En resumen
- Dos propietarios de inmuebles del corredor de expropiación del Aeropuerto Internacional Henri Coandă han ganado ante los tribunales, y el Estado les paga otros 1.620.860,15 lei. Se trata de un terreno con construcciones de Otopeni y de una tierra de labor de Tunari, ambos en la provincia de Ilfov, incluidos en la lista de expropiación ya en noviembre de 2019. El dinero sale del presupuesto del Estado, a través del presupuesto del Ministerio de Transportes e Infraestructuras.
- Para los dos inmuebles, la indemnización se duplica. La lista de 2019 los recogía juntos con 1.423.117,87 lei, y tras las resoluciones judiciales firmes llegan a 3.043.937,60 lei, es decir, 2,14 veces más. En el terreno de Tunari, el precio pagado por metro cuadrado sube de 40,43 lei a 96,02 lei.
- En la misma edición del Boletín Oficial de Rumanía aparece una segunda decisión, con título idéntico. La Decisión del Gobierno n.º 747/2026, impresa justo después de esta, incrementa también las indemnizaciones del mismo aeropuerto, con 1.672.053,47 lei, pero para otras cuatro posiciones de la lista y al amparo de otros cuatro pleitos. Lo único que las dos decisiones tienen en común es el título.
Publicado: Boletín Oficial de Rumanía (Monitorul Oficial) n.º 805 de 23 de septiembre de 2026
Entrada en vigor: 23 de septiembre de 2026, fecha de publicación, con arreglo al art. 12 apdo. (3) de la Ley n.º 24/2000, porque el acto no prevé una fecha posterior
La Decisión del Gobierno n.º 745/2026 repite, en Otopeni, el mecanismo descrito un día antes en una mina de lignito de Gorj, donde los propietarios ganaron ante los tribunales y el Estado pagó otros 65.560 lei. La diferencia de dinero se apoya en dos resoluciones judiciales firmes, no en una nueva tasación de la administración. El Gobierno no recalcula nada: toma las cifras de los expedientes y las pone en pago.
El acto tiene cuatro artículos y un anexo. El art. I aprueba el incremento en 1.620.860,15 lei de la cantidad aprobada en 2019 como justa indemnización por el corredor de expropiación del programa de desarrollo de la infraestructura aeroportuaria de Henri Coandă. El art. II modifica dos posiciones del anexo n.º 2 de la Decisión del Gobierno n.º 799/2019, las posiciones de orden 11 y 459. El art. III dice de dónde viene el dinero y por qué camino llega a la gente, y el art. IV pone la responsabilidad por la exactitud de los datos a cargo del Ministerio de Transportes e Infraestructuras, a través de la Compañía Nacional «Aeroporturi București» S.A.
Los dos pleitos están nombrados en el preámbulo. El primero es el expediente n.º 1.017/93/2022, en el que el Tribunal de Ilfov dictó la Sentencia civil n.º 1.656/F de 13 de junio de 2025, firme por la Decisión civil n.º 960 de 3 de diciembre de 2025 del Tribunal de Apelación de Bucarest. El segundo es el expediente n.º 777/93/2022, con la Sentencia civil n.º 89 de 17 de enero de 2025 del Tribunal de Ilfov, firme por la Decisión civil n.º 18A de 14 de enero de 2026, también del Tribunal de Apelación de Bucarest. Qué resolución corresponde a qué inmueble, el acto no lo dice, y del texto no se puede deducir.
Aquí aparece la confusión que el lector tiene que evitar. En la edición de 23 de septiembre de 2026 del Boletín Oficial de Rumanía, en las páginas 5 y 6, justo después de esta decisión, aparece la Decisión del Gobierno n.º 747/2026, con exactamente el mismo título y el mismo objeto. Incrementa también las indemnizaciones de Henri Coandă, también al amparo de la Decisión del Gobierno n.º 799/2019, pero con 1.672.053,47 lei, para las posiciones 238, 306, 624 y 635 de la misma lista, y se funda en otras cuatro resoluciones judiciales: las sentencias n.º 963/F de 13 de mayo de 2024, n.º 2.054/F y n.º 2.057/F de 14 de octubre de 2024 y n.º 1.544/F de 28 de mayo de 2025. Tampoco los números de expediente coinciden. Son dos actos distintos, adoptados en el mismo consejo de ministros, el de 18 de septiembre de 2026, y publicados el mismo día.
Los efectos que produce
El primer efecto es estrictamente patrimonial y afecta a dos personas. En la posición n.º 11 del anexo n.º 2 figura Aminaei Adina Elena, con un inmueble de la ciudad de Otopeni, categoría de uso patios y construcciones, superficie total de 1.020 metros cuadrados, número catastral 960, registro de la propiedad 103434, polígono 22, parcela 800,797/1. En la posición n.º 459 figura la sociedad International Import Export Comp S.R.L., con una tierra de labor de 21.525 metros cuadrados del municipio de Tunari, número catastral y registro de la propiedad 52279, polígono 14, parcelas 44/5, 44/6 y 44/7. Ambos están en casco urbano y ambos se expropiaron por entero.
El segundo efecto es el tamaño del salto. Para el terreno de Tunari, la posición n.º 459, la lista de 2019 preveía 870.179,90 lei, y el nuevo importe es de 2.066.852 lei, es decir, 2,38 veces más. Referido a la superficie, el precio pasa de 40,43 lei por metro cuadrado a 96,02 lei por metro cuadrado. Para el inmueble de Otopeni, la posición n.º 11, donde la indemnización se desglosa en terreno, valla y construcciones, el total sube de 552.937,97 lei a 977.085,60 lei, un 76,7% más. Las dos posiciones tomadas juntas pasan de 1.423.117,87 lei a 3.043.937,60 lei.
El tercer efecto solo se ve si se leen las filas del interior de la posición n.º 11. El terreno sube de 228,48 lei por metro cuadrado a 372,12 lei. La construcción de 140 metros cuadrados sube poco, de 1.953,71 lei por metro cuadrado a 2.027,74 lei. En cambio, las dos construcciones pequeñas, de 47 y de 17 metros cuadrados, estaban valoradas en 2019 en 237,80 lei por metro cuadrado cada una, y ahora se valoran en 2.868,96 lei y 2.856,64 lei por metro cuadrado, es decir, unas doce veces más. La valla hace el camino inverso: sus 137,66 metros lineales valían 31.152 lei en 2019 y valen 27.432,40 lei ahora. El tribunal ha recompuesto la tasación elemento por elemento, en lugar de indexar una cantidad.
El cuarto efecto tiene que ver con el dinero y con el calendario. El incremento se asigna con cargo al presupuesto del Estado, a través del presupuesto del Ministerio de Transportes e Infraestructuras, con arreglo a la Ley de presupuestos del Estado para 2026 n.º 43/2026, en el capítulo 84.01 «Transportes», título 55 «Otras transferencias», artículo 55.01 «Transferencias internas», apartado 55.01.12 «Inversiones de los agentes económicos con capital estatal». El ministerio lo transfiere a una cuenta de tesorería abierta a nombre de la Compañía Nacional «Aeroporturi București» S.A., en un máximo de 30 días desde la aprobación de la solicitud de apertura de crédito presupuestario, y desde allí la cantidad queda a disposición de los propietarios. Para ese plazo, el acto remite al art. 4 apdo. (8) de las normas de aplicación de la Ley n.º 255/2010, aprobadas mediante la Decisión del Gobierno n.º 53/2011.
El quinto efecto es de registro. El anexo n.º 2 de la Decisión del Gobierno n.º 799/2019, la lista de más de 600 posiciones sobre la que se sostiene toda la expropiación de Otopeni y Tunari, se modifica en dos filas. Desde el 7 de noviembre de 2019, cuando se publicó, hasta el 23 de septiembre de 2026 la lista no se había tocado nunca, y ahora se modifica dos veces el mismo día, mediante esta decisión y mediante la vecina.
Qué ha cambiado respecto de la situación anterior
Hasta el 23 de septiembre de 2026, las posiciones 11 y 459 de la lista llevaban las cantidades fijadas administrativamente en 2019. Eran, en el lenguaje de la Ley n.º 255/2010, cantidades individuales estimadas por el expropiante, es decir, ofertas hechas a partir de una tasación encargada por quien toma el terreno. Desde el 23 de septiembre de 2026 llevan las cantidades fijadas por los tribunales. La diferencia está en el autor de la cifra: la misma casilla de la misma tabla lleva ahora la cantidad que fijó el juez.
Ha cambiado también la estructura de una posición. En la lista de 2019, la posición n.º 11 tenía cinco filas de valor: el terreno, la valla y tres construcciones, de 140, 47 y 17 metros cuadrados. En la forma aprobada ahora tiene seis filas, porque aparece una construcción de 500 metros cuadrados, valorada en 102.805,15 lei. La superficie de construcciones expropiada en ese inmueble crece así de 204 a 704 metros cuadrados. Es una modificación de lo que se toma, no solo de lo que se paga, y volvemos sobre ella más abajo.
Ha cambiado, en tercer lugar, el ritmo con el que se toca la lista. En 2020, mediante la Decisión del Gobierno n.º 580/2020, se había modificado solo el art. 3 de la decisión, el que fija el valor total estimado de las indemnizaciones en 358.212 miles de lei, sin tocar la tabla. En 2026, en cambio, la lista se ha abierto cuatro veces. La Decisión del Gobierno n.º 469/2026, publicada el 24 de junio de 2026, trajo un incremento de 1.235.077,04 lei. Al día siguiente, mediante la Decisión del Gobierno n.º 487/2026, publicada el 25 de junio de 2026, la posición n.º 53 se eliminó de la lista, por haberse identificado el inmueble como propiedad pública, y las cantidades que quedaron disponibles se mandaron devolver al presupuesto del Estado, en 90 días. Y el 23 de septiembre de 2026 llegan las decisiones n.º 745 y n.º 747.
Sumados, los tres incrementos de 2026 son 4.527.990,66 lei, es decir, el 1,26% del valor total estimado en 2019 para todo el corredor. La proporción es pequeña en el conjunto, pero es grande en cada expediente: en las seis posiciones tocadas en 2026, el Estado paga el doble de lo que había ofrecido.
Ventajas y desventajas
Lo que mejora
- Los dos propietarios reciben íntegramente lo que ganaron ante los tribunales, sin necesidad de ejecución forzosa contra el Estado.
- La decisión nombra la fuente presupuestaria hasta el nivel de apartado, así que el pago tiene un título presupuestario identificable, no solo una promesa.
- El anexo reproduce todos los elementos de identificación de los inmuebles, incluidos los números catastrales y los del registro de la propiedad, así que la fila modificada se puede superponer a la lista de 2019 sin ambigüedad.
- La transferencia tiene un plazo corto, de 30 días, y el dinero va a una cuenta de tesorería abierta a nombre de la compañía que gestiona el aeropuerto, no a una cuenta propia del ministerio.
- El acto encaja en la práctica establecida por la ley: el art. 8 apdo. (3) de la Ley n.º 255/2010 permite expresamente incrementar las cantidades mediante decisión del Gobierno, y el art. 32 apdo. (3) exige que la lista se rectifique siempre que sea necesario.
Lo que sigue siendo un problema
- El acto no ata ningún expediente a ningún inmueble. Hay dos propietarios y dos pleitos, y el lector no puede decir qué cantidad viene de qué resolución judicial.
- El anexo da solo el valor nuevo, no el antiguo, así que el incremento del art. I no se puede comprobar si no se tiene delante la edición de 2019 del Boletín Oficial de Rumanía.
- El plazo de 30 días corre desde la aprobación de la solicitud de apertura de crédito presupuestario, un hecho que desencadena la propia administración y que el acto no fecha.
- Dos decisiones con título idéntico, publicadas en la misma edición, se citan con dificultad y se confunden con facilidad, sobre todo en actos posteriores que remiten a ellas.
- Entre la firmeza de las resoluciones judiciales y la publicación de este acto han pasado 294 días y 252 días, respectivamente, sin que ningún plazo legal obligue a la administración a menos.
Consejos prácticos
- Si usted es propietario en una de las dos posiciones, pida por escrito a la Compañía Nacional «Aeroporturi București» S.A. la fecha en que se aprobó la solicitud de apertura de crédito presupuestario. Desde esa fecha corren los 30 días, y sin ella el plazo no se puede contar.
- Compruebe si la resolución judicial de su expediente le concedió también intereses. El Alto Tribunal de Casación y Justicia (ÎCCJ) estableció, mediante la Decisión n.º 31/2020 dictada en un recurso en interés de la ley, que los intereses de demora no se conceden por el periodo que va desde la transmisión del derecho de propiedad hasta el final del juicio, pero sí por el periodo posterior. Los 294 días y los 252 días transcurridos desde la firmeza de las resoluciones hasta la publicación de este acto son, desde ese punto de vista, un periodo posterior.
- Si usted figura en la misma lista, pero en otra posición, y considera que la cantidad de 2019 es pequeña, la vía es el art. 22 de la Ley n.º 255/2010: demanda ante el tribunal de derecho común, dentro del plazo general de prescripción, contado desde la comunicación de la resolución que fija la indemnización. La demanda está exenta de tasa judicial, con arreglo al art. 23 apdo. (1) de esa misma ley.
- No espere que el pleito detenga la obra. El art. 22 apdo. (8) de la Ley n.º 255/2010 dice que ni el procedimiento de expropiación ni el proyecto pueden suspenderse a petición de quien invoque litigios sobre la posesión o la propiedad del inmueble. El recurso versa únicamente sobre la cantidad.
- Prepare con tiempo las pruebas de las construcciones, no solo las del terreno. En el caso del inmueble de Otopeni, los mayores aumentos porcentuales llegaron en las construcciones pequeñas, tasadas administrativamente a un precio unas doce veces inferior al que se acabó reteniendo.
- Cuando cite esta decisión en un acto, en una demanda o en un escrito, ponga el número, no el título. Las decisiones n.º 745/2026 y n.º 747/2026 tienen títulos idénticos y aparecen en la misma edición del Boletín Oficial de Rumanía, en las páginas 4 y 5, y 5 y 6, respectivamente.
Preguntas frecuentes
¿Quién recibe los 1.620.860,15 lei?
¿Por qué fija la indemnización el tribunal y no el expropiante?
¿Cuánto suben las cantidades respecto de la lista de 2019?
¿Cuánto duraron los pleitos?
¿De dónde viene el dinero?
¿En qué se diferencia de la Decisión del Gobierno n.º 747/2026?
¿La decisión entra en vigor a los tres días de publicarse?
¿Qué pasa con el resto de la lista de expropiación?
Errores e incoherencias en el texto publicado
- El art. II describe una modificación más estrecha que la que opera el anexo. El texto del art. II dice que las posiciones de orden 11 y 459 «se modifică în sensul actualizării sumei individuale aferente despăgubirii», es decir, se modifican en el sentido de actualizar la cantidad individual correspondiente a la indemnización, así que solo la cantidad. El título del anexo del mismo acto dice, en cambio, otra cosa: la lista comprende los inmuebles «pentru care se modifică elementele de identificare a imobilelor, a titularilor de drepturi reale și a sumelor individuale aferente despăgubirilor», es decir, aquellos en los que se modifican los elementos de identificación de los inmuebles, de los titulares de derechos reales y de las cantidades individuales correspondientes a las indemnizaciones. Y el anexo hace justo eso: en la posición n.º 11 aparece una fila nueva, una construcción de 500 metros cuadrados valorada en 102.805,15 lei, que no existe en el anexo n.º 2 de la Decisión del Gobierno n.º 799/2019, publicada en el Boletín Oficial de Rumanía n.º 899 de 7 de noviembre de 2019, donde la posición tiene cinco filas de valor, no seis. La superficie de construcciones expropiada en ese inmueble crece así de 204 a 704 metros cuadrados. Un lector de buena fe puede concluir o bien que se toma también la construcción de 500 metros cuadrados, porque el anexo forma parte integrante de la decisión, o bien que no, porque el art. II limita la modificación a la cantidad. De esa diferencia de lectura dependen 102.805,15 lei, es decir, el 6,34% del incremento aprobado. Que la fórmula correcta estaba a mano se ve en la decisión vecina, la n.º 747/2026, publicada en la misma edición, cuyo art. II escribe «în sensul actualizării elementelor de identificare a imobilelor, a titularilor de drepturi reale și a sumelor individuale aferente despăgubirilor», es decir, en el sentido de actualizar los elementos de identificación de los inmuebles, de los titulares de derechos reales y de las cantidades individuales correspondientes a las indemnizaciones.
Análisis de la redacción
El acto es, por su tipo, un recibo: el Estado confirma que ha perdido dos pleitos y paga. Su cometido es dar forma presupuestaria a una decisión tomada en otro sitio. Precisamente por eso merece leerse por el mecanismo que deja a la vista, más que por lo que dice de sí mismo.
La primera observación que no se ve leyendo el acto de cabo a rabo es la aritmética. Sumando las dos posiciones del anexo resultan 3.043.937,60 lei, y esas mismas posiciones sumaban en la lista publicada en 2019 un total de 1.423.117,87 lei. La diferencia es de 1.620.819,73 lei, mientras que el art. I asigna 1.620.860,15 lei. Quedan 40,42 lei que el texto publicado no explica. La cantidad es insignificante como dinero y no hace nada imposible, porque la asignación cubre de sobra el aumento, y por eso no la hemos llevado a los errores. Pero es sintomática de cómo está construido el anexo: sin la columna del valor antiguo, nadie puede comprobar el art. I sin sacar del archivo la edición de 2019 del Boletín Oficial de Rumanía. Por casualidad o no, esos 40,42 lei son aproximadamente lo que valía en 2019 un solo metro cuadrado en la posición n.º 459, donde el precio unitario era de 40,43 lei por metro cuadrado.
La segunda observación se refiere a la composición de la tasación, más allá de su tamaño. El tribunal no ha subido proporcionalmente todas las filas de la posición n.º 11. El terreno se encarece un 63%, la construcción grande un 3,8%, la valla baja un 11,9%, y las dos construcciones pequeñas suben más de doce veces, de 237,80 lei por metro cuadrado a casi 2.870 lei. Un patrón así dice algo de la tasación administrativa de 2019: donde se equivocó, se equivocó muchísimo en unos pocos elementos, en lugar de equivocarse poco en todos. Las construcciones pequeñas parecen haber sido valoradas como dependencias auxiliares, y el peritaje judicial las ha recolocado al nivel de construcciones normales. Para quien todavía tenga un expediente en curso, esa es la información práctica: las grandes diferencias se esconden en las filas pequeñas.
La tercera observación se refiere al tiempo. Ninguna fecha del acto muestra cuánto duró el camino, pero las del preámbulo permiten el cálculo. Los dos expedientes se registraron en 2022. En uno de ellos, solo la apelación duró 362 días. Una vez firmes, las resoluciones esperaron todavía 294 días y 252 días hasta llegar al Boletín Oficial de Rumanía. Dicho de otro modo, poner en pago una resolución firme ha durado casi lo mismo que juzgar la apelación. Entre la publicación de la lista inicial, el 7 de noviembre de 2019, y el 23 de septiembre de 2026 han pasado 2.512 días, casi siete años, y el aeropuerto no se ha detenido ni un día por este motivo, porque la ley no lo permite.
La cuarta observación tiene que ver con la publicación. Dos decisiones con título idéntico, adoptadas el mismo día y publicadas en la misma edición, una detrás de otra, plantean un problema de archivo, no de fondo. Quien las cite dentro de cinco años escribirá el título y se equivocará la mitad de las veces. La edición contiene, por lo demás, una tercera decisión de expropiación, la n.º 732/2026, para la vía rápida Arad-Oradea. Si el Gobierno adopta en el mismo consejo varias decisiones que ejecutan resoluciones judiciales sobre el mismo proyecto, pueden refundirse en un solo acto, con un anexo único, o pueden recibir títulos que las distingan.
Qué debería cambiar
- El anexo debería tener una columna con la cantidad antigua y otra con la diferencia. Con ellas, el incremento del art. I se comprobaría en el propio texto publicado, y los 40,42 lei sin aclarar se cerrarían o se explicarían allí mismo, sin búsquedas en la edición de 2019.
- Cada posición debería ir ligada al expediente del que procede. El acto invoca dos resoluciones judiciales y modifica dos posiciones, pero no dice cuál con cuál. Una columna con el número de expediente haría posible comparar la tasación administrativa con la judicial, caso por caso, y mostraría cuánto ha costado cada pleito perdido.
- El art. II debería describir exactamente lo que hace el anexo. La redacción tiene que cubrir también la modificación de los elementos de identificación, no solo la de la cantidad, tal como lo hace la decisión vecina de la misma edición. De lo contrario, la fila nueva de la posición n.º 11 se queda sin cobertura en la parte dispositiva.
- El plazo de pago debería arrancar en una fecha cierta. Los 30 días desde la aprobación de la solicitud de apertura de crédito presupuestario solo son comprobables si el acto impone además un plazo para presentar la solicitud, por ejemplo 15 días desde la entrada en vigor de la decisión.
- La ejecución de las resoluciones firmes debería tener un plazo propio. Un plazo de 90 días desde la fecha de firmeza reduciría los 294 días de este caso a menos de un tercio y sustituiría por una regla una práctica que varía de expediente a expediente.
- La Compañía Nacional «Aeroporturi București» S.A. debería publicar el registro actualizado de la lista de expropiación. La lista tiene más de 600 posiciones y se ha modificado cuatro veces solo en 2026. Una tabla pública, con el valor vigente de cada posición y con el acto que la modificó, ahorraría a cualquiera la reconstrucción a partir del Boletín Oficial de Rumanía y mostraría, por fin, cuánto cuesta en total el corredor de expropiación del aeropuerto.
Texto original del acto normativo
El texto que figura a continuación se reproduce en rumano, la forma oficial de publicación.
El texto íntegro, tal como se publicó en el Boletín Oficial de Rumanía
Boletín Oficial de Rumanía n.º 805 de 23 de septiembre de 2026 16 páginas PDF, 104 KB el acto comienza en la página 4
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Este artículo tiene carácter informativo y no constituye asesoramiento jurídico. Para situaciones concretas, consulta a un abogado o asesor fiscal autorizado.