Los kinesiterapeutas de la asistencia social siguen cobrando menos que los de los centros sanitarios, y el Tribunal Constitucional ha validado la diferencia

El mismo título, el mismo oficio, dos salarios distintos, según lo que ponga en la puerta de la institución que te contrata. El Tribunal Constitucional ha confirmado que la ley puede hacer esa diferencia y ha desestimado la cuestión planteada por una kinesiterapeuta de la Dirección General de Asistencia Social y Protección del Niño de Satu Mare. Es la segunda vez este año que la jurisdicción constitucional se niega a leer el principio de la retribución igual por trabajo igual como lo entienden los trabajadores: en febrero de 2026 ya mostró que los complementos no quedan amparados por la garantía del salario igual por trabajo igual, y ahora dice que tampoco el salario base tiene que ser idéntico para el mismo puesto si las instituciones empleadoras están organizadas de otra manera.

El texto del que parte todo es el art. 38, apdo. (4⁴), de la Ley marco n.º 153/2017, introducido por el art. I, punto 1, de la Ley n.º 64/2020, publicada en el Boletín Oficial de Rumanía, Parte I, n.º 428 de 21 de mayo de 2020. Dice, como excepción al apartado (4), que el personal del sistema sanitario que ocupa los puestos de fisiokinesiterapeuta, kinesiterapeuta y profesor de CFM disfruta, desde el 1 de julio de 2020, de los salarios base previstos por la ley para el año 2022. El apartado (4), del que se exceptúa, preveía para el periodo 2019-2022 incrementos anuales iguales a una cuarta parte de la diferencia entre el salario previsto para 2022 y el de diciembre de 2018. Dicho brevemente, los del sistema sanitario saltaron directamente al final, y los demás subieron peldaño a peldaño.

La autora de la cuestión está contratada como kinesiterapeuta en la dirección de asistencia social de Satu Mare y cobra también con arreglo al anexo n.º II de la Ley marco n.º 153/2017, el anexo de la familia ocupacional «Sanidad y Asistencia Social». La diferencia viene del capítulo: su retribución está en el punto 3, el de las instituciones y unidades de asistencia social con o sin alojamiento, no en el punto 2, el de los centros sanitarios. El incremento de 2020 alcanzó solo al punto 2, y el punto 3 quedó intacto.

Las críticas fueron tres. La primera, que el texto es equívoco y carece de claridad, por lo que contraviene el artículo 1, apartado (5), de la Constitución. La siguiente, que vulnera la igualdad de derechos y la retribución igual por trabajo igual, consagradas en el artículo 16, apartado (1), y en el artículo 41, apartados (2) y (4), de la Constitución, en el artículo 14 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y en el artículo 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Por último, implícita en las dos primeras, la de que a trabajo igual se impone una retribución igual dentro de la misma categoría profesional. El Tribunal de Satu Mare, Sección I de lo civil, apreció él mismo que retribuir de forma distinta los mismos puestos, sin una justificación razonable y objetiva, vulnera el artículo 16, apartado (1), inciso final, de la Constitución. Los presidentes de las dos Cámaras del Parlamento, el Gobierno y el Defensor del Pueblo no comunicaron los puntos de vista solicitados.

Sobre la claridad, la respuesta fue breve. La expresión «personalul din sistemul sanitar», el personal del sistema sanitario, figura en la Ley n.º 95/2006 sobre la reforma en el ámbito de la sanidad y es distinta de «sistemul de asistență socială», el sistema de asistencia social, que aparece en la Ley de asistencia social n.º 292/2011, y la Ley n.º 64/2020 subió los salarios solo para los centros sanitarios y para los de asistencia medicosocial. La decisión observa además que el sentido del texto está claro incluso para la autora de la cuestión, que busca una interpretación amplia de él, no su eliminación.

Sobre la igualdad, la decisión baja a los trabajos del Parlamento. De la exposición de motivos de la ley se desprende que el iniciador quería incrementos para todos los fisiokinesiterapeutas, kinesiterapeutas y profesores de CFM empleados en el sistema público, para fomentar el ejercicio de esas profesiones. Tras las enmiendas propuestas por la Comisión de Trabajo y Protección Social, los incrementos dejaron de concederse a los de la asistencia social, con la motivación, citada por el Tribunal, de que «majorarea coeficienților pentru funcțiile de execuție din instituțiile și unitățile de asistență socială/servicii sociale nu poate fi susținută, cu atât mai mult cu cât aceste majorări salariale ar duce la depășirea nivelului salarial stabilit pentru funcțiile de conducere ale acestor instituții», es decir, la subida de los coeficientes para los puestos de ejecución de las instituciones y unidades de asistencia social o de los servicios sociales no se puede sostener, tanto más cuanto que esas subidas salariales llevarían a superar el nivel retributivo fijado para los puestos directivos de esas mismas instituciones.

A partir de ahí, el Tribunal consideró que la solución tuvo en cuenta los recursos financieros disponibles y la necesidad de mantener la jerarquía institucional en materia retributiva, lo que hace que las personas con el mismo puesto, pero encuadradas en estructuras distintas, se encuentren en situaciones objetivamente distintas. Añadió que también dentro del sistema sanitario la ley paga de forma distinta a los kinesiterapeutas, según la estructura en la que trabajan, e invocó la Decisión n.º 85, de 2 de marzo de 2023, con arreglo a la cual las diferencias de ingresos entre empleados con la misma actividad y la misma antigüedad, pero en instituciones públicas distintas, no contravienen la igualdad de derechos.

Los efectos que produce

El primer efecto lo soporta la autora de la cuestión. Su proceso de derechos salariales ante el Tribunal de Satu Mare, Sección I de lo civil, expediente n.º 1.285/83/2020, se sigue juzgando con el texto intacto, y el fundamento constitucional en el que confiaba ha desaparecido. La decisión es de obligado cumplimiento general desde el 25 de septiembre de 2026, fecha de publicación, conforme al artículo 147, apartado (4), de la Constitución.

El segundo efecto alcanza a toda una categoría de empleados. Los kinesiterapeutas, los profesores de CFM, pero también los logopedas, los psicopedagogos, los terapeutas ocupacionales y los intérpretes de lengua de signos de las instituciones y los servicios de asistencia social se quedan en la escala del punto 3, subpunto 3.2, del capítulo I del anexo n.º II. Todo proceso iniciado con el mismo argumento tiene ahora en contra una decisión dictada sobre el fondo.

El tercer efecto es el que no se ve y el que más cuenta de cara al futuro. La decisión valida un criterio de diferenciación retributiva que no depende del trabajo, sino de la organización del empleador y de la jerarquía interna de la institución. Formulado así, se puede invocar en cualquier lugar del sector público: si un incremento para los puestos de ejecución rebasara el salario de la dirección, el incremento puede denegarse.

El cuarto efecto se refiere al interés práctico, menor de lo que parece. La ventaja que daba el apartado (4⁴) consistía en alcanzar antes el nivel retributivo previsto para 2022, y el mecanismo escalonado del que se exceptúa se refería, conforme al mismo artículo, al periodo 2019-2022. En la fecha de publicación de la decisión esa ventana llevaba años cerrada, así que la discusión queda sobre las diferencias no cobradas en el pasado, no sobre el salario de mañana.

El quinto efecto es de orientación para quien quiera un cambio. El Tribunal dijo que fijar las condiciones concretas de concesión de los derechos salariales entra en las atribuciones exclusivas del legislador, no que la diferencia tenga que mantenerse. Alinear la escala del punto 3 con la del punto 2 se puede hacer en cualquier momento mediante una modificación del anexo n.º II, sin ningún proceso.

Qué ha cambiado respecto de la situación anterior

Antes de la Ley n.º 64/2020, las dos categorías recibían el mismo trato. El Tribunal escribe con claridad, en el párrafo 14, que la ley había establecido inicialmente un tratamiento jurídico idéntico para los kinesiterapeutas de los centros sanitarios que no son clínicos y para los de las instituciones de asistencia social. La modificación de 2020 rompió esa identidad, y la decisión de ahora confirma la ruptura.

El segundo cambio tiene que ver con el número de escalas para el mismo puesto. Combinando los párrafos 14 y 16 se ve que un kinesiterapeuta puede cobrar hoy con arreglo a cuatro conjuntos de valores: el de los centros clínicos, del subpunto b.1; el de los servicios de ambulancia, de los servicios de urgencias y de las unidades de cuidados intensivos, del subpunto b.3; el de los demás centros sanitarios y de las unidades de asistencia medicosocial, del subpunto b.4; y el de las instituciones de asistencia social, del subpunto 3.2. El salto de 2020 alcanzó solo a los tres primeros.

El tercer cambio es jurisprudencial, pero de continuidad, no de giro. La decisión se sitúa en la línea de la Decisión n.º 85, de 2 de marzo de 2023, publicada en el Boletín Oficial de Rumanía, Parte I, n.º 710 de 2 de agosto de 2023, que ya había dicho que las atribuciones, las competencias y las responsabilidades pueden diferir incluso en puestos idénticos, si los empleadores son instituciones públicas distintas. La novedad es que aquí las dos instituciones aplican el mismo anexo de la misma ley.

El cuarto cambio se refiere al argumento en el que puede apoyarse de ahora en adelante una denegación de incremento. Hasta esta decisión, las justificaciones admitidas en la jurisprudencia constitucional tenían que ver con la especificidad de la actividad y con el grado de exigencia. Ahora entra en la fila también el mantenimiento de la jerarquía salarial interna, es decir, el cuidado de que la ejecución no suba por encima de la dirección, un argumento que no dice nada sobre el trabajo realizado.

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