La reducción de impuesto del litoral iba solo a los hoteles abiertos al menos seis meses, y el Tribunal Constitucional ha confirmado la regla

El Tribunal Constitucional ha desestimado, por unanimidad, la cuestión planteada por la sociedad MG Tour S.R.L., de Mamaia, provincia de Constanța, contra el art. 285 apdo. (2) del antiguo Código Fiscal, en la redacción aplicable entre 2012 y 2015. Es una más de las decisiones con las que el tribunal constitucional deja en manos del Parlamento y del Gobierno la respuesta a la pregunta de quién recibe un alivio fiscal y quién se queda fuera, después de aquella en la que estableció que las empresas no pueden quedar exentas de la tasa judicial de timbre. El texto cuestionado se reproduce en la propia decisión y decía así: «Impozitul pe clădiri și impozitul pe terenurile acestora se reduc cu 50% pentru acele imobile situate pe litoralul Mării Negre deținute de persoane juridice și care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice pe o durată de minimum 6 luni în cursul unui an calendaristic.», es decir, el impuesto sobre edificios y el impuesto sobre los terrenos de estos se reducen un 50% para aquellos inmuebles situados en el litoral del mar Negro que pertenezcan a personas jurídicas y que se utilicen para la prestación de servicios turísticos durante un mínimo de 6 meses en el transcurso de un año natural.

Para obtener la reducción, un propietario tenía que cumplir tres condiciones a la vez. El inmueble debía estar situado en el litoral del mar Negro, de modo que un hotel de Sinaia o una casa rural de Maramureș no entraban en el texto, por estacional que fuera su actividad. El propietario debía ser persona jurídica, de modo que quien poseía el inmueble como persona física no tenía nada que pedir. Y el inmueble debía utilizarse para servicios turísticos al menos seis meses dentro de un año natural, es decir, medio año o más. La reducción del 50% se aplicaba tanto al impuesto sobre el edificio como al impuesto sobre el terreno situado bajo él, y quien no reunía los seis meses pagaba el impuesto íntegro de ambos.

La empresa de Mamaia dijo que ese umbral invierte el sentido de la ventaja. La ayuda debería haber ido, según su lógica, a los propietarios que explotan el inmueble unos pocos meses al año e ingresan únicamente en esos meses, y no a quienes trabajan todo el año y tienen ingresos constantes. El argumento se construyó sobre dos artículos de la Constitución: el art. 56 apdo. (2), que exige que el sistema de tributos garantice el justo reparto de las cargas fiscales, y el art. 1 apdo. (5), que impone que la ley sea clara, precisa y previsible. Además, la autora de la cuestión señaló que la regla se había quedado, en el periodo 2012-2015, prácticamente sin destinatario: quien trabajaba menos de seis meses no encajaba, y quien trabajaba todo el año no tenía por qué recibir ayuda.

El camino hasta el Tribunal fue largo y con rodeos. El asunto de fondo era una demanda de anulación de unos actos administrativos tributarios relativos al impuesto sobre edificios y terrenos, pendiente ante el Tribunal de Apelación de Constanța, Sección Segunda de lo Civil, de lo Contencioso-Administrativo y de lo Fiscal, en el expediente n.º 1.232/118/2017. El órgano judicial desestimó, por inadmisible, la solicitud de planteamiento ante el Tribunal Constitucional, y el Alto Tribunal de Casación y Justicia, Sección de lo Contencioso-Administrativo y de lo Fiscal, estimó el recurso y elevó la cuestión mediante la Decisión n.º 6.841, de 16 de diciembre de 2020. En el Tribunal Constitucional, el asunto recibió el número de expediente 1.355D/2021. Los presidentes de las dos Cámaras del Parlamento, el Gobierno y el Defensor del Pueblo no remitieron ningún parecer.

La respuesta del Tribunal se apoya en una línea jurisprudencial antigua y constante. Mediante la Decisión n.º 607, de 12 de junio de 2012, ya había establecido que el legislador «are dreptul de a stabili cuantumul impozitelor și taxelor și de a opta pentru acordarea unor exceptări sau scutiri de la aceste obligații în favoarea anumitor categorii de contribuabili și în anumite perioade de timp», es decir, tiene derecho a fijar la cuantía de los impuestos y las tasas y a optar por conceder exclusiones o exenciones de esas obligaciones en favor de determinadas categorías de contribuyentes y en determinados periodos de tiempo, en función de la coyuntura y de la situación económica del país. En la Decisión n.º 760, de 5 de noviembre de 2015, había señalado que ninguna norma constitucional prohíbe conceder ventajas fiscales a determinadas categorías de contribuyentes ni fijar las condiciones en que se conceden o se retiran. En cuanto a la claridad de la ley, el Tribunal remitió a la Decisión n.º 363, de 7 de mayo de 2015, y concluyó que el texto criticado era suficientemente claro para que sus destinatarios pudieran ajustar su conducta a él.

Un detalle procesal explica por qué el Tribunal se pronunció sobre un texto retirado de la legislación hace diez años. Ya desde la Decisión n.º 766, de 15 de junio de 2011, tiene declarado que también pueden controlarse las disposiciones cuyos efectos jurídicos siguen produciéndose después de su pérdida de vigencia. Los impuestos fijados entre 2012 y 2015 se juzgan todavía hoy conforme a la ley de entonces, de modo que el texto derogado seguía vivo en el expediente de Constanța.

Los efectos que produce

La decisión es firme y de obligado cumplimiento general desde su publicación, es decir, desde el 22 de septiembre de 2026. El acto no fija ninguna otra fecha, y el art. 147 apdo. (4) de la Constitución vincula la fuerza obligatoria de las decisiones del Tribunal precisamente al momento de la publicación en el Boletín Oficial de Rumanía, Parte I.

El primer efecto lo nota el pleito que dio origen a la cuestión. El recurso ante el Tribunal de Apelación de Constanța sigue juzgándose sobre el fondo, con el texto en pie tal como fue escrito. La empresa de Mamaia puede seguir sosteniendo cualquier otra defensa, por ejemplo que alcanzó efectivamente los seis meses de utilización, pero ya no puede sostener que el umbral en sí sea inconstitucional.

El segundo efecto afecta a cualquiera que, en 2026, siga teniendo un litigio abierto sobre impuestos locales de los años 2012-2015 por un inmueble turístico del litoral. No se abre ninguna vía de devolución y no se reabre ningún plazo. Quien pagó el impuesto íntegro por haber mantenido el hotel abierto menos de seis meses se queda con el pago hecho, y los ayuntamientos del litoral no tienen que rehacer ningún cálculo.

El tercer efecto es el que falta. Para un propietario que paga impuestos locales hoy, la decisión no cambia absolutamente nada, porque ni el texto criticado ni su sucesor siguen en vigor. Quien busque en el Código Fiscal de hoy una reducción para los edificios utilizados de forma estacional en el turismo no encontrará ninguna.

Qué ha cambiado respecto de la situación anterior

La regla se dio la vuelta dos veces y después desapareció del todo. En el Código Fiscal de 2003, publicado en el Boletín Oficial de Rumanía, Parte I, n.º 927, de 23 de diciembre de 2003, el art. 285 apdo. (2) tenía el siguiente contenido: «Impozitul pe clădiri și impozitul pe teren se reduc cu 50% pentru acele clădiri și terenul aferent deținute de persoane juridice, care sunt utilizate exclusiv pentru prestarea de servicii turistice pe o perioadă de maximum 5 luni pe durata unui an calendaristic.», es decir, el impuesto sobre edificios y el impuesto sobre el terreno se reducen un 50% para aquellos edificios y el terreno correspondiente que pertenezcan a personas jurídicas y se utilicen exclusivamente para la prestación de servicios turísticos durante un periodo máximo de 5 meses a lo largo de un año natural. La ayuda iba, pues, a la actividad corta, no a la larga, y se concedía en cualquier lugar del país, no solo en la costa. El plazo se amplió después a seis meses, también como tope máximo.

El vuelco llegó con la Ordenanza del Gobierno n.º 30/2011, publicada en el Boletín Oficial de Rumanía, Parte I, n.º 627, de 2 de septiembre de 2011. El punto 88 del art. I reescribió el apartado, y el art. II apdo. (1) de esa misma ordenanza estableció que la modificación se aplicaba desde el 1 de enero de 2012, dado que el punto 88 no figura en ninguna lista de excepciones. Desde ese día, el máximo se convirtió en mínimo y el ámbito se restringió al litoral del mar Negro. La autora de la cuestión señaló que el cambio no se explica ni en la memoria justificativa de la ordenanza ni en la exposición de motivos de la ley de aprobación, y el Tribunal no contradijo esa observación.

El equivalente actual del texto es, en realidad, una ausencia, y el camino hasta ahí tiene tres escalones. El primero: la Ley n.º 227/2015, publicada en el Boletín Oficial de Rumanía, Parte I, n.º 688, de 10 de septiembre de 2015, derogó el antiguo Código Fiscal y recuperó, desde el 1 de enero de 2016, la lógica anterior a 2011. El art. 456 apdo. (4) y el art. 464 apdo. (4) concedían la reducción del 50% para los edificios y los terrenos de personas físicas y jurídicas utilizados para servicios turísticos de carácter estacional, «pe o durată de cel mult 6 luni în cursul unui an calendaristic», es decir, durante un máximo de 6 meses en el transcurso de un año natural, en cualquier lugar del país, con la reducción aplicada en el ejercicio fiscal siguiente.

El segundo escalón: la Ley n.º 230/2020, publicada en el Boletín Oficial de Rumanía, Parte I, n.º 1030, de 4 de noviembre de 2020 y en vigor desde el 1 de enero de 2021, quitó la palabra «estacional» de ambos textos y sustituyó los seis meses por «un máximo de 180 días consecutivos o acumulados». La modificación la pidieron los operadores turísticos en plena pandemia, y los litigios posteriores llegaron hasta el Alto Tribunal de Casación y Justicia, que mediante la Decisión n.º 41, de 22 de mayo de 2023, publicada en el Boletín Oficial de Rumanía, Parte I, n.º 620, de 7 de julio de 2023, desestimó por inadmisible la solicitud de aclaración de ambos apartados.

El tercer escalón cierra la historia. La Ley n.º 239/2025, publicada en el Boletín Oficial de Rumanía, Parte I, n.º 1160, de 15 de diciembre de 2025, reescribió mediante el art. XII punto 26 el apartado (4) del art. 456, dándole un contenido completamente distinto, y derogó mediante el punto 37 el apartado (4) del art. 464. Ambos cambios se aplican desde el 1 de enero de 2026. El resultado, comprobable en el texto consolidado del Código Fiscal, es que en el título sobre impuestos y tasas locales ya no aparece ninguna reducción vinculada al uso de un inmueble para servicios turísticos. La única puerta que queda es la general: los plenos municipales pueden acordar exenciones o reducciones, pero solo para las categorías enumeradas de forma tasada en el art. 456 apdo. (2) y el art. 464 apdo. (2), y el turismo no está entre ellas.

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