El Senado abre una investigación parlamentaria sobre la reunión entre el primer ministro interino y la presidenta del Tribunal Constitucional

La pregunta que hay detrás de la resolución es legítima y no depende del bando político de nadie: si el jefe del ejecutivo y la presidenta del tribunal constitucional se ven diez días antes de que ese tribunal se pronuncie, el público tiene derecho a saber de qué hablaron. El problema es que el acto con el que el Senado formula la pregunta no está construido para obtener una respuesta. De tres artículos, uno se equivoca de fundamento constitucional, otro mezcla el mandato con su propia conclusión y el tercero impone un plazo sin inicio. No son descuidos de redacción, sino justamente los elementos de los que depende que el informe de septiembre lo tomen en serio quienes no votaron la resolución.

Lo segundo que se ve en el texto es que el mandato esquiva precisamente a la persona que podría responder a una de las cuatro preguntas. El artículo 2 pide a la comisión que aclare «motivul pentru care întrevederea s-a desfășurat în biroul președintelui Senatului», el motivo por el que la reunión se celebró en el despacho del presidente del Senado. Ese despacho pertenece al presidente del Senado, quien firma esta resolución, Mircea Abrudean. La investigación está autorizada, por tanto, por la cámara cuyo presidente acogió la reunión, y el papel del anfitrión no aparece ni en el objeto del artículo 1, ni entre los objetivos del artículo 2. Es el único elemento de todo el expediente que el Senado podía aclarar sin pedirle nada a nadie de fuera.

El tercer elemento tiene que ver con lo que la comisión puede hacer de verdad. El artículo 111, apartado (1), de la Constitución obliga al Gobierno y a los demás órganos de la administración pública a presentar la información y los documentos que les pidan las comisiones parlamentarias. El primer ministro entra dentro de esa obligación. El Gobierno estaba entonces cesado por una moción de censura y conservaba atribuciones limitadas, y el procedimiento de investidura no se reanudó hasta septiembre, cuando el Presidente firmó el decreto de designación de un candidato al cargo de primer ministro. El Tribunal Constitucional no es un órgano de la administración pública, y su presidenta no puede ser obligada a comparecer ante una comisión del Senado. La investigación puede terminar, de forma perfectamente legal, con un informe en el que falte la mitad de la mesa, y la resolución no prevé nada para ese escenario, ni siquiera la obligación de dejar constancia de él.

Lo que merece anotarse a favor del acto es que la motivación se ha puesto en el cuerpo de la resolución, y no en una exposición de motivos guardada en un cajón. La frase final del artículo 2, según la cual «Curtea Constituțională nu este o autoritate politică, ea este garantul supremației Constituției și unica autoritate de jurisdicție constituțională», el Tribunal Constitucional no es una autoridad política, sino el garante de la supremacía de la Constitución y la única autoridad de jurisdicción constitucional, está publicada en el Boletín Oficial de Rumanía y allí queda, oponible también a quienes la votaron. La misma transparencia debería haberse aplicado al resto: si la premisa sobre los asuntos pendientes era lo bastante sólida como para poner en marcha una investigación, lo era también para escribirse con números de expediente.

Qué debería cambiar

• La sustitución del fundamento del preámbulo por el artículo 64, apartado (4), de la Constitución. Una rectificación de una línea, publicada en el Boletín Oficial de Rumanía, elimina el único argumento formal con el que podría impugnarse la resolución. Mientras el fundamento invocado sea la regla de quórum, impugnarla no exige ningún esfuerzo de imaginación.
• La fijación del momento a partir del cual corren los 14 días y de su naturaleza. La fórmula «en el plazo de 14 días naturales desde la fecha de publicación de la presente resolución» cierra el problema. Sin ella, la comisión se fija su propio plazo, y cualquier retraso se vuelve discutible.
• La inclusión del papel del anfitrión en el objeto de la investigación. Si el lugar de la reunión es una de las cuatro preguntas, entonces quién puso el despacho a disposición y en qué calidad forma parte de la respuesta. Dejada fuera del mandato, la pregunta del artículo 2 no puede recibir más que una respuesta parcial.
• La documentación de la premisa del artículo 2, o su retirada del texto. Los asuntos «con carga institucional» que entonces estaban ante el Tribunal tienen números de expediente y fechas de vista públicas. Enumerarlos convierte una afirmación política en un hecho comprobable; su ausencia deja a la comisión investigando a partir de una conclusión ya escrita en el acto que la manda.
• Una regla sobre lo que ocurre después de la Mesa permanente. La resolución se detiene en la entrega del informe. No dice si se debate en el pleno, si se publica ni en qué plazo. Un informe que no llega a ser público no sirve a la finalidad declarada, el mantenimiento de la confianza pública, sino solo al procedimiento interno del Senado.
• Un protocolo general para la relación del Parlamento con los magistrados constitucionales. La situación se repetirá, y la improvisación caso por caso es la peor opción para ambas instituciones. Un procedimiento escrito, que distinga entre invitación y obligación de comparecer y que excluya de forma expresa la discusión de las resoluciones dictadas, protegería tanto el control parlamentario como la independencia de la jurisdicción.