En resumen
- El Tribunal Constitucional desestimó por infundada la excepción de un conductor que sostenía que el precepto del código de circulación sobre la incomparecencia ante una citación de la policía de tráfico es demasiado vago y propicia abusos.
- El texto sigue vigente: el artículo 102, apartado (1), punto 25, de la Ordenanza de urgencia n.º 195/2002 sanciona la incomparecencia injustificada dentro del plazo fijado ante la unidad de policía de tráfico a la que se le citó, con la multa de la clase IV de sanciones.
- El Tribunal declaró que el agente puede valorar si los motivos de la ausencia están justificados y que la ley no tiene que fijar un plazo mínimo, pues la identidad de los implicados en hechos de tráfico debe establecerse con rapidez. Decisión adoptada por unanimidad.
Publicado: Boletín Oficial n.º 659 del 10 de agosto de 2026
Entra en vigor: 10 de agosto de 2026
Recibe una citación para presentarse en la policía de tráfico dentro de cierto plazo. Si no acude y el agente considera que no tenía un motivo válido, le multan. Un conductor de Mehedinti sostuvo que ese texto otorga al agente demasiado poder, ya que fija tanto el plazo como el valor de su excusa. El Tribunal Constitucional le respondió que confundía el margen de apreciación con la oscuridad de la ley. La Decisión n.º 170 del 26 de febrero de 2026 se publicó en el Boletín Oficial el 10 de agosto de 2026, en la misma tanda que aquella en la que el Tribunal avaló el plazo de 30 días para la reclamación sobre información pública. Ambas apuntan en la misma dirección: el procedimiento no es una traba al derecho.
El texto impugnado es breve y bien conocido por quien ha tenido un expediente de tráfico. Según el artículo 102, apartado (1), punto 25, de la Ordenanza de urgencia n.º 195/2002, constituye infracción sancionada con la multa de la clase IV «la incomparecencia, de manera injustificada, dentro del plazo fijado, ante la unidad de policía de tráfico a la que fueron citadas para la resolución de cualquier cuestión relacionada con su condición de usuario de la vía o de propietario o usuario de un vehículo».
El autor de la excepción, Dumitru Nicoara, había llegado en apelación al Tribunal de Mehedinti tras desestimarse su reclamación contra el acta. Sostuvo que el texto permite abusos de la policía de tráfico, porque el agente puede decidir arbitrariamente si los motivos de la incomparecencia están justificados. Además, es él quien fija el plazo en el que la persona debe presentarse, sin estar obligado a considerar la distancia entre el domicilio y la unidad policial, la edad o el estado de salud del citado, su situación familiar o sus posibilidades económicas.
El argumento central fue una comparación: el texto debería haber previsto, como el artículo 159 de la Ley de enjuiciamiento civil, una entrega con al menos 5 días de antelación a la fecha de comparecencia. El autor no indicó expresamente los preceptos constitucionales vulnerados, pero el Tribunal dedujo de su motivación que se refería al artículo 1, apartado (5), de la Constitución, sobre las exigencias de claridad, precisión y previsibilidad de la ley.
El Tribunal de Mehedinti consideró la excepción infundada, por ser el texto claro y previsible. El Gobierno pidió su inadmisión, alegando que los argumentos se refieren en realidad a la aplicación del texto y no a su constitucionalidad. El representante del Ministerio Fiscal también concluyó en la inadmisibilidad.
Los efectos que produce
La infracción sigue vigente, exactamente en la forma criticada. Quien sea citado por la policía de tráfico y no comparezca en el plazo fijado, sin un motivo que el agente considere válido, se arriesga a la multa de la clase IV de sanciones. Nada cambia en el régimen.
El poder de apreciación del agente queda expresamente confirmado. El Tribunal consideró que dejar al agente la valoración de los motivos de la incomparecencia no vuelve oscura la norma: le confiere una atribución en cuanto funcionario público con estatuto especial que actúa en apoyo del interés general.
No hay ni habrá un plazo mínimo fijo de comparecencia. El Tribunal estimó que la ausencia de plazo mínimo se justifica por la necesidad de establecer con rapidez la identidad de quienes han cometido hechos antisociales. Señaló además que el autor de la excepción había dispuesto en concreto de 5 días.
El control judicial no desaparece. Esta es la parte útil para cualquier conductor: el modo en que el agente aplica la ley está sujeto al control del juez, mediante la reclamación contra el acta, conforme al artículo 118, apartado (1), de la Ordenanza de urgencia n.º 195/2002. El juez puede verificar si los motivos de la incomparecencia estaban fundados y si el plazo concedido bastaba para comparecer.
Qué cambia respecto de la situación anterior
En derecho no cambia nada. Al tratarse de una desestimación, el artículo 102, apartado (1), punto 25, de la Ordenanza de urgencia n.º 195/2002 sigue vigente intacto, y la práctica de la policía de tráfico y de los tribunales continúa igual.
Lo que cambia es la suerte de cierto tipo de defensa. Hasta ahora, un sancionado podía intentar atacar el propio texto por demasiado vago. Desde la publicación, esa vía tiene una respuesta constitucional definitiva: la norma es clara y previsible.
A cambio, el Tribunal señaló con claridad dónde se libra la batalla útil: no en la constitucionalidad del texto, sino en su aplicación al caso concreto, ante el juez que resuelve la reclamación. Es un desplazamiento de acento que favorece a la defensa, si se usa bien.
El Tribunal recordó también un principio general de técnica legislativa, apoyado en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos: la redacción de las normas jurídicas no puede alcanzar precisión absoluta, y recurrir a categorías generales en lugar de listas exhaustivas es una técnica normativa estándar. El papel de los tribunales es precisamente disipar las dudas de interpretación.
Ventajas y desventajas
Lo que aporta de bueno
- Aclara que el margen de apreciación de un funcionario no vuelve, por sí solo, oscura una ley. Es un criterio útil más allá del derecho de tráfico.
- Confirma expresamente que la reclamación contra el acta sigue siendo la vía para revisar tanto el fundamento de los motivos alegados como la suficiencia del plazo concedido.
- Preserva una herramienta necesaria para identificar con rapidez a los usuarios implicados en hechos antisociales, en una materia donde la demora puede hacer imposible la prueba.
- Reduce el número de excepciones sin posibilidades reales en los expedientes de tráfico, que suspendían el juicio durante meses.
Lo que aporta de malo
- No resuelve el problema práctico señalado por el autor: una citación entregada unas horas antes sigue siendo teóricamente posible, y el remedio llega solo después, ante el juez.
- La diferencia con el artículo 159 de la Ley de enjuiciamiento civil, que exige entrega con al menos 5 días de antelación, queda sin resolver en el plano legislativo. El Tribunal resolvió sobre constitucionalidad, no sobre oportunidad.
- Las personas mayores, enfermas o que viven lejos de la unidad policial siguen dependiendo de la apreciación del agente en la primera fase y de su disposición a acudir al juzgado en la segunda.
- La publicación casi seis meses después de dictarse significa que el criterio faltó justo cuando podría haber orientado los expedientes en trámite.
- El Tribunal no dice nada sobre la forma que debe revestir la citación ni sobre la prueba de su entrega, aunque es ahí donde surgen la mayoría de las disputas prácticas.
Consejos prácticos
- No ignore la citación. Aunque el plazo le parezca corto, comparecer siempre sale más barato que la multa más el pleito.
- Si no puede acudir, avise por escrito antes del plazo y explique el motivo, con documentos si los tiene (volante médico, baja laboral, orden de servicio, billete de transporte). Un motivo comunicado a tiempo es mucho más difícil de calificar como injustificado.
- Pida un nuevo señalamiento, también por escrito. El texto sanciona la incomparecencia injustificada, no la imposibilidad objetiva anunciada y probada.
- Conserve el sobre o la prueba de entrega de la citación. Si acaba en el juzgado, la fecha en que la recibió efectivamente es lo que demuestra si el plazo bastaba.
- Si le han multado, impugne el acta, no la ley. El Tribunal dijo expresamente que el juez puede revisar tanto el fundamento de sus motivos como la razonabilidad del plazo. Ahí se gana, no en la inconstitucionalidad.
- El plazo para reclamar contra el acta es de 15 días desde la entrega o comunicación, según el artículo 118, apartado (1), de la Ordenanza de urgencia n.º 195/2002. Perderlo cierra la única vía que queda.
Preguntas frecuentes
¿Qué conducta se sanciona exactamente?
¿Declaró el Tribunal inconstitucional este precepto?
¿Puede el agente fijar el plazo que quiera?
¿Quién decide si mi motivo de ausencia estaba fundado?
¿Por qué no se aplica el plazo de 5 días de la Ley de enjuiciamiento civil?
¿Qué puedo hacer si me han multado por este motivo?
Texto original del acto normativo
El texto que figura a continuación se reproduce en rumano, la forma oficial de publicación.
Mostrar el texto íntegroOcultar el texto íntegro
DECIZIA Nr. 170 din 26 februarie 2026 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 102 alin. (1) pct. 25 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
EMISOR: TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE RUMANÍA
Publicado en: BOLETÍN OFICIAL n.º 659 del 10 de agosto de 2026
CURTEA CONSTITUȚIONALĂ D E C I Z I A Nr. 170 din 26 februarie 2026 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 102 alin. (1) pct. 25 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice Elena-Simina Tănăsescu
— președinte Asztalos Csaba-Ferenc
— judecător Mihai Busuioc
— judecător Mihaela Ciochină
— judecător Cristian Deliorga
— judecător Dimitrie-Bogdan Licu
— judecător Gheorghe Stan
— judecător Cristina Cătălina Turcu
— magistrat-asistent Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Ioan Laurențiu Sorescu.
1. Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 102 alin. (1) pct. 25 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, excepție ridicată de Dumitru Nicoară în Dosarul nr. 9.316/225/2018 al Tribunalului Mehedinți — Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal și care formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 782D/2020.
2. La apelul nominal lipsesc părțile. Procedura de înștiințare este legal îndeplinită.
3. Președintele Curții acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca inadmisibilă, a excepției de neconstituționalitate, arătând că autorul pune în discuție interpretarea și aplicarea în concret a legii. C U R T E A, având în vedere actele și lucrările dosarului, reține următoarele:
4. Prin Încheierea din 16 iunie 2020, pronunțată în Dosarul nr. 9.316/225/2018, Tribunalul Mehedinți — Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 102 alin. (1) pct. 25 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice. Excepția a fost ridicată de Dumitru Nicoară într-o cauză având ca obiect apelul împotriva sentinței civile prin care s-a respins plângerea împotriva unui proces-verbal de constatare și sancționare a contravenției prevăzute de textul de lege criticat.
5. În motivarea excepției de neconstituționalitate, autorul acesteia susține, în esență, că, prin modul în care este formulat, textul de lege criticat permite săvârșirea de abuzuri din partea organului de poliție rutieră deoarece acesta poate stabili în mod arbitrar dacă motivele neprezentării persoanei invitate sunt sau nu justificate. De asemenea, organul de poliție poate stabili, în mod arbitrar, termenul în care persoana invitată este obligată să se prezinte, fără a ține cont, de exemplu, de distanța la care se află unitatea de poliție față de domiciliul persoanei invitate (atunci când invitația s-a înmânat cu câteva ore înainte de momentul prezentării), de vârsta sau starea de sănătate a persoanei invitate, de situația familială sau de posibilitățile sale financiare. Totodată, acesta poate stabili caracterul „urgent” al necesității prezentării la sediul unității de poliție. Textul criticat ar fi trebuit să prevadă, similar art. 159 din Codul de procedură civilă, un termen de înmânare de minimum 5 zile înainte de termenul stabilit pentru prezentare.
6. Tribunalul Mehedinți — Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal apreciază că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată, textul criticat fiind clar și previzibil.
7. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.
8. Guvernul apreciază că excepția de neconstituționalitate este inadmisibilă deoarece nu este motivată, așa cum prevede art. 10 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, iar argumentele autorului vizează de fapt aplicarea textului criticat, ceea ce excedează competenței instanței de contencios constituțional.
9. Președinții celor două Camere ale Parlamentului și Avocatul Poporului nu au comunicat punctele de vedere solicitate asupra excepției de neconstituționalitate. C U R T E A, examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:
10. Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.
11. Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie dispozițiile art. 102 alin. (1) pct. 25 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificările și completările ulterioare, care au următorul cuprins: „Constituie contravenții și se sancționează cu amenda prevăzută în clasa a IV-a de sancțiuni următoarele fapte săvârșite de persoane fizice: (…) 25. neprezentarea, în mod nejustificat, în termenul stabilit la unitatea de poliție rutieră la care au fost invitate pentru soluționarea oricărei probleme legate de calitatea de participant la trafic sau de proprietar ori utilizator de vehicul”.
12. Autorul excepției nu indică textele constituționale pretins încălcate, însă din motivarea acesteia rezultă că are în vedere art. 1 alin. (5) din Constituție privind criteriile de calitate ale legii sub aspectul clarității, preciziei și previzibilității.
13. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea observă că autorul critică neclaritatea textului, care ar permite poliției rutiere să poată stabili, în mod arbitrar, dacă motivele neprezentării persoanei invitate sunt sau nu justificate, precum și termenul în care persoana este obligată să se prezinte la sediul unității.
14. Curtea a reținut, în jurisprudența sa referitoare la art. 1 alin. (5) din Constituție, că una dintre cerințele principiului
respectării legilor vizează calitatea actelor normative (Decizia nr. 1 din 10 ianuarie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 19 februarie 2014, paragraful 225). În acest sens, Curtea a constatat că, de principiu, orice act normativ trebuie să îndeplinească anumite condiții calitative, printre acestea numărându-se claritatea și previzibilitatea, ceea ce presupune că acesta trebuie să fie suficient de clar și precis pentru a putea fi aplicat; astfel, formularea cu o precizie suficientă a actului normativ permite persoanelor interesate — care pot apela, la nevoie, la sfatul unui specialist — să prevadă într-o măsură rezonabilă, în circumstanțele speței, consecințele care pot rezulta dintr-un act determinat. Desigur, poate să fie dificil să se redacteze legi de o precizie totală și o anumită suplețe poate chiar să se dovedească de dorit, suplețe care nu afectează însă previzibilitatea legii (a se vedea, în acest sens, Decizia nr. 903 din 6 iulie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 584 din 17 august 2010, Decizia nr. 743 din 2 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 579 din 16 august 2011, Decizia nr. 1 din 11 ianuarie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 53 din 23 ianuarie 2012, sau Decizia nr. 447 din 29 octombrie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 674 din 1 noiembrie 2013).
15. De asemenea, în jurisprudența sa, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a reținut că formularea normelor juridice nu poate prezenta o precizie absolută. Una dintre tehnicile standard de reglementare constă în recurgerea mai degrabă la categorii generale decât la liste exhaustive. Astfel, numeroase legi folosesc, prin forța lucrurilor, formule mai mult sau mai puțin vagi, ale căror interpretare și aplicare depind de practică. Oricât de clar ar fi redactată o normă juridică, în orice sistem de drept, există un element inevitabil de interpretare judiciară. Nevoia de elucidare a punctelor neclare și de adaptare la circumstanțele schimbătoare va exista întotdeauna. Deși certitudinea în redactarea unei legi este un lucru dorit, aceasta ar putea antrena o rigiditate excesivă; or, legea trebuie să fie capabilă să se adapteze schimbărilor de situație. Rolul decizional conferit instanțelor urmărește tocmai înlăturarea dubiilor ce persistă cu ocazia interpretării normelor (Hotărârea din 22 noiembrie 1995, pronunțată în Cauza S.W. împotriva Regatului Unit, paragraful 36).
16. Aplicând aceste considerente la cauza de față, Curtea reține că textul de lege criticat reglementează sancționarea faptei persoanei fizice de a nu se prezenta, în mod nejustificat, în termenul stabilit la unitatea de poliție rutieră la care a fost invitată, pentru soluționarea oricărei probleme legate de calitatea de participant la trafic sau de proprietar ori utilizator de vehicul. Este o reglementare care servește la identificarea persoanelor care au săvârșit contravenții sau infracțiuni la regimul circulației rutiere. Faptul că aprecierea asupra motivelor neprezentării la sediu — și anume dacă sunt justificate sau nu — este lăsată la latitudinea polițistului nu semnifică lipsa de claritate a normei, ci conferă o atribuție polițistului — funcționar public cu statut special — ce acționează în sprijinul interesului general. De asemenea, nereglementarea unui termen fix minim în care persoana fizică trebuie să se prezinte la sediul unității de poliție este justificată de necesitatea descoperirii cu celeritate a identității persoanelor care au săvârșit fapte antisociale. De altfel, autorul excepției a beneficiat de un termen de 5 zile în care putea să se prezinte la unitatea de poliție.
17. Curtea reține că textul de lege criticat este clar și previzibil, reglementând cu privire la sancționarea persoanei fizice care în mod nejustificat nu se prezintă la sediul unității de poliție, în condițiile în care polițistul, în calitate de angajat al statului cu atribuții în domeniul circulației rutiere, apreciază dacă motivele neprezentării la sediu sunt justificate sau nu. Mai mult, modul de aplicare a legii de către polițist este supus controlului instanței de judecată prin formularea unei plângeri împotriva procesului-verbal de constatare și sancționare a unei contravenții, în condițiile art. 118 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002. Instanța poate verifica, atunci când apreciază asupra legalității și temeiniciei procesului- verbal, dacă motivele de neprezentare au fost sau nu întemeiate și dacă termenul a fost suficient pentru ca petentul să se poată prezenta.
18. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi, C U R T E A C O N S T I T U Ț I O N A L Ă În numele legii D E C I D E: Respinge, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate ridicată de Dumitru Nicoară în Dosarul nr. 9.316/225/2018 al Tribunalului Mehedinți — Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal și constată că dispozițiile art. 102 alin. (1) pct. 25 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice sunt constituționale în raport cu criticile formulate. Definitivă și general obligatorie. Decizia se comunică Tribunalului Mehedinți — Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Pronunțată în ședința din data de 26 februarie 2026. PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE ELENA-SIMINA TĂNĂSESCU Magistrat-asistent, Cristina Cătălina Turcu
Este artículo tiene carácter informativo y no constituye asesoramiento jurídico. Para situaciones concretas, consulta a un abogado o asesor fiscal autorizado.