En resumen
- El Tribunal Constitucional de Rumanía desestimó el recurso de un antiguo alcalde que pedía declarar imprecisas las reglas de incompatibilidad de la Ley n.º 161/2003. La disposición que prohibía al alcalde formar parte del consejo de administración de una institución pública sigue siendo constitucional.
- No se aceptó el argumento de que la ley de educación obligaba al alcalde a integrarse en el consejo de administración de la escuela mientras la ley de integridad se lo prohibía: el Tribunal consideró que se trata de una cuestión de aplicación de la ley en el tiempo, que resuelven los tribunales ordinarios y no la justicia constitucional.
- En la práctica, los informes de evaluación de la Agencia Nacional de Integridad y las órdenes del prefecto dictadas para el periodo anterior a 2017 no quedan en entredicho por esta resolución. Los recursos contra ellos se siguen juzgando caso por caso en la jurisdicción contencioso-administrativa.
Publicado: M. Of. n.º 633 del 31 de julio de 2026
En vigor desde: 31 de julio de 2026
Un alcalde destituido por incompatibilidad intentó demostrar que la propia ley lo había empujado al incumplimiento. El Tribunal Constitucional le respondió que el problema no era la ley, sino el modo en que se había aplicado a su caso. La Decisión n.º 760 del 11 de diciembre de 2025, publicada en el Boletín Oficial solo el 31 de julio de 2026, se refiere a una de las trampas más invocadas de la administración local rumana: la prohibición de que el alcalde sea, al mismo tiempo, miembro del consejo de administración de una institución pública. Es la segunda decisión de la misma sesión del Tribunal que se publica ahora, junto con la relativa a los umbrales de renta para la asistencia jurídica gratuita, señal del amplio desfase entre el pronunciamiento y la publicación.
El autor de la excepción, Ion Robert Rotea, impugnaba ante el Tribunal del departamento de Olt la orden del prefecto que constataba la extinción de pleno derecho, antes de tiempo, de su mandato de alcalde. La orden se dictó después de que la Agencia Nacional de Integridad estableciera que se encontraba en situación de incompatibilidad: era alcalde y, al mismo tiempo, miembro del consejo de administración de una escuela, es decir, de una institución pública.
Su defensa se construyó sobre una contradicción real entre dos leyes. El artículo 87 apartado (1) letra d) de la Ley n.º 161/2003, en su redacción anterior a 2017, prohibía al alcalde ser miembro del consejo de administración de una institución pública. Al mismo tiempo, la Ley de educación nacional n.º 1/2011 exigía que en los consejos de administración de las escuelas hubiera representantes de la autoridad local. El autor de la excepción señaló que la Agencia Nacional de Integridad había identificado cientos de casos similares, sobre todo entre los tenientes de alcalde, y pidió al Tribunal una decisión con reserva de interpretación que protegiera las situaciones en que los informes de evaluación aún no eran definitivos cuando la ley cambió, en 2017.
El Tribunal examinó la solicitud y la desestimó por unanimidad. Para dos de los textos impugnados, el artículo único punto 2 de la Ley n.º 128/2017 y el artículo 160 apartado (1) letra b) del Código administrativo, la excepción se declaró inadmisible: las críticas se dirigían al modo en que se había aplicado la ley, no a su contenido. Para el artículo 87 apartado (1) letra d) de la Ley n.º 161/2003, la excepción se desestimó por infundada y el texto se declaró constitucional.
Los efectos que produce
La decisión es definitiva y de obligado cumplimiento general desde la fecha de publicación, el 31 de julio de 2026. No cambia ni una letra de la ley, pero cierra una vía de defensa que muchos cargos locales habían intentado en los procedimientos de integridad.
En concreto, un alcalde o teniente de alcalde declarado incompatible por haber formado parte del consejo de administración de una escuela, un hospital u otra institución pública en el periodo anterior a mediados de 2017 ya no puede lograr la anulación del informe de evaluación alegando que el texto legal era impreciso o imprevisible. A través de la jurisprudencia que aquí reitera, el Tribunal ya estableció que el régimen de incompatibilidades pertenece a la opción del legislador y que la determinación de la situación concreta corresponde al juez contencioso-administrativo.
Queda intacta, en cambio, la posibilidad de ganar el proceso sobre el fondo. El Tribunal no dijo que el informe de la Agencia Nacional de Integridad fuera correcto, sino solo que comprobar su corrección corresponde al juez, en función del periodo exacto en que ocurrieron los hechos y de la ley aplicable en ese momento. La diferencia importa: la defensa se traslada de la constitucionalidad del texto a la prueba y a la aplicación de la ley en el tiempo.
Para la administración local actual el problema se ha atenuado, porque la Ley n.º 128/2017 introdujo una excepción expresa: los miembros de los consejos de administración de las unidades e instituciones de enseñanza pública o confesional y de los hospitales públicos de la red de las autoridades locales ya no quedan sujetos a la prohibición. La decisión afecta, por tanto, sobre todo a los expedientes antiguos, todavía pendientes ante los tribunales o en fase de impugnación de los informes.
Qué ha cambiado respecto de la situación anterior
Hasta ahora, el argumento de la contradicción entre la ley de integridad y la ley de educación circulaba en los tribunales sin una respuesta clara del Tribunal Constitucional sobre esta combinación exacta de textos. Ya existían la Decisión n.º 300 del 18 de mayo de 2022 y la Decisión n.º 320 del 30 de mayo de 2023, en el mismo sentido, pero cada nuevo expediente reavivaba el debate.
La Decisión n.º 760/2025 añade una confirmación más, en términos inequívocos: no han aparecido elementos nuevos que justifiquen un cambio de jurisprudencia, de modo que tanto el fallo como los fundamentos de 2022 siguen siendo válidos. Para los tribunales que conocen de estas impugnaciones, esta es ya la tercera decisión en la que pueden apoyarse al rechazar la remisión de un expediente al Tribunal Constitucional.
También se ha aclarado el límite de competencia. El Tribunal explicó, brevemente, por qué no puede resolver él mismo la contradicción invocada: identificar la norma aplicable, analizar su contenido y adaptarla a los hechos establecidos son operaciones de interpretación, y los instrumentos para ello corresponden al juez de instancia y a los tribunales de control, conforme al artículo 126 apartados (1) y (3) de la Constitución. Si la práctica judicial es dispar, el remedio no es el control de constitucionalidad, sino los mecanismos de unificación de la jurisprudencia.
Ventajas y desventajas
Lo que mejora
- Aporta previsibilidad a los litigios de integridad: los tribunales cuentan ya con un tercer referente constitucional sobre la misma cuestión y no necesitan suspender los expedientes para elevarlos al Tribunal.
- Reafirma la finalidad de las reglas de incompatibilidad, es decir, el ejercicio imparcial de las funciones públicas, y no la sanción formal de una línea más en una descripción de puesto.
- Mantiene en el juez de instancia el análisis de la situación concreta, de modo que un cargo local que pueda probar que no estaba en la situación descrita por el informe sigue teniendo dónde defenderse.
- Aclara para todos los justiciables qué queda fuera de la competencia del Tribunal Constitucional, lo que reduce el número de excepciones planteadas sin posibilidades.
Lo que sigue siendo un problema
- La contradicción de fondo entre las dos leyes, real entre 2011 y 2017, sigue sin resolverse mediante una norma general. Cada expediente la resuelve por separado, con resultados que pueden diferir de un tribunal a otro.
- Publicar la decisión casi ocho meses después de dictarse significa que los expedientes que esperaban este referente estuvieron sin él todo ese tiempo.
- Los cargos locales sancionados por el periodo anterior a 2017 quedan en desventaja frente a quienes están en la misma situación de hecho después de 2017, a los que favorece la excepción introducida por la Ley n.º 128/2017.
- El Tribunal no ofrece a los jueces ninguna pauta de interpretación, por lo que la disparidad señalada por el autor de la excepción puede continuar.
Consejos prácticos
- Si tiene un expediente de incompatibilidad en curso: no construya la defensa sobre la inconstitucionalidad del artículo 87 apartado (1) letra d) de la Ley n.º 161/2003. El Tribunal ha respondido tres veces en el mismo sentido. Traslade el debate al periodo exacto de los hechos y a la ley aplicable entonces.
- Si es alcalde o teniente de alcalde en ejercicio: compruebe si su puesto en el consejo de administración de una escuela, un hospital público u otra entidad pública encaja en la excepción introducida por la Ley n.º 128/2017. Esa excepción cubre expresamente la enseñanza pública y confesional y los hospitales públicos de la red de las autoridades locales.
- Si es secretario general de una unidad administrativo-territorial: mantenga un registro escrito de todas las representaciones del alcalde y de los tenientes de alcalde en consejos y comisiones, con la fecha del acto de nombramiento. Son exactamente los datos que exige el procedimiento de evaluación.
- Si ha recibido un informe de evaluación de la Agencia Nacional de Integridad: el plazo de impugnación corre desde la comunicación y no se prorroga por la publicación de una decisión del Tribunal Constitucional. Impugne dentro del plazo y construya la argumentación después.
- Si sigue los cambios del régimen de incompatibilidades: recuerde que las modificaciones sucesivas no se aplican con carácter retroactivo. Rige la norma vigente en el momento de los hechos, según el principio tempus regit actum, y en ese principio se apoyó precisamente el tribunal que elevó la cuestión.
Preguntas frecuentes
¿Declaró el Tribunal Constitucional inconstitucional algún texto en esta decisión?
¿Puede un alcalde formar parte del consejo de administración de una escuela?
¿Por qué se declaró inadmisible una parte de la excepción?
¿Qué ocurre con el mandato de un alcalde declarado incompatible?
¿Se aplica la decisión a los expedientes ya juzgados con carácter definitivo?
¿Por qué se publica ahora una decisión de diciembre de 2025?
¿En qué decisiones anteriores se apoyó el Tribunal?
¿Quién juzgó el caso y con qué mayoría?
Texto original del acto normativo
El texto que figura a continuación se reproduce en rumano, la forma oficial de publicación.
Mostrar el texto íntegroOcultar el texto íntegro
DECIZIA Nr. 760 din 11 decembrie 2025
referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 87 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, în redactarea anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 87/2017 pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, ale articolului unic pct. 2 din Legea nr. 128/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției și ale art. 160 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ
EMITENT: CURTEA CONSTITUȚIONALĂ
Publicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 633 din 31 iulie 2026
Elena-Simina Tănăsescu — președinte
Asztalos Csaba-Ferenc — judecător
Mihai Busuioc — judecător
Mihaela Ciochină — judecător
Dacian-Cosmin Dragoș — judecător
Dimitrie-Bogdan Licu — judecător
Gheorghe Stan — judecător
Cristian-Nicolae Sima — magistrat-asistent
Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Ioana Codruța Dărângă.
1. Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 87 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, ale articolului unic pct. 2 din Legea nr. 128/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției și ale art. 160 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, excepție ridicată de Ion Robert Rotea în Dosarul nr. 623/104/2021 al Tribunalului Olt — Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal și care formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 2.500D/2021.
2. La apelul nominal se constată lipsa părților. Procedura de înștiințare este legal îndeplinită.
3. Cauza fiind în stare de judecată, președintele Curții acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepției de neconstituționalitate a art. 87 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 161/2003 și a articolului unic pct. 2 din Legea nr. 128/2017 și, ca inadmisibilă, a excepției de neconstituționalitate a art. 160 alin. (1) lit. b) din Codul administrativ. Referitor la dispozițiile art. 87 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 161/2003 și ale articolului unic pct. 2 din Legea nr. 128/2017 se arată că sunt aplicabile considerentele reținute de instanța de contencios constituțional în Decizia nr. 300 din 18 mai 2022. Referitor la criticile privind art. 160 alin. (1) lit. b) din Codul administrativ se arată că acestea vizează, în realitate, interpretarea și aplicarea legii.
CURTEA,
având în vedere actele și lucrările dosarului, constată următoarele:
4. Prin Sentința nr. 475 din 16 iunie 2021, pronunțată în Dosarul nr. 623/104/2021, Tribunalul Olt — Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 87 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, ale articolului unic pct. 2 din Legea nr. 128/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției și ale art. 160 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
5. Excepția de neconstituționalitate a fost ridicată de Ion Robert Rotea într-o cauză având ca obiect anularea ordinului prefectului privind constatarea încetării de drept, înainte de termen, a mandatului de primar.
6. În motivarea excepției de neconstituționalitate autorul acesteia susține, în esență, că modificările frecvente ale dispozițiilor art. 87 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 161/2003 și ale art. 160 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ au creat o serie de inadvertențe, lipsind textele de claritate și de previzibilitate în aplicare, contrar principiului securității raporturilor juridice, consacrat de art. 1 alin. (5) din Constituție, și dispozițiilor art. 16 din Constituție, referitoare la egalitatea în drepturi a cetățenilor. În acest sens, invocă activitatea Agenției Naționale de Integritate, care a identificat sute de cazuri de incompatibilitate a viceprimarilor. Arată că aceștia aveau și calitatea de consilieri locali, iar, în temeiul Legii educației naționale nr. 1/2011, exercitau calitatea de membri în consiliile de administrație ale unităților școlare, ceea ce demonstrează contradicția dintre dispozițiile art. 87 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 161/2003, care interziceau exercitarea calității de membru în consiliul de administrație, și cele ale art. 96 alin. (2) și (5) din Legea nr. 1/2011, care impuneau ca în componența consiliilor de administrație ale unităților școlare să fie incluși și reprezentanți ai consiliilor locale.
7. Face trimitere la considerentele reținute de Curtea Constituțională prin Decizia nr. 252 din 19 aprilie 2018, referitoare la afectarea eficienței aplicării dispozițiilor legale care nu respectă cerințele de calitate a legii, în sensul imposibilității nașterii unor raporturi juridice în temeiul acestora.
8. Arată că modificările aduse Legii nr. 161/2003 prin articolul unic pct. 2 din Legea nr. 128/2017 nu au fost însoțite de dispoziții tranzitorii, ceea ce determină incertitudine cu privire la aplicarea Legii nr. 161/2003 pentru situațiile născute anterior intrării ei în vigoare.
9. Solicită pronunțarea de către Curtea Constituțională a unei decizii cu rezervă de interpretare care să prevadă că art. 87 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 161/2003, așa cum a fost modificat prin articolul unic pct. 2 din Legea nr. 128/2017, este constituțional numai în măsura în care prevederile sale se aplică și situațiilor în care rapoartele de evaluare a stării de incompatibilitate întocmite anterior intrării în vigoare a Legii nr. 128/2017 nu au fost definitivate.
10. Tribunalul Olt — Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal apreciază că modificarea regimului incompatibilităților ține de opțiunea legiuitorului, intrând în marja sa de apreciere, urmând ca instanța judecătorească să analizeze aplicarea legii în cazul dedus judecății potrivit principiului tempus regit actum.
11. Împrejurarea că instanțele judecătorești au interpretat în mod diferit aceleași prevederi legale nu poate fi interpretată ca o lipsă de claritate și predictibilitate normativă de natură să încalce principiul securității raporturilor juridice și prevederile art. 1 alin. (5) și ale art. 16 alin. (1)-(3) din Constituție.
12. Prin urmare, dispozițiile legale criticate sunt constituționale, interpretarea acestora urmând să se realizeze de către instanța judecătorească, în acest sens fiind prevăzute inclusiv mijloace juridice pentru unificarea practicii judiciare.
13. Potrivit dispozițiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, actul de sesizare a fost comunicat președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate ridicate.
14. Președinții celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul și Avocatul Poporului nu au transmis punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate ridicate.
CURTEA,
examinând actul de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:
15. Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.
16. Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie, astfel cum este menționat în actul de sesizare, dispozițiile art. 87 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 21 aprilie 2003, ale articolului unic pct. 2 din Legea nr. 128/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 421 din 7 iunie 2017, și ale art. 160 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 5 iulie 2019.
17. Curtea reține că dispozițiile art. 87 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 161/2003 aveau, în redactarea inițială, următorul cuprins: „(1) Funcția de primar și viceprimar, primar general și viceprimar al municipiului București, președinte și vicepreședinte al consiliului județean este incompatibilă cu: […] d) funcția de președinte, vicepreședinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administrație ori cenzor sau orice funcție de conducere ori de execuție la societățile comerciale, inclusiv băncile sau alte instituții de credit, societățile de asigurare și cele financiare, la regiile autonome de interes național sau local, la companiile și societățile naționale, precum și la instituțiile publice;”.
18. Ulterior, partea introductivă a art. 87 alin. (1) din Legea nr. 161/2003 a fost modificată prin articolul unic pct. 4 din Legea nr. 87/2017 pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 313 din 2 mai 2017, având următorul cuprins: „Funcția de primar și viceprimar, primar general și viceprimar al municipiului București, președinte și vicepreședinte al consiliului județean este incompatibilă cu exercitarea următoarelor funcții sau calități:”. Ținând seama de jurisprudența Curții Constituționale, concretizată în Decizia nr. 766 din 15 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011, potrivit căreia sunt supuse controlului de constituționalitate și legile sau ordonanțele ori dispozițiile din legi sau din ordonanțe ale căror efecte juridice continuă să se producă și după ieșirea lor din vigoare, Curtea reține ca obiect al prezentei excepții de neconstituționalitate dispozițiile art. 87 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 161/2003, în redactarea anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 87/2017 pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției.
19. De asemenea, obiect al excepției îl constituie și dispozițiile articolului unic pct. 2 din Legea nr. 128/2017 și ale art. 160 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, care au următorul conținut:
— Articolul unic pct. 2 din Legea nr. 128/2017: „Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 21 aprilie 2003, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: […] 2. La articolul 87 alineatul (1), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins: «d) funcția de președinte, vicepreședinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administrație ori cenzor sau orice funcție de conducere ori de execuție la societățile reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv băncile sau alte instituții de credit, societățile de asigurare și cele financiare, la regiile autonome de interes național, la companiile și societățile naționale, precum și la instituțiile publice, cu excepția reprezentanților în adunarea generală a acționarilor la societățile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a membrilor în consiliile de administrație ale unităților și instituțiilor de învățământ de stat sau confesionale și ale spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale sau a altor reprezentanți ai instituțiilor publice din subordinea unităților administrativ-teritoriale sau la care unitatea administrativ-teritorială pe care o conduce deține participație;»”;
— Art. 160 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019: „(1) Mandatul primarului încetează, de drept, în următoarele cazuri: [..] b) constatarea și sancționarea, în condițiile legii privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, a unei stări de incompatibilitate.”
20. În opinia autorului excepției de neconstituționalitate, prevederile legale criticate contravin dispozițiilor constituționale cuprinse în art. 1 alin. (5) privind principiul legalității și în art. 16 alin. (1)-(3) privind egalitatea în drepturi.
21. Examinând excepția de neconstituționalitate referitoare la dispozițiile articolului unic pct. 2 din Legea nr. 128/2017, Curtea constată că, prin Decizia nr. 300 din 18 mai 2022, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 851 din 30 august 2022, paragraful 22, a reținut că autorii excepției solicitau instanței de contencios constituțional pronunțarea unei soluții de admitere cu rezervă de interpretare, care să prevadă că dispozițiile art. 87 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 161/2003, astfel cum au fost modificate prin articolul unic pct. 2 din Legea nr. 128/2017, sunt constituționale numai în măsura în care se aplică și situațiilor în care rapoartele de evaluare a stării de incompatibilitate întocmite anterior Legii nr. 128/2017 nu au fost definitivate.
22. Or, așa cum a statuat Curtea în jurisprudența sa cu privire la succesiunea în timp a soluțiilor legislative criticate, acestea reprezintă opțiunea legiuitorului, încadrându-se în marja sa de apreciere referitoare la stabilirea regimului incompatibilităților, iar instanța judecătorească analizează aplicarea legii în cazul dedus judecății (a se vedea, în acest sens, Decizia nr. 71 din 22 februarie 2018, publicată în Monitorul Oficial a României, Partea I, nr. 526 din 26 iunie 2018, paragraful 21). Totodată, Curtea a reținut că interpretarea și aplicarea legii vizează identificarea normei aplicabile, analiza conținutului său și o necesară adaptare a acesteia la faptele juridice pe care le-a stabilit, iar instanța de judecată este cea care dispune de instrumentele necesare pentru a decide cu privire la aceste aspecte (a se vedea Decizia nr. 838 din 27 mai 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 461 din 3 iulie 2009, sau Decizia nr. 34 din 4 februarie 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 546 din 25 iunie 2020, paragraful 27).
23. Printr-o jurisprudență constantă, Curtea s-a pronunțat cu privire la competența exclusivă a instanțelor judecătorești de a soluționa probleme care țin de aplicarea legii. Așadar, aplicarea și interpretarea legii nu intră sub incidența controlului de constituționalitate exercitat de Curtea Constituțională, acestea fiind de resortul exclusiv al instanței de judecată competente să judece litigiul, precum și, eventual, al instanțelor de control judiciar, astfel cum rezultă din prevederile coroborate ale art. 126 alin. (1) și (3) din Constituție (a se vedea și Decizia nr. 218 din 9 aprilie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 609 din 24 iulie 2019, paragraful 25).
24. În concluzie, prin Decizia nr. 300 din 18 mai 2022, paragraful 25, Curtea a reținut că stabilirea în concret a dispozițiilor legale incidente în fiecare cauză, ca urmare a aplicării legii în timp, revine instanței judecătorești, care, cu prilejul soluționării contestației împotriva raportului de evaluare întocmit de Agenția Națională de Integritate, analizează particularitățile speței deduse judecății, în lumina dispozițiilor legale și a principiilor de drept aplicabile.
25. Având în vedere că, referitor la dispozițiile articolului unic pct. 2 din Legea nr. 128/2017, critica formulată de autorii excepției vizează modul de aplicare a legii, soluționarea acesteia excedează competenței Curții Constituționale, care, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, „se pronunță numai asupra constituționalității actelor cu privire la care a fost sesizată”. Prin urmare, excepția de neconstituționalitate a acestor dispoziții este inadmisibilă.
26. Referitor la dispozițiile art. 160 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Curtea reține că acestea sunt menționate de autorul excepției în contextul pretinselor modificări frecvente ale regimului incompatibilităților, fără a formula o critică distinctă referitoare la încălcarea prin textul criticat a vreunei dispoziții constituționale. În realitate, autorul este nemulțumit de modul de aplicare în timp a normei juridice criticate, operațiune care excedează controlului de constituționalitate, fiind de competența instanțelor judecătorești. Prin urmare, excepția de neconstituționalitate a art. 160 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 este inadmisibilă.
27. Referitor la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 87 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 161/2003, în redactarea anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 87/2017, Curtea reține că s-a mai pronunțat asupra acestora din perspectiva unor critici similare, prin mai multe decizii, ca, de exemplu, Decizia nr. 300 din 18 mai 2022, precitată, și Decizia nr. 320 din 30 mai 2023, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 747 din 17 august 2023, respingând, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate.
28. Astfel, la paragraful 18 din Decizia nr. 300 din 18 mai 2022, Curtea a reținut că textul de lege criticat instituie o serie de incompatibilități care reprezintă măsuri necesare pentru asigurarea transparenței în exercitarea funcțiilor publice și în mediul de afaceri, precum și pentru prevenirea și combaterea corupției, măsuri ce au ca scop garantarea exercitării cu imparțialitate a funcțiilor publice (a se vedea Decizia nr. 225 din 15 februarie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 294 din 28 aprilie 2011).
29. De asemenea, la paragraful 19 din Decizia nr. 300 din 18 mai 2022, Curtea a reținut că prevederile art. 87 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 161/2003 instituie mai multe situații de incompatibilitate. Potrivit raportului întocmit de Agenția Națională de Integritate, autorul excepției se afla în situație de incompatibilitate întrucât deținea atât funcția de primar, cât și pe cea de membru al consiliului de administrație al unei instituții publice. În perioada în care autorul excepției a exercitat și funcția de primar, și pe aceea de membru în consiliul de administrație al școlii, art. 96 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, prevedea că în componența consiliului de administrație intră, pe lângă cadre didactice, inclusiv directorul, reprezentanți ai părinților, un reprezentant al consiliului local și un reprezentant al primarului, iar nu primarul însuși. Ulterior, prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul educației, cercetării științifice și pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 486 din 30 iunie 2014, art. 96 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011 a fost modificat, în sensul că din consiliul de administrație al școlii fac parte, pe lângă ceilalți reprezentanți, și primarul sau un reprezentant al primarului. Din această perspectivă, a succesiunii legilor în timp, Curtea a observat că autorul excepției critică, în realitate, modul de interpretare și aplicare a legii de către Agenția Națională de Integritate, aspect care excedează controlului de constituționalitate. În acest sens, Curtea a reținut că, în jurisprudența sa în materie, a constatat că susținerile privind înțelegerea conținutului normelor juridice criticate, prin corelare cu alte dispoziții legale, vizează interpretarea și aplicarea legilor în cauza dedusă judecății.
30. Totodată, Curtea a decis că stabilirea în concret a stării de incompatibilitate în cazul funcțiilor publice la care textele de lege criticate fac referire revine instanței judecătorești, care, cu prilejul soluționării contestației împotriva raportului de evaluare întocmit de Agenția Națională de Integritate, analizează particularitățile fiecărei spețe, în lumina dispozițiilor legale cu incidență în materie, astfel încât soluția dispusă să corespundă scopului de asigurare a imparțialității, de protejare a interesului public (a se vedea, în acest sens, Decizia nr. 167 din 17 martie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 12 iunie 2015, paragraful 27).
31. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să schimbe jurisprudența Curții Constituționale, atât soluția, cât și considerentele cuprinse în Decizia nr. 300 din 18 mai 2022 își păstrează valabilitatea și în cauza de față.
32. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,
CURTEA CONSTITUȚIONALĂ
În numele legii
D E C I D E:
1. Respinge, ca inadmisibilă, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor articolului unic pct. 2 din Legea nr. 128/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției și ale art. 160 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, excepție ridicată de Ion Robert Rotea în Dosarul nr. 623/104/2021 al Tribunalului Olt — Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal.
2. Respinge, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate ridicată de același autor în același dosar al aceleiași instanțe și constată că dispozițiile art. 87 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, în redactarea anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 87/2017 pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, sunt constituționale în raport cu criticile formulate.
Definitivă și general obligatorie.
Decizia se comunică Tribunalului Olt — Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Pronunțată în ședința din data de 11 decembrie 2025.
PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE
ELENA-SIMINA TĂNĂSESCU
Magistrat-asistent,
Cristian-Nicolae Sima
Este artículo tiene carácter informativo y no constituye asesoramiento jurídico. Para situaciones concretas, consulta a un abogado o asesor fiscal autorizado.