En resumen

  • El Gobierno ha aprobado una estrategia de ocho años (2026-2034) con la que se propone redactar leyes mejores, reducir el número de ordenanzas de urgencia y simplificar la burocracia para ciudadanos y empresas, sobre todo para las pymes.
  • Entre los objetivos concretos: reducir el peso de las ordenanzas de urgencia en la legislación, la obligación de que los nuevos trámites no exijan documentos que el Estado ya posee (principio «once only»), una prueba obligatoria de impacto sobre las pequeñas y medianas empresas y una consulta pública real, no solo formal.
  • La estrategia no modifica directamente ninguna ley y no tiene efecto inmediato en la vida cotidiana; establece las reglas con las que el Gobierno redactará, de ahora en adelante, todas las demás leyes, ordenanzas y decisiones.
Acto: Hotărârea Guvernului nr. 559/2026
Publicado: M. Of. nr. 623 del 29 de julio de 2026 (el anexo, en M. Of. nr. 623 bis de la misma fecha)
Entra en vigor: 29 de julio de 2026

El Gobierno se ha comprometido oficialmente con un plan a largo plazo para redactar leyes menos numerosas, más claras y menos modificadas sobre la marcha. Mediante la Hotărârea nr. 559 del 23 de julio de 2026, publicada en el Monitorul Oficial el 29 de julio, se aprobó la Estrategia para una mejor regulación 2026-2034, un documento de 117 páginas que fija, para los próximos ocho años, las reglas con las que los ministerios deben redactar y aplicar los actos normativos. No es una ley ordinaria con artículos que se apliquen directamente a los ciudadanos, sino más bien un «reglamento interno» de la administración: establece cómo debería trabajar el Gobierno de ahora en adelante, para dejar de producir leyes hechas con prisa, modificadas decenas de veces y difíciles de aplicar. El documento llega en un contexto en el que el Gobierno también ha creado recientemente nuevas estructuras de coordinación para situaciones de crisis, señal de una tendencia más amplia a reorganizar el modo en que las instituciones del Estado toman decisiones.

El motivo por el que la estrategia se ha redactado ahora obedece a una constatación sencilla, confirmada por los propios datos del Gobierno: entre 2021 y 2025, el Parlamento y el Ejecutivo adoptaron, de media, casi 2.000 actos normativos al año, y entre una cuarta parte y un tercio de las leyes propiamente dichas fueron, en determinados años, ordenanzas de urgencia, pese a que la Constitución las reserva solo para situaciones excepcionales. El Código Fiscal se modificó 26 veces en cinco años, y la antigua ley de educación, 22 veces. La estrategia reconoce abiertamente esta inestabilidad legislativa y se propone reducirla de forma gradual.

Efectos que produce

La estrategia no tiene efectos jurídicos directos sobre los ciudadanos o las empresas, pero establece un calendario de reformas que, con el tiempo, debería notarse en la forma en que se redactan y aplican todas las demás leyes. Las direcciones más importantes:

  • Menos ordenanzas de urgencia. El Gobierno se propone que el peso de las OUG en la legislación primaria baje de aproximadamente el 65% de los dictámenes críticos actuales al 35% para 2030, y para los actos con impacto en el mercado laboral, los salarios o la protección social, introduce, hasta 2028, un procedimiento mínimo obligatorio de consulta a los interlocutores sociales, incluso cuando la ley se tramite con carácter urgente.
  • Prueba obligatoria para las pequeñas empresas. El Test Pyme, con el que se comprueba si una nueva ley impone cargas desproporcionadas a las pequeñas empresas, debería aplicarse a al menos el 20% de los proyectos con impacto sobre las pymes seleccionados para análisis, hasta 2030, a través de una plataforma digital dedicada (PMAT).
  • El Estado deja de pedir dos veces el mismo documento. A partir de 2028, cualquier ministerio que introduzca un trámite u obligación administrativa nueva deberá certificar que no pide a ciudadanos o empresas datos que ya posee otra institución pública, el principio «once only», y que el trámite puede digitalizarse desde el principio («digital by default»).
  • Normas y autorizaciones que caducan automáticamente. Se introducirá un mecanismo de tipo «sunset review»: ciertos informes, autorizaciones o documentos justificativos exigidos por el Estado caducarán automáticamente a los 3-5 años si la institución que los impuso no demuestra, mediante una evaluación, que siguen siendo útiles.
  • Consulta pública real, no solo formal. Los proyectos de actos normativos con impacto importante deberían someterse a debate público ya desde la fase de definición del problema, no solo cuando el texto ya está terminado, y las aportaciones recibidas de ciudadanos y organizaciones deberían reflejarse explícitamente en los documentos que motivan la ley, no solo publicarse e ignorarse.
  • Herramientas de inteligencia artificial para redactar leyes. Está prevista la creación de herramientas basadas en inteligencia artificial que verifiquen automáticamente si una nueva ley contradice o se solapa con la legislación vigente, con validación humana obligatoria en todos los casos.

Qué ha cambiado respecto a la situación anterior

  • El primer marco estratégico unitario en 25 años. La última estrategia dedicada a la calidad de la regulación, la de Consolidación de la Administración Pública, tenía como horizonte el año 2020; desde entonces, las reformas se han hecho de forma puntual, mediante fondos europeos (POCA, PNRR), sin una visión única a nivel de Gobierno.
  • La aplicación de las leyes entra, por primera vez, en la estrategia como tema propio. El documento ya no se detiene en la fase de redacción de la ley, sino que aborda explícitamente también el modo en que se aplican en la práctica la concesión de licencias, las autorizaciones y las inspecciones, mediante un enfoque basado en el riesgo, en lugar de un control uniforme en todas partes.
  • El Test Pyme y la evaluación de impacto pasan a ser objeto de una coordinación institucional clara. Se aclaran los roles entre la Secretaría General del Gobierno, el Ministerio de Economía, el Consejo consultivo para la evaluación del impacto de los actos normativos (CCEIAN) y el Grupo para la evaluación del impacto económico (GEIEAN), que antes trabajaban de forma relativamente fragmentada.
  • La dimensión europea pasa a ser parte explícita del proceso. Las instituciones que negocian legislación europea deberán, a partir de ahora, evaluar el impacto de una directiva o de un reglamento ya desde el periodo de negociación en Bruselas, no solo cuando llegue el momento de transponerla a la ley rumana, precisamente para evitar añadir requisitos adicionales por encima del mínimo exigido por la UE (el fenómeno conocido como «gold-plating»).
  • El rendimiento de los servicios públicos obtiene, por primera vez, un marco unitario de medición. Se desarrollará una plataforma centralizada que seguirá ocho criterios (desde la accesibilidad hasta la eficiencia) para todos los servicios públicos, con encuestas de opinión y estudios de tipo «cliente misterioso», no solo informes internos de las instituciones.
  • La administración local recibe su propio plan de simplificación. Los ayuntamientos y los consejos locales se beneficiarán de una regla de tipo «one in, one out» (toda nueva obligación administrativa impuesta a las localidades debe compensarse con la eliminación de otra) y de una herramienta basada en inteligencia artificial para la redacción de los actos administrativos locales.

Ventajas y desventajas

Qué aporta de bueno

  • Un calendario público, con objetivos cuantificados y plazos claros (2027, 2028, 2030, 2034), sobre el que el Gobierno se compromete a informar anualmente, lo que facilita que la sociedad civil y la prensa puedan verificar la reforma.
  • Direcciones concretas que el mundo empresarial lleva años esperando: menos ordenanzas de urgencia, el principio «once only» y una prueba real para el impacto sobre las pymes, alineadas con el objetivo europeo de reducir la carga administrativa en un 25%, y en un 35% para las pequeñas empresas.
  • Un mecanismo de evaluación intermedia obligatoria, en 2031, con la posibilidad de ajustar la estrategia si las cosas no marchan según lo previsto, en lugar de un documento rígido, imposible de corregir.

Qué aporta de malo o queda poco claro

  • La estrategia no obliga a nada de forma inmediata: la mayoría de las medidas concretas (el marco legal para la simplificación, el filtro digital obligatorio, el mecanismo «sunset review») tienen plazos que no empiezan hasta 2027-2029, lo que deja margen para retrasos, como ya ha ocurrido con reformas similares anunciadas en el pasado.
  • Muchos objetivos se formulan como porcentajes relativamente modestos («mínimo 20%», «mínimo 25%» de las iniciativas analizadas), no como obligaciones generales, de modo que la gran mayoría de los proyectos de actos normativos podría quedar, a corto plazo, fuera de los nuevos filtros.
  • La reducción del uso de ordenanzas de urgencia sigue siendo un objetivo de disminución gradual (de aproximadamente el 65% al 35% de los dictámenes críticos, hasta 2030), no una prohibición; el instrumento sigue estando, en adelante, al alcance del Gobierno.

Consejos útiles

  1. Emprendedores y pequeñas empresas (autónomos, SRL, pymes): conviene seguir la plataforma PMAT (la plataforma para el Test Pyme), que debería entrar en funcionamiento en el próximo periodo; allí podrán consultarse directamente los proyectos de actos normativos con impacto sobre las pequeñas empresas, antes de que se conviertan en ley.
  2. Funcionarios públicos y autoridades locales: el Instituto Nacional de Administración va a impartir, hasta 2034, programas de formación para al menos 5.000 beneficiarios de la administración local (alcaldes, cargos electos, secretarios generales de las UAT); conviene seguir los anuncios del Instituto a medida que se publiquen.
  3. Ciudadanos y organizaciones no gubernamentales: la plataforma e-consultare.gov.ro sigue siendo el principal lugar donde se pueden seguir y comentar los proyectos de ley antes de su adopción; la estrategia se propone convertirla, de forma gradual, en el «punto único» de acceso a todos los proyectos en curso en el Gobierno, no solo un sitio más entre otros.
  4. Todo el mundo: puesto que se trata de una estrategia de ocho años, con evaluación intermedia recién en 2031, tiene sentido tratarla como una referencia que conviene revisar periódicamente, no como un cambio que se note desde mañana; los primeros informes anuales de seguimiento se prometen para 2027-2028.

Preguntas frecuentes

¿Qué es, en realidad, la Estrategia para una mejor regulación 2026-2034?
Es un documento estratégico del Gobierno, aprobado mediante la Hotărârea nr. 559/2026, que establece los objetivos, programas e indicadores con los que la administración pública rumana se propone redactar leyes mejores, modificarlas con menos frecuencia y hacerlas menos gravosas para ciudadanos y empresas, durante el periodo 2026-2034. No modifica directamente ninguna ley existente.
¿Cambia algo para mí, como ciudadano, ahora mismo?
No de forma directa ni inmediata. La estrategia no introduce nuevas obligaciones o derechos para ciudadanos o empresas; cambia el modo en que el Gobierno redactará, evaluará y aplicará, de ahora en adelante, todos los demás actos normativos. Los efectos se notarán de forma gradual, a medida que las medidas del plan de acción, muchas con plazos en 2027-2030, se vayan haciendo operativas.
¿Qué es el Test Pyme y por qué importa para una pequeña empresa?
Es una herramienta con la que, antes de aprobar una ley nueva, el Estado debe analizar si esta impone costes desproporcionados a las pequeñas y medianas empresas, en comparación con las grandes compañías. El test ya existe en la legislación, pero la estrategia se propone hacerlo obligatorio en la práctica, no solo sobre el papel, mediante una plataforma digital dedicada (PMAT) y una coordinación más clara entre las instituciones implicadas.
¿Qué significa el principio «once only» del que habla la estrategia?
Significa que el Estado ya no debería pedir los mismos datos o documentos más de una vez, a la misma persona o empresa, si ya los tiene en otra institución pública. La estrategia prevé que, a partir de 2028, cada ministerio que introduzca un trámite nuevo certifique el cumplimiento de este principio.
¿Quién comprueba si el Gobierno cumple, en la práctica, lo que dice la estrategia?
Se creará, mediante decisión del primer ministro, el Comité Interministerial de Seguimiento de la Estrategia para una mejor Regulación (CIM-SMBR), coordinado por la Secretaría General del Gobierno, que se reunirá semestralmente. Se prometen informes anuales de seguimiento a partir de 2028, un informe de evaluación intermedia en 2031 y un informe final en 2035.
¿Por qué se publicó el anexo con el contenido propiamente dicho de la estrategia por separado, en una edición «bis» del Monitorul Oficial?
Porque el anexo tiene 117 páginas, y el Monitorul Oficial publica los documentos muy extensos en una edición suplementaria («bis») del mismo número, para no sobrecargar la edición ordinaria del día. La resolución de base (3 artículos) apareció en el número 623, y la Estrategia completa, en el número 623 bis, ambos del 29 de julio de 2026.

Textul original al actului normativ

El texto a continuación se reproduce en rumano, la lengua oficial en la que se publicó en el Monitorul Oficial de Rumanía.

Mostrar el texto íntegroOcultar el texto íntegro

HOTĂRÂRE privind aprobarea Strategiei pentru o mai bună reglementare 2026-2034

EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI

Publicat în: MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, nr. 623 din 29 iulie 2026 (hotărârea); anexa reprodusă integral în MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, nr. 623 bis din 29 iulie 2026

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 25 lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. – Se aprobă Strategia pentru o mai bună reglementare 2026-2034, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Ministerele și instituțiile publice cu responsabilități în implementarea acțiunilor cuprinse în strategia prevăzută la art. 1 au obligația de a duce la îndeplinire măsurile specifice domeniului lor de activitate.

Art. 3. – Finanțarea necesară îndeplinirii măsurilor cuprinse în strategia prevăzută la art. 1 se realizează cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate, potrivit legii, cu această destinație în bugetele ministerelor și instituțiilor publice responsabile, precum și din alte surse legal constituite.

PRIM-MINISTRU
ILIE-GAVRIL BOLOJAN

Contrasemnează:
Viceprim-ministru, interimar,
Oana-Clara Gheorghiu
Secretarul general al Guvernului,
Dan Reșitnec
p. Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
Marin Țole, secretar de stat
Ministrul economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului,
Ambrozie-Irineu Darău
Ministrul investițiilor și proiectelor europene,
Dragoș-Nicolae Pîslaru
Ministrul afacerilor externe,
Oana-Silvia Țoiu

București, 23 iulie 2026.
Nr. 559.

*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 623 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul din șos. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5, București.

ANEXĂ – STRATEGIA PENTRU O MAI BUNĂ REGLEMENTARE ȘI PLANUL DE ACȚIUNE AFERENT 2026-2034

Lista abrevierilor și acronimelor

SGG – Secretariatul General al Guvernului; MEDAT – Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului; MDLPA – Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației; MAE – Ministerul Afacerilor Externe; ADR – Autoritatea pentru Digitalizarea României; UE – Uniunea Europeană; CE – Comisia Europeană; OCDE – Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică; BM – Banca Mondială; EIR – Evaluarea Impactului Reglementărilor; CCEIAN – Consiliul Consultativ pentru Evaluarea Impactului Actelor Normative; GEIEAN – Grupul pentru Evaluarea Impactului Economic al Actelor Normative; CERB – Comitetul privind e-guvernarea și reducerea birocrației; Testul IMM – Testul întreprinderilor mici și mijlocii; PNRR – Planul Național de Redresare și Reziliență; PALG – Planul Anual de Lucru al Guvernului; PMAT – platformă care să permită autorizarea digitală a reprezentanțelor străine și dialogul (utilizată și ca platformă a Testului IMM); PS – Plan Strategic; PSI – Plan Strategic Instituțional; IPM – Instrument de prezentare și motivare; OG – Obiectiv general; OGS – Obiectiv specific; P – Problema.

Preambul

În ultimii ani, procesul de reglementare din administrația publică din România a cunoscut o evoluție graduală, susținută de dezvoltarea unor proceduri și mecanisme instituționale specifice. Cu sprijinul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 (POCA) și al Planului Național de Redresare și Reziliență 2021-2026 (PNRR) au fost dezvoltate instrumente și practici menite să consolideze planificarea procesului decizional, evaluarea impactului reglementărilor, simplificarea administrativă și transformarea digitală a serviciilor publice.

Cu toate acestea, procesul decizional rămâne, în multe situații, caracterizat de o abordare predominant procedurală și reactivă, cu o capacitate limitată de anticipare a evoluțiilor economice, tehnologice și sociale. Persistă dificultăți în fundamentarea deciziilor publice pe baze analitice solide și pe utilizarea sistematică a datelor statistice. Aceste limite se reflectă în costuri administrative și de conformare care afectează cetățenii și mediul de afaceri, în scăderea gradului de încredere a cetățenilor în deciziile asumate la nivelul administrației publice, precum și în dificultăți de coordonare între politicile sectoriale și între diferitele niveluri ale administrației.

Potrivit constatărilor din studiile și rapoartele Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică privind mai buna reglementare, povara administrativă trebuie înțeleasă nu doar ca un ansamblu de costuri financiare, ci și ca o sumă de costuri non-financiare, precum timpul consumat, complexitatea procedurală și stresul generat cetățenilor și sectorului privat, ceea ce justifică necesitatea unor politici de simplificare care să reducă aceste «fricțiuni administrative».

1. Introducere

1.1 Argumentarea necesității elaborării strategiei

Necesitatea elaborării Strategiei pentru o mai bună reglementare 2026-2034 este determinată, în primul rând, de absența, în ultimii ani, a unui cadru strategic integrat în domeniul calității reglementării și al funcționării procesului decizional la nivel guvernamental. Strategia pentru Consolidarea Administrației Publice, care a inclus și obiective legate de mai buna reglementare, a avut ca orizont anul 2020, iar în perioada care a urmat intervențiile au fost realizate punctual, în absența unei viziuni unitare la nivelul administrației publice din România.

Un alt argument major pentru elaborarea strategiei îl reprezintă necesitatea consolidării mecanismelor de monitorizare și analiză a procesului decizional. Totodată, elaborarea strategiei oferă oportunitatea introducerii unor dimensiuni noi în politica de reglementare, adaptate evoluțiilor economice, tehnologice și instituționale actuale, inclusiv valorificarea noilor tehnologii în procesele de planificare, fundamentare, consultare publică, simplificare administrativă și evaluare ex-post.

Strategia oferă, de asemenea, cadrul pentru consolidarea dimensiunii guvernanței referitoare la aplicarea reglementărilor, prin îmbunătățirea procedurilor de licențiere și autorizare, a inspecțiilor și a mecanismelor de asigurare a respectării reglementărilor, inclusiv prin utilizarea unor abordări bazate pe risc și proporționale.

Nu în ultimul rând, Strategia pentru o mai bună reglementare 2026-2034 și Planul de acțiune aferent sunt elaborate ca urmare a cerințelor, rezultatelor și continuării măsurilor prevăzute în cadrul jalonului 407 din PNRR, care vizează îmbunătățirea planificării politicilor publice, a evaluării impactului reglementărilor și a consultării părților interesate.

1.2 Perioada de implementare a Strategiei

Strategia acoperă perioada 2026-2034. Documentul va fi supus unei evaluări intermediare după primii patru ani de implementare, iar pe baza raportului de evaluare intermediar, strategia și planul de acțiune aferent vor fi actualizate.

1.3 Modul de elaborare a strategiei

Strategia a fost elaborată ca urmare a unui proces coordonat de SGG, cu contribuții din partea MEDAT, MDLPA și MAE. Au fost analizate recomandările OCDE formulate în contextul procesului de aderare a României la Comitetul pentru Politici de Reglementare, concluziile rapoartelor Băncii Mondiale elaborate în cadrul proiectului «Reglementări fundamentate pentru politici publice mai bune» (finanțat prin PNRR), precum și raportul cu recomandările specifice de țară pentru România din 2025.

1.4 Instituțiile implicate în elaborarea documentului

Prin Decizia Prim-ministrului nr. 537 din 28 noiembrie 2025 a fost înființat Comitetul interinstituțional pentru sprijinirea implementării jalonului 407 (Comitetul), coordonat de SGG. Din componența Comitetului fac parte SGG, MAE, MDLPA, MEDAT și ADR.

2. Viziunea strategică

Până în 2034, România își propune să dezvolte un sistem de reglementare anticipativ și coerent, capabil să răspundă transformărilor economice, tehnologice și sociale, în care politicile publice și reglementările sunt concepute pe baza datelor, a evaluării impactului și a implicării active a părților interesate. Politica de reglementare devine astfel un instrument strategic pentru susținerea competitivității economiei și pentru buna funcționare a pieței interne, prin reducerea poverii administrative, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii.

De asemenea, politica de reglementare va contribui la reducerea riscurilor investiționale (de-risking) prin asigurarea unui cadru normativ stabil, predictibil și coerent. Procesul de reglementare va fi corelat în mod sistematic cu viitorul Plan de Parteneriat Național și Regional, asigurând integrarea reformelor și investițiilor într-un cadru strategic coerent, orientat către rezultate și impact economic măsurabil.

Pentru realizarea acestei viziuni, strategia urmărește consolidarea a șase dimensiuni complementare ale politicii de reglementare:

  1. Decizii publice fundamentate: politicile publice și actele normative se elaborează pe baza unor analize solide, a evaluării impactului și a utilizării sistematice a datelor.
  2. Implicarea activă a părților interesate în procesul decizional: prin mecanisme de consultare timpurie și implicare activă în definirea soluțiilor de politică publică.
  3. Simplificare administrativă și politica de reglementare orientată către utilizator: reducerea poverii administrative, în special pentru IMM-uri, prin simplificarea procedurilor, eliminarea obligațiilor redundante și integrarea principiilor digital by default și once only.
  4. Monitorizarea sistematică și evaluarea performanței serviciilor publice: mecanisme riguroase de monitorizare post-implementare și evaluare a performanței.
  5. Utilizarea tehnologiei și a inovării în procesul de reglementare: instrumente digitale și soluții bazate pe inteligență artificială pentru sprijinirea planificării, analizei de impact, consultării și simplificării.
  6. Coerența politicilor pentru dezvoltare durabilă: identificarea sinergiilor și gestionarea interdependențelor dintre obiectivele economice, sociale și de mediu, în sprijinul Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă ale României.

3. Priorități, politici publice și cadrul legal existent

Strategia este elaborată în concordanță cu principiile și standardele promovate de Comisia Europeană în cadrul agendei privind «o mai bună reglementare», integrează elemente din «Better Regulation Toolbox» (evaluarea impactului, consultarea părților interesate, reducerea sarcinilor administrative) și preia direcții recente ale politicii europene, inclusiv accentul pe competitivitate, digitalizare, cooperare internațională și utilizarea responsabilă a inteligenței artificiale, precum și principiile digital by default și once-only.

Prioritățile strategiei sunt aliniate cu instrumentele adoptate la nivelul OCDE: Recomandarea OCDE privind îmbunătățirea calității reglementării guvernamentale (1995), Recomandarea OCDE privind politica de reglementare și guvernanța (2012), Declarația OCDE privind guvernanța publică agilă (2021) și Recomandarea OCDE privind cooperarea internațională în materie de reglementare (2022).

La nivel național, cadrul juridic relevant include Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Hotărârea Guvernului nr. 561/2009 (procedurile de elaborare, avizare și prezentare a proiectelor de acte normative), Hotărârea Guvernului nr. 443/2022 (instrumentul de prezentare și motivare, evaluarea impactului, CCEIAN), Hotărârea Guvernului nr. 379/2022 (metodologia strategiilor guvernamentale) și Hotărârea Guvernului nr. 427/2022 (planurile strategice instituționale). Strategia pentru o mai bună reglementare 2026-2034 nu urmărește modificarea semnificativă a acestui cadru, ci valorificarea și aplicarea mai eficientă a instrumentelor deja existente.

4. Analiza contextului și definirea problemelor

Analizele privind evaluarea impactului reglementărilor arată că, anual, Guvernul și Parlamentul adoptă un număr de peste 1.500 de acte normative. Situația actelor normative adoptate anual (legi, ordonanțe, ordonanțe de urgență și hotărâri de guvern) a fost, potrivit datelor Camerei Deputaților: 1.792 în 2021, 2.170 în 2022, 1.927 în 2023, 2.204 în 2024 și 1.533 în 2025 (total legislație 2021-2025: 9.626 de acte).

Principalele probleme legate de activitatea de reglementare a Guvernului, identificate în strategie:

P0.1 – Utilizarea frecventă a ordonanțelor de urgență pentru acte normative cu impact semnificativ. Codul fiscal a fost modificat de 26 de ori în perioada 2020-2025, iar vechea lege a educației (Legea nr. 1/2011), de 22 de ori; Legea educației a fost modificată de 9 ori doar în 2020, iar Codul fiscal, de 9 ori doar în 2024, exclusiv prin OUG. Ponderea ordonanțelor de urgență din totalul legislației primare a fost de 42,4% în 2020, 29,7% în 2021, 31,2% în 2022, 21,6% în 2023, 29,3% în 2024 și 25,4% în 2025.

P0.2 – Utilizarea limitată și nesistematică a datelor și analizelor pe întreg parcursul procesului decizional. Proporția instrumentelor de prezentare și motivare evaluate ca fiind de calitate satisfăcătoare sau excelentă a crescut de la aproximativ 10% în 2019 la 26,6% în 2024, dar două treimi dintre instrumentele care însoțesc proiecte de acte normative cu impact rămân doar «parțial satisfăcătoare».

P0.3 – Utilizarea limitată a tehnologiilor digitale și a instrumentelor inovatoare în procesul decizional. Procesele decizionale se bazează în mare măsură pe fluxuri de lucru tradiționale, manuale sau slab integrate.

P0.4 – Integrarea insuficientă a dimensiunii europene în procesul decizional național. Nu există o evidență completă și sistematică a actelor normative care transpun legislația Uniunii Europene, ceea ce limitează capacitatea administrației de a preveni fenomenul de gold-plating (adăugarea, la nivel național, a unor cerințe mai stricte decât cele impuse de UE).

P0.5 – Transparență și consultare publică limitate sau formale. Consultarea publică este, în anumite situații, realizată tardiv sau formal, fără a valorifica în mod real contribuțiile părților interesate încă din etapele timpurii ale procesului decizional.

P0.6 – Valorificarea insuficientă a informațiilor și datelor privind aplicarea și conformarea cu reglementările în procesul decizional. Datele rezultate din activitățile de monitorizare, control, petiții și reclamații nu sunt utilizate în mod sistematic pentru fundamentarea deciziilor.

4.1 Planificarea procesului decizional
4.1.1 Management și planificarea strategică

În ultimii ani, România a realizat progrese în consolidarea sistemului de planificare strategică, prin adoptarea, în 2022, a Hotărârilor Guvernului nr. 379/2022, 427/2022 și 467/2022. Ministerele și SGG elaborează anual Planuri Strategice Instituționale (PSI), pentru un orizont de 1+3 ani. Problemele identificate: P1 disciplina instituțională limitată în elaborarea și actualizarea documentelor de planificare strategică; P2 calitatea neuniformă a indicatorilor de performanță; P3 fragmentarea sistemelor IT și lipsa interoperabilității dintre platforma PSI și sistemele bugetare ale Ministerului Finanțelor; P4 capacitate administrativă limitată în managementul datelor și analiza performanței; P5 cultura organizațională orientată către performanță, insuficient consolidată.

4.1.2 Planul Anual de Lucru al Guvernului (PALG)

Gradul de implementare a inițiativelor incluse în PALG a crescut de la 17% în 2014 la 35% în 2020 și la aproximativ 50% în prezent. Problemele identificate: P1 corelarea insuficientă a PALG cu strategiile multianuale și cu procesul bugetar; P2 dificultăți în respectarea calendarului PALG; P3 capacitate limitată a ministerelor de a anticipa tipurile de impact pe care un proiect de act normativ le va genera; P4 lipsa corelării între PALG și procesul de consultare publică (platforma PALG și platforma e-consultare.gov.ro funcționează separat); P5 necesitatea îmbunătățirii platformei IT utilizate pentru gestionarea PALG, nedezvoltată tehnic semnificativ de la crearea ei, acum 9 ani.

4.2 Evaluarea impactului reglementărilor
4.2.1 Evaluarea ex-ante

Raportul Băncii Mondiale evidențiază faptul că metodele și tehnicile de evaluare a impactului sunt utilizate limitat și nu sunt integrate sistematic în ciclul de politici publice. Analiza pe 2024 arată că 61,8% dintre instrumentele de prezentare și motivare sunt «parțial satisfăcătoare», 12,4% «nesatisfăcătoare», 23% «satisfăcătoare» și doar 3,6% «excelente». Probleme identificate: P1 utilizarea insuficientă a evaluării impactului în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative; P2 calitatea variabilă a instrumentelor de prezentare și motivare; P3 capacitate administrativă limitată pentru realizarea evaluărilor de impact de calitate (deficit de competențe analitice, lipsa resurselor și a timpului, acces limitat la date relevante); P4 corelare limitată a evaluării impactului cu celelalte etape ale procesului decizional; P5 eficacitate limitată a mecanismelor de control al calității evaluării impactului (CCEIAN a emis, în 2023-2025, 121, respectiv 102 și 81 de puncte de vedere, dintre care 40, 18 și 26 au fost nefavorabile); P6 adaptarea insuficientă a cadrului de evaluare a impactului la noile instrumente europene privind competitivitatea și inovarea în reglementare, inclusiv la mecanismele de tip «regulatory sandbox».

4.2.2 Evaluarea ex-post

Evaluarea ex-post a actelor normative nu este utilizată în mod curent ca instrument de fundamentare a deciziilor. Probleme identificate: P1 utilizarea limitată a datelor privind impactul reglementărilor anterioare în elaborarea noilor acte normative; P2 absența unei infrastructuri instituționale și operaționale pentru monitorizarea și evaluarea reglementărilor.

4.2.3 Aplicarea Testului IMM

Aplicarea Testului IMM este afectată de reticența inițiatorilor proiectelor de acte normative de a parcurge această procedură, mai ales când actele sunt adoptate în regim de urgență. Probleme identificate: P1 aplicare neuniformă și formală a Testului IMM în procesul decizional; P2 coordonare instituțională insuficientă între SGG, MEDAT, CCEIAN și GEIEAN în aplicarea Testului IMM.

4.2.4 CCEIAN

Consiliul Consultativ pentru Evaluarea Impactului Actelor Normative, înființat prin Hotărârea Guvernului nr. 443/2022, ca urmare a Jalonului 404 din PNRR, analizează instrumentele de prezentare și motivare. Probleme identificate: P1 valorificarea limitată a recomandărilor CCEIAN în procesul de elaborare a actelor normative; P2 implicare limitată a CCEIAN în etapele timpurii ale procesului decizional (intervine abia în perioada de consultare publică, după ce actul este deja elaborat).

4.3 Transparența decizională și consultarea publică

Cadrul general este stabilit prin Legea nr. 52/2003 și Strategia pentru Guvernare Deschisă 2025-2030 (Hotărârea Guvernului nr. 358/2025). Procesul actual dispune de platforma e-consultare.gov.ro, corelată, din 2025, cu portalul info-transparenta.gov.ro. Probleme identificate: P1 corelarea limitată între consultarea publică și celelalte etape ale procesului decizional (planificare, evaluarea impactului); P2 utilizarea predominant formală a mecanismelor de consultare; P3 valorificarea insuficientă a platformei e-consultare.gov.ro ca punct unic integrat de acces; P4 documentarea incompletă a procesului de consultare și valorificarea limitată a contribuțiilor; P5 accesibilitatea redusă a procesului de consultare publică, afectată de complexitatea limbajului administrativ.

4.4 Simplificarea administrativă

Conform raportului Băncii Mondiale, în România nu există o abordare coerentă la nivel guvernamental cu privire la procesul de simplificare, nici o imagine clară asupra costurilor pe care legislația le generează pentru cetățeni și mediul de afaceri. Potrivit Semestrului European 2025, 82% dintre întreprinderi consideră complexitatea procedurilor administrative drept o problemă foarte relevantă pentru activitatea lor în România. Agenda europeană stabilește ținte de reducere a poverilor administrative de 25% pentru toate companiile și 35% pentru IMM-uri. Guvernul a lansat, în 2026, platforma digitală «Fără hârtie», pentru colectarea propunerilor de simplificare de la cetățeni și mediul de afaceri. Un chestionar SGG aplicat instituțiilor publice centrale arată că 72,8% dintre respondenți nu cunosc metodologii sau ghiduri recomandate pentru reducerea birocrației, iar în 50,5% dintre instituții nu există o persoană sau structură dedicată acestui subiect. Probleme identificate: P1 absența unui cadru de reglementare, a unei abordări coordonate la nivel guvernamental și a unei imagini clare asupra poverilor administrative existente; P2 rol insuficient consolidat al cadrului instituțional de coordonare (Comitetul pentru e-guvernare și reducerea birocrației, CERB, și Consorțiul consultativ asociat); P3 capacitate administrativă limitată și aplicare nesistematică a instrumentelor de simplificare; P4 integrarea insuficientă a simplificării în procesul decizional și riscul de generare a unor noi poveri administrative.

4.5 Monitorizarea performanței serviciilor publice

În prezent, nu există mecanisme de monitorizare bazate pe indicatori de performanță (KPI) care să măsoare experiența utilizatorului final, cetățean sau operator economic, procesul fiind axat mai degrabă pe conformitatea procedurală decât pe calitatea rezultatelor.

4.6 Politica de reglementare la nivel local

Procesul de reglementare la nivelul administrației publice locale se caracterizează printr-un grad redus de standardizare și uniformitate în aplicarea normelor de tehnică legislativă și a procedurilor administrative, în lipsa unor metodologii detaliate și a unor instrumente operaționale comune.

5. Obiective generale și specifice

OG1 – Consolidarea sistemului de planificare strategică și corelarea acestuia cu procesul bugetar și cu cel de elaborare a politicilor publice. Obiective specifice: creșterea disciplinei instituționale în elaborarea, implementarea și monitorizarea PSI; îmbunătățirea calității indicatorilor de performanță; asigurarea interoperabilității între sistemele informatice de planificare strategică și cele de management bugetar; consolidarea capacității administrative în managementul datelor.

OG2 – Consolidarea PALG ca instrument de planificare guvernamentală predictibil, integrat și transparent. Obiective specifice: integrarea PALG într-un ciclu strategic multianual; stabilirea unui calendar anual ferm, cu adoptare până la sfârșitul lunii februarie a fiecărui an; îmbunătățirea disciplinei ministerelor privind respectarea calendarului; aplicarea consecventă a criteriilor de includere a inițiativelor normative; extinderea mandatului CCEIAN privind PALG; creșterea transparenței prin corelarea PALG cu procesul de consultare publică.

OG3 – Consolidarea evaluării impactului reglementărilor (EIR) ca instrument esențial al procesului decizional, în vederea creșterii competitivității economiei și alinierii la standardele europene. Obiective specifice: consolidarea utilizării sistematice a EIR pe întreg ciclul decizional; îmbunătățirea calității evaluării prin date, capacitate administrativă și digitalizare; adaptarea cadrului de evaluare la noile abordări europene privind competitivitatea, inovarea și drepturile fundamentale; utilizarea responsabilă și limitată a ordonanțelor de urgență; dezvoltarea unui sistem instituțional pentru evaluarea ex-post; consolidarea cadrului digital pentru Testul IMM; extinderea rolului CCEIAN în etapele timpurii; dezvoltarea capacității administrației centrale în evaluarea impactului, inclusiv din etapa de inițiere a politicilor la nivelul UE.

OG4 – Creșterea calității procesului decizional prin integrarea sistematică a consultării publice în etapele de planificare, fundamentare și evaluare a politicilor publice. Obiective specifice: integrarea platformei e-consultare și a procesului de consultare în ansamblul instrumentelor decizionale; dezvoltarea consultărilor publice în etapele timpurii; creșterea vizibilității platformei e-consultare.gov.ro; îmbunătățirea documentării, trasabilității și valorificării rezultatelor consultării publice.

OG5 – Reducerea poverilor administrative și consolidarea unui cadru coerent de simplificare administrativă. Obiective specifice: dezvoltarea unei abordări coordonate la nivel guvernamental și a unui sistem bazat pe date privind poverile administrative; consolidarea cadrului instituțional de coordonare (CERB și Consorțiul consultativ); dezvoltarea capacității administrative pentru implementarea măsurilor de simplificare și aplicarea unei abordări orientate către utilizator; integrarea sistematică a simplificării în procesul decizional, ex-ante și ex-post; promovarea unor abordări bazate pe risc și proporționale în licențiere, autorizare, inspecții și asigurarea respectării reglementărilor.

OG6 – Instituirea unui sistem integrat de monitorizare a performanței serviciilor publice, orientat către rezultate și bazat pe date. Obiective specifice: consolidarea cadrului metodologic pentru evaluarea performanței serviciilor publice, bazat pe 8 criterii (capacitate strategică, eficacitate, accesibilitate, calitate, eficiență, performanța proceselor, bune practici, transparență); operaționalizarea unui sistem centralizat de monitorizare și raportare; instituționalizarea utilizării rezultatelor evaluării în fundamentarea deciziilor de reglementare; dezvoltarea capacității administrative pentru aplicarea metodologiilor de evaluare.

OG7 – Consolidarea calității redactării și coerenței cadrului normativ la nivelul administrației publice centrale. Obiective specifice: standardizarea procesului de tehnică legislativă; consolidarea capacității reprezentanților administrației publice centrale de a redacta texte juridice clare și coerente.

OG8 – Îmbunătățirea calității reglementărilor adoptate la nivel local și a capacității instituțiilor administrației publice locale de a utiliza instrumente moderne în procesul decizional. Obiective specifice: consolidarea capacității de reglementare și a calității procesului decizional la nivel local; reducerea poverii administrative și standardizarea procedurilor administrative la nivelul unităților administrativ-teritoriale; dezvoltarea mecanismelor de monitorizare, răspuns și sprijin pentru aplicarea legislației la nivel local.

OG9 – Crearea unui cadru strategic coerent și previzibil pentru reforma administrației publice pentru perioada 2028-2035. Obiective specifice: fundamentarea și elaborarea Strategiei administrației publice 2028-2035; crearea cadrului și mecanismelor de implementare și evaluare a acesteia; eficientizarea aplicării cadrului de reglementare general incident administrației publice locale; consolidarea cadrului procedural administrativ (Codul de procedură administrativă) și asigurarea aplicării unitare a legislației.

OG10 – Consolidarea capacității administrației publice de a influența procesul decizional european și de a asigura o transpunere și aplicare proporțională a legislației Uniunii Europene. Obiective specifice: instituirea unui mecanism de participare timpurie, bazat pe analize de impact naționale; introducerea unor proceduri pentru identificarea, evaluarea și eliminarea supra-reglementării (gold-plating); îmbunătățirea mecanismului de verificare a conformității cu legislația UE în circuitul de avizare interinstituțională.

OG11 – Îmbunătățirea capacității analitice și instituționale a administrației publice centrale și locale pentru fundamentarea deciziilor pe bază de date, analize și evaluări riguroase. Obiective specifice: dezvoltarea competențelor de analiză și utilizare a datelor în rândul personalului din administrația publică; consolidarea rolului unităților de politici publice (UPP); dezvoltarea colaborării cu mediul academic; dezvoltarea competențelor administrației publice privind integrarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă.

6. Programe și direcții de acțiune (selecție de măsuri esențiale pe fiecare din cele 11 programe)

Programul 1 – Planificare strategică (OG1): sprijin metodologic pentru ministere în domeniul planificării strategice (ghiduri, formare, monitorizare periodică a PSI); dezvoltarea și îmbunătățirea platformei IT de monitorizare a PSI, inclusiv interoperabilitatea cu sistemele bugetare și valorificarea inteligenței artificiale pentru analiza datelor și generarea de rapoarte.

Programul 2 – Planul anual de lucru al Guvernului (OG2): integrarea PALG într-un ciclu strategic multianual, corelat cu strategiile guvernamentale și cu procesul bugetar; calendar anual ferm, cu adoptare până la finalul lunii februarie; mecanism de monitorizare trimestrială (T1-T4); consolidarea consultării interministeriale; detalierea fișelor de proiect din PALG cu definirea problemei, obiectivelor și estimarea inițială a tipurilor de impact; extinderea mandatului CCEIAN privind recomandările de impact; interconectarea platformei PALG cu platforma e-consultare.gov.ro, printr-un proces de consultare în două etape (timpurie și asupra proiectului final).

Programul 3 – Evaluarea impactului reglementărilor (OG3): actualizarea cadrului normativ pentru evaluarea impactului; mecanisme de evaluare timpurie, încă din etapa de planificare (PALG); recomandări metodologice pentru analiza impactului asupra mediului investițional; module de inteligență artificială pentru evaluarea impactului; program-cadru de asistență tehnică finanțat de la bugetul de stat pentru studii de impact și evaluări ex-post (10-15 analize estimate anual); consolidarea aplicării Testului IMM, cu colaborare instituțională SGG-MEDAT-GEIEAN-CCEIAN; procedură minimă de informare și consultare prealabilă a partenerilor sociali reprezentativi, inclusiv în regim de urgență, pentru proiectele cu impact asupra muncii, salarizării și protecției sociale, cu termene minime garantate, până în 2028; operaționalizarea platformei PMAT pentru Testul IMM; introducerea Grilei de evaluare a impactului asupra drepturilor fundamentale ale omului, ca anexă la Hotărârea Guvernului nr. 443/2022; consolidarea rolului CCEIAN în controlul calității reglementărilor, inclusiv prin instrumente de inteligență artificială pentru analiza preliminară a instrumentelor de prezentare și motivare.

Programul 4 – Transparența și consultarea publică (OG4): corelarea inițiativelor din PALG cu etapele de consultare publică; introducerea consultării încă din etapa de definire a problemei; reflectarea explicită a contribuțiilor primite în instrumentele de prezentare și motivare; publicarea sistematică a punctelor de vedere primite pe platforma e-consultare.gov.ro; utilizarea platformei e-consultare.gov.ro ca punct unic de acces, cu activități permanente de promovare a vizibilității sale; promovarea unui limbaj clar (plain language) în documentele supuse consultării.

Programul 5 – Simplificarea administrativă (OG5): cadru normativ care să asigure baza juridică a simplificării administrative; Program multianual de simplificare administrativă, coordonat de SGG; Planuri anuale de simplificare, aprobate prin Memorandum al Guvernului, pe baza propunerilor din platforma «Fără hârtie» și de la Consorțiul consultativ CERB; ținte cuantificabile de reducere a poverilor administrative pentru primii patru ani de implementare; consolidarea rolului CERB și al Consorțiului consultativ; dezvoltarea competențelor pentru identificarea și cuantificarea poverilor administrative (metodologiile Burden hunting, Ghilotina reglementărilor și Calculul costurilor de conformare); transformarea, după o fază de testare de 2 ani, a principiilor «once only» și «digital by default» în reguli obligatorii, cu certificare din partea fiecărui minister; filtru obligatoriu de legislație «digital-ready» înainte de avizare, începând cu 2028; mecanism de «sunset review» pentru raportările, avizele și documentele justificative care nu sunt revalidate din 3 în 5 ani; instrumente bazate pe inteligență artificială pentru identificarea suprapunerilor, redundanțelor și incoerențelor din legislația existentă.

Programul 6 – Evaluarea performanței serviciilor publice (OG6): actualizarea Metodologiei-cadru de monitorizare și evaluare integrată a performanței serviciilor publice, pe 8 criterii; metodologii sectoriale, cu indicatori specifici; platformă informatică centralizată, administrată de SGG, integrată cu sistemele existente ale instituțiilor publice; evaluări anuale, cu publicarea unui raport; sondaje de opinie și studii de tip «client misterios» pentru evaluarea satisfacției beneficiarilor; corelarea rezultatelor evaluării cu alocarea bugetară.

Programul 7 – Claritate și coerență în redactarea legislației (OG7): Regulament și standarde de tehnică legislativă la nivelul administrației publice centrale, complementar Hotărârilor Guvernului nr. 561/2009 și 443/2022; instrument bazat pe inteligență artificială pentru elaborarea, monitorizarea și evaluarea actelor normative; formare continuă a reprezentanților administrației publice centrale, prin Institutul Național de Administrație și alte instituții similare.

Programul 8 – Consolidarea bunei reglementări și a capacității administrative la nivel local (OG8): ghid pentru elaborarea actelor autorităților administrației publice locale, inclusiv proceduri unitare de verificare a legalității la nivelul instituțiilor prefectului; instrument de inteligență artificială pentru elaborarea și monitorizarea actelor normative locale; regulă de tip «one in, one out» pentru sarcinile administrative impuse autorităților locale, însoțită de un «test al poverii administrative»; mecanism de raportare a costurilor de conformare de către autoritățile locale; bibliotecă de spețe privind aplicarea Codului administrativ; manual de lucru pentru unitățile administrativ-teritoriale.

Programul 9 – Cadru strategic coerent și previzibil pentru reforma administrației publice pentru perioada 2028-2035 (OG9): Grup de lucru interinstituțional pentru elaborarea Strategiei administrației publice 2028-2035; analiză-diagnostic integrată privind funcționarea administrației publice; evaluare ex-post de tip REFIT («health check») a Codului administrativ; rescrierea Codului administrativ pentru un cadru normativ coerent, simplu și debirocratizat; finalizarea Codului de procedură administrativă (CPA) și armonizarea legislației sectoriale cu acesta.

Programul 10 – Prevenirea supra-reglementării și consolidarea dimensiunii europene în procesul de reglementare (OG10): ghid practic pentru identificarea situațiilor de gold-plating în proiectele care transpun legislație europeană; sesiuni de instruire a personalului din administrația publică; monitorizarea periodică a cazurilor de supra-reglementare identificate.

Programul 11 – Capacitate analitică în administrația publică (OG11): cadru unitar de formare, în colaborare cu INA, în domenii precum evaluarea impactului, utilizarea datelor, evaluarea ex-post, consultarea publică și simplificarea administrativă; consolidarea unităților de politici publice (UPP) din ministere; dezvoltarea parteneriatelor cu instituții academice și organizații de cercetare pentru sprijinirea analizelor de impact.

7. Rezultate așteptate (sinteză pe programe)

Printre rezultatele explicit așteptate: toate ministerele elaborează PSI conform metodologiei, cu rapoarte semestriale și anuale utilizate în procesul decizional; PALG devine instrument integrat, cu calendar respectat, corelat cu strategiile sectoriale și cu consultarea publică; procesul de evaluare a impactului evoluează către un sistem predictiv, orientat spre rezultate, cu recomandările CCEIAN integrate într-o măsură mai mare; utilizarea ordonanțelor de urgență ca instrument de reglementare este redusă, iar intervențiile legislative sunt realizate predominant prin proceduri ordinare; platforma PMAT devine instrumentul standard pentru Testul IMM; este operaționalizată Grila de evaluare a impactului asupra drepturilor fundamentale; consultarea publică devine parte reală a fundamentării deciziilor, nu doar o etapă formală; este instituit un mecanism strategic funcțional de simplificare administrativă, cu ținte cuantificabile de reducere a poverilor administrative, raportate anual; este dezvoltat un cadru operațional de tip «digital-ready legislation» și mecanisme de tip «sunset review»; este consolidat cadrul metodologic pentru evaluarea performanței serviciilor publice, cu o platformă centralizată administrată de SGG; actele administrative de la nivel local sunt elaborate după proceduri unitare și standardizate, cu povara administrativă redusă prin regula «one in, one out»; există o strategie națională pentru administrația publică 2028-2035, iar Codul administrativ este simplificat și corelat prin procese de tip REFIT; funcționează un mecanism eficient de identificare și prevenire a supra-reglementării; sunt dezvoltate competențe analitice la nivelul personalului din administrația publică centrală și locală.

8. Indicatori de monitorizare (repere principale)

Strategia stabilește zeci de indicatori cuantificați, cu ținte pe orizonturi 2027, 2028, 2030 și 2034. Printre cele mai relevante pentru public: reducerea ponderii ordonanțelor de urgență contestate de puncte de vedere de fundamentare de la un nivel de referință de 65% la 35% până în 2030; procedura de informare și consultare prealabilă a partenerilor sociali pentru proiectele adoptate prin OUG, adoptată până în 2028, aplicată pe minimum 50% dintre proiectele relevante până în 2030 și minimum 80% până în 2034; Testul IMM aplicat pe minimum 20% dintre proiectele cu impact asupra IMM-urilor selectate de CCEIAN pentru analiză, până în 2030; minimum 10 evaluări ex-post anual pentru acte normative cu impact semnificativ și minimum 5 pentru ordonanțe de urgență, până în 2028; ponderea proiectelor de acte normative cu impact semnificativ pentru care consultarea este inițiată în etapa de planificare, țintă de 30% până în 2028; program multianual de simplificare administrativă adoptat în 2026, cu grad de implementare a măsurilor anuale de minimum 20% (25% pentru IMM-uri) până în 2028; proiecte de acte normative și proceduri administrative care aplică principiile «once only» și «digital by default», țintă anuală de minimum 30% din inițiativele relevante selectate în CERB, în perioada 2029-2034; Codul de procedură administrativă adoptat până în 2027, cu legislație subsecventă până în 2029; Strategia administrației publice 2028-2035, aprobată prin hotărâre de Guvern, țintă 2027.

9. Proceduri de monitorizare și evaluare

Prin Decizie a prim-ministrului va fi constituit Comitetul Interministerial de Monitorizare a Strategiei pentru o mai bună Reglementare (CIM-SMBR), coordonat de Secretariatul General al Guvernului, din care vor face parte SGG, Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Ministerul Afacerilor Externe și Autoritatea pentru Digitalizarea României. Comitetul va include reprezentanți la nivel de secretar de stat și se va reuni semestrial.

Monitorizarea se va realiza pe baza indicatorilor și țintelor stabilite în strategie și în planul de acțiune, cu date furnizate de instituțiile responsabile din instrumentele existente (PSI, PALG, Raportul anual privind evaluarea impactului reglementărilor, platformele e-consultare.gov.ro și PMAT). Vor fi elaborate rapoarte anuale de monitorizare, începând cu anul 2028. Va fi realizat un raport intermediar de evaluare în anul 2031 și un raport final de evaluare în anul 2035, ambele independente, pentru asigurarea obiectivității. Planul de acțiune va fi revizuit în 2031, pe baza concluziilor raportului intermediar.

10. Instituții responsabile

SGG are rolul de coordonator al implementării strategiei și al mecanismelor aferente planificării, evaluării impactului, consultării publice și simplificării administrative. MEDAT are responsabilități privind evaluarea impactului asupra mediului de afaceri și aplicarea Testului IMM. MDLPA contribuie prin rolul de autoritate pentru reforma administrației publice centrale și locale, inclusiv prin Institutul Național de Administrație și Agenția Națională a Funcționarilor Publici. MAE contribuie la consolidarea integrării dimensiunii europene în procesul de reglementare. ADR contribuie prin facilitarea utilizării soluțiilor digitale, inclusiv a instrumentelor bazate pe inteligență artificială.

11. Implicații bugetare și surse de finanțare

Sursele de finanțare pentru implementarea strategiei vor fi diversificate, incluzând resurse de la bugetul de stat și fonduri europene, în special în contextul viitorului cadru financiar multianual al Uniunii Europene 2028-2035. Pentru susținerea realizării sistematice a analizelor de impact, SGG va dezvolta un program-cadru de asistență tehnică pentru ministere, în baza art. 4 și 5 din Hotărârea Guvernului nr. 443/2022, care va sprijini elaborarea a 10-15 studii de impact și rapoarte privind implementarea actelor normative anual, finanțat atât de la bugetul de stat, cât și din fonduri structurale (2028-2035+).

12. Implicații asupra cadrului juridic

Cadrul juridic aplicabil procesului de reglementare este considerat, de OCDE, unul relativ matur. Implementarea strategiei poate presupune atât adaptări punctuale ale cadrului normativ existent, cât și dezvoltarea sau revizuirea unor instrumente metodologice, în multe cazuri prin acte administrative cu caracter normativ (ordine de ministru, instrucțiuni metodologice), fără modificări legislative de amploare. Un act normativ important și complementar va fi Strategia pentru administrația publică 2028-2035, aprobată prin hotărâre de Guvern, corelată cu Codul administrativ și cu viitorul Cod de procedură administrativă.

13. Resurse pentru implementarea strategiei

Implementarea se bazează în principal pe resursele umane existente la nivelul administrației publice centrale, cu un rol esențial pentru unitățile de politici publice din ministere. Strategia nu stabilește ținte detaliate în domeniul inteligenței artificiale, dar încurajează dezvoltarea și testarea graduală a unor instrumente bazate pe AI care să sprijine procesul de reglementare, analiza legislației, evaluarea impactului, simplificarea administrativă sau monitorizarea performanței, cu menținerea validării umane («omul în buclă») în toate cazurile.

Anexa 2 – Cadrul juridic relevant

Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare; Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; Hotărârea Guvernului nr. 137/2020 privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Secretariatului General al Guvernului, cu modificările și completările ulterioare; Hotărârea Guvernului nr. 561/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea și prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum și a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, cu modificările și completările ulterioare; Hotărârea Guvernului nr. 427/2022 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare, monitorizare, raportare și revizuire a planurilor strategice instituționale; Hotărârea Guvernului nr. 379/2022 privind aprobarea Metodologiei de elaborare, implementare, monitorizare, evaluare și actualizare a strategiilor guvernamentale; Hotărârea Guvernului nr. 443/2022 pentru aprobarea conținutului instrumentului de prezentare și motivare, a structurii raportului privind implementarea actelor normative, a instrucțiunilor metodologice pentru realizarea evaluării impactului, precum și pentru înființarea Consiliului consultativ pentru evaluarea impactului actelor normative, cu completările ulterioare.

Anexa 3 – Resurse utilizate

Comisia Europeană: Better Regulation Guidelines and Toolbox (2021); Commission Work Programme 2025 – Moving Forward Together: A Bolder, Simpler, Faster Union (2025); Competitiveness Compass for the EU (2025).

OCDE: OECD Regulatory Policy Outlook 2025; Building Capacity for Evidence-Informed Policy-Making: Lessons from Country Experiences (2020); Defining and Contextualising Regulatory Oversight and Co-ordination (2022); Better Regulation Practices Across the European Union 2025; Open Government Review of Romania (2023).

Banca Mondială: Report on the Ex-Post Assessment of the Application of the SME Test (2025); State of Regulatory Impact Assessment, rapoarte anuale 2023 și 2024 (2025); Status of Regulatory Impact Assessment in Romania, seria de rapoarte RIA 2019-2024; Report on Mapping the Functional Relationships between CCEIAN, GSG and Ministries (2025).

Notă a redacției: Anexa 1 la hotărâre reproduce, sub formă de tabel, exact aceleași direcții de acțiune, măsuri, rezultate așteptate, indicatori, ținte și termene deja prezentate integral în secțiunile 6-8 de mai sus (chiar și în textul oficial se precizează explicit: «În Planul de acțiune sunt reluate integral direcțiile de acțiune, măsurile, rezultatele, indicatorii, țintele și termenele descrise în capitolele anterioare»), motiv pentru care nu mai este reprodusă separat aici.

Sursa: Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 623 din 29 iulie 2026 (hotărârea) și nr. 623 bis din 29 iulie 2026 (anexa, Strategia și Planul de acțiune aferent). Text integral disponibil și pe legislatie.just.ro.

Este artículo tiene carácter informativo y no constituye asesoramiento jurídico. Para situaciones concretas, consulta a un abogado o asesor fiscal autorizado.