En resumen
- 650 millones de euros, dos líneas separadas, los mismos solicitantes. El Ministerio de Energía ha aprobado las guías de dos convocatorias del Fondo de Modernización, abiertas solo a entidades públicas: 150 millones de euros para baterías conectadas a una central renovable que ya existe y 500 millones de euros para centrales fotovoltaicas nuevas, con almacenamiento integrado, destinadas íntegramente al autoconsumo. Ambas cubren el 100% de los gastos elegibles, con un máximo de 10 millones de euros por beneficiario en cada convocatoria.
- Los topes unitarios deciden cuánto se puede pedir, no la ambición del proyecto. En la línea de almacenamiento, la ayuda no puede superar los 200.000 euros sin IVA por cada MWh instalado, y la batería debe dimensionarse entre 2 y 4 horas a la potencia de la central existente. Para las centrales solares nuevas, el tope sube a 900.000 euros por MW instalado, o a 1.100.000 euros si el proyecto incluye además bombas de calor, y la potencia aprobada para la inyección en la red no puede pasar de 400 kW por cada punto de producción.
- En ninguna de las 163 páginas se dice cuándo se presentan los expedientes. El capítulo dedicado al periodo de presentación remite a un anuncio futuro en energie.gov.ro y en afir.info, pese a que ambas guías rechazan automáticamente las solicitudes presentadas fuera de él. La selección se hace por el principio «el primero en llegar, el primero en evaluarse», de modo que el día de apertura decide quién alcanza el presupuesto, y la inversión debe estar terminada y puesta en servicio antes del 31 de diciembre de 2029, es decir, en 1.207 días desde la publicación.
Publicado: Boletín Oficial de Rumanía (Monitorul Oficial) n.º 774 de 11 de septiembre de 2026
Entrada en vigor: 11 de septiembre de 2026, fecha de publicación
El Ministerio de Energía ha dictado el mismo día dos órdenes que abren a ayuntamientos, hospitales, colegios y demás instituciones públicas dos líneas de financiación para energía, con 650 millones de euros entre las dos. El dinero viene del Fondo de Modernización, la misma fuente con la que el ministerio fijó a las empresas, a principios de agosto, un plazo único de finalización de las inversiones en energía renovable. Las dos órdenes se firmaron el 8 de septiembre de 2026 y aparecieron en el Boletín Oficial de Rumanía, Parte I, n.º 774 de 11 de septiembre de 2026, en las páginas 11 y 12, mientras que las guías propiamente dichas, los dos anexos, ocupan 163 páginas en la edición n.º 774 bis del mismo día.
El Fondo de Modernización es el mecanismo europeo creado por el art. 10 quinquies de la Directiva 2003/87/CE, la que estableció el régimen de comercio de derechos de emisión, y funciona conforme al Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1.001. En Rumanía, el marco de aplicación lo da la Ordenanza de urgencia del Gobierno n.º 60/2022, aprobada por la Ley n.º 376/2023. Para las dos inversiones prioritarias de ahora, el Banco Europeo de Inversiones transmitió su confirmación el 6 de octubre de 2025, y la Comisión Europea decidió el pago el 10 de diciembre de 2025, mediante la Decisión C(2025) 8841 final. Desde la confirmación del banco hasta la publicación de las guías pasaron 340 días.
La primera línea, la aprobada por la Orden n.º 1.065/2026, financia exclusivamente el almacenamiento. El proyecto debe instalar una capacidad nueva de almacenamiento «detrás del contador», es decir, conectada directamente a una instalación de producción de energía a partir de fuentes renovables que ya existe en ese emplazamiento, y no a la red. El presupuesto estimado de la convocatoria es el equivalente en lei de 150.000.000 de euros. Quedan excluidos los proyectos que sustituyen baterías existentes, los que almacenan energía tomada del Sistema Electroenergético Nacional y los que emplean tecnologías basadas en plomo, NiCd o NiMH.
La segunda línea, aprobada por la Orden n.º 1.066/2026, tiene otro objeto y un presupuesto más de tres veces mayor: el equivalente en lei de 500.000.000 de euros para centrales fotovoltaicas nuevas, con capacidades de almacenamiento integradas, destinadas íntegramente al autoconsumo de la institución. El proyecto puede incluir también bombas de calor, siempre que cubran al menos el 50% de la necesidad anual de energía térmica útil del edificio y tengan un coeficiente estacional de rendimiento, SCOP, de 3,5 como mínimo. En cambio, no son elegibles los proyectos que proponen solo almacenamiento, solo bombas de calor, ampliaciones de una central existente o la sustitución de una más antigua. Las perforaciones para las bombas de calor quedan también a cargo del beneficiario.
La lista de solicitantes es idéntica en las dos guías y es amplia: las entidades territoriales y sus subdivisiones, las unidades de defensa, orden público y seguridad nacional, la administración penitenciaria, los hospitales financiados íntegramente con fondos públicos, las instituciones públicas definidas en el art. 2 punto 30 de la Ley n.º 500/2002, los cultos reconocidos oficialmente y sus unidades de culto, las universidades públicas, los institutos y estaciones de investigación y desarrollo de derecho público, las asociaciones de desarrollo intercomunitario, los centros sociales y los centros de cuidados paliativos financiados íntegramente con fondos públicos, la Agencia Nacional del Deporte, el Comité Olímpico y Deportivo Rumano, además de la Sociedad Rumana de Televisión y la Sociedad Rumana de Radiodifusión, estas dos últimas con la obligación de demostrar que la inversión reduce el coste del servicio público y, por tanto, la subvención estatal. Las empresas públicas autónomas y las sociedades con capital público quedan expresamente excluidas de la categoría de instituciones públicas.
En cada convocatoria, una institución puede presentar un solo proyecto propio y puede ser miembro de tres asociaciones como máximo, y el total de la ayuda no puede pasar de 10 millones de euros. La financiación cubre hasta el 100% de los gastos elegibles, se concede en lei y se paga mediante prefinanciación, solicitud de pago y reembolso. La prefinanciación no puede superar el 30% de la ayuda no reembolsable, y un beneficiario puede presentar como máximo cinco solicitudes de pago o de reembolso en todo el proyecto, sin contar la solicitud de prefinanciación.
Los efectos que produce
Ambas órdenes entran en vigor en la fecha de publicación, es decir, el 11 de septiembre de 2026, porque el art. 2 de cada una lo dice expresamente. Son órdenes del titular de un órgano central especializado y para ellas no rige la regla de los 3 días: conforme al art. 12 apdo. (3) en relación con el art. 11 apdo. (1) de la Ley n.º 24/2000, entran en vigor en la fecha de publicación si ellas mismas no prevén una fecha posterior.
El primer efecto es que todavía nadie puede presentar nada. Las guías están en vigor, pero la sesión de presentación se abre aparte, mediante un anuncio publicado en la web del Ministerio de Energía y en la de la Agencia para la Financiación de las Inversiones Rurales, anuncio que, según dicen ambos textos, «incluirá todos los detalles relativos al desarrollo de la convocatoria». Hasta entonces, la plataforma por la que se presentan las solicitudes ni siquiera tiene dirección conocida: las guías escriben que se indicará en el anuncio de apertura de la sesión.
En otra guía del Ministerio de Energía lo que faltaba era el formulario: la solicitud con la que se piden los 362 millones de euros de la cogeneración apareció 785 días después de que la convocatoria se hubiera cerrado.
El segundo efecto tiene que ver con el orden de llegada. La selección no se hace por puntuación, sino por el principio «el primero en llegar, el primero en evaluarse», dentro del límite del presupuesto. No hay baremo, no hay criterios de desempate por la calidad del proyecto y no hay reserva para los proyectos pequeños o para las comunidades sin recursos de consultoría. El único filtro es la elegibilidad, y si el presupuesto se agota, el resto de los expedientes quedan fuera de la financiación, por bien escritos que estén.
El tercer efecto es el tamaño del expediente. En la presentación se exigen, entre otros documentos, el estudio de viabilidad, elaborado conforme a la Decisión del Gobierno n.º 907/2016, con personal autorizado por ANRE en el equipo y una antigüedad máxima de dos años, el acuerdo del pleno local o provincial que compromete a la institución para los gastos no elegibles, el documento que acredita un derecho de propiedad, concesión, superficie o administración válido al menos cinco años desde el pago final, la nota simple registral que muestra el inmueble libre de cargas, el plano de emplazamiento asumido por el proyectista, el plan de información y publicidad y la declaración relativa al principio DNSH. El alquiler, el préstamo de uso y el arrendamiento financiero inmobiliario no se aceptan como título sobre el terreno o sobre el edificio.
El cuarto efecto se refiere al calendario de ejecución. Las inversiones deben estar terminadas, puestas en servicio y, en la línea solar, conectadas a la red antes del 31 de diciembre de 2029. Desde la publicación de las guías hasta ese plazo hay 1.207 días, y de ellos se restan los meses que pasen hasta la apertura de la sesión, la evaluación, la contratación, la contratación pública y la ejecución propiamente dicha.
El quinto efecto se extiende más allá del pago final. La supervisión posterior dura cinco años desde la puesta en servicio, tiempo durante el cual el beneficiario no puede enajenar el inmueble a terceros ni afectar al funcionamiento de la inversión. Las transmisiones entre entidades públicas, en reorganizaciones o fusiones, están permitidas, con notificación previa al financiador y con mantenimiento del destino público. Los documentos se conservan diez años desde el último pago.
Los gastos pasan a ser elegibles solo después de presentar la solicitud de financiación, con una única excepción: el coste de la elaboración del proyecto, que puede realizarse antes. La consultoría y la dirección del proyecto se liquidan dentro del límite de 20.000 euros sin IVA, y el IVA entra en la ayuda solo si no es deducible y no puede recuperarse.
Qué ha cambiado respecto de la situación anterior
Las inversiones prioritarias existían sobre el papel desde el otoño de 2025, cuando el Banco Europeo de Inversiones las confirmó, con los códigos MF 2025-2 RO 0-003 para el almacenamiento y MF 2025-2 RO 0-002 para el solar con almacenamiento. La decisión de pago de la Comisión Europea, del segundo ciclo semestral de 2025, lleva fecha de 10 de diciembre de 2025. Hasta la publicación de las reglas con las que puede pedirse el dinero pasaron 275 días desde la decisión de la Comisión. Los informes de la Dirección General de Inversiones en los que se basan las dos órdenes están fechados el 8 de septiembre de 2026, es decir, el mismo día de la firma.
Frente a las líneas que el Fondo de Modernización ha abierto hasta ahora en energía, el cambio de fondo es el destinatario. Aquí no hay empresas, sino entidades públicas, y la condición central ya no es la rentabilidad de la inversión, sino el carácter no económico de la actividad: las actividades económicas del solicitante deben seguir siendo estrictamente auxiliares y mantenerse por debajo del 20% de la capacidad anual total, tanto en la presentación como durante todo el periodo de ejecución y de supervisión. Quien pasa ese umbral pierde la ayuda, que se recupera. La prueba se hace con un documento emitido por un auditor, y mantenerse por debajo del umbral exige contabilidad separada por cuentas analíticas.
También ha cambiado quién atiende la ventanilla. Las guías las elaboró el Ministerio de Energía «en colaboración con la Agencia para la Financiación de las Inversiones Rurales», y las solicitudes se presentan exclusivamente en línea, en el sistema informático de esa agencia, que se ocupa además de la evaluación, de la contratación y de los pagos. El formulario de presupuesto del anexo lleva el membrete del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Para un ayuntamiento, eso significa que el dinero europeo para paneles y baterías se pide desde la misma plataforma por la que se piden los fondos agrarios, y no al Ministerio de Energía.
El plazo de finalización es un año más largo que el dado a las empresas. Para las inversiones de los operadores económicos en nuevas capacidades de producción a partir de fuentes renovables, el ministerio fijó en agosto un plazo único el 31 de diciembre de 2028. Las entidades públicas reciben el 31 de diciembre de 2029, lo que reconoce implícitamente que una institución pública necesita más tiempo: acuerdo del pleno, estudio de viabilidad, contratación pública, ejecución.
Por último, la guía de almacenamiento incorpora una exigencia técnica que las líneas anteriores no formulaban en estos términos: la duración de almacenamiento. La batería debe cubrir entre 2 y 4 horas a la potencia instalada de la central existente, con una profundidad de descarga utilizable de al menos el 80%, un rendimiento en ciclo completo de al menos el 85% y una garantía de 10 años como mínimo. Se exigen además un sistema de gestión energética y una medición separada que muestre por separado la producción de la fuente renovable, la energía cargada y descargada de la batería, el consumo de la red y, en su caso, la inyección.
Ventajas y desventajas
Lo que mejora
- La financiación cubre el 100% de los gastos elegibles. Un ayuntamiento no tiene que poner cofinanciación del presupuesto local para la parte elegible, solo para los gastos no elegibles y para lo que supere los topes.
- La lista de beneficiarios es inusualmente amplia. Entran también los hospitales, las universidades públicas, los centros de cuidados paliativos, las unidades de culto y los centros penitenciarios, no solo los ayuntamientos.
- La prefinanciación de hasta el 30% de la ayuda puede pedirse en cualquier momento tras la firma del contrato, de modo que la institución no tiene que adelantar toda la obra con presupuesto propio hasta el primer reembolso.
- Las asociaciones están permitidas, con un límite de tres por solicitante, lo que da a los municipios pequeños la posibilidad de agruparse para un proyecto que no podrían sostener solos.
- Las condiciones técnicas están escritas con umbrales verificables y no con fórmulas generales: 80% de profundidad de descarga, 85% de rendimiento, 10 años de garantía, de 2 a 4 horas de almacenamiento, SCOP de 3,5 como mínimo en las bombas de calor.
- El estudio de viabilidad se acepta incluso sin los estudios especializados, si estos no están disponibles en el momento de su elaboración, y las fichas técnicas de los equipos no se exigen en la presentación, sino en la contratación y la recepción. El expediente de partida es así más ligero de lo que parece.
Lo que sigue siendo un problema
- La fecha de apertura de la sesión no aparece en ninguna de las dos guías, pese a que ambas rechazan automáticamente las solicitudes presentadas fuera del periodo de presentación. La preparación se hace sobre un plazo desconocido y el anuncio puede llegar en cualquier momento.
- El principio «el primero en llegar, el primero en evaluarse» favorece a las instituciones que ya tienen un estudio de viabilidad al día y un consultor contratado. Quien empieza ahora la documentación parte por detrás.
- Los topes unitarios limitan el proyecto más que los 10 millones de euros. Para las baterías, una central existente de 400 kW no puede traer, con el tope máximo, más de unos 400.000 euros, por cara que sea la batería.
- El terreno o el edificio deben poseerse en propiedad, concesión, superficie o administración. Las instituciones que funcionan en espacios cedidos en préstamo de uso o alquilados quedan excluidas de entrada, y el inmueble debe estar libre de cargas y sin litigios.
- Los plazos del destinatario son cortos y están escritos negro sobre blanco, cinco días hábiles para responder a las aclaraciones, bajo pena de rechazo, mientras que los plazos de la administración se remiten a un procedimiento operativo que no se publica junto con la guía.
- La aportación propia no desaparece. Los costes de operación, las comisiones, las tasas, la reserva para el ajuste de precios y el margen presupuestario siguen siendo no elegibles, y en la línea solar tampoco se liquida el refuerzo de la cubierta sobre la que se montan los paneles.
Consejos prácticos
- Determine primero en cuál de las dos convocatorias entra, porque están construidas para excluirse. Si ya tiene una central renovable en funcionamiento y solo quiere baterías, vaya a la Orden n.º 1.065/2026. Si no tiene nada y quiere paneles más baterías para su propio consumo, vaya a la Orden n.º 1.066/2026, que no acepta proyectos de almacenamiento simple.
- Calcule el tope antes de escribir el proyecto, no después. Para las baterías, multiplique la capacidad nominal, expresada en MWh, por 200.000 euros y compare el resultado con el presupuesto de obra. Para la central solar, multiplique la potencia instalada en MW por 900.000 euros, o por 1.100.000 si incluye bombas de calor. Lo que exceda queda a cargo del presupuesto local.
- Compruebe el dimensionamiento de la batería con la fórmula de la guía y no con la oferta del proveedor. En el almacenamiento, la energía utilizable, es decir, la nominal multiplicada por la profundidad de descarga, debe estar entre el doble y el cuádruple de la potencia de la central existente. Para las centrales solares, la capacidad nominal de almacenamiento debe situarse entre 2 y 4 horas de la potencia de la central fotovoltaica, y la potencia de la batería debe ser al menos igual a la potencia de la central.
- En la convocatoria solar, fíjese pronto en el límite de 400 kW para la inyección en la red, por cada punto de producción. El expediente necesita un sistema de gestión dinámica de la potencia que limite automática e instantáneamente la inyección en ese umbral, y eso se escribe en el estudio de viabilidad, no se añade en la obra.
- Reúna las doce últimas facturas de electricidad de cada punto de consumo declarado. En las centrales solares, la producción anual estimada no puede superar en más del 10% el consumo anual de referencia, y el exceso solo se acepta justificado, por ejemplo con bombas de calor u otros consumidores nuevos, acreditados con documentos.
- Pida con tiempo el acuerdo del pleno local o provincial. Debe recoger la denominación del proyecto, el importe total desglosado en elegible y no elegible, los indicadores técnico-económicos y el nombre del responsable del proyecto, y un pleno no se convoca en cinco días hábiles.
- Si la institución desarrolla también actividad económica, aunque sea la venta de entradas o el alquiler de espacios, contrate al auditor antes de presentar la solicitud. Su documento debe demostrar que la actividad económica se mantiene por debajo del 20% de la capacidad anual total, y el umbral se comprueba también después, durante todo el periodo de ejecución y de supervisión.
- No contrate obras antes de presentar la solicitud. Solo son elegibles los gastos realizados después de la presentación, salvo los de elaboración del proyecto, y una factura emitida antes queda a cargo del presupuesto propio.
- Anote en el calendario los cinco días hábiles. En la evaluación y en la contratación pueden enviarse como máximo dos peticiones de información adicional, y no responder en ese plazo lleva directamente al rechazo del proyecto, no a un aplazamiento.
- Siga cada semana energie.gov.ro y afir.info. El anuncio de apertura de la sesión es el único documento que dirá desde cuándo y hasta cuándo se presentan las solicitudes, y con «el primero en llegar, el primero en evaluarse» el día en que usted se entere cuenta.
Preguntas frecuentes
¿Cuándo puedo presentar la solicitud de financiación?
¿Cuál es la diferencia, en dos frases, entre las dos convocatorias?
Mi institución ya tiene paneles fotovoltaicos. ¿A qué convocatoria voy?
¿Cuánto puedo recibir, en concreto?
¿Tengo que poner dinero del presupuesto local?
¿Puedo presentar un proyecto en cada una de las dos convocatorias?
¿Qué tecnologías de baterías quedan excluidas?
¿Las bombas de calor entran en la financiación en cualquier forma?
¿Qué pasa si no termino la inversión antes del 31 de diciembre de 2029?
¿Qué obligaciones quedan después de terminar las obras?
¿Cómo se hace el pago efectivo del dinero?
¿Dónde encuentro el texto íntegro de las dos guías?
Errores e incoherencias en el texto publicado
- Guía de almacenamiento, capítulo 8, obligación 2. La única obligación de funcionamiento del periodo de supervisión exige al beneficiario «să mențină în funcțiune sistemul de producere a energiei electrice din surse regenerabile solare pentru autoconsum», es decir, mantener en funcionamiento el sistema de producción de electricidad a partir de fuentes renovables solares para autoconsumo. La frase está tomada literalmente de la guía aprobada por la Orden n.º 1.066/2026, donde el objeto de la financiación sí es una central solar para autoconsumo. En la guía de almacenamiento, en cambio, el objeto de la financiación es la batería, y el autoconsumo no es condición de elegibilidad, pues el texto habla de «autoconsum/optimizare consum», autoconsumo u optimización del consumo. El resultado es que, durante los cinco años de supervisión, el beneficiario tiene la obligación expresa de mantener en funcionamiento un equipo que el proyecto no ha financiado, pero no tiene ninguna obligación correspondiente de mantener en funcionamiento el almacenamiento financiado. El incumplimiento de las obligaciones de supervisión conlleva la recuperación de la ayuda, de modo que de esta formulación depende qué se le puede reprochar a un ayuntamiento en una inspección del cuarto año.
- Ambas guías, capítulo 1.2, en relación con el recuadro «Atención» del mismo capítulo. La sección se titula «Periodo de presentación de las propuestas de proyecto», pero no establece ninguna fecha de inicio ni ninguna de final: remite a un anuncio futuro del Ministerio de Energía y de la Agencia para la Financiación de las Inversiones Rurales. Justo debajo, ambas guías disponen que «proiectele depuse în afara perioadei de depunere vor fi respinse automat», es decir, que los proyectos presentados fuera del periodo de presentación serán rechazados automáticamente, y la guía aprobada por la Orden n.º 1.066/2026 añade que el periodo está «stabilită prin prezentul ghid», establecido por la propia guía, y que «se poate prelungi termenul de depunere», que el plazo de presentación puede prorrogarse. La sanción, el rechazo automático, se refiere así a un plazo que el acto declara fijar pero que no contiene, y la prórroga afecta a un plazo inexistente. A partir del texto publicado, el solicitante no puede determinar ni cuándo se abre la ventana ni desde cuándo empieza a correr plazo alguno.
- Ambas guías, en la regla de la duración de almacenamiento de 2 a 4 horas: la central de referencia se nombra de forma distinta a la que usa el criterio. En la guía de almacenamiento, la sección 1.5 define el indicador ST.1 como «la potencia instalada de la central de producción de electricidad a partir de fuentes renovables existente», y el criterio de elegibilidad del capítulo 2.4 letra o) habla también de «la central de producción existente». La explicación de los umbrales, de esa misma sección, dice en cambio que las 2 horas son «la duración mínima de almacenamiento referida a la potencia instalada elegible de la central fotovoltaica» y repite la fórmula para las 4 horas. La institución que tiene una minicentral hidroeléctrica o una central de biomasa no puede determinar a partir del texto si su proyecto entra en la regla o queda excluido, pese a que la convocatoria financia el almacenamiento conectado a cualquier instalación existente de producción a partir de fuentes renovables. La guía para centrales solares comete el error simétrico, en el capítulo 2.4 letra q): exige que el almacenamiento se dimensione «a la potencia nominal instalada de la central de producción existente», y en la continuación de esa misma frase define la referencia de cálculo como «la potencia instalada elegible de la central fotovoltaica propuesta en el proyecto». Como esta convocatoria admite expresamente proyectos en emplazamientos donde ya existe una capacidad solar, siempre que la medición sea separada, la misma frase señala allí dos potencias de referencia distintas. En ambos casos se trata de un criterio cuyo incumplimiento conlleva el rechazo del proyecto.
Análisis de la redacción
Las guías resuelven un problema real y lo resuelven con generosidad. Un ayuntamiento, un hospital o un colegio que instala paneles y baterías no tiene de dónde sacar cofinanciación, y la fórmula del 100% de los gastos elegibles, con prefinanciación de hasta el 30%, es la única que funciona para presupuestos locales apretados. La lista de beneficiarios se pensó amplia, las condiciones técnicas están escritas con umbrales verificables y no con fórmulas elásticas, y la prohibición de las tecnologías basadas en plomo, NiCd y NiMH muestra que el texto lo escribió alguien que sabe qué se compra en el mercado. La parte débil no es la generosidad, sino la aritmética entre los dos topes y el silencio sobre el calendario.
La primera observación sale de poner las dos guías una al lado de la otra, cosa que por lo demás no se hace, porque se leen por separado. En la línea de almacenamiento, el ministerio acepta hasta 200.000 euros sin IVA por cada MWh instalado, y la nota a pie de página dice que el valor se fijó a partir del análisis del mercado. En la convocatoria solar, ese mismo ministerio exige que cada MW de paneles vaya acompañado de una batería de 2 a 4 horas, es decir, de entre 2 y 4 MWh, y limita todo el conjunto a 900.000 euros por MW instalado. Si aplicamos el precio que el ministerio considera aceptable para el almacenamiento, la batería mínima obligatoria consume 400.000 euros del tope, y la máxima permitida, 800.000. Quedan entre 500.000 y 100.000 euros por MW para la central fotovoltaica propiamente dicha, para la obra civil, la conexión, el proyecto, la dirección de obra y las pruebas. Los topes se calcularon por separado y no se comunican entre sí, y el solicitante que dimensiona la batería al máximo permitido se encuentra con que el resto del proyecto debe pagarse con el presupuesto local, aunque la guía le prometa el 100% de los gastos elegibles.
La segunda observación se refiere también al dimensionamiento, pero desde el ángulo del método. La regla de «entre 2 y 4 horas» aparece en ambas guías, pero se aplica a cosas distintas. En el almacenamiento se refiere a la energía utilizable, es decir, a la capacidad nominal multiplicada por la profundidad de descarga, que debe ser de al menos el 80%. En el solar se refiere directamente a la capacidad nominal. Para la misma potencia de la central, la primera guía exige una batería nominal al menos una cuarta parte mayor que la segunda, sin que ninguno de los dos textos explique por qué. Ambas guías llevan, por lo demás, huellas de la otra: la obligación de supervisión de la guía de almacenamiento habla de una central solar para autoconsumo, y el criterio técnico de la guía solar, de una central existente. De ahí sale también el límite real de la línea de almacenamiento: para alcanzar el tope de 10 millones de euros, un solicitante necesitaría 50 MWh instalados, es decir, una energía utilizable de 40 MWh, es decir, una central renovable existente de al menos 10 MW. Muy pocas instituciones públicas de Rumanía tienen algo así. Para el resto, el cálculo es otro: una central de 400 kW da derecho a 400.000 euros como máximo, una de 100 kW a 100.000 como máximo. Los 150 millones de euros de la convocatoria no se repartirán entre quince beneficiarios grandes, como sugeriría el tope, sino entre varios cientos o incluso más de mil proyectos pequeños, y el volumen de expedientes que tendrá que procesar la Agencia para la Financiación de las Inversiones Rurales es muy distinto del que sugiere el presupuesto.
La tercera observación es sobre el tiempo y sobre quién lo soporta. El Banco Europeo de Inversiones confirmó las dos inversiones prioritarias el 6 de octubre de 2025, la Comisión Europea decidió el pago el 10 de diciembre de 2025, y las guías aparecen 340 y 275 días después de esos momentos, con informes internos fechados el mismo día de la firma de las órdenes. El plazo de finalización de las inversiones, sin embargo, se ha quedado en el 31 de diciembre de 2029, y de los 1.207 días restantes se resta todo lo que pase hasta la apertura de la sesión, que no tiene fecha. Mientras tanto, las guías imponen al destinatario plazos rígidos: cinco días hábiles para responder a las aclaraciones, bajo pena de rechazo, dos rondas de aclaraciones como máximo, rechazo por el documento no remitido a tiempo en la contratación. Los plazos de la administración, en cambio, remiten sin excepción al «procedimiento operativo»: el plazo de presentación de las reclamaciones, el plazo de resolución de estas, el plazo de carga de los documentos en la contratación. Ese procedimiento no se publicó junto con las guías. La asimetría se ve también en la forma del acto: el anexo reproducido en el Boletín Oficial de Rumanía conserva en el encabezado los espacios en blanco «nr. ………./……………..», es decir, el número y la fecha de la orden que lo aprueba, y en la portada dice «Versión 0 – 2026».
Por último, merece decirse con claridad qué significa «el primero en llegar, el primero en evaluarse» para un municipio pequeño. No hay puntuación, no hay criterios de desempate y no hay reserva por categorías de solicitante. La institución que ya tiene estudio de viabilidad, acuerdo del pleno y nota registral limpia presenta el primer día. La que apenas se entera de la convocatoria necesita un pleno, una contratación de servicios de proyecto y un estudio elaborado con personal autorizado por ANRE, es decir, meses enteros. Cuando la ventana se abra sin un preaviso largo, la diferencia entre las dos no será de calidad del proyecto, sino de antigüedad del expediente.
Qué debería cambiar
- La fecha de apertura y la de cierre de la sesión, escritas en el capítulo 1.2 de cada guía, o al menos un preaviso mínimo entre el anuncio y el primer día de presentación. Efecto: el solicitante sabe de cuántos meses dispone para el estudio de viabilidad y para el acuerdo del pleno, y la sanción de rechazo automático adquiere un plazo al que referirse.
- La corrección de la obligación 2 del capítulo 8 de la guía de almacenamiento, para que se refiera al sistema de almacenamiento financiado y no a una central solar. Efecto: en los cinco años de supervisión, el financiador puede exigir exactamente lo que ha pagado, y el beneficiario sabe de qué responde. Tal como está escrita ahora, la obligación afecta a un equipo ajeno al proyecto.
- La correlación del tope de 900.000 euros por MW con el precio de 200.000 euros por MWh de almacenamiento, ya sea elevando el tope o fijando un tope separado para el componente de almacenamiento, como en la primera convocatoria. Efecto: un proyecto que respeta la exigencia mínima de 2 horas de almacenamiento deja de tener que pagar los paneles con el presupuesto local, y la promesa del 100% de los gastos elegibles sigue siendo válida en cifras y no solo en principio.
- La publicación del procedimiento operativo al que remiten ambas guías, junto con las guías. Efecto: el plazo de presentación de la reclamación, el de resolución y el de devolución del contrato firmado pasan a conocerse antes de presentar la solicitud, y no después de que un proyecto ya haya sido rechazado.
- Una regla explícita sobre la acumulación de las dos convocatorias para el mismo solicitante. Efecto: la institución que necesita a la vez paneles nuevos en un edificio y baterías en una central existente sabe por la guía si puede pedir dos veces 10 millones de euros o si el tope es único por beneficiario, en lugar de enterarse en la evaluación.
- La unificación de la regla de dimensionamiento del almacenamiento entre las dos guías, refiriéndola a la misma magnitud, la energía utilizable o la capacidad nominal, y nombrando de forma coherente la central de referencia. Efecto: la misma central de 1 MW recibe la misma exigencia de batería sea cual sea la convocatoria, y los proyectistas dejan de tener que recordar que el intervalo «de 2 a 4 horas» significa otra cosa en cada uno de los dos documentos y se refiere, dentro de la misma guía, unas veces a una central fotovoltaica y otras a una existente.
Texto original del acto normativo
El texto que figura a continuación se reproduce en rumano, la forma oficial de publicación.
El texto íntegro, tal como se publicó en el Boletín Oficial de Rumanía
Boletín Oficial de Rumanía n.º 774 de 11 de septiembre de 2026 168 páginas PDF, 1,9 MB el acto comienza en la página 2
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Este artículo tiene carácter informativo y no constituye asesoramiento jurídico. Para situaciones concretas, consulta a un abogado o asesor fiscal autorizado.