fuente exacta, en lugar de una referencia que tiene que adivinar.
  • Los umbrales del artículo 8 deberían fijarse con relación al salario mínimo neto y no al bruto, o bien el ingreso del solicitante debería medirse en bruto. Tal como está redactado, el texto compara magnitudes de naturaleza distinta y coloca el listón más bajo de lo que parece: una cuarta parte del salario mínimo bruto es, en dinero para gastar, menos de una cuarta parte de lo que percibe realmente quien cobra el mínimo. Alinear las dos bases permitiría al solicitante comprobar el umbral con una sola división, sin interpretación alguna a nivel de la formación judicial.
  • El legislador debería fijar un umbral de acceso vinculado al umbral de pobreza o al salario mínimo neto, y no al porcentaje heredado de 2023. La cifra del 25 % reproduce el nivel al que había caído la cantidad fija erosionada, sin una evaluación publicada que la respalde. Una recalibración, incluso con el mismo coste global, repartiría el fondo de otra manera, por ejemplo elevando el umbral del 50 % que rige la mitad de la ayuda.
  • El tope del artículo 7 debería ampliarse expresamente, o excluirse expresamente, para la forma de ayuda del artículo 6, letra d). Tal como está, el límite de 10 salarios mínimos brutos se escribe solo para las letras a) a c), y un lector apresurado lo aplica también a la exención de la tasa judicial de timbre. Una frase aclaratoria ahorraría tanto a los solicitantes como a los servicios económicos de los tribunales un cálculo hecho de dos maneras distintas.
  • La Ley n.º 47/1992 debería incorporar un plazo para publicar una decisión tras su pronunciamiento, por ejemplo 30 días. El efecto obligatorio con carácter general corre desde la publicación, de modo que el retraso desplaza el momento desde el cual el resultado vincula a todos y excede de una cuestión de administración interna. Los 322 días de este caso pasarían a ser imposibles, y una decisión dictada más tarde ya no aparecería en el Boletín Oficial de Rumanía antes que otra dictada antes.

Texto original del acto normativo

El texto que figura a continuación se reproduce en rumano, la forma oficial de publicación.

El texto íntegro, tal como se publicó en el Boletín Oficial de Rumanía

Boletín Oficial de Rumanía n.º 898 de 27 de octubre de 2026, páginas 2-5 16 páginas PDF, 121 KB el acto comienza en la página 2

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Este artículo tiene carácter informativo y no constituye asesoramiento jurídico. Para situaciones concretas, consulta a un abogado o asesor fiscal autorizado.