Pensión alimenticia impagada: los 3 meses para denunciar cuentan desde que el progenitor lo sabe

La decisión resuelve un problema real, y lo resuelve a favor del progenitor que descubre tarde que no se ha pagado la pensión. El temor de los autores de la excepción, que el plazo se agotara con el primer acto material y dejara sin castigo un impago continuado, no se confirma en el texto examinado: el artículo 296, apartado 1, del Código Procesal Penal no vincula los 3 meses a la conducta, sino al día en que la persona perjudicada tuvo conocimiento de ella. El argumento del Tribunal sobre la previsibilidad es exactamente esto, despojado de lenguaje técnico: una norma es suficientemente clara cuando se apoya en un hecho que el destinatario ha vivido y puede fechar, y no en un cálculo del que quizá no sabía nada. Si el plazo se vinculara al agotamiento de la conducta, es decir, al momento en que el deudor reanuda el pago, nadie podría denunciar entre la consumación y el agotamiento, y eso crearía un límite temporal que el legislador nunca escribió.

La solución de los tres momentos no es, sin embargo, una invención de 2020, y aquí aparece algo que no se desprende de leer el acto de principio a fin. En el párrafo 36, el Tribunal señala que el tribunal supremo se apoyó en la Decisión n.º 10, de 18 de febrero de 2008, de las Secciones Unidas, que había formulado las mismas tres variantes pero las vinculaba al momento en que se conoció al autor, con un plazo de 2 meses. Si se coloca ese párrafo junto al párrafo 34, donde el Tribunal observa que las nuevas normas trasladaron el punto de referencia del conocimiento del autor al conocimiento del hecho y alargaron el plazo a 3 meses, se advierte que todo el valor práctico de la decisión de 2020 proviene de ese desplazamiento. En el abandono de familia el autor es conocido desde el primer día, pues es el progenitor designado en la sentencia de alimentos, de modo que el criterio de 2008 habría fijado el plazo en la consumación en casi todos los casos. Solo el paso al conocimiento del hecho beneficia al progenitor que se entera tarde, y la decisión no lo dice en ningún momento de forma expresa.

La segunda cifra que conviene sacar a la luz es la aritmética de los plazos. El deudor solo se hace punible tras 3 meses consecutivos de impago, y el titular del derecho que lo sabe desde la primera cuota impagada dispone entonces de otros 3 meses. Así, la ventana penal se cierra seis meses después de la primera cuota impagada para quien lo supo desde el principio, mientras que la vía civil sigue abierta mientras duren los atrasos. Para el progenitor que no distingue una de otra, esa es precisamente la trampa: el expediente civil avanza, el penal ya está cerrado desde el punto de vista procesal.

Donde la decisión se queda corta es en las dos cuestiones que deja de lado. La primera es la pregunta con la que el Juzgado de Primera Instancia de Alba Iulia envió el expediente: ¿los 3 meses corren desde que se dicta la sentencia de alimentos o desde su notificación? El Tribunal la declara ajena al objeto de la decisión previa examinada y la deja sin resolver, aunque es la única cuestión de los tres asuntos que depende de una fecha verificable en la secretaría del tribunal. La segunda es la distancia entre el momento en que se dictó y la publicación: 197 días, del 16 de abril de 2026 al 30 de octubre de 2026, que son el último tramo de los 1.927 días transcurridos desde la primera remisión, enviada por el Tribunal de Apelación de Suceava el 21 de julio de 2021. Los tres procesos penales estuvieron suspendidos durante todo ese intervalo, mientras que en expedientes similares de todo el país los plazos de denuncia seguían corriendo. Aquí cabe también un desliz de redacción: en el párrafo 5, el Tribunal deja constancia de que la autora en el Asunto n.º 3.869D/2021 se llama ahora Lavinia Moarcăș, antes Sicoe, y de que la menor ha alcanzado la mayoría de edad y ha hecho suya la excepción en nombre propio, pero la parte dispositiva sigue llamándola «Lavinia Sicoe, în calitate de reprezentant legal al minorei», es decir, Lavinia Sicoe, como representante legal de la menor. No cambia el resultado, pero es el Tribunal contradiciendo su propio registro a cuatro páginas de distancia.

Qué debería cambiar

• La solución de los tres momentos debería incorporarse al artículo 296 del Código Procesal Penal. Un progenitor y un juez tienen que leer una decisión previa de 2020 para saber cuándo empieza a correr un plazo procesal escrito en el Código. Con la regla en el texto, la crítica de falta de previsibilidad pierde su objeto, y quien abre el Código ve la respuesta de inmediato.
• La ley debería decir si el plazo corre desde que se dicta o desde que se notifica la sentencia de alimentos. Es la cuestión que la decisión esquiva. Mientras no haya respuesta, dos tribunales pueden llegar a resultados opuestos con los mismos hechos, y una sentencia que es ejecutable desde que se dicta pero se redacta unas semanas después deja al progenitor contando desde una fecha en la que no tenía el documento en la mano.
• Un auto de archivo fundado en la extemporaneidad debería indicar por escrito cuál de los tres momentos se utilizó y en qué pruebas se apoya la fecha de conocimiento. Sin esa indicación, el progenitor recibe un archivo sin ver desde dónde se empezó a contar, de modo que no hay nada que discutir. Con la fecha y las pruebas por escrito, la impugnación del archivo pasa a ser una discusión sobre un hecho y no sobre una impresión.
• La puesta en conocimiento de oficio en los casos de menores debería convertirse en un procedimiento y no en una posibilidad. El artículo 157, apartado 4, del Código Penal permite iniciar el proceso penal de oficio cuando la parte perjudicada tiene capacidad jurídica limitada o carece de ella, pero nadie está obligado a informar al fiscal. Si el agente de ejecución o el tribunal que constata el impago tuvieran el deber de comunicarlo cuando el acreedor es menor, la protección del niño dejaría de depender de la diligencia del adulto, que la propia decisión dice que no puede achacarse a la norma.
• Debería acortarse el intervalo entre el momento en que se dicta la decisión y su publicación. El artículo 60, apartado 1, de la Ley n.º 47/1992 exige la redacción en el plazo de 30 días desde que se dicta, pero no fija plazo de publicación, y los 197 días medidos aquí mantienen suspendidos los casos que originaron la remisión y dejan sin resolver los expedientes similares, con los plazos de denuncia corriendo entretanto. Una solución dictada en abril y conocida por el público en octubre llega demasiado tarde a quienes necesitaban utilizarla.