Las tasas judiciales no cambian: el Constitucional rumano desestima 18 causas en una sola sentencia

Dieciocho causas abiertas en cinco años contra las tasas judiciales han terminado sin ningún cambio en las reglas. El Tribunal Constitucional ha acumulado dieciocho causas abiertas entre 2021 y 2025 por personas físicas, sociedades mercantiles y asociaciones, además de un órgano judicial que planteó la cuestión de oficio, y las ha desestimado todas. La Ordenanza de urgencia del Gobierno n.º 80/2013 sobre las tasas judiciales, un acto normativo del Gobierno con fuerza de ley, y la Ordenanza de urgencia del Gobierno n.º 51/2008 sobre la asistencia jurídica gratuita en materia civil son constitucionales frente a las críticas formuladas. La sentencia es firme y de obligado cumplimiento general, igual que aquella en la que el Tribunal estableció que el recurso en lo contencioso-administrativo sigue limitado a motivos de ilegalidad.

El ataque no se dirigía contra uno u otro artículo, sino contra las dos ordenanzas en su integridad. Los autores sostenían que el Gobierno no podía regular mediante ordenanza de urgencia una materia que corresponde a la organización de los tribunales y al procedimiento judicial, es decir, al ámbito de la ley orgánica, y que la ordenanza sobre las tasas judiciales ni siquiera había sido aprobada por el Parlamento en todos estos años. Se invocaba además que la ordenanza había sido refrendada por un secretario de Estado y no por el ministro, y que no se había solicitado el dictamen del Consejo Superior de la Magistratura.

En cuanto al fondo, las críticas tocaban cosas que percibe cualquiera que inicia un proceso: la obligación de pagar la tasa antes de que el tribunal se pronuncie, la sanción de anulación de la demanda en caso de impago, el hecho de que la solicitud de reexamen de la tasa se resuelva ante el mismo órgano judicial y no pueda recurrirse, la dificultad de identificar el presupuesto local al que debe transferirse la tasa y la falta de reglas claras sobre la acreditación del pago en línea.

Los umbrales de renta a partir de los cuales se concede esa ayuda, 300 y 600 lei, se examinaron por separado en la Decisión CCR n.º 169/2026, que los confirma sin cambios desde 2023.

Los efectos que produce

El primer efecto es que el pago anticipado sigue siendo la regla. El Tribunal retoma lo que ya había dicho en las sentencias n.º 811/2018 y n.º 369/2020: el derecho rumano indica con claridad en qué supuestos se debe la tasa, cómo se calcula y qué ocurre si no se paga, y el demandante puede esperar razonablemente que esas reglas se apliquen. Puesto que el pago de la tasa es un requisito legal para que el órgano judicial quede válidamente apoderado, están justificadas tanto la obligación de pago anticipado como la sanción de anulación de la demanda.

El segundo efecto se refiere al reexamen. Quien considere que la tasa se ha fijado de forma equivocada puede pedir el reexamen, pero el procedimiento sigue tal como está: lo resuelve otra formación de enjuiciamiento del mismo órgano judicial, en sala de consejo, sin citación de las partes y sin recurso contra el auto. El Tribunal explica por qué: el procedimiento se rige por el principio de celeridad, que se vería gravemente afectado si se le añadieran oralidad, contradicción, citación y un recurso. Y repite una fórmula que reaparece en toda su jurisprudencia: el libre acceso a la justicia no significa el acceso a todas las estructuras judiciales ni a todos los grados de jurisdicción.

El tercer efecto es de técnica legislativa, pero de largo alcance. La prohibición de regular en el ámbito de la ley orgánica afecta únicamente a las ordenanzas simples, dictadas sobre la base de una ley de habilitación. Las ordenanzas de urgencia no son una variedad de aquellas, sino un acto adoptado directamente en virtud del art. 115 apdo. (4) de la Constitución, y allí no existe una limitación semejante. Por tanto, el Gobierno podía regular las tasas judiciales mediante ordenanza de urgencia.

El cuarto efecto aclara algo que a menudo se lee mal. La Constitución no supedita la entrada en vigor de una ordenanza de urgencia a la existencia de una ley de aprobación adoptada por el Parlamento. Solo hacen falta dos cosas: su presentación para debate en procedimiento de urgencia ante la Cámara competente y su publicación en el Boletín Oficial de Rumanía. El Tribunal señala que el proyecto de ley de aprobación se presentó en el Senado el 28 de junio de 2013, la ordenanza se publicó el 29 de junio de 2013, el Senado aprobó el proyecto el 21 de octubre de 2013 y el 28 de octubre de 2013 este quedó registrado en la Cámara de Diputados. El requisito estaba, pues, cumplido.

El quinto efecto se refiere a la firma que consta en la ordenanza. El refrendo por un secretario de Estado, en lugar del ministro, no es un vicio. El Tribunal analiza el marco legal vigente en la fecha de emisión de la ordenanza, el art. 49 apdo. (3) y el art. 51 de la Ley n.º 90/2001, más el art. 10 apdo. (8) de la Decisión del Gobierno n.º 34/2009, y constata que la delegación de las atribuciones del ministro en un secretario de Estado era un procedimiento legal y previsible. La Constitución exige un refrendo válido, hecho por la persona competente según la ley, no la firma personal del ministro.

El sexto efecto es el más útil para las causas futuras. La falta del dictamen del Consejo Superior de la Magistratura no puede conducir por sí sola a la inconstitucionalidad. En un control concreto, iniciado a partir de una cuestión planteada ante un órgano judicial, el art. 1 apdos. (3) y (5) en relación con el art. 134 apdo. (4) de la Constitución no es un parámetro autónomo: hay que demostrar una relación directa entre la falta del dictamen y la vulneración de un derecho fundamental. Si no se ha vulnerado ningún derecho, la discusión sobre el dictamen ni siquiera llega a plantearse.

Qué ha cambiado respecto de la situación anterior

En cuanto a las reglas, nada. La Ordenanza de urgencia del Gobierno n.º 80/2013 se mantiene en la forma que ya tenía antes de la sentencia, y el Tribunal dice de forma expresa que no han aparecido elementos nuevos que obliguen a reconsiderar la jurisprudencia, de modo que los fallos y los fundamentos de las sentencias anteriores conservan su validez.

Sí ha cambiado otra cosa, que importa a quien planee un proceso sobre el mismo tema: el nivel al que queda cerrada la discusión. Hasta ahora, las críticas dirigidas a la ordenanza habían sido puntuales, artículo por artículo. Aquí el Tribunal ha examinado los dos actos en su conjunto, bajo casi treinta preceptos constitucionales invocados, más artículos del Convenio Europeo de Derechos Humanos, de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El resultado cubre en la práctica todos los ángulos de ataque disponibles.

Una segunda aclaración se refiere a los argumentos que ni siquiera llegan a analizarse. El Tribunal los enumera: el derecho a la vida y a la integridad psíquica, la libertad individual, la vida íntima, la inviolabilidad del domicilio, el secreto de la correspondencia, la libertad de conciencia, la libertad de expresión, el derecho de asociación, el trabajo, la prohibición del trabajo forzoso, el derecho de huelga, el nivel de vida, el derecho de petición, la fidelidad a la patria. Todos fueron invocados en estas causas y todos se consideraron ajenos al objeto de la regulación.

La tercera aclaración se refiere al pago en línea. Los autores señalaban que la norma no explica cómo se acredita el pago electrónico y que los bancos utilizan firmas que no pueden verificarse en el papel presentado en autos. El Tribunal no niega el problema, pero lo encuadra de otro modo: son aspectos de aplicación de la ley, no de constitucionalidad. El mismo encuadre recibe la dificultad de identificar el presupuesto local al que se transfiere la tasa, invocada por los justiciables que no tienen domicilio, residencia o sede en Rumanía y a los que se aplica, conforme al art. 40 apdo. (2) de la ordenanza, el presupuesto de la unidad en la que se halla la sede del órgano judicial.

Ventajas y desventajas

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