Los 10 días de las solicitudes de información pública se mantienen, y la CCR dice exactamente desde cuándo se cuentan

Quien envía una solicitud de información pública y recibe la respuesta el trigésimo día no tiene en qué apoyarse para impugnar la ley: el Tribunal Constitucional ha vuelto a decir que el plazo es conforme a la Constitución y ha explicado, al mismo tiempo, cómo se cuentan exactamente los días. Mediante la Decisión n.º 103 de 5 de febrero de 2026, publicada en el Boletín Oficial de Rumanía n.º 697 de 21 de agosto de 2026, el Tribunal desestimó por infundada la crítica dirigida contra el art. 7 de la Ley n.º 544/2001 sobre el libre acceso a la información de interés público. Es la segunda vez en poco tiempo que una decisión del Tribunal toca precisamente la transparencia de la vida pública, después de aquella por la que la publicación de las declaraciones de intereses financieros fue declarada inconstitucional.

El expediente nació de un litigio corriente: una persona pidió información de interés público, no recibió lo que quería y acabó ante el Tribunal de Bucarest, Sección II de lo contencioso-administrativo y fiscal. Allí planteó la cuestión de inconstitucionalidad de los arts. 7, 12 y 22 de la Ley n.º 544/2001, además de la Ley n.º 51/1991 sobre la seguridad nacional, en su conjunto.

Las críticas dirigidas contra el art. 7 eran concretas. El autor sostenía que el texto no dice con claridad qué tipo de motivación debe darse, que no prevé expresamente que una respuesta incompleta o incorrecta equivale también a una denegación, que la expresión «o, en su caso, en un plazo máximo de 30 días» deja margen para dar largas y que no se sabe si los días son hábiles o naturales. El Tribunal respondió punto por punto y mantuvo la solución de sus decisiones anteriores, la n.º 719 de 2 de noviembre de 2021 y la n.º 279 de 28 de mayo de 2024.

Los efectos que produce

El primer efecto es la confirmación de los plazos. El art. 7 apdo. (1) de la Ley n.º 544/2001 sigue vigente tal cual: las autoridades y las instituciones públicas responden por escrito en un plazo de 10 días o, en su caso, en un plazo máximo de 30 días desde el registro de la solicitud, en función de la dificultad, la complejidad, el volumen de trabajo documental y la urgencia de la petición. Si localizar la información exige más de 10 días, la respuesta llega en un máximo de 30 días, siempre que se avise por escrito al solicitante dentro de los primeros 10 días.

El segundo efecto es la aclaración del modo de cálculo, y esta es la parte realmente útil para cualquier solicitante. El Tribunal señaló que, conforme al art. 16 apdo. (2) y (3) de las Normas metodológicas aprobadas por la Decisión del Gobierno n.º 123/2002, los plazos se calculan desde la fecha de registro de la solicitud, no se computa ni el día en que empieza a correr el plazo ni el día en que vence, y si el último día cae en día inhábil, el plazo se prorroga hasta el primer día hábil siguiente.

El tercer efecto se refiere a la denegación. El art. 7 apdo. (2) queda intacto: la negativa a comunicar la información solicitada se motiva y se comunica en un plazo de 5 días desde la recepción de la petición. Es un plazo distinto, más corto que el de respuesta.

El cuarto efecto afecta al formato electrónico. El Tribunal declaró expresamente que el art. 7 apdo. (3) no establece una obligación de las autoridades de comunicar la información en formato electrónico, sino que se refiere solo al supuesto en que se cumplan las condiciones técnicas necesarias. Quien pide la respuesta por correo electrónico no puede apoyarse en este texto como si fuera un derecho.

El quinto efecto es procesal. Las críticas dirigidas contra el art. 12, que enumera la información exceptuada del acceso libre, contra el art. 22 apdo. (1), que regula la reclamación ante la sección de lo contencioso-administrativo, y contra la Ley n.º 51/1991 en su conjunto fueron rechazadas por inadmisibles. No se analizaron en cuanto al fondo, de modo que nada en la decisión dice que esos textos sean correctos o incorrectos.

Qué ha cambiado respecto de la situación anterior

En la letra de la ley no cambia nada. El art. 7 sigue exactamente igual y la Ley n.º 544/2001 continúa aplicándose en la misma forma.

Lo que cambia es la posición del argumento. Hasta ahora, un solicitante descontento podía intentar sostener ante los tribunales que el plazo de 30 días es demasiado vago y, por ello, inconstitucional. Tras la publicación de esta decisión, el argumento ya no puede usarse: la decisión es definitiva y de obligado cumplimiento general, y los tribunales ya no pueden inaplicar el texto.

El segundo cambio es de visibilidad. La regla de cálculo de los plazos estaba en una decisión del Gobierno de 2002, a la que pocos solicitantes llegan. Ahora aparece en una decisión del Tribunal Constitucional publicada en el Boletín Oficial de Rumanía, así que puede invocarse directamente y con una referencia precisa.

El tercer cambio tiene que ver con la práctica del planteamiento de cuestiones de inconstitucionalidad. El Tribunal repitió, remitiéndose a la Decisión n.º 1.313 de 4 de octubre de 2011 y a la Decisión n.º 785 de 16 de junio de 2011, que una cuestión debe contener tres elementos: el texto impugnado, el texto constitucional supuestamente vulnerado y la explicación de la relación de contradicción entre ambos. La mera enumeración de artículos de la Constitución no es una crítica verdadera.

Lo que no cambia es el derecho a reclamar. El art. 22 apdo. (1) sigue siendo aplicable: quien se considere perjudicado puede presentar reclamación ante la sección de lo contencioso-administrativo del tribunal de su domicilio o de la sede de la autoridad, en un plazo de 30 días desde el vencimiento del plazo previsto en el art. 7.

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