En resumen
- El Ministerio de Desarrollo ha aprobado una metodología única con la que se elaboran los mapas de riesgo sísmico, y desde el 11 de octubre de 2026 todo mapa nuevo se hace con ella. El resultado ya no es una zona coloreada por provincia, sino un valor calculado para cada sección censal, es decir, para zonas de unos cientos de viviendas, expresado en porcentaje del valor de reposición de los edificios de esa zona.
- La metodología viene con una tabla de 3.181 filas, una por cada unidad administrativo-territorial, en la que cada municipio recibe la aceleración de cálculo del terreno. 1.080 municipios, es decir, el 34% del total, tienen un valor de al menos 0,30g, y 126 de ellos alcanzan el máximo de la tabla, 0,50g. Bucarest aparece con 0,37g.
- El cálculo llega hasta el dinero. Para un bloque de cuatro plantas construido en 1986 en Iași, con 1.400 metros cuadrados construidos, el ejemplo del acto da pérdidas esperadas de 318.249 euros con el terremoto de periodo de retorno de 225 años y de 760.324 euros con el de 975 años, sobre un coste de reposición de 2,24 millones.
Publicado: Boletín Oficial de Rumanía (Monitorul Oficial) n.º 771 de 11 de septiembre de 2026
Entrada en vigor: 11 de octubre de 2026, a los 30 días de la publicación
Rumanía tiene, desde el 11 de octubre, una receta oficial para calcular los daños que produciría un terremoto, aplicable a escala de barrio. La Orden n.º 1.037/2026 del ministro de Desarrollo, publicada en el Boletín Oficial de Rumanía n.º 771 de 11 de septiembre de 2026, aprueba la reglamentación técnica RTC 18-2026, y la metodología propiamente dicha ocupa 149 páginas en el número bis de esa misma edición. Se suma a un ámbito que acaba de ser reescrito de arriba abajo: desde el 25 de agosto se aplica el Código de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Construcciones, que derogó la Ley n.º 50/1991 y la Ley n.º 350/2001.
La Decisión del Gobierno n.º 447/2003, que la propia metodología incluye en la lista de documentos de referencia, aprueba las normas de contenido de los mapas de riesgo por deslizamientos de terreno y de los mapas de peligrosidad y de riesgo por inundaciones. Para los terremotos existía el dinero, por la Decisión del Gobierno n.º 932/2007, que cubre hasta la mitad del coste del mapa con cargo al presupuesto del Estado, y en esa misma lista de documentos de referencia no figura ninguna reglamentación técnica anterior sobre el contenido de los mapas de riesgo sísmico. De ahí venían también las diferencias: dos ayuntamientos podían encargar dos estudios que medían cosas distintas y tenían aspecto distinto.
La metodología se construye sobre cuatro capas que se multiplican entre sí. La primera es la peligrosidad, es decir, cuánto se mueve el terreno. El acto la reduce a una sola magnitud, el valor pico de la aceleración horizontal del terreno, designado PGA, y a tres terremotos de escenario: uno con probabilidad de excedencia del 20% en 50 años, que retorna de media una vez cada 225 años, otro del 10% en 50 años, cada 475 años, y otro del 5% en 50 años, cada 975 años. Los valores de partida no se buscan, se leen: la tabla A.1 del anexo da, para cada una de las 3.181 unidades administrativo-territoriales, la aceleración correspondiente al escenario intermedio y la pendiente de la curva de peligrosidad, y los otros dos escenarios se obtienen de ellos mediante dos relaciones escritas en el acto.
La segunda capa es la exposición, es decir, el inventario de edificios. Aquí la metodología exige el mayor trabajo de campo. Cada edificio de un municipio, sea cual sea su uso, se encuadra en una tipología formada por cuatro elementos: el año de construcción, dividido en siete clases, desde los levantados antes de 1940 hasta los posteriores a 2013; el sistema estructural, dividido en doce tipos, desde la fábrica no armada con forjados de madera hasta las estructuras duales de acero; el número de plantas, en tres tramos; y el uso, en cuatro grupos. Los datos se recogen de inspecciones de campo, de los registros catastrales, de la evaluación visual rápida hecha según la reglamentación RTC 10-2022, de cuestionarios dirigidos a los propietarios y, dice el acto, de imágenes de satélite, drones y escaneo 3D.
La tercera capa es la fragilidad. Para cada tipología estructural, el anexo B da los umbrales de aceleración a los que el edificio alcanza uno de los cuatro estados de daño que emplea la metodología: leve, moderado, extenso y completo. A partir de ellos se calcula, con una función de distribución lognormal, la probabilidad de que un edificio se encuentre en cada estado con el terremoto de escenario elegido. La cuarta capa convierte las probabilidades en dinero, mediante una tabla de pérdidas fijas: un daño leve cuesta el 5% del valor de reposición del edificio, uno moderado el 15%, uno extenso el 60% y el completo el 100%.
El valor de reposición no se estima caso por caso, sino que se toma de una segunda tabla, por metro cuadrado construido y por uso, con precios referidos al año 2025 y actualizables con los índices de coste en la construcción publicados por el Instituto Nacional de Estadística. Una vivienda unifamiliar se computa a 1.400 euros por metro cuadrado, un bloque de viviendas a 1.600, un edificio administrativo a 2.000, uno comercial a 2.200 y un hospital a 3.500, el más caro de la lista.
El ejemplo de cálculo del anexo C muestra hasta qué punto el resultado se vuelve concreto. Un bloque de Iași, construido en 1986, con estructura de pórticos de hormigón armado, sótano, planta baja y cuatro plantas, con 1.400 metros cuadrados construidos, tiene un coste de reposición de 2.240.000 euros. Con el terremoto de retorno a 225 años, la pérdida esperada es del 14,21% de ese valor, es decir, 318.249 euros. Con el de retorno a 475 años sube al 22,83%, y con el de retorno a 975 años llega al 33,94%, es decir, 760.324 euros.
Los efectos que produce
El primer efecto recae sobre lo que compran los ayuntamientos. La metodología es reglamentación técnica en construcción y en ordenación del territorio, de modo que sus exigencias pasan a ser obligatorias para cualquier mapa de riesgo sísmico elaborado o actualizado después del 11 de octubre de 2026. El anexo D añade un modelo de pliego de condiciones, con código CPV 71351914-3, en el que el beneficiario es la unidad administrativo-territorial y el prestador debe aportar un equipo que cubra tres especialidades: ingeniería civil, urbanismo e ingeniería geodésica.
El segundo efecto recae sobre la forma del resultado. El mapa de un municipio pequeño o de una ciudad se hace a escalas entre 1:1.000 y 1:5.000 y muestra, para cada sección censal, dos cosas: el estado de daño esperado y el porcentaje de pérdida esperado. Los colores están fijados en el acto, con sus códigos hexadecimales incluidos, desde el verde intenso para menos del 5% de pérdida hasta el rojo intenso para más del 60%. El mapa de una provincia se hace a escalas entre 1:25.000 y 1:100.000 y muestra otra cosa: el indicador de riesgo y el indicador de resiliencia, calculados para cada municipio de la provincia. El mapa nacional va a escalas entre 1:250.000 y 1:1.000.000 y agrega las provincias.
El tercer efecto afecta a dos indicadores nuevos, que permiten clasificaciones. El indicador del riesgo sísmico de un municipio es la relación entre las pérdidas esperadas y el coste total de reposición de los edificios de ese lugar, es decir, un porcentaje. El indicador de resiliencia es la relación entre esas mismas pérdidas y el producto interior bruto del municipio, de modo que muestra cuánta economía local haría falta para reparar el daño. La jerarquización de los municipios y de las provincias se hace, según el acto, con los valores calculados para el escenario intermedio, el de retorno a 475 años.
El cuarto efecto es técnico, pero decide si los mapas pueden superponerse unos sobre otros. Los entregables son archivos GeoTIFF, shapefile y geodatabase, más un informe en PDF, en los sistemas de referencia ETRS89/LAEA Europe, WGS84 o Stereo 70. El poder adjudicador debe garantizar la interoperabilidad con las especificaciones INSPIRE para las zonas de riesgo natural y con las normas técnicas sobre los conjuntos de datos espaciales de los documentos de urbanismo.
El quinto efecto es el que falta. La metodología dice cómo se hace el mapa, no cuándo. Ninguna disposición de la orden ni del anexo fija un plazo para que un municipio tenga su mapa de riesgo sísmico, y la elaboración sigue siendo una decisión de la autoridad local, financiada con su propio presupuesto, con fondos europeos o, hasta en un 50%, con cargo al presupuesto del Estado mediante el programa de la Decisión del Gobierno n.º 932/2007.
Qué ha cambiado respecto de la situación anterior
El cambio más visible es el paso de la zonificación al cálculo. El Plan de Ordenación del Territorio Nacional, aprobado por la Ley n.º 575/2001, trabaja con áreas delimitadas geográficamente, dentro de las cuales existe un potencial de que se produzcan fenómenos naturales destructivos. La nueva metodología no delimita áreas, sino que calcula una cifra: la probabilidad de daño, después la pérdida en euros, después el porcentaje sobre el valor del parque edificado. La zona de riesgo sigue siendo el instrumento jurídico, pero su contenido pasa a ser un resultado numérico, no una apreciación.
El segundo cambio es que la antigüedad del edificio entra en el cálculo con un peso explícito. Los umbrales del anexo B se multiplican por un factor que depende del año de construcción y del municipio. Los edificios levantados después de 2013 reciben un factor de 1,5 veces el factor local de escala, los del periodo 2007-2013 un factor de 1,2 veces, y los de 1978-2006 el propio factor local. Para los edificios de 1964-1977 el factor ya no depende del municipio, sino de la provincia, con tres valores: 0,67 en diecinueve provincias, 1,00 en quince y en Bucarest, 1,50 en Bacău, Brăila, Buzău, Galați, Prahova, Vaslui y Vrancea. Para los edificios levantados entre 1940 y 1963, el factor depende además del uso que tenían entonces: los públicos o privados de interés público, como los teatros, los hospitales, las escuelas y los hoteles, reciben 1,50 en un grupo de provincias y 2,25 en Bacău, Brăila, Buzău, Galați, Prahova, Vaslui y Vrancea, mientras que todos los demás reciben 1,00.
El tercer cambio es el destino del resultado. Los mapas informados favorablemente y aprobados se incorporan a los documentos de ordenación del territorio y de urbanismo, para fundamentar tres cosas distintas: las medidas de prevención del riesgo sísmico, las reglas de ejecución de las construcciones y de uso de los terrenos, y los planes de protección y de intervención en caso de terremoto. La conexión con la protección civil está escrita también en sentido inverso: los mapas pueden incorporarse a los planes provinciales de análisis y cobertura de riesgos.
El cuarto cambio es de contexto, y el acto no lo registra. La lista de documentos normativos de referencia del capítulo 1.8 incluye la Ley n.º 50/1991 sobre la autorización de la ejecución de obras de construcción y la Ley n.º 350/2001 sobre la ordenación del territorio y el urbanismo, ambas derogadas por completo el 25 de agosto de 2026, 17 días antes de que la orden se publicara. La explicación se lee en el propio preámbulo: los dos informes favorables que cerraron el texto son de 26 de enero y de 22 de mayo de 2026, y el Código apareció en el Boletín Oficial de Rumanía el 10 de agosto.
Ventajas y desventajas
Lo que mejora
- Elimina la arbitrariedad del encargo. Dos ayuntamientos que compren ahora estudios a empresas distintas reciben resultados comparables, porque los datos de entrada, los umbrales de daño y los precios por metro cuadrado están fijados en los anexos, no dejados a elección del proyectista.
- Da a cada municipio un valor de partida ya calculado. La tabla A.1 ahorra a la autoridad local un estudio propio de peligrosidad sísmica, que es la parte más cara y más discutible de un análisis de este tipo.
- Baja la resolución hasta la sección censal, de modo que el mapa muestra diferencias dentro de una misma ciudad, entre un barrio de entreguerras y uno de bloques nuevos, en lugar de un color único para todo el municipio.
- Expresa el riesgo en dinero y en porcentajes, no en calificativos. Un pleno municipal que compara un 15% de pérdida esperada con un 45% tiene con qué priorizar los refuerzos, y la comparación con el producto interior bruto local muestra también lo difícil que le resultaría al municipio recuperarse.
- Fija el formato de los entregables y los sistemas de coordenadas, lo que permite superponer los mapas sobre otras capas y agregarlos a escala provincial y estatal, en lugar de que cada uno quede como un PDF suelto.
- Reconoce de forma expresa los límites del método. El texto dispone que los tres terremotos de escenario son convencionales, que no representan predicciones y que los resultados se comparan entre municipios, no con los efectos observados tras un terremoto real.
Lo que sigue siendo un problema
- El anexo B, que da los umbrales de daño, no contiene ninguna columna para los edificios construidos entre 2007 y 2013 y tiene una sola columna para los posteriores a 2013, en un único sistema estructural de los doce. Para el resto del parque edificado en los últimos veinte años, el valor que hay que multiplicar por el factor del acto no existe.
- Los seis sectores de Bucarest se declaran unidades de nivel IV, de modo que deben tener mapas propios, pero quedan excluidos de forma expresa de la tabla de aceleraciones. La capital aparece allí con un solo valor, 0,37g, dado como valor de nivel provincial.
- No existe plazo alguno para elaborar los mapas. La metodología se impone a sí misma 30 días hasta su entrada en vigor, pero no dice para cuándo debe tener mapa un municipio de la zona con aceleración de 0,50g.
- Los costes de reposición están fijados para el año 2025 y se actualizan con los índices de coste en la construcción. El acto no dice quién hace la actualización ni qué ocurre con los mapas elaborados con precios antiguos, aunque de ese valor depende directamente el color del mapa.
- El inventario exigido es enorme. Cada edificio debe encuadrarse por año de construcción, sistema estructural, número de plantas y uso, y en muchos municipios esos datos no existen en ninguna parte, así que el coste real del mapa es el coste del inventario, no el del cálculo.
- El resultado sigue siendo una estimación con incertidumbre moderada, reconocida como tal en el acto, pero acaba en los documentos de urbanismo, donde se lee como dato técnico. La distancia entre esas dos lecturas no la gestiona ninguna disposición.
Consejos prácticos
- Si es usted un ayuntamiento y tiene un procedimiento de contratación en marcha, compruebe la fecha en la que envió a publicación el anuncio de licitación o emitió la invitación. Según el art. 2 letra b), los contratos y los expedientes cuyo procedimiento se inició antes de la fecha de entrada en vigor quedan fuera de las nuevas exigencias, es decir, se rigen por las reglas del pliego existente.
- Antes de encargar el estudio, lea el valor de su municipio en la tabla A.1 del anexo. La aceleración y la pendiente de la curva de peligrosidad son datos de entrada fijados, y un licitador que le proponga un estudio de peligrosidad propio le está vendiendo un trabajo que la metodología ya no exige.
- Prepare el inventario de edificios antes de la licitación, no después. El acto permite utilizar los datos de los registros catastrales, del censo del parque edificado, de la plataforma de evaluación visual rápida del ministerio y de las bases propias constituidas en aplicación de la Ley n.º 212/2022. Cuantos más datos ya recogidos aporte, menos pesa la parte cara del contrato.
- Exija los entregables en los formatos del acto, no solo el informe. El anexo D enumera archivos vectoriales, geodatabase y archivos geoespaciales compatibles con el Observatorio Territorial Nacional y con el geoportal INSPIRE. Un estudio entregado solo en PDF no puede agregarse a escala provincial y habrá que rehacerlo.
- Si es usted propietario o administrador de un bloque, tenga en cuenta que el mapa no es un peritaje técnico de su edificio. Trabaja con tipologías y con medias por sección censal, y la clasificación de un edificio concreto en clase de riesgo sísmico se hace igualmente mediante peritaje, según el Código P 100-3/2019.
- Si está redactando un pliego de condiciones, no reproduzca tal cual la lista de documentos de referencia del anexo D. Dos de esas normas, la Ley n.º 50/1991 y la Ley n.º 350/2001, están derogadas desde el 25 de agosto de 2026, y las remisiones correctas son ahora al Código de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Construcciones.
Preguntas frecuentes
¿Qué es, en pocas palabras, un mapa de riesgo sísmico según esta metodología?
¿Desde cuándo se aplica?
¿Qué son los tres terremotos de escenario?
¿Qué significan los cuatro estados de daño?
¿Quién paga el mapa?
¿El mapa me dice si mi bloque tiene riesgo sísmico?
¿Por qué importa tanto el año de construcción?
¿Cuál es el municipio con el valor más alto de la tabla?
¿Dónde encuentro el texto íntegro de la metodología?
Errores e incoherencias en el texto publicado
- El anexo B no tiene parámetros para los edificios construidos después de 2006, aunque el capítulo 4 les asigna factores de multiplicación. El punto 3.2 (2) letras f) y g) crea las clases a6, para los edificios levantados entre 2007 y 2013, y a7, para los posteriores a 2013. El capítulo 4, apdo. (4) letras a) y b) dispone que sus umbrales se obtienen multiplicando los valores del anexo B por 1,5·FHS y por 1,2·FHS, respectivamente. En la tabla B.1, la clase a6 no aparece en absoluto, y la clase a7 solo aparece en el sistema estructural DO, estructuras duales de acero. Para los otros once sistemas estructurales, el valor que habría que multiplicar no existe, de modo que para los edificios levantados en los últimos veinte años la fragilidad no puede calcularse, y sin ella no se obtienen ni la pérdida ni el indicador del municipio. La misma ruptura aparece en el otro extremo del intervalo: el punto 3.2 (3) letra c) incluye de forma expresa en la tipología ZC/ZA los edificios de varias plantas con pilares y vigas de hormigón y muros de fábrica ejecutados antes de 1940, mientras que en la tabla B.1 esa misma tipología empieza en la clase a3, es decir, en el año 1964.
- El art. 2 letra a) excluye de la aplicación, sin límite temporal, los contratos de servicios para elaborar los mapas. El texto publicado dice que la orden no se aplica a «los contratos de financiación celebrados antes de la fecha de entrada en vigor de la presente orden, en el marco del Programa de financiación de la elaboración y/o actualización con cargo al presupuesto del Estado de los mapas de riesgo natural por terremotos y deslizamientos de terreno, y los contratos de servicios con operadores económicos para la elaboración y/o actualización de los mapas de riesgo natural por terremotos». La condición temporal está escrita una sola vez, junto a los contratos de financiación. La categoría siguiente, los contratos de servicios, queda sin condición temporal, aunque la letra b) que viene a continuación sí se fija una de forma expresa. Un lector de buena fe puede llegar a dos conclusiones: o la exclusión es transitoria y cubre solo los contratos celebrados hasta el 11 de octubre de 2026, o es permanente, y entonces la metodología no se aplica precisamente a los contratos mediante los cuales se elaboran los mapas.
- Los sectores del municipio de Bucarest están obligados a tener mapas, pero no tienen valores de peligrosidad. El punto 5.4 (1) los incluye de forma expresa en las unidades de nivel IV, junto con los municipios pequeños, las ciudades y los municipios grandes, y el capítulo 6.2 exige para cada unidad de nivel IV un mapa a escalas entre 1:1.000 y 1:5.000. El anexo A, apdo. (1), dice en cambio que los valores de la aceleración y de la pendiente de la curva de peligrosidad se dan «para cada UAT de nivel IV, con excepción de los sectores del municipio de Bucarest, y para el municipio de Bucarest, como UAT de nivel III», y en la tabla A.1 la capital aparece una sola vez, en la posición 695, con 0,37g. El capítulo 2, apdo. (8), remite para los datos de entrada igualmente a la tabla A.1. Para los seis sectores no existe ni valor propio en la tabla ni ninguna disposición que diga que se toma el valor del municipio.
- La tabla 5.2 no cubre todos los usos definidos en el punto 3.2 (5). La clasificación de usos comprende «edificios para la protección de la salud y la asistencia social», «edificios para actividades culturales, educación, investigación, culto, deporte, turismo, esparcimiento y ocio» y «edificios de uso agropecuario». La tabla de costes de reposición por metro cuadrado, la única de la que se toma el valor empleado en la relación (5.11), tiene en cambio las filas «edificios para la protección de la salud», «edificios para actividades culturales, educación, culto, deporte, turismo y esparcimiento» y «edificios de uso agrícola». Para un edificio de asistencia social, para uno de investigación y para uno pecuario no existe precio por metro cuadrado, de modo que no puede calcularse el coste de reposición, y de él se obtienen tanto la pérdida en euros como el indicador de riesgo del municipio.
Análisis de la redacción
El problema que resuelve el acto es real y viejo. Los mapas de riesgo natural por terremotos se financiaban desde 2007 con cargo al presupuesto del Estado, sin una reglamentación técnica sobre su contenido, lo que dejaba a criterio de cada proyectista qué se mide y cómo se muestra. La RTC 18-2026 cierra el hueco de la manera más útil posible: no pide a las autoridades locales que produzcan ciencia, sino que les da los datos de peligrosidad ya calculados para los 3.181 municipios y les deja solo la parte que únicamente ellas pueden hacer, el inventario de edificios. La decisión de expresar el riesgo en porcentaje del valor de reposición, y no en calificativos, es el segundo acierto: un porcentaje se compara, un calificativo se negocia.
La cifra que más dice sobre el acto no está escrita en ninguna parte de él, sino que sale de contar la tabla A.1. De los 3.181 municipios, 1.080, es decir, el 34%, tienen una aceleración de cálculo de al menos 0,30g, 530 están en 0,40g o por encima, y 126 alcanzan el máximo de la tabla, 0,50g. En el otro extremo, 430 municipios se quedan en el mínimo de 0,10g. Dicho de otro modo, un tercio del país entra en el cálculo con valores altos, y es allí donde la diferencia entre tener y no tener mapa sale más cara. Precisamente para ese tercio la metodología no prevé ningún plazo ni ninguna priorización: el mapa sigue siendo facultativo tanto en Focșani como en Abrud.
La segunda observación sale de combinar tres lugares del acto y no se ve leyendo los capítulos uno por uno. Los umbrales del anexo B se multiplican por el factor local FHS para los edificios de 1978-2006, pero por 1,00 fijo para los anteriores a 1940. En 555 municipios el factor local es 0,33, y en otros 563 es 0,50. Para un bloque de pórticos de hormigón armado de cinco a ocho plantas en un municipio con factor 0,33, como Cluj-Napoca, el umbral del daño completo pasa a ser 0,736 × 0,33, es decir, 0,243g, mientras que para un edificio de la misma categoría levantado antes de 1940 se mantiene en 0,428g. El modelo trata, por tanto, al edificio de entreguerras como casi dos veces más resistente que el de 1985, en un tercio de los municipios del país. El resultado se deduce lógicamente de cómo está construido el factor, porque refleja lo exigente que era el código de proyecto local, pero ninguna línea del acto lo explica, y en el mapa se ve como un color, no como una hipótesis.
La tercera observación tiene que ver con el reloj, no con el contenido. Los dos informes favorables que cerraron el texto son de 26 de enero y de 22 de mayo de 2026, la orden se firmó el 3 de septiembre, y entre esos momentos, el 10 de agosto, apareció el Código de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Construcciones, que derogó desde el 25 de agosto tanto la Ley n.º 50/1991 como la Ley n.º 350/2001. La reglamentación técnica cita ambas en la lista de documentos de referencia. La única razón por la que el fundamento de la orden ha resistido es que el art. 583 apdo. (3) letra c) del Código derogó de la Ley n.º 10/1995 los artículos 1 a 9, 11 a 40 y 42 a 44, es decir, dejó en pie justamente el art. 10, aquel en el que se apoya la emisión de las reglamentaciones técnicas. Esa suerte no sustituye a una actualización: una orden publicada el 11 de septiembre remite al lector a dos leyes que ya no existían el 25 de agosto.
La última observación es pequeña, pero muestra lo poco que se releyó el texto. En el capítulo 1.6 apdo. (6), que impone al poder adjudicador una obligación de interoperabilidad, la norma de referencia se identifica como la Orden del ministro de Desarrollo n.º 940/2023. En el capítulo 1.8 letra v) y en el anexo D, esa misma norma, con título idéntico, aparece como Orden n.º 904/2023, y en el anexo D se da además la edición en la que se publicó, el Boletín Oficial de Rumanía n.º 470 de 29 de mayo de 2023. Las cifras invertidas no cambian la solución, porque el título completo identifica la norma, pero la obligación se lee en el apartado que lleva el número equivocado.
Qué debería cambiar
- Completar la tabla B.1 con las clases a6 y a7 para los doce sistemas estructurales. Efecto: los edificios levantados después de 2006, es decir, el único segmento del parque edificado que crece, pueden incluirse en el análisis. Hasta entonces, cualquier mapa hecho correctamente según la metodología deja fuera del cálculo justamente las construcciones nuevas.
- Repetir la condición temporal en el art. 2 letra a), para cada una de las dos categorías de contratos. Efecto: desaparece la lectura según la cual la metodología no se aplicaría nunca a los contratos de servicios mediante los que se elaboran los mapas, es decir, a su propio objeto.
- Añadir los seis sectores del municipio de Bucarest a la tabla A.1. Efecto: la capital puede recibir los mapas de nivel IV que el acto exige, y el indicador de nivel III de Bucarest puede obtenerse por agregación, como prevé el capítulo 5.5, en lugar de quedar como único valor disponible.
- Poner la tabla 5.2 sobre la misma lista de usos que el punto 3.2 (5). Efecto: los edificios de asistencia social, los de investigación y los pecuarios reciben un coste de reposición, de modo que entran en la pérdida total del municipio en lugar de ser encuadrados por analogía por cada proyectista a su manera.
- Un plazo, al menos para los municipios con aceleración de cálculo de al menos 0,40g. Efecto: los 530 municipios de esa categoría tendrían mapas en un horizonte previsible, y el programa de financiación con cargo al presupuesto del Estado podría dimensionarse sobre un calendario, no sobre solicitudes llegadas al azar.
- Una regla de actualización de los costes de la tabla 5.2, con órgano responsable y periodicidad. Efecto: dos mapas elaborados con dos años de diferencia pasan a ser comparables, y el color de una sección censal deja de depender del año en que el ayuntamiento firmó el contrato.
Texto original del acto normativo
El texto que figura a continuación se reproduce en rumano, la forma oficial de publicación.
El texto íntegro, tal como se publicó en el Boletín Oficial de Rumanía
Boletín Oficial de Rumanía n.º 771 de 11 de septiembre de 2026 152 páginas PDF, 928 KB el acto comienza en la página 2
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Este artículo tiene carácter informativo y no constituye asesoramiento jurídico. Para situaciones concretas, consulta a un abogado o asesor fiscal autorizado.