En resumen
- Transelectrica puede adoptar, hasta el 30 de octubre de 2026, cinco medidas de seguridad, en un orden fijo, y la exportación se corta antes que el consumo interno. La compañía está autorizada a pedir reservas tecnológicas mayores en las centrales que pueden quemar combustible alternativo, a arrancar los grupos mantenidos en reserva técnica, a reducir o anular la capacidad de interconexión en sentido exportador, después los intercambios ya notificados hacia la exportación y, solo en último lugar, a limitar por tramos el consumo de electricidad. Las medidas se aplican únicamente si llega la crisis en el mercado de la energía y si está amenazada la seguridad de las personas, de los aparatos, de las instalaciones o la integridad del sistema.
- A quién afecta. A Transelectrica, la única que decide si se pasa a un escalón y cuándo; a la Autoridad Nacional de Regulación en el Ámbito de la Energía y al Ministerio de Energía, que solo son informados; a los productores con grupos en reserva; a las empresas que venden electricidad para la exportación, porque dos de las cinco medidas les cortan justamente la capacidad y los intercambios notificados; y a los clientes finales industriales incluidos en la lista del «Normativul de limitare», la normativa de limitación del consumo, los únicos que el documento que define esa normativa tiene en cuenta. Los hogares no aparecen en ningún punto de la decisión.
- Las cifras y los plazos que cuentan. Las medidas cubren 30 días, del 1 de octubre al 30 de octubre de 2026 inclusive. El estado de alerta que la decisión invoca en el preámbulo se prorrogó 30 días a partir del 29 de septiembre de 2026, de modo que expira el 28 de octubre: las medidas lo rebasan en dos días. La ventana hidrológica más dura, tal como la describe la propia decisión del Comité Nacional para Situaciones de Emergencia, cae entre el 15 y el 22 de octubre de 2026, es decir, dentro del periodo cubierto. Es el tercer acto de la misma serie, y la serie dura ya 85 días seguidos, desde el 7 de agosto de 2026.
Publicado: Boletín Oficial de Rumanía, Parte I, n.º 835 de 1 de octubre de 2026, página 8
Entrada en vigor: 1 de octubre de 2026, fecha de publicación, porque la decisión no prevé una fecha posterior
Si el caudal del Danubio baja como anuncian las previsiones y, por la tarde, el consumo sube hacia los 8.000 megavatios, alguien tiene que decidir de dónde se saca la electricidad que falta. La Decisión del Gobierno n.º 782/2026, publicada en el Boletín Oficial de Rumanía, Parte I, n.º 835 de 1 de octubre de 2026, dice en qué orden: primero se exprime la producción interna, después se para la exportación y solo al final se recorta el consumo, por tramos, en las fábricas de una lista. Es la segunda intervención en energía que entra en vigor el mismo 1 de octubre, después de que la tarifa que Transelectrica cobra por los servicios de sistema bajara a 12,72 lei por megavatio hora.
La decisión tiene dos artículos y se lee en cinco minutos. El art. 1 da a la Compañía Nacional de Transporte de Energía Eléctrica «Transelectrica» el derecho, no la obligación, de aplicar cinco medidas de seguridad, desde la fecha de entrada en vigor y hasta el 30 de octubre de 2026, en un orden de prioridad escrito en el texto. El primer escalón es el aumento de las reservas tecnológicas en las unidades de producción que pueden funcionar con combustible alternativo. El segundo, el arranque de los grupos mantenidos en reserva técnica a disposición del Despacho Energético Nacional, el centro que opera en tiempo real el sistema eléctrico rumano. El tercero y el cuarto golpean a la exportación: la reducción o la anulación de la capacidad disponible de interconexión en sentido exportador, y después la reducción o la anulación de los intercambios ya notificados en esa misma dirección. El quinto, el último, es la limitación por tramos del consumo de electricidad.
El art. 2 dice quién aprieta el botón. Transelectrica determina por sí sola la necesidad y el momento de la aplicación efectiva, mientras que la Autoridad Nacional de Regulación en el Ámbito de la Energía y el Ministerio de Energía son informados. El único plazo de todo el acto es el preaviso: la compañía está obligada a avisar, con al menos 24 horas de antelación respecto de la aplicación efectiva, a los participantes en el mercado de la electricidad.
La pregunta que se hace cualquiera que lea el titular es si se le va a apagar la luz en casa. El acto no lo dice. Remite las condiciones de la limitación a una normativa recogida en un anexo que, según la nota a pie de página, no se publica: «se comunică părților interesate», se comunica a las partes interesadas. La respuesta se encuentra, sin embargo, en un acto público: el Plan de preparación frente a los riesgos en el sector de la electricidad, aprobado mediante la Decisión del Gobierno n.º 582/2026 y publicado en el Boletín Oficial de Rumanía, Parte I, n.º 652 bis de 6 de agosto de 2026, justamente el acto que el preámbulo de la decisión de ahora invoca. Allí, la normativa de limitación se define como el documento que elabora el gestor de la red de transporte dos veces al año, para el verano y para el invierno, y que contiene la lista de los usuarios, es decir, de los clientes finales industriales conectados directamente a las subestaciones del sistema, repartidos en tramos de limitación. Un tramo de limitación es, en la misma definición, una categoría de clientes finales agrupados por perfiles de actividad, cuyo consumo se reduce a la vez. Para cada uno de ellos, el plan fija además un suelo, la potencia mínima tecnológica, es decir, exactamente la necesaria para que las instalaciones no se deterioren.
Así pues, la medida significa reducción de potencia en grandes consumidores, por categorías, dentro del margen establecido en la normativa. Los cortes por barrios son otra cosa y no aparecen en el texto. La Decisión del Gobierno n.º 782/2026 no contiene, en cambio, ni el umbral a partir del cual se entra en la lista, ni el criterio de reparto por tramos, ni excepción alguna. Quien quiera saber si está en la lista tiene que preguntar, porque el documento no se publica.
El motivo por el que el Gobierno retoma las medidas por tercera vez está en el preámbulo y, con más detalle, en el acto al que el preámbulo remite. La Decisión del Comité Nacional para Situaciones de Emergencia n.º 23/2026, publicada en el Boletín Oficial de Rumanía, Parte I, n.º 824 de 28 de septiembre de 2026, prorrogó 30 días el estado de alerta, a partir del 29 de septiembre de 2026, sobre la base de un análisis del Ministerio de Energía: el caudal del Danubio a la entrada del país, en Baziaș, baja de unos 1.450 metros cúbicos por segundo a finales de septiembre hacia 1.185 a 1.200 metros cúbicos por segundo en el escenario medio, entre el 10 y el 13 de octubre de 2026. En la zona de Cernavodă, la ventana crítica se estima entre el 15 y el 22 de octubre, con la aproximación al umbral de menos 262 centímetros, del que depende el agua de refrigeración de los reactores. A esto se añaden grupos de carbón que pueden dar como mucho 1.200 megavatios, producción eólica y fotovoltaica a la baja en la primera decena del mes y un consumo estimado en la punta de la tarde de hasta 8.000 megavatios.
Los efectos que produce
El primer efecto es que se abre una puerta jurídica, no que ocurra algo. El texto dice «puede aplicar», y Transelectrica ha tenido esa misma puerta abierta desde el 7 de agosto de 2026 sin que la luz se apagara en ningún sitio. Por sí misma, la decisión no desencadena nada; solo crea el fundamento para que el gestor pueda desencadenar, si la crisis se materializa y si está amenazada la seguridad de las personas, de los aparatos, de las instalaciones o la integridad del sistema.
El segundo efecto es el orden. Los cinco escalones no son una lista de opciones, sino una escalera con peldaños numerados, y la fórmula «en el siguiente orden de prioridad» la hace obligatoria. La consecuencia práctica es que la exportación de energía se detiene antes que cualquier reducción del consumo interno. Para un operador que tiene capacidad reservada en las interconexiones e intercambios ya notificados, eso significa que su riesgo comercial se activa dos escalones antes que el riesgo industrial de una fábrica de Rumanía.
El tercer efecto tiene que ver con quién decide. La Ley de la electricidad y del gas natural n.º 123/2012 construye el mecanismo en dos pasos: en el art. 5 apdo. (4), el gestor de la red de transporte propone a la autoridad de regulación y al ministerio la adopción de medidas de seguridad, y en el apdo. (6), su aplicación se hace mediante decisión del Gobierno. La decisión de ahora consume el segundo paso de una sola vez, para 30 días, y deja la decisión concreta en manos del gestor. Entre el 1 y el 30 de octubre de 2026 ya no hace falta un consejo de ministros para cortar la exportación.
El cuarto efecto es el preaviso de 24 horas a los participantes en el mercado de la electricidad. Para los clientes finales afectados por la limitación, el plazo de 24 horas también existe, pero no en esta decisión: el plan aprobado mediante la Decisión del Gobierno n.º 582/2026 prevé que el operador de red transmita por escrito la orden de reducción del consumo, con un mínimo de 24 horas de antelación, e informe a los suministradores de los clientes afectados.
El quinto efecto es el más fácil de pasar por alto: un calendario. El periodo se cierra el 30 de octubre de 2026. Si el 31 de octubre la situación es la misma, el fundamento desaparece y hay que rehacerlo, es decir, hace falta otra decisión del Gobierno.
Qué ha cambiado respecto de la situación anterior
Hasta el 30 de septiembre de 2026 estuvieron en vigor las medidas adoptadas mediante la Decisión del Gobierno n.º 603/2026, publicada en el Boletín Oficial de Rumanía, Parte I, n.º 658 de 7 de agosto de 2026, con un plazo inicial hasta el 31 de agosto, es decir, 25 días. El 28 de agosto, mediante la Decisión del Gobierno n.º 684/2026, publicada en el Boletín Oficial de Rumanía, Parte I, n.º 724, el periodo se prorrogó hasta el 30 de septiembre de 2026, otros 30 días. La nueva decisión añade 30 días, y la continuidad es completa: el último día cubierto por el acto antiguo fue el 30 de septiembre y el primero cubierto por el nuevo es el 1 de octubre. Acumulado, el régimen dura ya 85 días.
Lo que ha cambiado de verdad es la técnica de redacción, no el contenido. Las medidas, su orden y ambos apartados del art. 2 son los mismos, palabra por palabra, que en la Decisión del Gobierno n.º 603/2026. La diferencia está en que ahora el Gobierno ya no ha prorrogado el acto antiguo, como hizo en agosto, sino que ha adoptado un acto nuevo, con su propio anexo. La Decisión n.º 603/2026 sigue vigente como acto, con un periodo de aplicación terminado, y sobre ella se superpone un segundo acto de texto idéntico. Quien busque la regla aplicable en octubre tiene ahora tres decisiones que recorrer en lugar de dos.
El segundo cambio está en el preámbulo y muestra por qué se ha repetido el procedimiento. El acto de agosto invocaba únicamente la decisión por la que se había declarado el estado de alerta. La decisión de ahora invoca su prórroga del 28 de septiembre y añade expresamente el motivo, «persistența debitelor foarte scăzute pe Dunăre», la persistencia de caudales muy bajos en el Danubio. La explicación dada en agosto, ligada a las perspectivas inciertas de reinicio de las unidades 1 y 2 de Cernavodă, ya no aparece en el texto.
Ventajas y desventajas
Lo que mejora
- El orden está escrito, y el consumo interno es el último. Los cuatro escalones anteriores a la limitación, desde las reservas tecnológicas hasta la anulación de los intercambios de exportación, tienen que agotarse antes. Para una fábrica de la lista, eso son cuatro filtros entre una mala tarde en el sistema y una orden de reducción de potencia.
- El preaviso de 24 horas está en el texto de la decisión, no en un procedimiento interno. Una obligación escrita en el Boletín Oficial de Rumanía (Monitorul Oficial) se comprueba y se impugna de otra manera que una práctica del gestor.
- El derecho está limitado en el tiempo y no se renueva solo. El 30 de octubre de 2026 expira, y una prórroga exige una nueva decisión del Gobierno, es decir, otro paso por el consejo de ministros y por el Boletín Oficial de Rumanía.
- Decide quien ve el sistema en tiempo real. Un desequilibrio en la punta de la tarde se resuelve en horas, no en días. Si cada escalón hubiera exigido una decisión aparte, la medida habría llegado cuando el problema ya hubiera pasado.
- La exportación se corta antes que el consumo interno, y eso es una elección explícita. Las medidas c) y d) son las únicas que tocan directamente los intereses comerciales de alguien de fuera del país, y el acto las coloca por delante de cualquier reducción en Rumanía.
Lo que sigue siendo un problema
- El anexo que decide quién soporta la medida no se publica. La normativa de limitación es, dice el texto, parte integrante de la decisión, pero se comunica a las partes interesadas. En comparación, el plan invocado en el propio preámbulo de esa misma decisión se publicó íntegro, en el Boletín Oficial de Rumanía, Parte I, n.º 652 bis de 6 de agosto de 2026.
- Las medidas rebasan en dos días el estado de alerta en el que se apoyan. La alerta prorrogada el 28 de septiembre dura 30 días desde el 29 de septiembre, es decir, hasta el 28 de octubre de 2026. La decisión llega hasta el 30 de octubre.
- La información a la autoridad de regulación y al ministerio no tiene plazo. En el art. 2 apdo. (1) solo se lee «con la información», sin precisar si antes, el mismo día o después. Las 24 horas, el único plazo del acto, se deben al mercado.
- Nada obliga a publicar la decisión. No existe ninguna disposición que exija anunciar públicamente el momento en que se ha pasado a un escalón o a otro, aunque las medidas c) y d) mueven precios en mercados acoplados con el resto de Europa.
- El silencio sobre los consumidores domésticos deja sitio al pánico. Una decisión que autoriza «la limitación del consumo de electricidad» sin decir a quién alcanza se lee, fuera del gremio, como un anuncio de apagones en las viviendas.
Consejos prácticos
- Si su empresa está conectada directamente a una subestación del sistema o a una subestación de distribución de media tensión, pida por escrito al operador de red o al gestor de la red de transporte que le confirme si figura en la normativa de limitación y en qué tramo. El documento no se publica, de modo que la única forma de saberlo es preguntar.
- Calcule la potencia mínima tecnológica de la instalación, es decir, el nivel por debajo del cual los equipos se deterioran, y escríbala en un procedimiento interno. Sin ella, una orden de reducción se traduce en una parada caótica y en pérdidas de producción, no de energía.
- Decida quién recibe el aviso de 24 horas fuera del horario de trabajo y por qué canal. Un preaviso enviado un viernes por la tarde a una dirección que nadie lee vale lo mismo que la ausencia de preaviso.
- Relea las cláusulas de interrupción, de fuerza mayor y de penalizaciones de su contrato de suministro y de los contratos con sus clientes. Una reducción de potencia ordenada por este motivo no es una avería y no es culpa del suministrador, y quién soporta el daño se decide en el contrato.
- Si vende energía para la exportación o ha reservado capacidad en las interconexiones, compruebe qué ocurre con los intercambios notificados en el supuesto de anulación. Las medidas c) y d) tocan exactamente ese tipo de posición y van por delante de cualquier reducción del consumo, así que son también las más probables.
- Si tiene en casa aparatos médicos o equipos que no soportan interrupciones, trate el asunto aparte de esta decisión. En el texto no se dice nada de interrupciones a los consumidores domésticos, pero una fuente de reserva se decide en función de la red que usted tiene, no de un acto normativo.
Preguntas frecuentes
¿Me van a cortar la luz en casa antes del 30 de octubre?
¿Desde cuándo y hasta cuándo se pueden aplicar las medidas?
¿Quién decide si se pasa a la limitación del consumo?
¿Cuánto preaviso recibo?
¿Qué significa «limitación por tramos»?
¿Por qué se corta primero la exportación?
¿Qué pasa después del 30 de octubre de 2026?
Análisis de la redacción
El acto resuelve un problema real y lo resuelve deprisa: en un otoño en que el Danubio baja por debajo de los umbrales a partir de los cuales la central nuclear de Cernavodă ya no puede refrigerarse sin obras de intervención, y en que la punta de la tarde sube hacia los 8.000 megavatios, alguien tiene que tener el derecho de parar la exportación en una hora, no en una semana. Lo mejor de la decisión es precisamente el orden escrito en el art. 1, que coloca el consumo interno en el último escalón y la exportación en los dos penúltimos.
Solo que la escalera empieza más arriba de lo que parece. El punto 4.2.1 del anexo de la Decisión del Gobierno n.º 582/2026, exactamente el texto que el preámbulo invoca, divide las medidas de salvaguardia en dos grupos: las que no afectan al funcionamiento del mercado de la electricidad, en el 4.2.1.1, y las técnicas y comerciales con impacto en el mercado, en el 4.2.1.2. El primer grupo cuenta diez medidas, desde la carga de los grupos hasta la potencia máxima disponible y la vuelta a la explotación de las unidades en reparación, hasta la maximización de las hidroeléctricas en la punta, cambios de topología de la red y la petición de ayuda de emergencia a los gestores vecinos. El plan dice que las medidas del segundo grupo se aplican «solo después de adoptar las medidas anteriores». La lista de la decisión es, palabra por palabra, el segundo grupo. Quien lea solo la decisión creerá que la escalera tiene cinco peldaños y que el primero es el aumento de las reservas tecnológicas. En realidad tiene quince, y los diez primeros no aparecen en el Boletín Oficial de Rumanía, Parte I, n.º 835, sino en un acto de agosto.
La segunda observación tiene que ver con los plazos y se comprueba con un calendario. La Decisión del Comité Nacional para Situaciones de Emergencia n.º 23/2026 prorroga el estado de alerta 30 días a partir del 29 de septiembre de 2026, de modo que su último día es el 28 de octubre. Las medidas de seguridad llegan hasta el 30 de octubre, es decir, dos días más allá. Dos días no son una catástrofe, pero el art. 5 apdo. (5) de la Ley n.º 123/2012 exige que las medidas de seguridad se limiten estrictamente a remediar la situación de crisis que las ha generado, y la situación de crisis invocada en el preámbulo se extingue, formalmente, el 28 de octubre. El mismo calendario enseña también el reverso: el análisis del Ministerio de Energía recogido en la decisión del Comité describe el régimen hidrológico deficitario para el intervalo del 28 de septiembre al 31 de octubre de 2026, de modo que las medidas se detienen un día antes del final del periodo que el propio ministerio considera problemático. La duración del periodo no se ha elegido al azar, pero no coincide con ninguno de los dos puntos de referencia que el acto invoca.
La tercera observación se refiere a la asimetría de las obligaciones de información. El plazo imperativo, las 24 horas, se debe al mercado. La autoridad de regulación y el ministerio reciben «información», sin plazo, sin forma y sin contenido mínimo, aunque es el ministerio quien, con arreglo al art. 5 apdo. (7) de la Ley n.º 123/2012, debe notificar con urgencia a los demás Estados miembros y a la Comisión Europea las medidas de seguridad adoptadas en cada caso. La decisión invoca como fundamento los apartados (4) a (6) del mismo artículo y se detiene justo antes del que se refiere a la notificación, aunque dos de las cinco medidas cortan la capacidad de interconexión y los intercambios de exportación, es decir, justo lo que ve el mercado europeo. La obligación del ministerio existe de todos modos, por ley; el acto que la activa de hecho no dice nada de ella.
Qué debería cambiar
- Que la normativa de limitación se publique, al menos en su parte normativa. La lista nominal de consumidores puede seguir siendo confidencial, pero los criterios de reparto por tramos, el margen de reducción y la forma de calcular la potencia mínima tecnológica deciden quién soporta la medida y cuánto. El plan invocado en el preámbulo se publicó íntegro en una edición bis; el anexo de esta decisión, que también es parte integrante de ella, no. El efecto práctico de publicarlo: una empresa podría averiguar por sí misma si entra bajo la norma, en lugar de preguntar y esperar respuesta.
- Que la decisión diga que la escalera empieza por las medidas que no afectan al mercado. Una frase en el art. 1, que remitiera al punto 4.2.1.1 del anexo de la Decisión del Gobierno n.º 582/2026, haría visible que las cinco medidas vienen después de otras diez. Sin ella, el texto sugiere que el gestor puede empezar directamente por el aumento de las reservas, y un consumidor que impugne una limitación no tiene de dónde saber qué había que agotar antes.
- Que la información a la autoridad de regulación y al ministerio reciba plazo y forma. «Con la información» puede significar también al día siguiente. Un plazo máximo de 24 horas, la misma ventana que se debe al mercado, más la obligación de comunicar el escalón aplicado y el motivo, darían al ministerio el tiempo necesario para la notificación que exige el art. 5 apdo. (7) de la Ley n.º 123/2012.
- Que la fecha límite se ligue al estado de alerta en lugar de fijarse aparte. O bien el 28 de octubre de 2026, último día de la alerta invocada, o bien una fórmula que ate la expiración de las medidas a la expiración de la alerta. Así ya no habría dos días en los que el gestor puede limitar el consumo sobre la base de una situación de emergencia que, formalmente, ha terminado.
- Que la aplicación efectiva de una medida se publique. Un aviso en la página del gestor, con el escalón, la hora y la duración, costaría cero y resolvería dos problemas a la vez: el mercado vería por qué se han movido los precios, y el público podría comprobar si se ha llegado o no a la limitación del consumo, en lugar de deducirlo de los titulares.
- Que el acto diga en su texto a quién alcanza la limitación. Una sola frase, que precisara que la medida afecta a los clientes finales incluidos en la normativa y que no se aplica a los consumidores domésticos, ahorraría a cada telediario la misma pregunta. El coste de redactarla es nulo; el coste de su ausencia se mide en desconfianza.
Texto original del acto normativo
El texto que figura a continuación se reproduce en rumano, la forma oficial de publicación.
El texto íntegro, tal como se publicó en el Boletín Oficial de Rumanía
Boletín Oficial de Rumanía n.º 835 de 1 de octubre de 2026, página 8 16 páginas PDF, 116 KB el acto comienza en la página 8
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Este artículo tiene carácter informativo y no constituye asesoramiento jurídico. Para situaciones concretas, consulta a un abogado o asesor fiscal autorizado.