Indignidad del abogado: la CCR cierra el asunto porque el texto impugnado ya había caído

Un asunto iniciado en 2018 sobre la exclusión de la abogacía terminó sin un análisis de fondo, porque la norma impugnada ya había caído. El Tribunal Constitucional desestimó por devenida inadmisible la crítica dirigida al artículo 14 letra a) de la Ley n.º 51/1995 y por infundadas las demás críticas. Es la segunda decisión publicada el mismo día sobre las consecuencias que el derecho extrae de un proceso penal, después de aquella en la que el Tribunal estableció que una empresa no puede ser excluida de una licitación solo por estar investigada penalmente.

El caso partió del Colegio de Abogados de Bacău. El autor de la cuestión de inconstitucionalidad impugnaba ante los tribunales una decisión del Consejo de la Unión Nacional de los Colegios de Abogados de Rumanía y otra del Consejo del Colegio de Abogados de Bacău, ambas de 2018, por las que se había constatado su indignidad profesional, además de varios apartados del Estatuto de la profesión de abogado. El asunto había llegado en casación al Alto Tribunal de Casación y Justicia, sala de lo contencioso-administrativo y fiscal.

El argumento de fondo era que la exclusión de la profesión, como consecuencia de la indignidad, es una prohibición absoluta y perpetua, desproporcionada frente al carácter excepcional de la restricción de un derecho fundamental. El segundo argumento se refería al procedimiento: en el contencioso-administrativo no existe apelación, y la casación se limita a los motivos de casación del Código de Procedimiento Civil, lo que, en opinión del autor, no asegura un examen efectivo de la sentencia.

Los efectos que produce

El primer efecto, y el que más fácilmente se lee mal, es que la solución de inadmisibilidad no significa que el texto antiguo fuera constitucional. Al contrario. Después de que el Tribunal fuera requerido, pero antes de que se juzgara este asunto, mediante la Decisión n.º 230 de 28 de abril de 2022 el Tribunal ya había constatado que el artículo 14 letra a) de la Ley n.º 51/1995, en la redacción aquí criticada, es inconstitucional. Conforme al artículo 29 apartado (3) de la Ley n.º 47/1992, las disposiciones ya declaradas inconstitucionales no pueden volver a ser objeto de una cuestión de inconstitucionalidad, de modo que esta crítica quedó sin objeto.

El segundo efecto es la confirmación de la norma que hoy sigue vigente. El artículo 26 letra d) de la Ley n.º 51/1995, según el cual la condición de abogado se extingue si el abogado ha sido condenado en firme por un hecho que lo hace indigno, es constitucional. El Tribunal explica por qué: es una norma de remisión, que no establece ella misma qué significa la indignidad, sino que solo regula uno de los supuestos en los que se extingue la condición de abogado. El contenido concreto proviene del artículo 14, reescrito entretanto.

El tercer efecto afecta a cualquier litigio contencioso-administrativo, no solo a la profesión de abogado. La sentencia dictada en primera instancia solo se impugna en casación, en el plazo de 15 días desde su notificación, y la casación puede ejercerse exclusivamente por los ocho motivos de ilegalidad del artículo 488 apartado (1) del Código de Procedimiento Civil. El Tribunal confirma que esa limitación es constitucional.

El cuarto efecto es una precisión que cierra toda una línea de argumentos. Ningún precepto de la Constitución garantiza el derecho a dos grados de jurisdicción. Esa garantía existe únicamente en materia penal, por el artículo 2 del Protocolo n.º 7 adicional al Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Qué ha cambiado respecto de la situación anterior

El cambio de fondo ya se produjo, fuera de este asunto, y la decisión se limita a dejar constancia de él. En 2017, mediante la Decisión n.º 225, el Tribunal había declarado inconstitucional la expresión «que pueda menoscabar el prestigio de la profesión» del artículo 14 letra a). El problema surgió después: el legislador no ajustó el texto a la decisión, y los tribunales siguieron aplicándolo sin la expresión suprimida. El resultado era más duro que antes, porque la indignidad pasaba a operar ante cualquier delito doloso, sin filtro alguno.

El Tribunal dijo expresamente, en 2022, que esa manera de proceder había generado un vicio de constitucionalidad más grave que el inicial y que el legislador había ignorado los efectos obligatorios de la decisión de 2017, previstos en el artículo 147 apartado (4) de la Constitución. Pidió al Parlamento que fijara con exactitud los delitos cuya comisión lleva a la pérdida de la condición de abogado.

El Parlamento cumplió mediante la Ley n.º 32/2023, publicada en el Boletín Oficial de Rumanía n.º 36 de 12 de enero de 2023, que enumera expresamente esos delitos. Por tanto, la redacción criticada en el presente asunto ya no existe, y quien consulte hoy las condiciones de la indignidad debe leer el texto actual, no el de 2018.

En cuanto a la casación, nada ha cambiado recientemente, pero la decisión recuerda por qué las cosas son así. Bajo el antiguo Código de Procedimiento Civil, el artículo 304¹ permitía examinar el asunto en todos sus aspectos. El nuevo código convirtió la casación en una vía extraordinaria de impugnación, exclusivamente por motivos de ilegalidad, sin excepciones. En el contencioso-administrativo, el legislador mantuvo la casación en lugar de la apelación, pero dejó intactas dos garantías: la casación es en todos los casos suspensiva de la ejecución, y, si la estima, el tribunal de casación anula la sentencia y vuelve a juzgar el proceso sobre el fondo.

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