En resumen
- El Gobierno añade 51,75 miles de lei, es decir, 51.750 lei, al dinero aprobado en 2023 para las expropiaciones de la sección III de la autopista Târgu Mureș-Târgu Neamț, entre Leghin y Târgu-Neamț. La cantidad procede del presupuesto del Estado, a través del presupuesto del Ministerio de Transportes e Infraestructuras, del capítulo 84.01 «Transporturi», el de transportes, título 56, que pertenece al Fondo de Cohesión 2021-2027. Frente a los 14.721.000 lei aprobados en diciembre de 2023, el aumento es del 0,35%.
- El anexo de la decisión reescribe 126 posiciones, todas de la comuna de Timișești, provincia de Neamț: 38 se actualizan y 88 son posiciones nuevas, aparecidas tras la segregación catastral de las antiguas. Por ellas, el Estado toma en total 113.224 metros cuadrados y ofrece 512.225,41 lei, es decir, 4,524 lei por metro cuadrado, el mismo precio en cada línea de pago. En 2023, esos mismos terrenos suponían 140.674 metros cuadrados y 460.480,86 lei, es decir, 3,27 lei por metro cuadrado de media, porque entonces los precios estaban mezclados: 36 de las 38 posiciones estaban a 3,10 lei, lo que se pagaba por la tierra de labor fuera de casco urbano en Timișești, y dos, entonces atribuidas a Urecheni, a 20,69 y a 2,48 lei. El Estado toma menos tierra, pero paga el metro cuadrado un 38% más caro que la media de 2023.
- Afecta a los propietarios de las 126 posiciones de Timișești, y la decisión produce efectos desde la publicación, el 28 de septiembre de 2026. Nadie tiene que hacer nada en esa fecha: los plazos del propietario corren desde la exposición de la lista en la sede del ayuntamiento y desde la comunicación de la resolución de fijación de la indemnización, no desde la publicación de la decisión del Gobierno.
Publicado: Boletín Oficial de Rumanía, Parte I, n.º 822 de 28 de septiembre de 2026, páginas 8-15
Entrada en vigor: desde la publicación, 28 de septiembre de 2026, porque el artículo 12 apartado (3) de la Ley n.º 24/2000 sobre las normas de técnica legislativa establece que los actos normativos, con excepción de las leyes y de las ordenanzas, producen efectos desde la fecha de publicación en el Boletín Oficial de Rumanía (Monitorul Oficial) si no contienen ellos mismos una fecha posterior, y la decisión no contiene ninguna fecha así
La Decisión del Gobierno n.º 771/2026, adoptada el 24 de septiembre de 2026 y publicada cuatro días más tarde, hace algo que parece menudo y no lo es: corrige la lista de los propietarios y de las cantidades de un trozo del corredor de la autopista Târgu Mureș-Târgu Neamț y añade al presupuesto 51.750 lei. El procedimiento es el de la Ley n.º 255/2010 sobre la expropiación por causa de utilidad pública, el mismo por el que se hicieron también las expropiaciones adicionales de la línea ferroviaria Caransebeș-Timișoara-Arad. Lo que la distingue es la relación entre las cifras: el dinero sube y la superficie que se toma baja.
El punto de partida es la Decisión del Gobierno n.º 1.179/2023, adoptada el 23 de noviembre de 2023 y publicada el 4 de diciembre de 2023 en el Boletín Oficial de Rumanía, Parte I, n.º 1087 y 1087 bis. Con ella, el Estado inició las expropiaciones de la sección III de la autopista, entre el kilómetro 181+195 y el kilómetro 211+107, es decir, en 29,912 kilómetros, y aprobó para indemnizaciones 14.721.000 lei. El anexo n.º 2 de aquella decisión contiene 1.528 posiciones, y las cantidades individuales que figuran en él suman 14.720.948,38 lei, cifra que el acto redondea a 14.721.000 lei.
Qué cambia ahora, posición por posición. El artículo II punto 1 actualiza 38 posiciones de aquel anexo, numeradas 1185, 1186, de la 1407 a la 1436, la 1455 y de la 1457 a la 1461. La actualización afecta por igual a los datos de identificación del inmueble, a los titulares de derechos reales y a las cantidades individuales. El artículo II punto 2 introduce 88 posiciones nuevas, resultantes de la segregación catastral de esos mismos terrenos: cinco después de la posición 1186, una después de la 1407 y otra después de la 1408, diecisiete después de la 1418, seis después de la 1419, dieciocho después de la 1421, cuatro después de la 1423, tres después de la 1426, una después de la 1429, dos después de la 1431, una después de la 1459 y veintinueve después de la 1461. Las 38 más las 88 dan exactamente las 126 filas del anexo, comprobadas una a una: ninguna posición anunciada en la parte dispositiva falta en la tabla y ninguna fila de la tabla aparece sin anunciar.
Las 126 posiciones están, sin excepción, en el término de la comuna de Timișești, de la provincia de Neamț. Ya no aparece ningún «proprietar neidentificat», propietario no identificado, la fórmula que en el anexo de 2023 cubría 353 de las 1.528 posiciones, casi una cuarta parte de la lista. De las 38 posiciones reescritas ahora, 19 estaban en 2023 sin propietario conocido, y concentraban el 82% del valor del grupo. La documentación catastral y la segregación han puesto nombre a cada trozo de terreno, desde herederos con cinco u ocho copropietarios hasta la propia comuna de Timișești, que aparece nueve veces con terrenos de su patrimonio privado.
De dónde salen los 51.750 lei. Las cantidades individuales del nuevo anexo suman 512.225,41 lei. Las 38 posiciones actualizadas valían en 2023 en conjunto 460.480,86 lei. La diferencia es de 51.744,55 lei, y el artículo I la redondea al alza, a 51,75 miles de lei. El acto asigna, pues, 5,45 lei más de lo que pide su anexo, una diferencia sin consecuencias, pero que explica por qué la cifra de la parte dispositiva parece más redonda que la realidad de la tabla.
Lo que hincha la factura es el precio de la tierra, no la superficie. Las 126 posiciones suman 113.224 metros cuadrados por expropiar, 27.450 menos que los 140.674 metros cuadrados que mostraban esos mismos terrenos en 2023, es decir, una bajada del 19,5%. En cambio, cada metro cuadrado se valora ahora en 4,524 lei, frente a los 3,10 lei de 2023, lo que se pagaba por la tierra de labor fuera de casco urbano en Timișești. El aumento es del 45,9%, y los dos efectos se compensan en parte: al precio antiguo, la nueva superficie habría costado 350.994,40 lei, así que la reducción de terreno baja la factura en 109.486,46 lei y la revalorización añade 161.231,01 lei. Quedan los 51.744,55 lei con los que se cierra la cuenta.
El dinero no viene del mismo sitio que en 2023. La decisión de 2023 sacaba la cantidad del título 61, «Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR», proyectos financiados con cargo al componente de préstamo del plan nacional de recuperación. La decisión de 2026 la saca del título 56, «Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare», proyectos financiados con fondos externos no reembolsables posteriores a la adhesión, artículo 56.50, «Programe finanțate din Fondul de coeziune (FC), aferente cadrului financiar 2021-2027», programas financiados por el Fondo de Cohesión correspondientes a ese marco financiero. El capítulo presupuestario sigue siendo el mismo, 84.01 «Transporturi», el de transportes, subcapítulo 03 «Transport rutier», el de transporte por carretera, y el fundamento del gasto es la Ley del presupuesto del Estado para el año 2026 n.º 43/2026.
El mismo día y en la edición anterior del Boletín Oficial de Rumanía, el Gobierno adoptó también la Decisión n.º 775/2026, que se refiere a la sección II de la misma autopista, entre Miercurea Nirajului y Leghin, y reparte los procedimientos de expropiación entre la Compañía Nacional de Administración de Infraestructuras Viarias (CNAIR) y la Compañía Nacional de Inversiones Viarias (CNIR). En la sección III no cambia nada en ese sentido: el artículo IV deja toda la responsabilidad en el Ministerio de Transportes e Infraestructuras, a través de la CNAIR.
Los efectos que produce
El primer efecto es presupuestario y pequeño: 51.750 lei se añaden a los 14.721.000 lei aprobados en 2023, un aumento del 0,35%. El artículo III apartado (1) dice que la cantidad se destina a las indemnizaciones de los inmuebles del artículo II puntos 1 y 2, es decir, a las 126 posiciones, aunque su valor total en el anexo sea diez veces mayor. Los restantes 460.475 lei ya estaban asignados en 2023 para esos mismos terrenos, bajo los números de posición antiguos.
El segundo efecto es el que se nota en el bolsillo. Para 31 de las 38 familias de posiciones, la cantidad total ofrecida sube, y para 7 baja, porque allí la documentación catastral ha reducido mucho la superficie que se toma. La mayor bajada en porcentaje está en la posición 1185, donde la oferta pasa de 30.455,68 lei a 6.804,10 lei, un 77,7% menos, aunque la superficie por expropiar suba de 1.472 a 1.504 metros cuadrados. La explicación se lee en la tabla: en 2023 el terreno figuraba en la comuna de Urecheni y estaba clasificado en casco urbano, por lo que se valoraba a 20,69 lei el metro cuadrado, y ahora figura en Timișești y fuera de casco urbano, a 4,524 lei. Es la única posición de todo el anexo en la que el Estado toma más terreno y ofrece menos dinero.
El tercer efecto tiene que ver con el circuito del dinero. El artículo III apartado (2) obliga al Ministerio de Transportes e Infraestructuras a transferir las cantidades a una cuenta de tesorería abierta a nombre de la CNAIR, en un plazo máximo de 30 días desde la aprobación de la solicitud de apertura de créditos. Ese plazo no corre desde la publicación, sino desde un momento que la decisión no fecha, así que el propietario no puede calcular por el acto cuándo llega el dinero al expropiante.
El cuarto efecto es procesal y trabaja a favor de quienes ya han pleiteado. El artículo 32 apartado (4) de la Ley n.º 255/2010 exige al expropiante que, tras rectificar el anexo, rectifique también la resolución de expropiación y vuelva a consignar las cantidades con arreglo a la decisión del Gobierno corregida. El propietario no tiene que pedirlo: es obligación de la CNAIR.
Qué ha cambiado respecto de la situación anterior
Hasta el 28 de septiembre de 2026, el anexo n.º 2 de la Decisión del Gobierno n.º 1.179/2023 tenía 1.528 posiciones. Desde ahora tiene 1.616, porque las 88 posiciones nuevas se intercalan con índices entre las antiguas, de la 11861 a la 146129. La numeración original queda intacta, lo que significa que una posición de 2023 se puede seguir hoy con el mismo número, aunque el terreno que hay detrás de ella se haya partido en treinta trozos, como ha pasado en la posición 1461.
También ha cambiado el grado de precisión de la lista. En 2023, la posición 1461 cubría 58.541 metros cuadrados en una sola fila, con propietario no identificado, y tenía asignados 181.477,10 lei. Ahora esa misma parcela aparece en 30 posiciones y 34 líneas de pago, con propietarios nominales, 38.645 metros cuadrados y 174.829,98 lei. Los 19.896 metros cuadrados que ya no figuran han salido de la lista de propiedad privada, y la decisión no dice por qué.
La tercera cosa que ha cambiado es el precio de referencia. Un metro cuadrado de tierra de labor fuera de casco urbano en Timișești se valoraba en 3,10 lei en diciembre de 2023 y se valora en 4,524 lei en septiembre de 2026. Entre las dos publicaciones han pasado 1.029 días, y el aumento del 45,9% supone un ritmo de alrededor del 14% al año. La oferta más pequeña del nuevo anexo es de 4,52 lei, por un solo metro cuadrado tomado a una sociedad mercantil en la posición 1460; la mayor es de 21.620,20 lei, por 4.779 metros cuadrados. El pago se hace en 134 líneas, no en 126, porque siete posiciones tienen dos o tres superficies distintas por expropiar. La mitad de esas líneas se quedan por debajo de 2.646,54 lei, y 30 de ellas por debajo de 1.000 lei.
Ventajas y desventajas
Lo que mejora
- Desaparece la categoría «proprietar neidentificat», propietario no identificado, de las 126 posiciones. El dinero ya no se consigna a cuenta de una sucesión desconocida, sino que lo pueden reclamar personas con nombre, dirección y título.
- El precio por metro cuadrado llega a 4,524 lei en toda la lista, uniforme. Nadie recibe una valoración peor que la del vecino de parcela, lo que cierra una de las fuentes de litigio más frecuentes.
- La parte dispositiva y el anexo encajan exactamente. Las 126 posiciones anunciadas en el artículo II se encuentran en la tabla y no aparece ninguna fila de más, comprobación que un propietario puede rehacer por su cuenta.
- La actualización se hace mediante decisión publicada, no mediante una nota interna del expropiante. Quien quiera impugnarla tiene un texto fechado y público del que partir.
- La superficie que se toma baja en 27.450 metros cuadrados. Para algunos propietarios eso significa que se les devuelve al uso tierra que daban por perdida.
Lo que sigue siendo un problema
- Ninguna posición viene con una explicación. Un propietario a quien la oferta le baja tres cuartas partes, como pasa en la posición 1185, se entera por la tabla de la cifra nueva, pero no se entera por el acto de por qué su terreno ha pasado de casco urbano a fuera de él y de Urecheni a Timișești.
- La decisión no dice qué pasa con la diferencia de 267.034,61 lei que queda sin consumir en las 38 posiciones reducidas. La cantidad se asignó nominalmente en 2023 para terrenos que ahora se toman en menor superficie.
- El acto no fija ningún plazo para el expropiante. Aquel plazo de 30 días corre desde la aprobación de la solicitud de apertura de créditos, momento que la decisión no ata a ninguna fecha del calendario.
- Del texto no se puede saber si alguna de las 126 posiciones está en litigio ni qué pasa con las cantidades ya consignadas a nombre de los propietarios con los valores antiguos.
- La actualización llega 1.029 días después de la decisión de base. Para quien haya recibido entretanto una oferta menor y no la haya impugnado en plazo, la cifra nueva del anexo no pone el reloj a cero.
Consejos prácticos
- Busque su posición en el anexo por el número de 2023, no por el nombre. La segunda columna de la tabla lleva la numeración de la Decisión del Gobierno n.º 1.179/2023, y las posiciones nuevas se reconocen por el índice pequeño: 14217 significa el séptimo trozo desprendido de la antigua posición 1421.
- Compruebe usted mismo la cifra: la superficie por expropiar multiplicada por 4,524 lei tiene que dar exactamente la cantidad de la última columna. Si no da, tiene un motivo concreto de reclamación ante la Compañía Nacional de Administración de Infraestructuras Viarias, no un descontento general.
- Presente la solicitud de pago en los 10 días previstos por el artículo 19 apartado (2) de la Ley n.º 255/2010, que corren desde la exposición de la lista en la sede del consejo local de Timișești, no desde la publicación de la decisión. Si no la presenta, el artículo 19 apartado (5) dice que el dinero se consigna en una cuenta a su nombre y le espera, pero no le llega solo.
- Si la oferta le parece pequeña, el plazo de impugnación es el general de prescripción, es decir, 3 años con arreglo al artículo 2.517 del Código civil, y corre desde la comunicación de la resolución de fijación de la cuantía de la indemnización, no desde la publicación de esta decisión del Gobierno. La acción está exenta de tasa judicial, con arreglo al artículo 23 apartado (1) de la Ley n.º 255/2010.
- Retenga una regla que trabaja a su favor: el artículo 22 apartado (7) de esa misma ley establece que el órgano judicial no puede conceder menos de lo que ofreció el expropiante. Una oferta actualizada al alza se convierte, en la práctica, en el suelo del proceso.
- Si su terreno ha sido segregado, pida la nota simple del registro de la propiedad del número catastral nuevo que figura en la tabla. El número antiguo puede haber dejado de existir, y el pago se hace sobre la identificación del anexo en vigor.
Preguntas frecuentes
¿Recibo automáticamente la diferencia de dinero?
¿En cuánto tiempo se paga?
Ya he demandado por la cantidad inicial. ¿Qué pasa con el proceso?
¿Puedo impugnar el hecho de que se me quite el terreno?
¿Por qué ha bajado mi oferta, si el Estado ha puesto dinero de más?
¿Por qué aparecen posiciones con índices, del tipo 146112?
¿Dónde se aplica la decisión?
Análisis de la redacción
La decisión hace exactamente lo que le pide la ley y lo hace con limpieza. El fundamento es el artículo 32 apartado (2) de la Ley n.º 255/2010, introducido por la Ley n.º 233/2018, que obliga a rectificar el anexo cuando aparecen discordancias entre las documentaciones catastrales y las identificaciones iniciales de los inmuebles y de las personas. Aquí las discordancias eran grandes: 19 de las 38 posiciones tenían propietario no identificado, una parcela figuraba en la comuna equivocada y otra estaba clasificada en casco urbano aunque se encuentra fuera de él. La comprobación punto por punto no ha encontrado ninguna remisión vacía: las 126 posiciones anunciadas en la parte dispositiva existen en la tabla, y la tabla no contiene ninguna fila sin declarar.
La observación que no se ve leyendo el acto es que el incremento de 51.750 lei no mide nada de lo que parece medir. Es el resultado de dos movimientos de sentido contrario, los dos mucho mayores que él: la superficie por expropiar baja en 27.450 metros cuadrados, lo que abarata la lista en 109.486,46 lei al precio de 2023, y la revalorización de 3,10 a 4,524 lei por metro cuadrado la encarece en 161.231,01 lei. La diferencia exacta es de 51.744,55 lei, que el artículo I redondea al alza a 51,75 miles de lei. Quien lea solo la parte dispositiva cree que el acto cuesta lo que una reparación de tejado; en realidad reescribe la valoración de 11,3 hectáreas.
La segunda observación sale de la comparación con el acto de base y se refiere a una sola persona. En la posición 1185, la misma familia cede en 2026 32 metros cuadrados más que en 2023 y recibe 23.651,58 lei menos, es decir, una oferta reducida en un 77,7%. Es la única posición de todo el anexo en la que la superficie sube y la cantidad baja, y la causa es una reclasificación, de casco urbano a fuera de él, que corta el precio unitario de 20,69 a 4,524 lei por metro cuadrado. La reclasificación puede ser perfectamente correcta, porque el terreno figuraba además en la comuna equivocada. El problema es que el acto no escribe ni una palabra sobre ella, aunque produce, para esa familia, un efecto de casi la mitad de todo el incremento que la decisión aprueba.
La tercera observación se refiere a los plazos. El acto impone al propietario, por la ley a la que remite, 10 días para presentar la solicitud de pago y lo envía a un plazo de prescripción de 3 años para impugnar, pero no se impone ninguno a sí mismo. Los 30 días del artículo III apartado (2) corren desde la aprobación de la solicitud de apertura de créditos, un momento interno de la administración, sin fecha y sin comunicar al propietario, y los 90 días del artículo 21 de la ley corren desde que se dicta la resolución de fijación de la indemnización, acto que dicta el propio expropiante cuando lo estima. Entre la decisión de base y esta actualización han pasado 1.029 días. La asimetría se ve también en el presupuesto: el Estado mantiene sobre el papel 267.034,61 lei asignados en 2023 a posiciones que ahora valen menos, sin decir qué hace con ellos.
Qué debería cambiar
- Una columna de motivo en el anexo. Una palabra por fila, «segregación», «reclasificación», «nueva medición», «corrección de la unidad administrativo-territorial», ahorraría al propietario de la posición 1185 un viaje al ayuntamiento y al expropiante una reclamación nacida de un malentendido.
- La cantidad de la parte dispositiva, escrita al leu. 51.744,55 lei en lugar de 51,75 miles de lei. El redondeo no cuesta más que 5,45 lei, pero esconde que la cifra es una diferencia calculada, no una asignación redonda, y hace imposible la comprobación a la primera lectura.
- Una línea sobre la diferencia liberada. La decisión debería decir de forma expresa que los 267.034,61 lei que quedan de las posiciones reducidas vuelven al límite máximo de la obra, no se pierden ni se reasignan a otra parte. Ahora eso se deduce, no se lee.
- Un plazo ligado a la publicación para transferir el dinero. Los 30 días deberían correr desde la entrada en vigor de la decisión, no desde un acto interno del ministerio. Así el propietario sabría, por el texto, hasta cuándo llega el dinero al expropiante.
- La obligación de comunicar individualmente la cantidad nueva. La ley exige exponer la lista en el ayuntamiento, lo que en 2026 significa que una persona que se haya marchado del pueblo no se entera de nada. Una notificación escrita a la dirección del título de propiedad, obligatoria en cada rectificación de anexo, cerraría la distancia que hay entre publicar y avisar.
Texto original del acto normativo
El texto que figura a continuación se reproduce en rumano, la forma oficial de publicación.
El texto íntegro, tal como se publicó en el Boletín Oficial de Rumanía
Boletín Oficial de Rumanía n.º 822 de 28 de septiembre de 2026, páginas 8-15 16 páginas PDF, 131 KB el acto comienza en la página 8
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Este artículo tiene carácter informativo y no constituye asesoramiento jurídico. Para situaciones concretas, consulta a un abogado o asesor fiscal autorizado.