Las clínicas y consultas privadas no debían el impuesto sobre los edificios: el ÎCCJ fija la interpretación vinculante

Una consulta odontológica de un municipio de la provincia de Neamț recibió una liquidación tributaria por el edificio en el que trabajaba, pese a que la ley eximía del impuesto a los edificios de los centros sanitarios privados. Los tribunales del país se habían dividido en dos bandos y el Alto Tribunal acaba de poner fin a la disputa. La Decisión n.º 67, de 4 de mayo de 2026, de la Sala para la Resolución de Cuestiones de Derecho, publicada en el Boletín Oficial de Rumanía n.º 580 de 15 de julio de 2026, afirma que la actividad médica no es esa «actividad económica» por la que la ley seguía exigiendo el pago del impuesto. Lo que está en juego es muy concreto para cualquier propietario de un espacio sanitario que ya haya pagado, y la forma en que el fisco calcula el impuesto sobre los edificios se convierte, en este caso, en un problema de interpretación y no de aritmética.

El texto que provocó el conflicto es el artículo 456, apartado (1), letra h), del Código Fiscal. Eximía del impuesto «los edificios de los centros sanitarios públicos y privados, con excepción de las dependencias utilizadas para actividades económicas». El problema está en la segunda parte de la frase: una clínica privada vive del dinero que cobra por servicios médicos, de modo que, leída al pie de la letra, cualquier dependencia suya se utiliza para una actividad económica. El resultado habría sido una exención que no se aplica nunca a nadie.

La exención para los centros sanitarios privados no ha existido desde siempre. Hasta 2020, la ley cubría solo los edificios de los centros sanitarios públicos. La Ordenanza de urgencia del Gobierno n.º 168/2022, publicada en el Boletín Oficial de Rumanía n.º 1186 de 9 de diciembre de 2022, añadió también al sector privado, y a partir de ese momento empezó la confusión que el Alto Tribunal resuelve ahora.

Los efectos que produce

El primer efecto es que la interpretación pasa a ser vinculante para los tribunales. Conforme al artículo 521, apartado (3), del Código de Procedimiento Civil, la resolución dada a una cuestión de derecho se impone a todos los jueces desde la fecha de su publicación en el Boletín Oficial de Rumanía. Un asunto pendiente, en el que un ayuntamiento sostenga que una clínica debe el impuesto por las salas de consulta, ya no puede resolverse en contra de esta interpretación.

El segundo efecto se refiere a qué se grava realmente dentro de un edificio sanitario. El Alto Tribunal ha trazado una línea clara: la exención decae solo para las dependencias en las que se desarrollan actividades económicas «de otra naturaleza», y los ejemplos que da la decisión son la restauración, el comercio y la prestación de servicios. La farmacia del vestíbulo de la clínica, la cafetería, la óptica o el espacio alquilado a un tercero siguen estando sujetos al impuesto. La sala de tratamiento, la consulta, el laboratorio y la habitación de hospitalización, no.

El tercer efecto es que la forma de financiación deja de importar. El tribunal de primera instancia había desestimado la demanda de la consulta precisamente porque la actividad «genera beneficio» y la pagan los pacientes o la caja del seguro de salud. El Alto Tribunal ha señalado que ese razonamiento conduce a una norma sin efecto, porque ningún centro sanitario privado podría acogerse jamás a la exención. El argumento empleado es el principio según el cual una norma se interpreta en el sentido en que produce efectos, no en aquel en que queda como letra muerta.

El cuarto efecto se ve en los expedientes ya perdidos o todavía abiertos. Las liquidaciones tributarias emitidas por los ejercicios fiscales en los que estuvo en vigor la redacción dada por la Ordenanza de urgencia del Gobierno n.º 168/2022 pueden impugnarse en los litigios en curso, y el tribunal queda vinculado por la nueva interpretación. Para quienes pagaron sin impugnar, la vía sigue siendo la del Código de Procedimiento Fiscal, con sus plazos, no una devolución automática por parte del ayuntamiento.

El quinto efecto es de igualdad de trato. La decisión consagra el motivo por el que el legislador había ampliado la exención en 2022: un hospital público y uno privado hacen lo mismo, y la diferencia de tributación sobre el edificio no se justificaba por la forma de propiedad. El argumento aparece de forma expresa en la jurisprudencia citada por el Alto Tribunal.

Qué ha cambiado respecto de la situación anterior

Hasta esta decisión, la misma letra de la ley se leía de dos maneras distintas en tribunales de apelación diferentes. Los tribunales de apelación de Brașov, Bucarest, Constanța, Iași, Pitești, Ploiești y Timișoara remitieron al Alto Tribunal sentencias de las que se desprendían dos opiniones opuestas. En una, las clínicas privadas disfrutaban de la exención y la excepción alcanzaba solo a las farmacias y a los comedores. En la otra, cualquier servicio médico de pago era actividad económica, de modo que la exención no se aplicaba prácticamente nunca. Una consulta de Iași podía ganar y otra idéntica de Ploiești podía perder.

Lo segundo que ha cambiado es el propio marco legal, pero no por esta decisión. La Ley n.º 239/2025, publicada en el Boletín Oficial de Rumanía n.º 1160 de 15 de diciembre de 2025 y en vigor desde el 1 de enero de 2026, reescribió el artículo 456. La exención automática quedó solo para los edificios utilizados por los centros sanitarios públicos y para las consultas de medicina de familia, y ese texto pasó a numerarse como letra f).

Los centros sanitarios privados se trasladaron al apartado (2), letra n), es decir, a la categoría de beneficios que los consejos locales pueden conceder, no que deban conceder. La nueva redacción excluye de la exención «las dependencias que se utilizan para actividades económicas que generan ingresos distintos de los procedentes del ámbito de la salud», que es exactamente la distinción que el Alto Tribunal acaba de imponer para el pasado. En 2025 el legislador escribió lo que el tribunal supremo tuvo que deducir para el periodo anterior.

En la práctica, una clínica privada tiene hoy exención solo si el ayuntamiento de su localidad ha aprobado un acuerdo del consejo local en ese sentido, respetando las reglas sobre ayudas de Estado. Dos consultas idénticas de dos ciudades vecinas pueden llegar a resultados distintos, pero esta vez por voluntad del consejo local y no por la interpretación del juez.

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