El complemento del 25% por trabajar con secretos de Estado sigue solo para militares y policías: los jueces no lo cobran

Los jueces no perciben el complemento de hasta el 25% que se concede a los militares y a los policías que trabajan con información clasificada como secreto de Estado, y el Tribunal Constitucional afirma que eso no constituye una discriminación. La Decisión n.º 33 de 20 de enero de 2026, publicada en el Boletín Oficial de Rumanía n.º 570 de 10 de julio de 2026, desestima por infundada la cuestión y declara que el art. 15¹ apdo. (1) del anexo n.º VI de la Ley marco n.º 153/2017 sobre la retribución del personal pagado con fondos públicos es constitucional. Es la segunda vez este verano que el Tribunal se pronuncia sobre los derechos retributivos de los magistrados, después de aquella por la que la impugnación relativa a la indemnización por puesto directivo fue inadmitida.

El texto controvertido se introdujo en el anexo n.º VI de la ley retributiva mediante el artículo único de la Ley n.º 157/2020, publicada en el Boletín Oficial de Rumanía n.º 662 de 27 de julio de 2020. Dispone que el personal militar, los policías, los funcionarios de prisiones y el personal civil del sistema de defensa, orden público y seguridad nacional que ocupen un puesto con acceso a información clasificada de la clase secreto de Estado se benefician de un complemento sobre el salario base o sobre el haber de función de hasta el 25%, en las condiciones fijadas por orden del ordenador principal de créditos.

Las cuestiones se plantearon en cuatro expedientes, procedentes del Tribunal Provincial de Teleorman, el Tribunal Provincial de Dâmbovița y el Tribunal Provincial de Sălaj, en litigios que tenían por objeto derechos retributivos. El Tribunal los acumuló y los resolvió conjuntamente. Los promotores sostuvieron que los jueces y el personal de especialidad jurídica asimilado a jueces y fiscales trabajan igualmente con documentos de secreto de Estado, están retribuidos por la misma ley marco y que, por tanto, su exclusión del complemento es una discriminación por razón de categoría social.

Los efectos que produce

El primer efecto es que el texto sigue vigente, en su redacción actual. La decisión es desestimatoria, de modo que no produce ninguna modificación legislativa y no genera obligación alguna de armonización a cargo del Parlamento. El complemento se sigue concediendo exactamente a las categorías enumeradas en la ley.

El segundo efecto se aprecia en los tribunales. Los cuatro procesos en los que se planteó la cuestión, junto con cualquier otro litigio suspendido o fundado en el mismo argumento, pierden su fundamento principal. La decisión es firme y de obligado cumplimiento general y se comunica a los tres tribunales provinciales que acudieron al Tribunal.

El tercer efecto tiene que ver con el argumento empleado, que va más allá del caso concreto. El Tribunal repitió que los complementos, los premios y los demás incentivos concedidos por normas jurídicas son derechos retributivos adicionales, no derechos fundamentales garantizados por la Constitución, y que su establecimiento, reducción o supresión corresponden a la competencia exclusiva del legislador. El único límite constitucional que el Tribunal reconoce es que la medida alcance por igual a todas las categorías de personal que se encuentren en una situación idéntica.

El cuarto efecto se refiere a la crítica de técnica legislativa. Uno de los promotores sostuvo que la exposición de motivos de la Ley n.º 157/2020 no justifica objetivamente el trato diferenciado. El Tribunal respondió que un vicio de inconstitucionalidad extrínseco no puede derivarse del modo en que el proponente motivó su iniciativa, porque el objeto del control es la ley aprobada, no las intenciones recogidas en la exposición de motivos.

Qué ha cambiado respecto de la situación anterior

En derecho, nada. La decisión confirma una línea ya fijada por la Decisión n.º 196 de 8 de abril de 2025, publicada en el Boletín Oficial de Rumanía n.º 830 de 9 de septiembre de 2025, que el Tribunal cita tres veces, en los párrafos 29, 31 y 32 de aquella. El Tribunal afirma expresamente que no han surgido elementos nuevos que puedan modificar su jurisprudencia.

Lo que se ha aclarado es el razonamiento. Los promotores de la cuestión se apoyaron en el art. 7 apdo. (4) de la Ley n.º 182/2002 sobre la protección de la información clasificada, que garantiza el acceso a los secretos de Estado y de servicio, en las letras a) a h), al Presidente de Rumanía, al primer ministro, a los ministros, a los diputados, a los senadores, a los jueces, a los fiscales y a los magistrados asistentes del Alto Tribunal de Casación y Justicia. Su argumento era que, si la ley les garantiza el acceso, se encuentran en la misma situación que los beneficiarios del complemento.

El Tribunal le dio la vuelta al argumento. Los beneficiarios del complemento no figuran en esa enumeración limitativa, de modo que no pertenecen a la misma categoría que los magistrados. Los jueces, los fiscales y los magistrados asistentes tienen acceso a los secretos de Estado por efecto de la ley, sin los procedimientos de habilitación previstos en el art. 7 apdos. (1) a (3) y en el art. 28 de esa misma ley, y el Tribunal considera que su indemnización de encuadramiento se fija teniendo en cuenta esa faceta de sus atribuciones, con lo que el deber de confidencialidad quedaría ya compensado patrimonialmente.

También se aclaró el objeto del control. El Tribunal Provincial de Sălaj había planteado la cuestión respecto del art. 15 del capítulo II del anexo n.º VI, no del art. 15¹. Invocando el art. 62 de la Ley n.º 24/2000 sobre las normas de técnica legislativa, según el cual las disposiciones de modificación y de complemento se incorporan al acto de base y se identifican con él, el Tribunal fijó como objeto de la cuestión, para los cuatro expedientes, el art. 15¹ apdo. (1).

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