Homicidio imprudente en el ejercicio de una profesión: la norma infringida puede venir de fuera de la ley

Si una persona muere por un acto de descuido cometido en el ejercicio de una profesión, de un oficio o de una actividad con reglas propias, la pena ya no es la del homicidio imprudente simple, de 1 a 5 años, sino de 2 a 7 años, y la norma que el autor no observó puede proceder de fuera de la ley. El Tribunal Constitucional desestimó por infundada la excepción planteada por Ruxandra Stănculescu en la causa penal en la que fue enviada a juicio por homicidio imprudente, y la Decisión n.º 199, de 5 de marzo de 2026, se publicó el 28 de octubre de 2026, fecha desde la que surte efectos. En la misma sesión, el 5 de marzo de 2026, el Tribunal dictó también la Decisión n.º 195/2026, por la que se negó a deshacer la lectura que había dado al abuso de funciones en la Decisión n.º 405, de 15 de junio de 2016, la misma decisión de 2016 que la autora de la presente excepción invocó para apoyar su crítica.

Se sometieron a examen dos textos, con la misma solución legislativa y la misma pena. El artículo 178, apartado 2, del Código Penal de 1969 disponía que «el homicidio imprudente cometido por inobservancia de las disposiciones legales o de las medidas de precaución para el ejercicio de una profesión o de un oficio, o para la realización de una actividad determinada, se castigará con prisión de 2 a 7 años». La primera frase del artículo 192, apartado 2, del Código Penal vigente dice, casi con las mismas palabras, lo mismo, con los mismos límites de pena, y añade una segunda frase: «cuando la infracción de las disposiciones legales o de las medidas de precaución constituya por sí misma un delito, se aplicarán las reglas del concurso de delitos». El propio Tribunal constata, en el apartado 17, que «el contenido de las normas de incriminación de las dos leyes penales sucesivas» es, en la práctica, idéntico.

El Código de 1969 entró en la discusión porque no ha desaparecido del todo. Fue derogado por el artículo 250 de la Ley n.º 187/2012, y el Código Penal vigente entró en vigor el 1 de febrero de 2014, conforme al artículo 246 de la misma ley. El Tribunal explica, en el apartado 13, que las disposiciones del código anterior «producen efectos jurídicos en la causa en la que se planteó la presente excepción de inconstitucionalidad, en cuanto a la determinación de la ley penal más favorable», y invoca su propia jurisprudencia, la Decisión n.º 766, de 15 de junio de 2011, según la cual el control se extiende también a los textos cuyos efectos continúan después de dejar de estar en vigor. De ahí se desprende, sin que la decisión lo diga, algo que el lector debe tener presente en todos los cálculos que siguen: el hecho por el que fue enviada a juicio la autora de la excepción es anterior al 1 de febrero de 2014, pues de lo contrario el artículo 5, apartado 1, del Código Penal, que exige que hayan intervenido una o varias leyes penales entre la comisión del delito y la sentencia firme, no tendría sobre qué operar.

La crítica se refería al origen de la regla, no a la claridad del texto. Según el apartado 3, el abogado de la autora demostró que, en el escrito de acusación redactado en la causa, el fiscal «se remitió a pasajes de una obra de especialidad, al dictamen de un perito y a una guía no publicada». El argumento va más lejos en el apartado 8: la distinción que los textos penales establecen entre disposiciones legales y medidas de precaución «confiere a personas jurídicas de derecho público distintas del Parlamento, e incluso a personas físicas y jurídicas de derecho privado, la condición de legislador», cuando el artículo 61, apartado 1, de la Constitución hace del Parlamento la única autoridad legislativa, y el artículo 115 otorga al Gobierno un poder normativo equivalente al de una ley solo mediante delegación legislativa. La autora invocó además la contradicción con el artículo 1, el artículo 17, letra a), y el artículo 173 del Código Penal, y con los artículos 2 y 141 del código anterior: el artículo 173 define la ley penal como «toda disposición de carácter penal contenida en leyes orgánicas, ordenanzas de urgencia u otros actos normativos que, en la fecha de su adopción, tenían fuerza de ley», mientras que el artículo 17, letra a), vincula la comisión por omisión a la existencia de «una obligación legal o contractual de actuar».

La segunda vertiente de la crítica se refería a la persona que responde. La excepción se construye por entero sobre la situación del médico: la forma en que está regulada la materia «crea una expectativa de responsabilidad penal para el médico por cualquier resultado de su trabajo que no sea positivo», y el órgano judicial «puede apoyarse en una disposición marginal sobre el ejercicio de esta profesión, contenida en diversos documentos no publicados o en diversas obras que el médico no ha leído». Eso es también lo que explica la petición de una graduación de la gravedad de la infracción, que permitiera una defensa y una conducta meditada. Los fundamentos constitucionales que el Tribunal recoge en el apartado 14 son cinco: el artículo 1, apartado 5, el artículo 23, apartado 12, el artículo 61, apartado 1, el artículo 73, apartado 3, letra h), y el artículo 115, más el artículo 7, apartado 1, del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, a través del artículo 20, apartado 1, de la Constitución.

La respuesta del Tribunal descansa en tres decisiones propias y en una idea de técnica legislativa. Los mismos textos ya habían sido examinados, «desde una perspectiva similar», en la Decisión n.º 772, de 15 de diciembre de 2016, la Decisión n.º 499, de 17 de julio de 2018, y la Decisión n.º 404, de 4 de julio de 2023, a las que se suma la Decisión n.º 204, de 7 de abril de 2022, citada por el mismo razonamiento. El núcleo está en el apartado 22: la forma agravada «no permite una enumeración exhaustiva de las medidas de precaución» y, «siendo la interpretación obra de los órganos judiciales», el principio de legalidad exige textos suficientemente claros y precisos, «sin exigir, no obstante, el recurso a listas exhaustivas». El Tribunal considera entonces que los dos textos tienen «una redacción clara y previsible, también para las personas que carecen de formación jurídica» y que, por tanto, no vulneran ni el artículo 1, apartado 5, ni el artículo 23, apartado 12, ni el artículo 7 del Convenio. El principio invocado por la autora, nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege, es decir, no hay delito ni pena sin ley, se examina en la forma que le ha dado la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y esa jurisprudencia exige expresamente un esfuerzo propio del profesional: según el apartado 24, de los profesionales «se espera que presten una atención especial a la evaluación de los riesgos» que entraña su profesión.

Lo más útil de la decisión en la práctica son las tres condiciones que el apartado 18 enumera como requisitos acumulativos de la forma agravada. Primero, el autor del hecho debe ser un profesional o un artesano, o debe realizar una actividad determinada. Segundo, deben existir disposiciones legales o medidas de precaución para el ejercicio de esa profesión, oficio o actividad. Tercero, el hecho debe ser consecuencia de la inobservancia de esas mismas disposiciones o medidas. Si falta una, queda el tipo básico, con una pena de 1 a 5 años. Y el apartado 19 añade un criterio que trastoca la intuición común: los textos «se refieren a la naturaleza de la actividad en cuyo marco se comete el hecho, y no a la ocupación del autor como tal». El profesional que comete un homicidio imprudente fuera de su propia profesión responde por el tipo básico, mientras que quien no tiene profesión alguna pero «opera en un sector concreto de actividad» responde por la forma agravada. El ámbito de la imprudencia profesional, dice el apartado 20, abarca «cualquier campo de actividad en el que una persona se implica y que se caracteriza por un cierto cuerpo de conocimientos».

Lo que no se encuentra en la decisión es una respuesta al centro de la crítica. De los tres fundamentos que la autora agrupó en torno a la delegación legislativa, solo uno recibe una solución nominal: en el apartado 26, el Tribunal constata que las disposiciones del artículo 115 «no tienen incidencia en el asunto sometido a control de constitucionalidad», con remisión mutatis mutandis, es decir, con las adaptaciones que exija cada caso, a dos decisiones anteriores. En cambio, el artículo 61, apartado 1, el papel del Parlamento como única autoridad legislativa, y el artículo 73, apartado 3, letra h), las categorías de leyes, figuran en la lista del apartado 14 y no vuelven ni en el razonamiento ni en el fallo, que declara los textos constitucionales «en relación con las críticas formuladas». El apartado 25 cierra el examen con la fórmula habitual: no han intervenido elementos nuevos, de modo que la solución y los fundamentos de las decisiones anteriores conservan su validez.

Nadie remitió un punto de vista. El artículo 30, apartado 1, de la Ley n.º 47/1992 exige que el auto de remisión se comunique a los presidentes de las dos Cámaras del Parlamento, al Gobierno y al Defensor del Pueblo, «indicando la fecha hasta la cual pueden remitir su punto de vista», y el apartado 11 recoge que ninguno de ellos comunicó nada. El Juzgado de Primera Instancia del sector 2 de Bucarest, el órgano que sometió la cuestión al Tribunal Constitucional, había considerado infundada la excepción, con invocación de la Decisión n.º 499, de 17 de julio de 2018. La única posición expresada al margen de la defensa fue la del Ministerio Público, que pidió la desestimación y sostuvo que las críticas se dirigen en realidad contra la manera en que el fiscal aplicó los textos, no contra los textos mismos.

Los efectos que produce

El primer efecto recae sobre el expediente del que todo partió. La causa penal lleva el número 24.280/300/2020 y está pendiente ante el Juzgado de Primera Instancia del sector 2 de Bucarest, y la excepción se remitió al Tribunal Constitucional mediante auto de 11 de febrero de 2022. Desde ese auto hasta que se dictó la decisión pasaron 1.483 días, y hasta su publicación 1.720, es decir, 4 años, 8 meses y 17 días. El expediente del Tribunal, n.º 392D/2022, queda cerrado, y el juicio sobre el fondo se reanuda con el argumento constitucional agotado: el juzgado aplicará los textos tal como están, con la interpretación que los órganos judiciales han dado a las medidas de precaución invocadas en el escrito de acusación.

El segundo efecto afecta a cualquier causa pendiente ante un juzgado por el mismo cargo. Desde el 28 de octubre de 2026, una defensa construida sobre la vaguedad de la expresión «medidas de precaución» se encuentra con cinco decisiones desestimatorias en contra, de 2016, 2018, 2022, 2023 y 2026. Lo que sigue siendo aprovechable es la lista del apartado 18, porque ahí se juega la diferencia entre 1 a 5 años y 2 a 7 años: si no se prueba que existía una disposición legal o una medida de precaución para la actividad de que se trate, o que la muerte fue consecuencia de la inobservancia de esa misma regla, no puede mantenerse la forma agravada.

Para los hechos cometidos bajo el código antiguo, la decisión confirma que ambos textos entran en la comparación de la ley penal más favorable, y la comparación, en cuanto a los límites de pena de la forma agravada, no arroja diferencia alguna: de 2 a 7 años en el artículo 178, apartado 2, del Código de 1969 y de 2 a 7 años en el artículo 192, apartado 2, del código vigente. La diferencia aparece en un solo punto, y ahí favorece al código antiguo. Si el hecho causó la muerte de dos o más personas, el artículo 178, apartado 5, del Código de 1969 preveía que «al máximo de las penas previstas en los apartados anteriores puede añadirse un incremento de hasta 3 años», de modo que la horquilla pasaba a ser, como máximo, de 2 a 10 años, y el incremento era facultativo. El artículo 192, apartado 3, del código vigente eleva ambos límites en una mitad, de modo que la horquilla pasa a ser de 3 años a 10 años y 6 meses, y el aumento no es facultativo. En el límite inferior la diferencia es de un año completo, y en el superior de seis meses.

Un tercer efecto, que la decisión no nombra, es el que recae sobre el tiempo que queda en la causa. La pena máxima es de 7 años, de modo que el plazo de prescripción de la responsabilidad penal es de 8 años, conforme al artículo 154, apartado 1, letra c), del Código Penal, con exactamente el mismo valor en el artículo 122, apartado 1, letra c), del código anterior. El límite más allá del cual ninguna interrupción cuenta ya es el doble, 16 años, porque tanto el artículo 155, apartado 4, del código vigente como el artículo 124 del de 1969 exigen que el plazo se «sobrepase en otra mitad». Para un hecho cometido a más tardar el 31 de enero de 2014, último día en que estuvo en vigor el Código de 1969, ese límite cae como muy tarde el 31 de enero de 2030. En la fecha en que se publicó la decisión ya habían transcurrido 4.653 de los 5.844 días de esa ventana, es decir, el 79,6 %, y quedaban 1.191 días, algo más de tres años.

El cuarto efecto es de calendario y se aprecia al ponerlo junto a un plazo escrito en la ley. El plazo está escrito en la ley: el artículo 60, apartado 1, de la Ley n.º 47/1992 dispone, tras establecer quién redacta la decisión, que «el plazo de redacción es de 30 días como máximo desde que se dicta». Entre la fecha en que se dictó, el 5 de marzo de 2026, y la de la publicación, el 28 de octubre de 2026, pasaron 237 días, es decir, 7,9 veces el plazo legal, con un exceso de 207 días. La comparación más exacta procede de la misma sesión: la Decisión n.º 195, dictada el mismo día, se publicó el 30 de septiembre de 2026, a los 209 días, 28 días antes y 71 números del Boletín Oficial de Rumanía (Monitorul Oficial) por delante. Ninguna cupo en los 30 días.

Qué ha cambiado respecto de la situación anterior

En el fondo, nada ha cambiado, y esa es la noticia. Los dos textos siguen en la forma en que se publicaron, la forma agravada del homicidio imprudente sigue castigándose con prisión de 2 a 7 años, y el contenido de las medidas de precaución sigue por fijar, en cada caso, por los órganos judiciales. Lo que cambió el 28 de octubre de 2026 es la posición de la crítica: hasta esa fecha, un acusado podía pedir al juzgado que remitiera al Tribunal Constitucional la inconstitucionalidad del texto y podía esperar un pronunciamiento favorable. Ahora tiene una respuesta más en contra, que fiscalías y juzgados invocarán directamente.

El recuento de desestimaciones sobre la misma cuestión llega a cinco. La Decisión n.º 772, de 15 de diciembre de 2016, se publicó en el Boletín Oficial de Rumanía, Parte I, n.º 315 de 3 de mayo de 2017, la Decisión n.º 499, de 17 de julio de 2018, en el n.º 966 de 15 de noviembre de 2018, la Decisión n.º 204, de 7 de abril de 2022, en el n.º 821 de 19 de agosto de 2022, la Decisión n.º 404, de 4 de julio de 2023, en el n.º 1046 de 17 de noviembre de 2023, y la presente en el n.º 899 de 28 de octubre de 2026. El razonamiento en que todas se apoyan es el de la decisión de 2018, reproducido en bloque en los apartados 16 a 24, mientras que el apartado 25 se limita a constatar que no han intervenido elementos nuevos.

Sin embargo, algo sí cambió alrededor del texto, sin que la decisión lo diga. El Código Penal vigente escribió expresamente la regla del concurso de delitos en la segunda frase del artículo 192, apartado 2, que el Código de 1969 no tenía. El apartado 17 señala que la solución «fue adoptada por la práctica judicial también bajo la legislación anterior, aunque no estuviera prevista expresamente». Dicho de otro modo, en este punto el nuevo código no endureció el régimen, sino que se limitó a ponerlo por escrito. La diferencia real entre los dos códigos sigue siendo la de las víctimas múltiples, explicada más arriba, en la que el código antiguo es el más benigno.

Para la autora de la excepción ha cambiado también lo que aún puede esperar del control de constitucionalidad. Una decisión desestimatoria no abre ninguna vía extraordinaria: el artículo 453, apartado 1, letra f), del Código de Procedimiento Penal permite la revisión solo cuando la sentencia «se fundó en una disposición legal que, después de adquirir firmeza la sentencia, fue declarada inconstitucional como consecuencia de la estimación de una excepción de inconstitucionalidad planteada en esa misma causa». Aquí la excepción fue desestimada, de modo que la condición no puede cumplirse nunca, en ningún expediente, sobre la base de esta decisión.

Un detalle sobre la composición del pleno merece señalarse, porque no se repite en todas las decisiones. Según el artículo 142, apartado 2, de la Constitución, el Tribunal se compone de nueve jueces, y el encabezamiento de la decisión enumera siete, el presidente y seis jueces. El artículo 51, apartado 1, de la Ley n.º 47/1992 exige la presencia de dos tercios del número de jueces, es decir, seis, y una decisión del Pleno «por el voto de la mayoría de los jueces del Tribunal», es decir, cinco. Los siete votos unánimes superan ambos umbrales, y la unanimidad distingue esta decisión de la publicada un año antes sobre una cuestión conexa, que se adoptó por mayoría.

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