En resumen
- 333 lei por hectárea para el maíz y el girasol secados por la sequía de 2025. El dinero viene de un régimen de 155.361.520 lei, es decir, 29.600.000 de euros al tipo de cambio de 5,2487 lei fijado en la decisión. La mitad de la cantidad, 77.680.760 lei, es dinero europeo del Fondo Europeo Agrícola de Garantía, y la otra mitad viene del presupuesto del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para 2026. Al importe máximo, el sobre cubre 466.551 hectáreas.
- El importe se recorta de forma proporcional por debajo del 90% de daño. Quien tenga en el acta un grado de afectación superior al 90% recibe los 333 lei por hectárea completos. Entre el 30% y el 90%, la cantidad se multiplica por el porcentaje y se divide por cien, así que un grado del 50% supone 166,50 lei por hectárea. Si el acta recoge un intervalo, y no un valor fijo, se toma la media aritmética del intervalo.
- La ventana de presentación se abre apenas dentro de dos semanas y se cierra el 6 de noviembre de 2026. Las direcciones provinciales de agricultura tienen 10 días hábiles desde el 25 de septiembre de 2026 para enviar a la Agencia de Pagos e Intervención para la Agricultura la lista de los productores con acta, y las solicitudes se presentan en los 20 días hábiles siguientes a la expiración de ese plazo. Todo el dinero tiene que llegar a los agricultores antes del 31 de diciembre de 2026.
Publicado: Boletín Oficial de Rumanía (Monitorul Oficial), Parte I, n.º 812 de 24 de septiembre de 2026, páginas 5-16
Entrada en vigor: 25 de septiembre de 2026, el día siguiente al de la publicación, conforme al artículo 24
El Gobierno aprobó el 18 de septiembre de 2026 el régimen por el que los agricultores que perdieron maíz y girasol a causa de la sequía edáfica del verano de 2025 reciben 333 lei por hectárea, y el texto apareció el 24 de septiembre de 2026 en el Boletín Oficial de Rumanía. El pago pasa por la Agencia de Pagos e Intervención para la Agricultura, la misma institución que gestiona la solicitud única de pago y el sistema de sanciones de condicionalidad reescrito en el verano de 2026, porque el derecho al dinero se comprueba precisamente en la solicitud de pago presentada para el año 2025. Sin esa solicitud, el acta de daños no sirve de nada.
La fuente del dinero es el Reglamento de Ejecución (UE) 2026/1698 de la Comisión, de 10 de julio de 2026, que estableció un apoyo financiero de urgencia para los sectores agrícolas golpeados por fenómenos climáticos adversos y desastres naturales en Croacia, Chipre, Portugal, Rumanía y Eslovenia. Bruselas puso 14.800.000 de euros, y Rumanía añadió exactamente la misma cantidad con cargo al presupuesto del Estado, lo que el reglamento permite. Resultan 29.600.000 de euros, o bien 155.361.520 lei al tipo de cambio de 5,2487 lei por euro que la decisión fija en el texto. La comprobación de la conversión sale exacta, sin resto.
La sequía edáfica se define en el artículo 5 como fenómeno meteorológico adverso asimilado a una calamidad natural o a un caso de fuerza mayor, que destruye entre el 30% y el 100% de la superficie del cultivo y de la producción correspondiente. La prueba la da el acta de constatación y evaluación de los daños levantada para el periodo de junio a agosto de 2025, según el modelo de la Orden conjunta del ministro de Agricultura y Desarrollo Rural y del ministro del Interior n.º 97/63/2020. Ese documento, hasta ahora una simple constatación administrativa, pasa a ser el título sobre cuya base se calcula el dinero.
El anexo n.º 1 enumera 14 códigos de cultivo elegibles, siete para el maíz y siete para el girasol. Entran el maíz grano y el ecológico, los lotes de semilla y de hibridación, el girasol común y el ecológico, la semilla certificada, más los códigos derivados 502 y 505 que la Agencia de Pagos usa para los cultivos asociados. La superficie por la que se paga no puede exceder la superficie del mismo cultivo determinada a efectos de pago en la campaña de 2025, tras todos los controles administrativos y sobre el terreno.
Los efectos que produce
Desde el 25 de septiembre de 2026, las direcciones provinciales de agricultura tienen 10 días hábiles para centralizar, por unidades administrativo-territoriales, la lista de los productores a los que han levantado acta, y para enviarla al centro provincial de la Agencia de Pagos, en formato electrónico y en papel. Las copias de las actas van exclusivamente en papel. El plazo se cumple el 9 de octubre de 2026. Desde el día siguiente empieza la ventana de presentación de las solicitudes, de 20 días hábiles, que se cierra el 6 de noviembre de 2026.
La solicitud se presenta en el centro provincial o local en el que el agricultor presentó la solicitud de pago para 2025, según el modelo del anexo n.º 3, y puede enviarse también por fax, por correo postal o por correo electrónico. La Agencia pone a disposición formularios preimpresos, con las superficies ya rellenadas a partir de sus propios registros. El único documento que se pide además es la copia de los datos bancarios, y solo si han cambiado respecto de la solicitud de 2025. El resto de las copias del expediente del año pasado siguen siendo válidas.
El cálculo es sencillo: 333 lei por hectárea multiplicados por la superficie afectada que figura en el acta, con el límite de la superficie determinada por la Agencia de Pagos. Por encima del 90% de daño se da la cantidad entera; entre el 30% y el 90% se aplica el porcentaje. Al 30% salen 99,90 lei por hectárea, al 50% salen 166,50 y al 75% salen 249,75. Para un agricultor con 40 hectáreas afectadas en una proporción del 60%, el apoyo es de 7.992 lei.
Si la cantidad pedida por todo el mundo supera el límite presupuestario, el aparato central de la Agencia aplica un coeficiente de reducción lineal, calculado como la relación entre la cantidad asignada y la cantidad solicitada, multiplicada por 100. Si, al contrario, queda dinero, la diferencia se reparte por igual entre las hectáreas del intervalo del 30% al 90%, sin pasar de 333 lei por hectárea. Por consiguiente, los agricultores con daño parcial son los únicos que pueden recibir más de lo que les correspondería por la fórmula, y aquellos cuyo cultivo se perdió por completo no pueden superar nunca ese límite.
Quien haya cobrado ya indemnizaciones de una compañía de seguros por las mismas hectáreas tiene que declararlas en la solicitud, en el apartado de declaraciones y compromisos. Si la indemnización llega después de la presentación, el agricultor tiene 15 días desde que la recibe para avisar a la Agencia, y si el apoyo ya se había pagado, devuelve la cantidad recibida como indemnización. Las cantidades indebidas se recuperan con intereses, en el régimen de las deudas presupuestarias de la Ordenanza de urgencia del Gobierno n.º 66/2011, y las actas de constatación de las irregularidades son títulos de crédito que pasan a ser ejecutivos al cumplirse el plazo de pago.
Qué ha cambiado respecto de la situación anterior
Hasta esta decisión, las actas de constatación de los daños del verano de 2025 no daban, por sí mismas, derecho a ninguna cantidad del presupuesto. Eran documentos de constatación, usados como prueba del caso de fuerza mayor frente a otras obligaciones, por ejemplo en los compromisos ambientales o en los créditos garantizados. La decisión las convierte en requisito de elegibilidad y en base de cálculo, y el grado de afectación que consta en ellas pasa a ser el multiplicador de la cantidad.
El segundo cambio es el método de indemnización. El apoyo se refiere a un importe fijo por hectárea, ajustado solo con el grado de afectación, e ignora la pérdida real de cada agricultor. El artículo 13 reconoce expresamente la distancia: los gastos elegibles medios son de aproximadamente 6.560 lei por hectárea, y la pérdida de ingresos se extiende entre 210 y 890 euros por hectárea, según lo mal que haya sido golpeado el cultivo. Los 333 lei cubren el 5,08% de los gastos, cifra que la propia decisión escribe y que se comprueba dividiendo.
El tercer cambio afecta a los agricultores bloqueados en el sistema. El artículo 10 apartado (2) abre el régimen también a los productores que figuran con «caso cerrado» en el Sistema Integrado de Gestión y Control, es decir, a aquellos a los que la Agencia no pudo pagar en 2025 por errores de cuenta bancaria. Entran si facilitan los datos de la cuenta correcta. Igualmente, si la explotación se ha traspasado mientras tanto, el apoyo puede pedirlo el nuevo titular, con la copia del documento de traspaso y de las actas levantadas a nombre del anterior.
Ventajas y desventajas
Lo que mejora
- El formulario llega preimpreso de la Agencia de Pagos, con las superficies rellenadas a partir de los registros, y los documentos del expediente de 2025 siguen siendo válidos. El único documento nuevo es la copia de los datos bancarios, y solo si han cambiado.
- La solicitud puede enviarse por fax, correo postal o correo electrónico, así que el agricultor no está obligado a desplazarse al centro provincial en esos 20 días hábiles.
- El dinero europeo se duplica exactamente con el presupuesto nacional, así que sin la aportación del presupuesto el importe habría sido de 166,50 lei por hectárea, no de 333.
- El régimen recupera también los casos cerrados del sistema de gestión y control, es decir, los productores a los que no se pudo pagar en 2025 por cuentas bancarias equivocadas, y les deja entrar sobre la base de la cuenta correcta.
- La decisión prevé que un pago que haya llegado a una cuenta no válida pueda redirigirse a la cuenta correcta hasta el 31 de diciembre de 2026, sin que la operación se considere un pago nuevo, es decir, sin caer fuera del plazo europeo.
Lo que sigue siendo un problema
- El importe cubre el 5,08% de los gastos de producción y entre el 7% y el 9% de la pérdida de ingresos, según la banda. Para un cultivo perdido por completo, los 333 lei llegan sobre una pérdida de aproximadamente 4.671 lei por hectárea.
- La ventana de presentación es corta y depende de otro: si la dirección provincial de agricultura no envía la lista a tiempo, los productores de esa provincia se quedan fuera, sin ninguna vía de recurso prevista en la decisión.
- Las copias de las actas se transmiten exclusivamente en soporte papel, en un procedimiento en el que todos los demás documentos circulan de forma electrónica.
- El presupuesto cubre 466.551 hectáreas al importe máximo. Por encima de ese umbral entra la reducción lineal, y el agricultor se enterará de cuánto recibe solo después del cierre de las presentaciones.
- El límite de 333 lei por hectárea supone 63,44 euros al tipo de cambio de la decisión, aunque el artículo 9 lo presenta como el equivalente de «máximo 63 euros/ha». La diferencia es pequeña, pero se propaga en la columna en euros de todos los cuadros de centralización.
Consejos prácticos
- Compruebe ahora, no en noviembre, si figura en el registro de la dirección provincial de agricultura con el acta del verano de 2025. La lista sale hacia la Agencia de Pagos antes del 9 de octubre de 2026, y el artículo 7 exige expresamente que el productor esté inscrito en el cuadro de centralización del anexo n.º 2.
- Lea en el acta qué forma tiene el grado de afectación. Un valor fijo se usa tal cual, un intervalo se convierte en su media aritmética, y la diferencia entre «70%» y «60%-80%» no cambia nada, mientras que la diferencia entre «70%» y «60%-90%» cambia la cantidad.
- Compare la superficie del acta con la superficie determinada a efectos de pago en la campaña de 2025. Si la primera es mayor, se toma la segunda, y la diferencia no se paga. Vale la pena aclararlo antes de presentar la solicitud, no después.
- Declare en la solicitud cualquier indemnización del asegurador por las mismas hectáreas. No declararla entra en la falsedad en declaraciones de los artículos 326 y 327 del Código penal, mencionados expresamente en el formulario del anexo n.º 3.
- Si ha cambiado de banco o de cuenta después de la solicitud de pago de 2025, adjunte la copia de los nuevos datos bancarios. Es el único documento que se pide además, y una cuenta equivocada fue el motivo por el que una parte de los agricultores se quedó con «caso cerrado» el año pasado.
- Conserve todos los documentos diez años desde el cobro. La obligación está escrita en el artículo 22 apartado (2) y se aplica al beneficiario, no solo a la Agencia.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto recibo por hectárea?
¿Hasta cuándo puedo presentar la solicitud?
¿Tengo que haber presentado solicitud de pago en 2025?
¿Qué cultivos entran?
Tengo un seguro contra la sequía. ¿Recibo igualmente el dinero?
¿Qué ocurre si las solicitudes superan el presupuesto?
¿Cuándo llega el dinero a la cuenta?
Errores e incoherencias en el texto publicado
- El artículo 12 apartado (1) y el artículo 14 ponen dos límites distintos, y la devolución funciona solo para uno de ellos. El artículo 12 obliga al beneficiario a devolver la cantidad solo cuando la indemnización del asegurador más la subvención superan el 80% de los gastos elegibles del artículo 13 apartado (2), es decir, 5.248 lei por hectárea. El artículo 14 exige a la Agencia de Pagos comprobar que ese mismo valor total no supere tampoco el 40% de las pérdidas de ingresos estimadas para 2025, y esas pérdidas están, también en el artículo 13, entre 210 y 890 euros por hectárea. En el extremo inferior del intervalo, el 40% supone 440,89 lei por hectárea, es decir, casi doce veces menos que el umbral del artículo 12. Un agricultor que cobre 2.000 lei por hectárea del asegurador pasa con mucho por encima del límite del artículo 14, pero se queda por debajo del artículo 12, así que no tiene nada que devolver. Los dos textos no pueden aplicarse a la vez tal como están escritos.
- El grado de afectación de exactamente el 90% entra en las dos letras del artículo 9 apartado (1), con dos cantidades distintas. La letra a) cubre «un grad de afectare mai mare de 90% inclusiv până la 100% inclusiv», es decir, un grado de afectación superior al 90% inclusive hasta el 100% inclusive, y da 333 lei por hectárea. La letra b) cubre «minimum 30% inclusiv și maximum 90%», es decir, un mínimo del 30% inclusive y un máximo del 90%, y da la cantidad reducida, o sea 299,70 lei por hectárea con un grado del 90%. El artículo 8 apartado (3) se inclina por la segunda variante, porque describe la banda reducida como «minimum 30% și maximum 90% inclusiv», es decir, mínimo del 30% y máximo del 90% inclusive, pero no modifica el artículo 9. La diferencia es de 33,30 lei por hectárea por cada acta que indique exactamente el 90%.
- La nota del anexo n.º 4 atribuye a la columna (9) un cálculo que da el valor de la columna (11). El encabezado del cuadro del anexo define la columna (9) como la parte del Fondo Europeo Agrícola de Garantía del apoyo expresado en lei, y la columna (11) como el total expresado en euros. La nota de debajo del cuadro dice, en cambio, que «Coloana (9) se calculează prin împărțirea coloanei (8) la curs euro 5,2487 lei», es decir, que la columna (9) se calcula dividiendo la columna (8) por el tipo de cambio de 5,2487 lei, lo que describe la conversión en euros. Aplicada al pie de la letra, la nota pondría una cantidad en euros en una columna en lei y desvirtuaría el reparto entre la financiación europea y el presupuesto nacional, que, conforme al artículo 8 apartado (1), es por mitades. La comprobación se hizo en la página 13 de la edición oficial, donde el cuadro está compuesto de forma normal, no en facsímil.
Análisis de la redacción
La decisión resuelve un problema real y lo resuelve deprisa: el dinero europeo estaba condicionado al pago antes del 31 de diciembre de 2026, y Rumanía eligió la variante más sencilla de gastarlo, un importe fijo por hectárea aplicado sobre documentos que ya existen. No se piden valoraciones nuevas, no se piden peritajes, no se repite la constatación del daño. El formulario llega preimpreso de los propios registros de la Agencia de Pagos. Es exactamente el tipo de régimen que puede llevarse a término en un trimestre, y eso no ocurre a menudo.
El problema no es el diseño, sino el calendario comparado con el plazo europeo. Hemos contado los días hábiles del acto: 10 para la centralización provincial, 20 para la presentación, 5 para el control visual, 5 para la centralización en el aparato central, 5 para la solicitud al Ministerio de Finanzas y otros 5 para la apertura de los créditos. Si cada paso se agota por completo, el último eslabón cae el 8 de diciembre de 2026, es decir, a 74 días naturales de la entrada en vigor y 23 días antes del plazo límite. Solo que dos eslabones de la cadena no tienen plazo en absoluto: el artículo 19, la comprobación y la determinación de los beneficiarios elegibles a nivel provincial, y la aprobación de la apertura de créditos por el Ministerio de Finanzas. El margen de 23 días es todo lo que cubre esas dos etapas sin medir, más la transferencia efectiva a las cuentas.
La segunda observación tiene que ver con el tamaño del sobre. A 333 lei por hectárea, los 155.361.520 lei cubren 466.551 hectáreas, y las superficies de maíz y girasol de Rumanía son varias veces mayores. El régimen se pensó para distribuir una cantidad europea fija, no para compensar todo el daño de 2025, y el mecanismo de reducción lineal del artículo 20 apartado (2) muestra que el Gobierno espera solicitudes por encima del límite. La consecuencia práctica para el agricultor: la cifra de 333 lei del anexo n.º 3, ya impresa en el formulario, es el punto de partida de un cálculo, no la cantidad que va a cobrar, y ese cálculo se cierra solo después del 6 de noviembre de 2026.
La tercera cosa se ve solo poniendo dos artículos uno al lado del otro. El artículo 8 apartado (3) y el artículo 20 apartado (4) dicen que el dinero que quede se redistribuye exclusivamente entre las hectáreas de la banda del 30% al 90%, no entre todas. En otras palabras, el agricultor cuyo cultivo se perdió por completo recibe 333 lei por hectárea y nada más, mientras que el agricultor con un 40% de daño puede subir desde 133,20 lei hasta ese mismo límite. La redistribución se hace «de forma igual entre el número total de hectáreas elegibles», así que el beneficio va a la superficie, no a la gravedad. Es una opción defendible, porque la banda reducida es la infracompensada, pero no se explica en ninguna parte del acto.
Qué debería cambiar
- Cerrar el umbral del 90% en una sola letra. La formulación «superior al 90% inclusive» del artículo 9 apartado (1) letra a) debería pasar a ser «de más del 90%», y la letra b) debería detenerse en «por debajo del 90%». Sin esa corrección, dos centros provinciales pueden pagar cantidades distintas por la misma acta, y la diferencia de 33,30 lei por hectárea se convierte en motivo de impugnación sobre un acto cuyo plazo de pago no soporta litigios.
- Un solo límite de acumulación, escrito en el artículo que sanciona. El test del 40% de la pérdida de ingresos debería trasladarse del artículo 14 al artículo 12, junto al del 80% de los gastos, precisando cuál de los dos se aplica cuando se contradicen. De lo contrario, la Agencia de Pagos tiene la obligación de comprobar un umbral para el que no tiene instrumento de recuperación, y el beneficiario no puede saber qué cantidad corre el riesgo de devolver.
- Corregir la nota del anexo n.º 4. La remisión tiene que hacerse a la columna (11), no a la columna (9), y valdría la pena añadir la regla de cálculo de las columnas (9) y (10), es decir, el reparto entre el Fondo Europeo Agrícola de Garantía y el presupuesto nacional. Los cuadros de centralización llegan al Ministerio de Finanzas y sirven de base a la solicitud de apertura de créditos, así que una columna mal rellenada se propaga por toda la cadena de pago.
- Un plazo para el artículo 19. La etapa de determinación de los beneficiarios elegibles es la única del procedimiento sin límite de tiempo, aunque es la más larga, porque supone confrontar las actas con las superficies determinadas. Un plazo de 10 días hábiles cerraría la cadena y dejaría el margen de diciembre para la transferencia efectiva, no para comprobaciones.
- Publicar el coeficiente de reducción. El artículo 20 apartado (3) describe cómo se calcula el coeficiente, pero no dice en ninguna parte que el agricultor conozca el resultado. Una obligación de comunicar el coeficiente, una sola vez, en la página de la Agencia de Pagos, convertiría una cifra administrativa en una información verificable por cualquiera y reduciría el número de impugnaciones individuales.
Texto original del acto normativo
El texto que figura a continuación se reproduce en rumano, la forma oficial de publicación.
El texto íntegro, tal como se publicó en el Boletín Oficial de Rumanía
Boletín Oficial de Rumanía n.º 812 de 24 de septiembre de 2026 16 páginas PDF, 153 KB el acto comienza en la página 5
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Este artículo tiene carácter informativo y no constituye asesoramiento jurídico. Para situaciones concretas, consulta a un abogado o asesor fiscal autorizado.