En resumen
- El Estado pagó de menos cuando tomó los terrenos y los tribunales le obligaron a completar la cifra. Ocho inmuebles de la comuna de Fărcășești, provincia de Gorj, incluidos en 2020 en el corredor de expropiación de la mina de lignito de Timișeni-Pinoasa, reciben indemnizaciones mayores, fijadas en dos pleitos que los propietarios ganaron y que quedaron firmes.
- La diferencia a pagar es de 65.559,96 lei y sale del presupuesto del Estado. El dinero se consigna en el presupuesto del Ministerio de Energía para 2026 y llega a la gente a través de una cuenta abierta a nombre de la Sociedad Complexul Energetic Oltenia, en un plazo máximo de 30 días desde la aprobación de la solicitud de apertura de créditos.
- Para las nueve líneas del anexo, la indemnización asciende a 113.693,13 lei. De la aritmética del acto se deduce que la cantidad aprobada antes para esos mismos inmuebles era de 48.133,17 lei, es decir, los tribunales llevaron el pago a casi 2,4 veces lo que había ofrecido la Administración.
Publicado: Boletín Oficial de Rumanía n.º 803 de 22 de septiembre de 2026
Entrada en vigor: en la fecha de publicación, 22 de septiembre de 2026, conforme al art. 12 apdo. (3) de la Ley n.º 24/2000, referido a los actos normativos del art. 11 apdo. (1) distintos de las leyes y las ordenanzas
La Decisión del Gobierno n.º 749/2026 pone sobre la mesa 65.559,96 lei más por ocho inmuebles de la comuna de Fărcășești, provincia de Gorj, situados en el corredor de expropiación de la obra de apertura de la mina de lignito de Timișeni-Pinoasa. La cifra no procede de una nueva tasación hecha por la Administración, sino de dos pleitos que los propietarios ganaron al Estado. Los incrementos de este tipo son rutina en las obras grandes, y en las carreteras tienen el mismo aspecto: también mediante una decisión del Gobierno diecisiete terrenos de Olt entraron solo ahora en la expropiación de Craiova-Pitești. La diferencia está en quién fijó la cantidad: allí el expropiante, aquí el tribunal.
El acto tiene cinco artículos y un anexo. El artículo I aprueba el incremento para 2026 por un importe total de 65.559,96 lei. El artículo II indica qué cambia en el anexo n.º 2 de la Decisión del Gobierno n.º 1.121/2020, publicada en el Boletín Oficial de Rumanía n.º 1317 de 31 de diciembre de 2020: en la posición 125 se actualiza solo la cantidad; en las posiciones 130, 181 y 426 se actualizan los nombres de los titulares y la cantidad; en las posiciones 305, 306, 419 y 420 se actualizan el nombre, la superficie expropiada y la cantidad. Ocho números de orden, a los que corresponden nueve líneas del anexo, porque la posición 420 cubre dos parcelas.
Los beneficiarios son dos: un propietario único, en la posición 125, con 6.472 metros cuadrados de bosque fuera del casco urbano y una indemnización de 65.470,13 lei, y un grupo de tres copropietarios, a los que corresponden las otras siete posiciones, con 48.223,00 lei. Todos los inmuebles están en la comuna de Fărcășești. La superficie que entra en el cálculo es de 11.218 metros cuadrados, y el valor total de indemnización que figura en el anexo es de 113.693,13 lei, de los cuales 86.510,13 lei por el terreno, 2.513,00 lei por las plantaciones y 24.670,00 lei por las construcciones.
Las resoluciones que produjeron esa cantidad están escritas en el preámbulo. La primera es la Sentencia civil n.º 146 de 2 de junio de 2025 del Tribunal de Gorj, en el expediente n.º 130/95/2023, firme por la Decisión civil n.º 352 de 4 de diciembre de 2025 del Tribunal de Apelación de Craiova. La segunda es la Sentencia civil n.º 86 de 17 de abril de 2025 del mismo tribunal, en el expediente n.º 7.567/95/2023, firme por la Decisión civil n.º 6 de 14 de enero de 2026. La base legal invocada es el art. 108 de la Constitución de Rumanía, republicada, junto con el art. 8 apdo. (3), el art. 9 apdo. (8) y el art. 32 apdo. (3) de la Ley n.º 255/2010 sobre la expropiación por causa de utilidad pública.
Los efectos que produce
El primer efecto es presupuestario. Los 65.559,96 lei se consignan con cargo al presupuesto del Estado, a través del presupuesto del Ministerio de Energía para 2026, dentro de los límites aprobados por la Ley del presupuesto del Estado para 2026 n.º 43/2026, en el capítulo 81.01, título 55, artículo 55.01, apartado 55.01.12, es decir, en la línea destinada a las inversiones de los operadores económicos con capital público. La cantidad se mueve dentro de una línea presupuestaria que ya existía.
El segundo efecto es de lista. El anexo n.º 2 de la Decisión del Gobierno n.º 1.121/2020 es el documento del que se paga efectivamente, y se rectifica siempre que la realidad deja de coincidir con lo que allí figura. Eso es justo lo que prevé el art. 32 apdo. (3) de la Ley n.º 255/2010, uno de los fundamentos invocados. Además del dinero, el acto repara también la identificación: en cuatro posiciones cambian los nombres de los titulares del derecho de propiedad, y en otras cuatro cambia también la superficie expropiada, con arreglo a las mediciones acogidas por los tribunales.
El tercer efecto afecta al circuito del dinero. El Ministerio de Energía transfiere la cantidad en un plazo máximo de 30 días desde la fecha de aprobación de la solicitud de apertura de créditos, a una cuenta bancaria abierta a nombre de la Sociedad Complexul Energetic Oltenia, a disposición de los propietarios. La sociedad hace de caja: el dinero pasa por su cuenta sin entrar en su patrimonio. La responsabilidad por la exactitud de los datos del anexo y por el modo en que se gasta la cantidad corresponde al Ministerio de Energía, a través de esa misma sociedad, conforme al art. IV.
El cuarto efecto es el que el acto no dice, pero presupone: el pago extingue la obligación fijada por las dos resoluciones judiciales. La transmisión del derecho de propiedad se produjo hace tiempo, al dictarse la decisión de expropiación, y el art. 22 apdo. (1) de la Ley n.º 255/2010 dice con claridad que el propietario solo puede impugnar la cuantía de la indemnización, no el paso del inmueble al Estado, y que el ejercicio de los recursos no suspende ni la transmisión ni la resolución que fija la cantidad. El pleito se libra, pues, por dinero, sobre un terreno que ya no es del demandante desde el día de la expropiación.
Qué ha cambiado respecto de la situación anterior
Hasta este acto, para las nueve líneas en cuestión se habían aprobado 48.133,17 lei, cifra que resulta de restar el incremento de 65.559,96 lei del total de 113.693,13 lei que figura en el anexo. Después del acto, esos mismos inmuebles valen 113.693,13 lei, 2,36 veces más. El aumento no es uniforme: en la posición 125 la indemnización llega a 65.470,13 lei y cubre ella sola casi todo el incremento, mientras que en las posiciones 305 y 306 la cantidad baja, porque el tribunal acogió superficies menores que las de la lista inicial.
También ha cambiado el autor de la cifra. En 2020, las cantidades del anexo eran estimaciones del expropiante, hechas a través de la Sociedad Complexul Energetic Oltenia. Desde 2026, para las ocho posiciones, la cifra es la fijada por el Tribunal de Gorj y confirmada por el Tribunal de Apelación de Craiova. La Ley n.º 255/2010 permite expresamente ese paso de la tasación administrativa a la judicial: el art. 22 apdo. (3) remite la resolución de la demanda a los art. 21 a 27 de la Ley n.º 33/1994, y el art. 23 apdo. (1) exime del pago de la tasa judicial las demandas en las que se fija la cuantía de la indemnización.
Por último, ha cambiado la identificación de las personas y de los terrenos. El acto actualiza los nombres de los titulares en siete de las ocho posiciones y la superficie en cuatro de ellas. Son correcciones que parecen administrativas, pero que deciden quién cobra: sin ellas, el dinero quedaría bloqueado en una cuenta, porque la persona que figura en la lista no coincidiría con la de la resolución judicial.
Ventajas y desventajas
Lo que mejora
- Ejecuta dos resoluciones firmes sin pedir a los propietarios ningún trámite más. La cantidad entra directamente en la lista de pago, no en un procedimiento aparte de ejecución forzosa.
- Repara en el mismo acto el dinero y la identificación. Los nombres de los titulares y las superficies se corrigen a la vez que la cantidad, lo que evita que el pago exista sobre el papel pero no tenga a quién hacerse.
- Señala la procedencia exacta del dinero, hasta el apartado presupuestario. El capítulo 81.01, título 55, artículo 55.01, apartado 55.01.12 pueden seguirse en la ejecución presupuestaria del Ministerio de Energía.
- Confirma que el camino del tribunal funciona. Dos demandantes obtuvieron, entre los dos, más del doble de lo ofrecido por la vía administrativa, y la demanda para fijar la cuantía está exenta de tasa judicial.
Lo que sigue siendo un problema
- No muestra en ninguna parte las cantidades antiguas. El anexo recoge solo los valores nuevos, así que el lector no puede comprobar, directamente en el acto, cuánto ha subido la indemnización en cada posición ni cómo se reparte el incremento entre los dos expedientes.
- No dice quién es el expropiante. El acto nombra al ministerio que paga y a la sociedad que lleva la cuenta, pero la condición de expropiante solo se averigua a partir de la Decisión del Gobierno n.º 1.121/2020, donde consta que es el Estado rumano, representado por el ministerio competente, a través de la Sociedad Complexul Energetic Oltenia.
- El pago arranca en un momento sin fecha. Los 30 días corren desde la aprobación de la solicitud de apertura de créditos, y el acto no impone ningún plazo para presentar o aprobar esa solicitud.
- Resuelve solo los casos que llegaron a resolución firme. Los demás propietarios de la misma lista se quedan con la tasación administrativa, aunque sus inmuebles sean vecinos de los que el tribunal ha vuelto a valorar.
Consejos prácticos
- Si figura usted en la lista del anexo n.º 2 y la cantidad no le convence, el plazo para acudir al tribunal corre desde la fecha en que se le notificó la resolución que fija la cuantía de la indemnización, no desde la publicación de la decisión del Gobierno. La base es el art. 22 apdo. (1) de la Ley n.º 255/2010, y superar el plazo conlleva la caducidad.
- No aplace la demanda por miedo a las costas. El art. 23 apdo. (1) de esa misma ley exime del pago de la tasa judicial las demandas en las que se fija el derecho a la indemnización y su cuantía. El coste del informe pericial de tasación, en cambio, se anticipa según el derecho común.
- No confunda impugnar la cantidad con impugnar la expropiación. El terreno pasa al Estado en la fecha de la decisión de expropiación, y un pleito ganado sobre la cuantía no lo devuelve. Solo se discute cuánto vale.
- Compruebe cómo aparece usted en el anexo antes de reclamar el pago: nombre, apellidos, número catastral, número del registro de la propiedad, superficie. Este acto existe precisamente porque siete posiciones tenían una identificación distinta de la acogida por los tribunales.
- En las sucesiones, la referencia es otra. Para los herederos del expropiado, el plazo para acudir al tribunal corre desde la fecha de aceptación de la herencia, conforme al art. 22 apdo. (2) de la Ley n.º 255/2010.
- Si sigue usted el pago, pida al Ministerio de Energía la fecha de aprobación de la solicitud de apertura de créditos. Los 30 días en los que el dinero debe transferirse a la cuenta abierta a nombre de la sociedad empiezan a contar desde ese momento.
Preguntas frecuentes
¿Quién recibe los 65.559,96 lei?
¿Por qué paga el Estado más que en 2020?
¿Cuándo llega el dinero a la gente?
¿Entra la decisión en vigor tres días después de publicarse?
¿Qué pueden hacer los demás propietarios de la misma lista?
¿Se detiene la expropiación mientras dura el pleito?
¿Dónde se ve la cantidad correspondiente a cada terreno?
Análisis de la redacción
El acto es pequeño y está bien construido, y eso lo convierte en un buen ejemplar de estudio de un mecanismo que se repite cientos de veces al año: la expropiación se hace sobre una tasación administrativa, una parte de la gente la impugna y el presupuesto paga la diferencia unos años después. Lo que no se ve leyendo el acto de cabo a rabo son los intervalos. Desde la publicación de la Decisión del Gobierno n.º 1.121/2020, el 31 de diciembre de 2020, hasta la publicación de este acto, el 22 de septiembre de 2026, han pasado 68 meses. Entre la firmeza de la primera sentencia, la Sentencia n.º 146, el 4 de diciembre de 2025, y la consignación efectiva del dinero pasaron 9 meses y 18 días, es decir, 292 días. Para la segunda, firme el 14 de enero de 2026, el intervalo es de 8 meses y 8 días. El juicio en apelación duró menos que la gestión de su resultado: la Sentencia n.º 146 quedó firme 6 meses y 2 días después de dictarse.
La segunda observación sale de la aritmética del acto. El anexo recoge un total de 113.693,13 lei y el incremento es de 65.559,96 lei, luego la cantidad aprobada antes para esos mismos inmuebles era de 48.133,17 lei. La relación entre lo que paga el Estado ahora y lo que había ofrecido por la vía administrativa es de 2,36. En el conjunto de la obra, la proporción se ve de otra manera: los 65.559,96 lei representan el 0,91% de los 7.214.003 lei estimados en 2020 por el art. 4 de la Decisión del Gobierno n.º 1.121/2020. Pero el anexo n.º 2 no se quedó en aquel valor. Tras la última modificación anterior a este acto, hecha por la Decisión del Gobierno n.º 1.054/2025, publicada en el Boletín Oficial de Rumanía n.º 1128 de 8 de diciembre de 2025, el total general de la lista había llegado a 10.752.945,56 lei, un 49% por encima de la estimación inicial. La mina de Timișeni-Pinoasa ha recibido otros incrementos por la Decisión del Gobierno n.º 1.072/2024, por la Decisión del Gobierno n.º 456/2025 y por la Decisión del Gobierno n.º 581/2025, esta última con 3.088.752,10 lei. El acto de ahora es al menos la quinta ronda sobre la misma lista.
La tercera observación atañe a la asimetría de los plazos, que es la regla en este tipo de expedientes. Al propietario se le exige acudir al tribunal dentro del plazo general de prescripción, contado desde la notificación de la resolución que fija la indemnización, bajo sanción de caducidad. A la Administración se le exige transferir el dinero en un plazo máximo de 30 días desde la aprobación de la solicitud de apertura de créditos, es decir, desde un hecho que ella misma desencadena y que el acto no fecha. Un plazo se cuenta desde un hecho objetivo; el otro, desde un hecho interno. Sobre el papel, el segundo parece mucho más corto. En la práctica, puede empezar cuando sea.
La última observación es de comprobación y conviene decirla como tal. Si los valores nuevos del anexo se comparan con la versión consolidada del anexo n.º 2, tal como quedó tras la Decisión del Gobierno n.º 1.054/2025, la diferencia en las nueve líneas da 65.853,96 lei, 294,00 lei por encima de la cantidad incrementada por el art. I. Las cifras del interior del acto cuadran perfectamente, por líneas y por columnas, y el desfase aparece solo al comparar con la versión anterior de la lista, que no se reproduce en el acto. Por eso no lo tratamos como un error del texto publicado, sino como un argumento a favor de la primera de las propuestas que siguen.
Qué debería cambiar
- El anexo debería mostrar, en cada posición, la cantidad antigua y la nueva. Dos columnas más y una columna de diferencia harían comprobable el incremento del art. I sin necesidad de la versión consolidada de la lista, y el desfase de 294,00 lei señalado arriba se cerraría o se explicaría en el propio texto publicado.
- El acto debería nombrar al expropiante, no solo al pagador. En la versión publicada, la condición de expropiante solo se deduce de la decisión modificada. Una frase en el preámbulo que dijera que el expropiante es el Estado rumano, representado por el Ministerio de Energía, a través de la Sociedad Complexul Energetic Oltenia, ahorraría a cualquier lector una búsqueda en tres actos.
- La cantidad debería desglosarse por cada resolución judicial ejecutada. El preámbulo invoca dos sentencias y dos decisiones, y el art. I da una sola cifra. El desglose mostraría cuánto ha costado cada expediente y permitiría comparar la tasación administrativa con la judicial, expediente por expediente.
- El pago debería vincularse a un plazo que empiece en una fecha cierta. La fórmula de los 30 días desde la fecha de aprobación de la solicitud de apertura de créditos solo es comprobable si el acto impone también un plazo para presentar la solicitud, por ejemplo 15 días desde la entrada en vigor de la decisión.
- El Ministerio de Energía debería publicar un registro de los incrementos de cada obra. Para la mina de Timișeni-Pinoasa hay al menos cinco actos sucesivos que modifican la misma lista. Una tabla actualizada, con el total vigente y con el historial de modificaciones, haría innecesaria la reconstrucción a partir del Boletín Oficial de Rumanía (Monitorul Oficial) para quien quiera saber cuánto ha costado al final el corredor de expropiación.
- Las decisiones que ejecutan sentencias firmes deberían adoptarse con un calendario fijo. Un plazo de 90 días desde la firmeza de la resolución judicial recortaría a un tercio el intervalo de 292 días de este caso y daría a la Administración una referencia, en lugar de una práctica que varía de expediente en expediente.
Texto original del acto normativo
El texto que figura a continuación se reproduce en rumano, la forma oficial de publicación.
El texto íntegro, tal como se publicó en el Boletín Oficial de Rumanía
Boletín Oficial de Rumanía n.º 803 de 22 de septiembre de 2026 16 páginas PDF, 111 KB el acto comienza en la página 6
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Este artículo tiene carácter informativo y no constituye asesoramiento jurídico. Para situaciones concretas, consulta a un abogado o asesor fiscal autorizado.