Los ayuntamientos siguen obligados a ayudar a pagar la factura del agua: el Tribunal Constitucional desestima la cuestión planteada en Hârșova

La obligación de los ayuntamientos de asumir, con cargo al presupuesto local, una parte de la factura de agua y de saneamiento de las familias con ingresos bajos se mantiene en pie: el Tribunal Constitucional ha desestimado, por infundada, la cuestión con la que el alcalde de la ciudad de Hârșova y el Consejo Local de Hârșova pedían su supresión. La Decisión n.º 712, de 9 de diciembre de 2025, se publicó en el Boletín Oficial de Rumanía el 10 de septiembre de 2026 y desde esa fecha es definitiva y de obligado cumplimiento general. Para el abonado corriente nada cambia en el contador, en el contrato ni en la factura, pero se confirma un derecho que poca gente conoce y que muchos ayuntamientos no aplican, en un año en el que las contribuciones por el recurso hídrico suben en cuatro tramos hasta 2029.

Los textos impugnados son cuatro, todos de la Ley del servicio de abastecimiento de agua y de saneamiento n.º 241/2006. El primero, el artículo 12, apartado (1), letra m), obliga a las autoridades locales a conceder ayudas mensuales con cargo al presupuesto local para el pago del servicio de agua y saneamiento. El segundo, la letra n) del mismo apartado, las obliga a garantizar el dinero para el pago total o parcial de los gastos de acometida y conexión a la red. Los otros dos son los artículos 12¹ y 12², es decir, dos artículos añadidos en 2018 justo después del artículo 12, que no recibieron números nuevos, sino el del artículo vecino con un índice, para no tener que renumerar toda la ley. El artículo 12¹ describe el mecanismo de la ayuda mensual, y el artículo 12² el mecanismo del apoyo a la acometida.

La regla de elegibilidad es una sola para ambas formas de apoyo: la media de los ingresos netos mensuales por miembro de la familia debe estar por debajo del salario mínimo bruto nacional garantizado. Desde el 1 de julio de 2026 este es de 4.325 lei, así que el umbral actual es un ingreso neto de hasta 4.325 lei por cada miembro de la familia. La compensación no se aplica, sin embargo, a todo el consumo: el artículo 12¹, apartado (1), la limita a 75 litros por persona y día, tanto para el agua suministrada como para el agua residual vertida al alcantarillado. Son 2,25 metros cúbicos al mes por persona, luego 9 metros cúbicos para una familia de cuatro. Lo que se consuma por encima de ese límite se paga íntegramente.

La ayuda se concede mediante resolución del alcalde, previa solicitud escrita, pero los importes, los requisitos y el modo de liquidación con el operador de agua se fijan mediante un acuerdo del consejo local. Ahí nació el litigio: en Hârșova se pidió ante los tribunales que se obligara al consejo local a promover y aprobar ese acuerdo, y el alcalde y el consejo respondieron con una cuestión de inconstitucionalidad. Su argumento, en esencia, fue que el Estado les impone un gasto sin darles dinero, lo que vulneraría el artículo 138, apartados (4) y (5), de la Constitución, sobre los presupuestos locales y sobre la obligación de fijar la fuente de financiación de todo gasto, así como la autonomía local de los artículos 120 y 121.

El Tribunal desestimó todas las críticas. Sobre la presupuestaria, retomó una línea jurisprudencial de más de dos décadas: la Constitución exige que la fuente de financiación se fije antes de la aprobación del gasto, no que esté escrita en la ley que crea el gasto, y la insuficiencia de los recursos de la fuente así fijada es una cuestión de oportunidad política, no de constitucionalidad. En este caso, dice el Tribunal en el apartado 22, la ley sí indica una fuente, la fórmula «con cargo al presupuesto local o a otras fuentes de financiación legalmente constituidas», así que el requisito se cumple. Sobre la autonomía local, el Tribunal recuerda que esta es solo administrativa y financiera y se ejerce dentro de los límites de la ley, y que las autoridades locales no tienen un derecho propio a legislar.

La frase más útil para un ciudadano está en el apartado 20: la falta de fondos «no genera la inconstitucionalidad de las normas impugnadas, sino que puede generar dificultades en su aplicación», dificultades que se resuelven mediante ajuste presupuestario y medidas administrativas locales. Dicho de otro modo, un presupuesto local ajustado no es una defensa para negarse a conceder la ayuda.

Los efectos que produce

La decisión es definitiva y de obligado cumplimiento general desde la fecha de publicación, el 10 de septiembre de 2026, conforme al artículo 147, apartado (4), de la Constitución. En la práctica, no añade ni quita nada de la ley. Su efecto es otro: cierra la discusión sobre la validez de los cuatro textos y los deja exactamente como están.

Para un abonado doméstico, la consecuencia inmediata es que puede pedir la ayuda en el ayuntamiento sin temer que el texto en el que se apoya vaya a ser suprimido. El requisito de ingresos se comprueba sobre el mes anterior a aquel en que se presenta la solicitud, y en el cálculo entran todos los ingresos obtenidos por los miembros de la familia. La solicitud se hace por escrito, y la decisión llega mediante resolución del alcalde.

Quien vive en una zona donde la red ha llegado, pero la acometida no, tiene un segundo derecho, menos conocido: el artículo 12, apartado (1), letra n), obliga al ayuntamiento a garantizar el dinero para el pago total o parcial de los gastos de acometida y conexión, con cargo al presupuesto local o a otras fuentes legalmente constituidas, incluidos los programas nacionales y europeos. El importe, el periodo, el número de beneficiarios y el modo de liquidación se fijan mediante el acuerdo de la autoridad deliberante, conforme al artículo 12².

Para los ayuntamientos, el efecto es que la obligación se mantiene, y el margen de apreciación que el Tribunal les reconoce es uno solo: con qué presupuesto pagan, no si pagan. El consejo local que aún no haya aprobado el acuerdo con importes y requisitos no tiene un motivo constitucional para no hacerlo, y la decisión puede invocarse en cualquier pleito en el que se pida que se le obligue a aprobarlo.

Existe también una palanca que no viene del presupuesto local. El apartado (8) del artículo 12¹ permite introducir un «componente de solidaridad» en la estructura del precio del servicio, hasta un máximo del 1 % del valor de los gastos de explotación. El fondo se aprueba mediante acuerdo de las autoridades deliberantes o por la junta general de la asociación de desarrollo intercomunitario, se mantiene en una cuenta separada con intereses en la tesorería y se destina exclusivamente a las ayudas mensuales. La consecuencia para el abonado es que, allí donde ese fondo se aprueba, la ayuda a las familias pobres se financia con la tarifa que pagan todos los clientes, no con impuestos.

Qué ha cambiado respecto de la situación anterior

En el texto de la ley, nada. Los cuatro textos impugnados siguen en la redacción en la que estaban antes de la decisión, y la comprobación en el portal legislativo confirma que están vigentes exactamente en la forma analizada por el Tribunal. La única modificación producida entre el planteamiento y el enjuiciamiento es la introducida en la letra n) por la Ordenanza de urgencia del Gobierno n.º 144/2021, publicada en el Boletín Oficial de Rumanía n.º 1258 de 31 de diciembre de 2021, y el Tribunal constata en el apartado 12 que mantuvo la solución legislativa impugnada.

Lo que ha cambiado es el grado de certeza. La obligación existía desde el 3 de agosto de 2018, cuando entró en vigor la Ley n.º 215/2018, publicada en el Boletín Oficial de Rumanía n.º 664 de 31 de julio de 2018, pero su validez estaba en entredicho. Desde el 10 de septiembre de 2026 ya no lo está. Son 2.960 días, es decir, ocho años y 38 días, en los que el texto se aplicó con un signo de interrogación encima.

Ha cambiado también el alcance de lo que la decisión cubre. El planteamiento del Tribunal de Apelación de Constanța se refería al artículo 12, apartado (1), letras m) y n), y solo a los apartados (1) y (2) del artículo 12¹. El Tribunal Constitucional estableció, en cambio, en el apartado 12, que el objeto de la cuestión lo forman el artículo 12¹ en su totalidad y el artículo 12², y el fallo los declara constitucionales todos. Así pues, también los ocho apartados del artículo 12¹, incluido el fondo de solidaridad, y el artículo 12², que nadie había puesto en discusión, tienen ahora un veredicto de constitucionalidad.

Por último, se ha añadido un argumento nuevo para usar en la práctica. Hasta ahora, un ayuntamiento que denegaba la ayuda podía invocar la falta de dinero como un problema de fondo. Los apartados 17, 20 y 22 de esta decisión dicen de forma expresa que la obligación de pago existe, que el margen local se refiere solo al presupuesto con el que se paga y que la falta de fondos es una dificultad de aplicación, no una causa de invalidez de la norma.

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