En resumen
- Un joven que ha salido del sistema de protección especial puede pedir 3.168 lei al mes, con independencia de cuándo se fuera. Hasta ahora, el procedimiento solo reconocía a quienes firmaban una renuncia a la medida de protección y salían del sistema en ese momento. Desde el 16 de septiembre de 2026, tiene derecho cualquier joven menor de 26 años que haya salido del sistema y acredite que cursa una forma de enseñanza prevista por la ley o que tiene un puesto de trabajo. La cuantía equivale a 4,8 veces el indicador social de referencia, y el indicador es de 660 lei.
- El dinero se puede cobrar también por el pasado, desde el 10 de abril de 2026, pero solo si la solicitud llega a la agencia de pagos en 60 días hábiles. El plazo corre desde el 16 de septiembre de 2026 y vence el 9 de diciembre de 2026 si solo se descuentan los sábados y domingos, o el 11 de diciembre de 2026 si se descuentan además los festivos del 30 de noviembre y del 1 de diciembre. Quien presente la solicitud más tarde cobrará la indemnización a partir del mes de presentación, sin nada por los meses transcurridos.
- El requisito de «enseñanza diurna» desaparece de todo el procedimiento y se sustituye por «forma de enseñanza prevista por la ley». El cambio no afecta solo a los jóvenes con indemnización, sino también a las familias, los parientes, los tutores y los acogedores familiares profesionales que crían a un menor en acogimiento: la asignación mensual de acogimiento, 1.193,28 lei, y la indemnización mensual de apoyo, 528 lei, pueden mantenerse después de los 18 años también para un joven matriculado en enseñanza nocturna, a tiempo parcial o a distancia.
Publicado: Boletín Oficial de Rumanía (Monitorul Oficial) n.º 787 de 16 de septiembre de 2026
Entrada en vigor: 16 de septiembre de 2026, fecha de publicación; el pago se hace con efecto retroactivo desde el 10 de abril de 2026 para las solicitudes presentadas en 60 días hábiles
El Ministerio de Trabajo ha reescrito el procedimiento por el que se paga el dinero destinado a los menores en acogimiento y a los jóvenes que salen del sistema de protección especial, y el mayor cambio afecta a los jóvenes que se fueron hace tiempo: ahora pueden pedir una indemnización de 3.168 lei al mes, con el pago contado desde el 10 de abril de 2026. El mecanismo se parece al empleado con la ayuda para quienes salen de los centros para personas con discapacidad, donde los que se marcharon entretanto cobran el dinero con efecto retroactivo: el derecho existe en la ley desde hace meses, la norma de aplicación llega más tarde y recupera el periodo transcurrido.
El acto es una orden de modificación, no un procedimiento nuevo. Interviene en la Orden n.º 1.733/2015, publicada en el Boletín Oficial de Rumanía n.º 680 de 8 de septiembre de 2015, cuyo anexo contiene el procedimiento completo. La orden tiene tres artículos: el artículo I introduce quince modificaciones en el procedimiento, el artículo II regula el periodo de transición y el pago por el pasado, y el artículo III dispone la publicación. Fue firmada el 14 de septiembre de 2026 por Silvia Monica Dinică, secretaria de Estado, por el ministro interino.
El fundamento directo es el artículo II de la Ley n.º 49/2026 para la complementación del artículo 129 de la Ley n.º 272/2004, publicada en el Boletín Oficial de Rumanía n.º 282 de 7 de abril de 2026 y en vigor desde el 10 de abril de 2026. La ley añadió un apartado breve, el (45), de gran efecto: las indemnizaciones para los jóvenes que salen del sistema de protección «se instituie ca formă de ocrotire a statului acordată tuturor tinerilor, fără discriminare», se instituyen como forma de amparo del Estado concedida a todos los jóvenes, sin discriminación, y de ellas se benefician todos los jóvenes menores de 26 años que hayan salido del sistema y cumplan los requisitos. Hasta esta ley, quien había salido del sistema antes de que el derecho existiera se quedaba sin él.
Los efectos que produce
Aparece una segunda categoría de beneficiarios. El artículo 171 del procedimiento tiene ahora dos letras. La letra a) cubre a los jóvenes con plena capacidad de obrar que optan por escrito por el cese de la medida de protección especial, es decir, la situación regulada desde 2022. La letra b) cubre a «tinerii care au ieșit din sistemul de protecție specială», los jóvenes que han salido del sistema de protección especial, sin ningún otro requisito temporal. Un joven de 24 años que dejó un centro a los 19 y hoy trabaja tiene derecho a la indemnización, aunque en 2021 no hubiera nada que pedir.
El expediente es más sencillo para los nuevos beneficiarios. Los jóvenes de la letra b) no tienen que presentar el informe de orientación e información elaborado por la dirección general de asistencia social y protección del menor, porque ellos ya no tienen a qué renunciar: la medida de protección cesó hace tiempo. El artículo 172, apartado (8), les exime expresamente de ese informe, pero les exige el resto de documentos acreditativos: el documento de identidad, el certificado de la dirección general en cuyos registros figuraron y, en su caso, el certificado del centro educativo o del empleador.
El momento desde el que se paga el dinero depende de una sola fecha del calendario. La regla general, del artículo 172, apartado (9), es que el derecho se concede a partir del mes en que se presenta la solicitud. El artículo II de la orden hace una excepción para la ventana de transición: la solicitud presentada en 60 días hábiles desde el 16 de septiembre de 2026 trae el dinero desde el 10 de abril de 2026, siempre que en esa fecha el joven cumpliera los requisitos legales. Por los meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2026, siete meses completos, el atraso asciende a 22.176 lei, a los que se suman la parte de abril y los meses siguientes.
Un cambio de situación producido entretanto ya no borra el pasado. Conforme al artículo II, apartado (2), la indemnización se fija desde el 10 de abril de 2026 «fără ca o modificare ulterioară a situației beneficiarului să conducă la pierderea drepturilor aferente perioadei în care acesta a îndeplinit condițiile legale», sin que una modificación posterior de la situación del beneficiario lleve a la pérdida de los derechos correspondientes al periodo en que cumplió los requisitos legales. En la práctica, el joven que trabajó de abril a julio y después perdió el empleo conserva el dinero de esos meses.
La forma de enseñanza ya no cuenta. En siete de los quince puntos del artículo I, la expresión «enseñanza diurna» se sustituye por «forma de enseñanza prevista por la ley». El efecto se nota en el artículo 9, relativo a la asignación de acogimiento, en los artículos 11, 15 y 16, que se refieren a los documentos y a la suspensión del pago, y en los artículos 171, 172 y 175, que se refieren a la indemnización para jóvenes. Un estudiante de enseñanza nocturna o a distancia queda ahora claramente sujeto a las mismas reglas que uno de enseñanza diurna.
Qué ha cambiado respecto de la situación anterior
El procedimiento de 2015 no hablaba de jóvenes salidos del sistema. Se ocupaba solo de la asignación mensual de acogimiento, y el título del acto era «privind aprobarea Procedurii de stabilire și plată a alocației lunare de plasament», relativo a la aprobación del Procedimiento de determinación y pago de la asignación mensual de acogimiento. La indemnización de apoyo y la indemnización para jóvenes entraron en el procedimiento solo mediante la orden conjunta del ministro de trabajo y solidaridad social n.º 1.954/2022 y del ministro de familia, juventud e igualdad de oportunidades n.º 20.868/2022, publicada en el Boletín Oficial de Rumanía n.º 1.044 de 28 de octubre de 2022, que introdujo los artículos 171 a 175, la solicitud del anexo n.º 3 y el informe de orientación del anexo n.º 4.
Comparada con la forma de 2022, la orden de ahora desplaza el centro de gravedad. En 2022, el artículo 171, apartado (1), decía que la indemnización se concede a los jóvenes que acrediten cursar «o formă de învățământ la zi», una forma de enseñanza diurna, o tener un puesto de trabajo «și care optează, în scris, pentru încetarea măsurii de protecție specială», y que opten, por escrito, por el cese de la medida de protección especial. La opción escrita era un requisito de acceso. En la forma nueva, la opción escrita queda solo en la letra a), como una de las dos vías, y la letra b) ya no la exige en absoluto.
Lo mismo ha cambiado en la lista de documentos. En 2022, el artículo 172, apartado (1), exigía «cerere și declarație pe propria răspundere a tânărului că a fost consiliat și informat», solicitud y declaración responsable del joven de que ha sido orientado e informado. La forma nueva mantiene esa exigencia solo para los jóvenes de la letra a) y la formula de manera más sencilla, como «cerere însoțită de actele doveditoare», solicitud acompañada de los documentos acreditativos. La solicitud puede seguir presentándose por vía electrónica o en papel, en la agencia provincial de pagos e inspección social o en la del municipio de Bucarest.
Los anexos cambian también: el anexo n.º 3 del procedimiento, es decir, el formulario de solicitud, se sustituye íntegramente; aparece un anexo nuevo, el n.º 3a, con un formulario de solicitud sin la declaración sobre la orientación; y el anexo n.º 4, el informe de orientación, se sustituye igualmente. El informe nuevo remite explícitamente a la indemnización «în valoare de 4,8 ISR până la împlinirea vârstei de 26 de ani», por importe de 4,8 ISR hasta cumplir los 26 años, una cifra que no aparece en ninguna parte del cuerpo del procedimiento, sino solo en la ley.
Las cuantías no las fija esta orden y no cambian con ella. Provienen de la Ley n.º 272/2004: la asignación mensual de acogimiento equivale a 1,808 veces el indicador social de referencia, conforme al artículo 128, apartado (1); la indemnización mensual de apoyo para la persona o la familia que cría al menor es de 0,8 ISR, conforme al artículo 128, apartado (21), y el acogedor familiar profesional no la percibe; la indemnización mensual para jóvenes es de 4,8 ISR, conforme al artículo 129, apartado (42). El indicador social de referencia es de 660 lei y se ha mantenido en ese valor también para 2026 mediante la Ley n.º 141/2025 sobre determinadas medidas fiscales y presupuestarias, de modo que las tres cuantías son 1.193,28 lei, 528 lei y 3.168 lei.
Ventajas y desventajas
Lo que mejora
- Un derecho reconocido por la ley desde el 10 de abril de 2026 pasa por fin a ser exigible. Sin formulario y sin procedimiento, las agencias de pagos no tenían en qué apoyarse para registrar las solicitudes de los jóvenes que ya habían salido del sistema.
- El pago retroactivo no se pierde por el retraso de la administración. Presentada dentro de la ventana de 60 días hábiles, la solicitud trae el dinero desde la fecha en que la ley entró en vigor, no desde la fecha en que el ministerio encontró tiempo para escribir el procedimiento.
- La renuncia a la «enseñanza diurna» alinea el procedimiento con la ley y con la realidad de los estudiantes que trabajan. Los jóvenes del sistema de protección se matriculan a menudo en enseñanza nocturna o a tiempo parcial precisamente porque trabajan, y la formulación antigua podía dejarlos sin derecho.
- La indemnización para jóvenes no tributa ni soporta cotizaciones sociales, conforme al artículo 22 del procedimiento, de modo que los 3.168 lei llegan íntegros al beneficiario.
- Los efectos alcanzan también a las familias de acogida y a los tutores: la asignación y la indemnización de apoyo pueden mantenerse después de los 18 años para un joven que continúa sus estudios en cualquier forma prevista por la ley, no solo en enseñanza diurna.
Lo que sigue siendo un problema
- La ventana de pago retroactivo es corta y no se anuncia en ninguna parte. Quien se entere del derecho en enero de 2027 pierde definitivamente los meses de 2026, aunque la ley se lo reconozca desde el 10 de abril de 2026.
- El joven tiene que obtener un certificado de la dirección general que lo tuvo en sus registros, es decir, de la institución de la que salió, a veces de otra provincia. La orden no fija a la dirección ningún plazo para expedir el certificado, aunque el plazo del joven corre mientras tanto.
- El formulario nuevo, del anexo n.º 3a, no se atribuye a nadie en el texto del procedimiento y no enumera el certificado de la dirección general, aunque este sigue siendo obligatorio.
- El cálculo del mes de abril de 2026 está escrito en una fórmula que se anula a sí misma, de modo que el primer importe pagado puede ser de 3.168 lei, de 2.217,60 lei o de 2.112 lei, según cómo lo lea la agencia.
- La indemnización única, igual a tres salarios mínimos, que esa misma ley abre a todos los jóvenes salidos del sistema, sigue sin procedimiento y sin formulario.
Consejos prácticos
- Si ha salido del sistema de protección especial, tiene menos de 26 años y estudia o trabaja, presente la solicitud como muy tarde el 9 de diciembre de 2026. Esa fecha es el cálculo estricto en días hábiles; los dos días festivos del 30 de noviembre y del 1 de diciembre pueden empujar el plazo hasta el 11 de diciembre, pero no cuente con ellos.
- Pida con tiempo el certificado de la dirección general de asistencia social y protección del menor en cuyos registros figuró. Es el documento que acredita que estuvo en el sistema y, si se retrasa, se retrasa también la solicitud. El formulario de solicitud no lo menciona, pero el artículo 172, apartado (3), letra b), del procedimiento sí lo exige.
- Añada al expediente el certificado del centro educativo o del empleador, la copia del documento de identidad y el justificante de la cuenta bancaria o la opción por giro postal. La solicitud puede enviarse por vía electrónica, así que no hace falta desplazarse a la agencia.
- Escriba en la solicitud que pide el pago desde el 10 de abril de 2026, con arreglo al artículo II de la Orden n.º 1.277/2026. El formulario no tiene una casilla para eso, y una mención escrita le ayuda si la resolución llega calculada solo desde el mes de presentación.
- Conserve el justificante de presentación, con su fecha. Si la resolución se retrasa, el artículo 172, apartado (4), del procedimiento obliga a la agencia a pagar en un plazo máximo de 30 días hábiles desde la presentación de la solicitud, y el apartado (7) le exige comunicar la resolución en 5 días hábiles desde su emisión.
- Una vez reconocido el derecho, envíe a la agencia el certificado del empleador cada 3 meses y el del centro educativo cada 6 meses. No remitirlos suspende el pago, y superar los tres meses desde la suspensión hace que cese.
- Si se muda a otra provincia, presente una solicitud nueva en la agencia de su nuevo domicilio y comunique cualquier cambio en los 15 días siguientes a que se produzca.
Preguntas frecuentes
¿Quién puede pedir la indemnización de 3.168 lei?
¿Hasta cuándo hay que presentar la solicitud para cobrar el dinero desde abril?
¿Cuánto cobro por el mes de abril de 2026?
¿Tengo que renunciar a la medida de protección para cobrar la indemnización?
Estoy en enseñanza nocturna. ¿Sigue contando la forma de enseñanza?
¿Qué cobra la familia que cría al menor, y no el joven?
¿La indemnización tributa?
¿Qué hago si la agencia me deniega la solicitud?
Errores e incoherencias en el texto publicado
- El anexo n.º 3a no tiene destinatario en el texto del procedimiento, y el único reenvío existente lleva al formulario del otro grupo. El punto 14 del artículo I introduce el anexo n.º 3a, el segundo modelo de solicitud, titulado simplemente «Cerere pentru acordarea indemnizației lunare pentru tineri», solicitud de concesión de la indemnización mensual para jóvenes, pero la expresión «anexa nr. 3a» aparece una sola vez en toda la orden, precisamente en ese punto. El artículo 172, apartado (9), que regula la situación de los jóvenes del artículo 171, apartado (2), letra b), remite a la aplicación correspondiente de los apartados (4) a (7), y el apartado (6), no modificado, dice que «modelul cererii este prevăzut în anexa nr. 3», el modelo de la solicitud figura en el anexo n.º 3. Un joven que lea el procedimiento en orden acaba en el anexo n.º 3, un formulario que le exige declarar que fue orientado e informado antes del cese de la medida, exactamente el documento del que el apartado (8) le exime.
- El formulario del anexo n.º 2 de la orden, convertido en el anexo n.º 3a del procedimiento, omite un documento obligatorio y conserva una casilla sin texto. Bajo el título «Atașez următoarele documente», adjunto los siguientes documentos, aparecen tres casillas: junto a la primera no hay nada escrito, y las dos siguientes son «adeverința de la angajator», el certificado del empleador, y «adeverința de la unitatea de învățământ», el certificado del centro educativo. El certificado expedido por la dirección general en cuyos registros figuró el joven, exigido por el artículo 172, apartado (3), letra b), y mantenido por el apartado (8), no figura en ninguna parte del formulario. El formulario gemelo del anexo n.º 1 lleva, en la misma posición, el texto «copia documentului eliberat de DGASP că am fost consiliat și informat», la copia del documento expedido por la dirección general de que he sido orientado e informado. El anexo se reproduce en facsímil, pero la página 6 de la edición impresa muestra la casilla vacía al ampliarla, así que no se trata de una pérdida en la conversión.
- La fórmula de cálculo del mes de abril de 2026 usa el mismo dato como divisor y como multiplicador. El artículo II, apartado (2), dispone que «împărțirea cuantumului prevăzut de lege la numărul de zile din lună», la división de la cuantía prevista por la ley entre el número de días del mes, se hace «înmulțit cu numărul de zile din respectiva lună, calculate începând cu data de 10 aprilie 2026», multiplicada por el número de días de ese mes, contados a partir del 10 de abril de 2026. Leída literalmente, la operación devuelve el importe íntegro, 3.168 lei, porque divide entre 30 y multiplica igualmente por 30. Leída a través del añadido final, da 21 días y 2.217,60 lei si se cuenta el 10 de abril, o 20 días y 2.112 lei si no se cuenta. Tres resultados posibles para el mismo mes, con una diferencia de hasta 1.056 lei.
Análisis de la redacción
La orden resuelve un problema real y lo resuelve a favor de las personas. La Ley n.º 49/2026 dijo que las indemnizaciones para los jóvenes salidos del sistema de protección son una forma de amparo del Estado «acordată tuturor tinerilor, fără discriminare», concedida a todos los jóvenes, sin discriminación, pero una declaración de principios no se puede cobrar. Para llegar a un joven de 23 años que dejó un centro en 2022, necesitaba un formulario, una lista de documentos y una agencia que supiera qué está registrando. La orden hace exactamente eso y añade algo que no era obligatorio: paga por el pasado, desde la fecha en que la ley entró en vigor, no desde la fecha en que apareció el procedimiento.
La parte menos honrosa es el calendario. El artículo II de la Ley n.º 49/2026 daba al ministro 90 días desde la entrada en vigor de la ley para dictar la orden, es decir, hasta el 9 de julio de 2026. La orden se firmó el 14 de septiembre y se publicó el 16 de septiembre de 2026, 69 días después de vencer el plazo. El ministerio, que superó su propio plazo legal en más de dos meses, concede al joven 60 días hábiles para presentar la solicitud, bajo sanción de perder definitivamente el dinero de los meses pasados. La relación entre esos dos plazos es el único punto en el que el acto se lee como escrito por la administración para la administración.
El segundo retraso es más antiguo y explica por qué la orden tiene quince puntos y no tres. La Ley n.º 298/2023, en vigor desde el 4 de noviembre de 2023, quitó la expresión «enseñanza diurna» del artículo 55, apartado (2), y del artículo 129, apartado (42), de la Ley n.º 272/2004 y puso en su lugar «forma de enseñanza prevista por la ley». El procedimiento quedó sin cambios durante 1.047 días, tiempo en el que un funcionario que leyera el procedimiento, y no la ley, tenía base escrita para rechazar a un joven matriculado en enseñanza nocturna. La orden de ahora hace la corrección, pero la hace casi tres años después y sin decir una palabra sobre las solicitudes denegadas entretanto.
Queda también media reforma. El apartado (45) introducido por la Ley n.º 49/2026 abre a todos los jóvenes salidos del sistema dos indemnizaciones, no una: la mensual, de 4,8 ISR, y la única, igual a tres veces el salario mínimo bruto, es decir, 12.150 lei hasta el 30 de junio de 2026 y 12.975 lei tras la subida del salario mínimo a 4.325 lei. La orden se ocupa solo de la primera. La única corre a cargo del presupuesto de las direcciones generales de asistencia social, conforme al artículo 129, apartado (43), y no tiene ni procedimiento, ni formulario, ni plazo. Un joven que se presente en la dirección general con la Ley n.º 49/2026 en la mano no tiene ningún formulario que rellenar ni ninguna institución obligada a responderle en un plazo.
Qué debería cambiar
- El anexo n.º 3a debe quedar unido a sus beneficiarios mediante un texto normativo. Un apartado que diga que el modelo de solicitud para los jóvenes del artículo 171, apartado (2), letra b), figura en el anexo n.º 3a cerraría el reenvío circular y evitaría que las agencias decidan por su cuenta qué formulario aceptan.
- La casilla vacía del anexo n.º 3a debe completarse con el certificado de la dirección general. Tal como está ahora, el formulario manda al joven a la ventanilla con un expediente incompleto, y la agencia se lo deniega por faltar un documento que el formulario nunca le pidió.
- La fórmula del mes de abril debe reescribirse con la cifra dentro. «La cuantía mensual dividida entre 30 y multiplicada por 21 días, correspondientes al periodo del 10 al 30 de abril de 2026» elimina las tres lecturas posibles y fija un único importe debido.
- Las direcciones generales necesitan un plazo para expedir el certificado. Cinco días hábiles desde la solicitud bastarían y harían que el plazo de 60 días hábiles del joven dependiera de él y no de la velocidad de la institución que abandonó.
- La ventana de 60 días hábiles debería ir acompañada de una obligación de informar. Las agencias y las direcciones generales tienen las listas de los jóvenes salidos del sistema; una notificación escrita a cada joven menor de 26 años de sus registros convertiría el derecho, de una información del Boletín Oficial de Rumanía, en una solicitud efectivamente presentada.
- La indemnización única del artículo 129, apartado (41), necesita su propio procedimiento. Sin un formulario y sin un plazo para las direcciones generales, la mitad de lo que prometió la Ley n.º 49/2026 se queda en texto, y los jóvenes acabarán reclamándola ante los tribunales.
Texto original del acto normativo
El texto que figura a continuación se reproduce en rumano, la forma oficial de publicación.
El texto íntegro, tal como se publicó en el Boletín Oficial de Rumanía
Boletín Oficial de Rumanía n.º 787 de 16 de septiembre de 2026 16 páginas PDF, 171 KB el acto comienza en la página 3
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Este artículo tiene carácter informativo y no constituye asesoramiento jurídico. Para situaciones concretas, consulta a un abogado o asesor fiscal autorizado.