En resumen
- Quien aspire a dirigir un instituto nacional de investigación se examina con reglas nuevas desde el 22 de septiembre de 2026. El expediente se presenta únicamente por vía electrónica, en una plataforma de la institución pública que tiene el instituto bajo su coordinación, y la plataforma permanece abierta 25 días hábiles. La metodología de 2016 queda derogada ese mismo día.
- El tribunal que evalúa baja de cinco a tres miembros y la nota de corte sigue siendo 8,00 sobre 10. La entrevista dura 60 minutos como máximo, se celebra en rumano y se graba en audio, y la grabación se conserva entre un año y 5 años desde la publicación de los resultados finales.
- El candidato dispone de menos tiempo para reclamar y el ganador recibe antes la orden de nombramiento. La reclamación se presenta en un plazo máximo de 2 días hábiles desde la publicación del resultado, frente a los 3 días hábiles de las reglas de 2016, y la orden de nombramiento llega en un plazo máximo de 15 días hábiles desde la aprobación del informe final, frente a los 45 días hábiles anteriores.
Publicado: Boletín Oficial de Rumanía (Monitorul Oficial), Parte I, n.º 804, de 22 de septiembre de 2026
Entrada en vigor: 22 de septiembre de 2026, fecha de publicación, porque el acto no fija una fecha posterior
La Decisión del Gobierno n.º 743/2026, publicada el 22 de septiembre de 2026, culmina una obligación asumida un mes antes. Mediante la Ley n.º 174/2026, los directores de los institutos nacionales de investigación pasaron a elegirse por concurso público y a publicar anualmente sus ingresos, y el artículo III de esa ley exigía que la metodología del concurso se actualizara en 30 días desde su entrada en vigor. La ley entró en vigor el 17 de agosto de 2026, de modo que el plazo venció el 16 de septiembre de 2026. La decisión se adoptó el 18 de septiembre de 2026 y llegó al Boletín Oficial de Rumanía el 22 de septiembre de 2026.
El acto en sí tiene dos artículos y un anexo. El artículo 1 aprueba la metodología y el artículo 2 deroga la Decisión del Gobierno n.º 576/2016, que hizo de reglamento del concurso durante diez años. El fundamento invocado es el artículo 108 de la Constitución de Rumanía, republicada, junto con el artículo 22 apartado (1) de la Ordenanza del Gobierno n.º 57/2002 relativa a la investigación científica y el desarrollo tecnológico. Al ser una decisión del Gobierno, entra en vigor el mismo día de su publicación, conforme al artículo 12 apartado (3) de la Ley n.º 24/2000 sobre las normas de técnica legislativa, republicada, ya que su texto no recoge ninguna fecha posterior.
El anexo, que es la parte que produce los efectos, tiene 39 artículos y diez anexos propios. Desarrolla los seis artículos nuevos que la propia Ley n.º 174/2026 introdujo en la Ley n.º 183/2024 relativa al estatuto del personal de investigación, desarrollo e innovación. Los cambios llegan en bloque: el concurso pasa íntegramente a una plataforma informática, la evaluación recibe un baremo con 16 indicadores y con ponderaciones escritas en el acto, y la organización corresponde a la institución pública que coordina cada instituto, llamada en el texto órgano coordinador, en lugar de a una autoridad nacional única.
Los efectos que produce
El primer efecto lo nota el candidato, y empieza por un calendario. La convocatoria se publica en la web del instituto y del órgano coordinador y en el portal EURAXESS, en la dirección www.euraxess.gov.ro. La plataforma informática se abre en un plazo máximo de 3 días hábiles desde la convocatoria y permanece disponible 25 días hábiles. Los documentos se cargan en PDF o JPG, pueden modificarse hasta la fecha límite y, una vez completada la carga, el candidato recibe automáticamente un número de registro que se utiliza después en la publicación de los resultados. La solicitud de inscripción del anexo n.º 1 incluye también una petición expresa de anonimización de los datos personales en la publicación.
Las condiciones de participación no están escritas en la metodología, sino que remiten al artículo 172 apartado (1) de la Ley n.º 183/2024. En resumen: el grado profesional de investigador científico de grado II o, por equivalencia, el puesto de profesor titular de universidad, en el ámbito de actividad del instituto; bien un mínimo de 3 años de antigüedad en puestos directivos de una organización de investigación, bien al menos dos proyectos ganados en convocatoria competitiva y finalizados como director de proyecto, con un presupuesto acumulado de 400.000 euros como mínimo; conocimiento de rumano o de inglés; certificado de antecedentes penales y certificado de antecedentes fiscales limpios; ausencia de sanciones por ética de la investigación; y ausencia de participaciones sociales en una empresa del mismo sector o con vínculos comerciales con el instituto, incluidas las del cónyuge y las de parientes por consanguinidad y afinidad hasta el tercer grado.
El segundo efecto es la forma de puntuar. El concurso tiene dos etapas. La etapa I comprueba solo las condiciones de participación, el tribunal dispone de 5 días hábiles como máximo para la comprobación y la etapa se cierra en un plazo máximo de 15 días hábiles desde el cierre de la plataforma. La etapa II tiene dos fases y dura 20 días hábiles como máximo. En la fase I se analiza el expediente y se puntúan el criterio C1, la actividad de gestión, con una ponderación del 40%, y el criterio C2, la actividad científica, con una ponderación del 60%. En la fase II tiene lugar la entrevista, que aporta el criterio C3, la calidad de la propuesta de gestión, con una ponderación del 60%, y el criterio C4, el prestigio científico y las colaboraciones internacionales, con una ponderación del 40%. Cada criterio se puntúa de 0 a 10, con dos decimales, y se desglosa en indicadores con puntuación máxima propia, de entre 2 y 5 puntos, que suman exactamente 10 puntos por criterio.
La nota de cada fase es la suma de las puntuaciones ponderadas, la nota de la fase es la media aritmética de las notas de los tres miembros y la nota de la etapa II es la media aritmética de las dos fases. El umbral es 8,00. Por debajo de él, el candidato queda excluido, por bien que haya salido de la comparación con los demás. En caso de empate pasa delante quien haya obtenido la nota más alta en la segunda fase, es decir, en la entrevista.
El tercer efecto atañe a la entrevista, que se convierte en una prueba con reglas estrictas. Dura 60 minutos como máximo por candidato, se celebra en rumano y en presencia de todos los miembros del tribunal, con arreglo a un guion firmado por el tribunal, por los observadores y por el candidato, con preguntas comunes para todos los candidatos al mismo puesto. Se graba en audio, la grabación se conserva entre un año y 5 años desde la publicación de los resultados finales y llega al tribunal de reclamaciones si alguien reclama contra la etapa II.
El cuarto efecto empieza cuando el concurso ya ha terminado. El órgano coordinador dicta la orden de nombramiento en un plazo máximo de 15 días hábiles desde la aprobación del informe final. El director general firma después, en un plazo máximo de 15 días hábiles desde la orden, un contrato de gestión por la duración del mandato de 5 años, y en un plazo máximo de 30 días desde la orden presenta su propuesta de gestión ante el personal del instituto. Si el puesto queda desierto, el órgano coordinador convoca un nuevo concurso en un plazo máximo de 6 meses.
Qué ha cambiado respecto de la situación anterior
El mayor cambio es quién organiza el concurso. La metodología de 2016 atribuía la organización a una sola institución, la autoridad estatal de investigación y desarrollo, a través de la Autoridad Nacional para la Investigación Científica y la Innovación, que además elaboraba la lista de institutos con puesto vacante. Las reglas de 2026 lo trasladan todo al órgano coordinador de cada instituto, es decir, al ministerio o a la institución pública bajo cuya coordinación se encuentra. Cambia, por tanto, quién responde del calendario, quién facilita la plataforma y quién firma la orden de nombramiento.
El segundo cambio es el tribunal. En 2016 tenía cinco miembros: un representante de la autoridad, el presidente del consejo científico del instituto y tres especialistas con el grado de investigador científico de grado I o con el título de catedrático de universidad. Desde 2026 tiene tres miembros: un representante del órgano coordinador y dos especialistas propuestos por el Colegio Consultivo de Investigación, Desarrollo e Innovación, a quienes se exige como mínimo el grado de investigador científico de grado II o el puesto de profesor titular de universidad. El instituto pierde así su sitio en el tribunal que elige a su director, y el listón de grado baja un escalón.
El tercer cambio pasa desapercibido, pero recae igualmente sobre el candidato. El tribunal de resolución de reclamaciones estaba formado, en 2016, por tres representantes de la autoridad, uno de ellos con formación jurídica, y la secretaría técnica tenía tres personas, una de ellas también con formación jurídica. La nueva metodología da al tribunal de reclamaciones la misma composición que al tribunal del concurso y deja la secretaría con dos personas. La exigencia de formación jurídica desaparece de ambos sitios, pese a que la reclamación es el único paso del procedimiento en el que se aplica una norma a un caso concreto.
El cuarto cambio es el baremo. Los criterios de 2016 eran la actividad profesional, la calidad de la propuesta de gestión, las aptitudes vinculadas al proceso de decisión y las aptitudes de comunicación, con ponderaciones del 30%, 40%, 10% y 20%, y las notas se daban por intervalos, de 1 a 6 en la primera fase y de 1 a 4 en la segunda. Desde 2026, los criterios llevan las mismas etiquetas, de C1 a C4, pero significan otra cosa, las ponderaciones se aplican por fases y cada criterio tiene indicadores con puntuación máxima escrita en el acto. La actividad científica, ausente como tal de los criterios antiguos, pasa a ser el componente con mayor peso de la primera fase.
El resto de las diferencias se ve en los plazos y en las formalidades. La ventana de presentación se ha estrechado: en 2016 la convocatoria debía publicarse al menos 45 días antes del cierre del plazo de presentación, y ahora el intervalo máximo desde la convocatoria hasta la fecha límite es de 28 días hábiles, es decir, menos de 40 días naturales. El plazo de reclamación ha bajado de 3 a 2 días hábiles. En cambio, la orden de nombramiento se dicta en un plazo máximo de 15 días hábiles desde el informe final, y no en 45. El certificado médico puede expedirse como mucho 6 meses antes, y no 3. La convocatoria ya no tiene que publicarse en un periódico de tirada nacional. Los observadores de la patronal y de los sindicatos se designan ahora obligatoriamente, en 15 días hábiles desde la convocatoria, en lugar de la carta de interés enviada por iniciativa propia, pero, a cambio, ya no elaboran el informe propio que las reglas de 2016 les exigían en 5 días hábiles desde las entrevistas.
Aparece además una regla sin equivalente en 2016. Para los institutos coordinados por universidades públicas acreditadas, el artículo 2 deja la metodología del concurso de director general en manos del claustro universitario. Las reglas de 2016 no hacían ninguna distinción de este tipo.
Ventajas y desventajas
Lo que mejora
- El expediente entra íntegramente en la plataforma, con número de registro generado automáticamente y con la posibilidad de pedir la anonimización del nombre al publicarse los resultados. Quien se presenta desde un puesto que no quiere perder ya no está obligado a hacerlo público.
- La nota pasa a ser verificable. Los cuatro criterios se desglosan en 16 indicadores con puntuación máxima escrita en el acto, y las ponderaciones y las fórmulas de cálculo figuran en el texto de la decisión, no en un baremo interno.
- La entrevista se graba en audio y la grabación se conserva entre un año y 5 años. La recibe también el tribunal de reclamaciones, de modo que una objeción sobre lo que se preguntó en la entrevista se puede comprobar.
- El ganador espera menos. La orden de nombramiento llega en un plazo máximo de 15 días hábiles desde la aprobación del informe final, frente a los 45 días hábiles de la metodología de 2016.
- Los observadores de la patronal y de los sindicatos se designan obligatoriamente, a petición del órgano coordinador, y firman el acta de la prueba de entrevista.
- El conflicto de intereses tiene por fin un procedimiento: declaración en la plataforma respecto de cada candidato, sustitución desde la lista de suplentes y recálculo del resultado si la situación se descubre tarde.
Lo que sigue siendo un problema
- La reclamación se presenta en 2 días hábiles y el tribunal dispone de 3 días hábiles para resolverla. El candidato recibe para redactar menos tiempo del que tiene la Administración para responder, aunque es él quien debe identificar el error.
- La reclamación puede empeorar el resultado. Se declara estimada, conforme al artículo 23 apartado (1) letra c), siempre que la reevaluación difiera en al menos 1,00 de la nota inicial, sin que el texto diga en qué sentido, y el artículo 24 apartado (1) convierte la nota del tribunal de reclamaciones en la nota final. Una reevaluación a la baja queda, por tanto, firme.
- Un tribunal de tres miembros deja poco margen. Un solo caso de conflicto de intereses descubierto después de la etapa II lleva la evaluación al mínimo de dos miembros, y un segundo caso reinicia el concurso desde la etapa I, con un tribunal nuevo.
- La exigencia de grado para los especialistas del tribunal baja de investigador científico de grado I o catedrático de universidad a grado II o profesor titular de universidad, es decir, exactamente el umbral exigido al candidato al que evalúan.
- Del tribunal de reclamaciones y de la secretaría técnica desaparece la exigencia de que alguien tenga formación jurídica, presente en ambos en las reglas de 2016.
- El tiempo de preparación del expediente se ha acortado. La propuesta de gestión de 12 páginas, la lista estructurada por criterios, los certificados de antecedentes y los demás certificados deben reunirse en un plazo máximo de 28 días hábiles desde la convocatoria, frente a los 45 días naturales mínimos de antes.
- No hay ninguna disposición transitoria. La metodología antigua deja de estar en vigor el 22 de septiembre de 2026, y el acto no dice nada sobre los concursos convocados antes de esa fecha y aún sin concluir.
Consejos prácticos
- Prepare la lista de méritos antes de que se abra la plataforma y estructúrela exactamente por los criterios C1, C2 y C4 y por los indicadores del artículo 19. La letra f) del artículo 9 exige precisamente esa estructura, y una lista organizada de otro modo obliga al evaluador a buscar él mismo los puntos.
- Compruebe los plazos de validez de los documentos por separado del plazo de presentación. El certificado de antecedentes penales y el de antecedentes fiscales deben estar vigentes en la fecha de presentación, y el certificado médico debe haberse expedido como mucho 6 meses antes de la celebración del concurso.
- Respete el límite de la propuesta de gestión: 12 páginas como máximo, Times New Roman cuerpo 12, a un espacio, con un máximo de 4 páginas para la concepción de gestión y 4 para los indicadores de rendimiento asumidos. La estructura marco del anexo n.º 2 es justamente la lista de subapartados que puntúa el criterio C3.
- Marque en la solicitud de inscripción la petición de anonimización si no quiere que su nombre aparezca en las listas publicadas. El formulario del anexo n.º 1 la prevé expresamente, pero no se aplica de oficio.
- Antes de presentar una reclamación, sopese el riesgo. Si la reevaluación baja la nota en al menos 1,00, la nota más baja pasa a ser la nota final, y la única vía que queda es el tribunal de lo contencioso-administrativo.
- Cargue los documentos con tiempo. Puede modificarlos hasta la fecha límite, pero el número de registro y el correo de confirmación llegan solo tras la carga completa, y la plataforma se cierra a los 25 días hábiles de su apertura.
- Si el instituto que le interesa está coordinado por una universidad pública, pregunte al claustro universitario qué metodología aplica. El texto del artículo 2 los saca de la regla general y deja sus reglas en manos del claustro.
Preguntas frecuentes
¿Desde cuándo se aplican las nuevas reglas del concurso?
¿Qué ocurre con un concurso iniciado antes del 22 de septiembre de 2026?
¿Quién organiza el concurso?
¿Qué nota necesito para ser declarado apto?
¿Cuánto dura la entrevista y se graba?
¿Qué pasa si ningún candidato alcanza el 8,00?
¿Puedo reclamar contra el resultado y en cuánto tiempo?
¿Qué documentos son obligatorios en el expediente?
Errores e incoherencias en el texto publicado
- Anexo n.º 2, tabla n.º 1, indicador I11. La fórmula publicada para el total de gastos es I6 + I7 + I8 + I9. Ahora bien, I6 es, en esa misma tabla, el total de ingresos, e I10, otros gastos, se queda fuera. Tal como está escrito, el total de gastos asumidos mediante el contrato de gestión suma todos los ingresos más tres categorías de gastos de cuatro. La fórmula coherente con el resto de la tabla sería I7 + I8 + I9 + I10. Se ve en la página 17 del Boletín Oficial de Rumanía n.º 804/2026.
- Artículo 2 de la metodología. Para los institutos coordinados por universidades públicas acreditadas, el texto dice que la metodología del concurso la elabora el claustro universitario, pero no fija ningún plazo, ningún contenido mínimo ni ninguna regla aplicable entretanto. Al mismo tiempo, el artículo 171 apartado (1) de la Ley n.º 183/2024 exige que el puesto se cubra mediante concurso organizado conforme a la metodología aprobada por el Gobierno, sin distinguir según quién coordine el instituto. Para esos institutos no se puede determinar, a partir del texto, qué metodología se aplica desde el 22 de septiembre de 2026.
- Anexo n.º 2, notas de la tabla n.º 1. El indicador I11 aparece tanto en la enumeración de aquellos para los que el rendimiento asumido representa valores mínimos como en la de los indicadores para los que representa valores máximos. Un mismo indicador no puede ser a la vez suelo y techo. Además, I12, el resultado bruto del ejercicio, e I13, el beneficio neto, no entran en ninguna de las tres categorías de las notas, de modo que respecto de ellos no se sabe qué es lo que se asume. Página 19 de esa misma edición.
- Anexo n.º 2, tabla n.º 1, indicador I6. El total de ingresos se define como I1 + I2 + I3 + I4, pese a que la tabla contiene también I5, otros ingresos, como indicador de ingreso diferenciado. La categoría permanece en la tabla, pero fuera del total.
Análisis de la redacción
La metodología es, en el fondo, un buen acto: saca el concurso del expediente en papel, pone las ponderaciones en el texto de la decisión y graba la entrevista. El problema está en la fecha en que ha aparecido. La Ley n.º 174/2026 entró en vigor el 17 de agosto de 2026 y dio 30 días para actualizar la metodología, de modo que el plazo venció el 16 de septiembre de 2026. La decisión lleva fecha de 18 de septiembre y se publicó el 22 de septiembre, es decir, 6 días después del vencimiento. La cifra que dice algo, sin embargo, es 36, no 6. Son los días transcurridos desde la entrada en vigor de la ley hasta la entrada en vigor de la metodología, y durante todo ese intervalo la ley describía un concurso mientras la única metodología vigente describía otro. La coincidencia de etiquetas empeora las cosas: la ley usaba C1 a C4 para la actividad de gestión, la actividad científica, la calidad de la propuesta de gestión y el prestigio científico, mientras que las reglas de 2016 daban a esas mismas cuatro etiquetas el sentido de actividad profesional, propuesta de gestión, aptitudes de decisión y aptitudes de comunicación. Un concurso convocado entre el 17 de agosto y el 21 de septiembre de 2026 tenía, literalmente, dos juegos de criterios con la misma denominación.
La segunda observación no se ve leyendo el acto de cabo a rabo, porque solo aparece al sumar sus plazos. Puestos uno tras otro, los plazos máximos del procedimiento dan: 3 días hábiles hasta la apertura de la plataforma, 25 mientras está abierta, 15 para la etapa I, 20 para la etapa II, 15 hasta la orden de nombramiento y otros 15 hasta el contrato de gestión. Son 93 días hábiles, es decir, casi 19 semanas, o sea, alrededor de cuatro meses y medio desde la convocatoria hasta la firma. A eso se añaden los 6 meses que el artículo 3 apartado (1) concede al órgano coordinador solo para poner en marcha el procedimiento. Un puesto vacante puede quedarse así, sin que nadie incumpla nada, casi diez meses. Al mismo tiempo, el artículo 17 apartado (13) de la Ley n.º 183/2024 dice que el ejercicio del puesto en funciones dura hasta su cobertura por concurso, pero no más de 6 meses. El calendario propio de la metodología lo supera en unos cuatro meses, y la posibilidad de designaciones sucesivas del apartado (14) se abre solo después de un concurso terminado sin ganador, no durante el primero. Un instituto puede llegar, por tanto, al final del interinato legal con el concurso todavía dentro de sus plazos.
La tercera observación mide quién gana tiempo y quién lo pierde. El único plazo que se ha acortado en perjuicio del candidato es el de reclamación, de 3 a 2 días hábiles, y sigue siendo más corto que los 3 días hábiles que se reserva el tribunal para responder, aunque el candidato tiene la tarea más difícil: él debe encontrar el error, y el tribunal solo confirmarlo. En el otro extremo, el plazo que más se ha acortado, de 45 a 15 días hábiles, es precisamente el que la Administración le debía al ganador. La combinación del artículo 23 apartado (1) letra c) con el artículo 24 apartado (1) añade una trampa: una diferencia de al menos 1,00 respecto de la nota inicial lleva a estimar la reclamación y convierte la nota del tribunal de reclamaciones en la nota final, con independencia del sentido en que haya ido la reevaluación. El procedimiento contiene así un posible empeoramiento de la situación de quien reclama, que el acto no nombra en ningún sitio y que no advierte al candidato.
La última observación atañe al tribunal de tres. El artículo 12 apartados (3) y (4) dice que, si se descubre un conflicto de intereses después de la etapa II, se elimina la evaluación del miembro afectado, a condición de que sigan siendo válidas las evaluaciones de al menos dos miembros, y que en caso contrario el procedimiento se reinicia desde la etapa I, con un tribunal nuevo. Con cinco miembros, los que tenía el tribunal en 2016, la regla dejaba margen para dos eliminaciones. Con tres, la primera eliminación deja al tribunal justo en el mínimo, y la segunda borra todo lo hecho y pone en marcha un nuevo reloj de hasta 20 días hábiles sobre un interinato que de todos modos se acerca al techo. Reducir el tribunal abarata el procedimiento, pero traslada su fragilidad justo al punto en el que es más caro que se rompa.
Qué debería cambiar
- Una disposición transitoria para los concursos ya convocados. Una sola frase en la decisión, que dijera que los procedimientos iniciados antes de su entrada en vigor se concluyen conforme a la metodología vigente en la fecha de la convocatoria, ahorraría a cada órgano coordinador una decisión propia y a cada candidato el riesgo de que el procedimiento se repita desde cero.
- El plazo de reclamación debería ser al menos igual al de resolución y empezar a correr desde la comunicación de la ficha individual de evaluación. Dos días hábiles desde la publicación de una lista con números de registro significa reclamar contra algo que aún no se ha visto. Tres días hábiles desde la recepción de las puntuaciones por indicador convertirían la reclamación de una formalidad en un control real.
- La nota final no debería poder bajar por debajo de la nota reclamada. Una frase en ese sentido en el artículo 24 resolvería el problema. De lo contrario, la única protección del candidato es no reclamar, lo que anula el sentido del recurso. Y si aun así se prefiere la reevaluación en ambos sentidos, entonces el riesgo tiene su sitio en el formulario de reclamación, a la vista, y no en la deducción a partir de dos artículos leídos juntos.
- El artículo 2 necesita un plazo y un conjunto mínimo de reglas. Mientras el claustro universitario no adopte una metodología propia, los institutos coordinados por universidades se quedan sin procedimiento aplicable. Un plazo de 90 días y una cláusula que haga aplicable entretanto la metodología gubernamental cerrarían el hueco.
- El calendario total del procedimiento debería tener un tope explícito y estar coordinado con el interinato. Un tope escrito, por ejemplo de 60 días hábiles desde la convocatoria hasta el informe final, impediría que la suma de los plazos parciales llegara a casi 19 semanas y encajaría el procedimiento dentro de los 6 meses de interinato que permite la Ley n.º 183/2024.
- Las fórmulas de la tabla n.º 1 y las notas que la acompañan deberían corregirse mediante una corrección de errores. Son indicadores que entran en el contrato de gestión y en la evaluación anual del director, y una fórmula que suma los ingresos a los gastos produce un número que alguien tendrá que calcular y firmar. Va, por tanto, más allá de un error de redacción.
Texto original del acto normativo
El texto que figura a continuación se reproduce en rumano, la forma oficial de publicación.
El texto íntegro, tal como se publicó en el Boletín Oficial de Rumanía
Boletín Oficial de Rumanía n.º 804 de 22 de septiembre de 2026 32 páginas PDF, 174 KB el acto comienza en la página 9
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Este artículo tiene carácter informativo y no constituye asesoramiento jurídico. Para situaciones concretas, consulta a un abogado o asesor fiscal autorizado.