Decenas de pleitos de pensionistas militares, desestimados de golpe: el tope de la pensión sigue en vigor

El límite máximo que detiene la pensión militar neta en la media de los haberes netos de la base de cálculo sigue en vigor, y quien esperaba que fuera suprimido por la vía constitucional se queda sin nada en lo que apoyarse. Mediante la Sentencia n.º 35 de 20 de enero de 2026, publicada en el Boletín Oficial de Rumanía n.º 692 de 21 de agosto de 2026, el Tribunal Constitucional ha desestimado por infundadas las cuestiones planteadas en decenas de procedimientos pendientes ante tribunales y audiencias de todo el país, desde Covasna e Iași hasta Dolj, Arad y Bucarest. No es la primera vez: el Tribunal ya había confirmado la constitucionalidad del tope de la pensión militar de Estado en otros procedimientos de este mismo año.

Se discutían tres cosas a la vez. La primera: la Ordenanza de urgencia del Gobierno n.º 59/2017 en su conjunto, la norma que reescribió el régimen de las pensiones de servicio. La segunda: el artículo 84 de la Ordenanza de urgencia del Gobierno n.º 114/2018, que volvió a modificar los artículos 59 y 60 de la Ley n.º 223/2015 sobre las pensiones militares de Estado. La tercera: el fallo de una resolución del Alto Tribunal de Casación y Justicia de 2021, según la cual el complemento por la orden del «Mérito Militar» también queda sujeto al tope.

El Tribunal ha desestimado por infundadas las dos primeras críticas y ha inadmitido la tercera. El motivo por el que la tercera ni siquiera llegó a examinarse en cuanto al fondo es de competencia: el Tribunal Constitucional controla leyes y ordenanzas, no las resoluciones de unificación de la jurisprudencia dictadas por el Alto Tribunal.

Los efectos que produce

El primer efecto es el mantenimiento del tope. El artículo 60 de la Ley n.º 223/2015, en la redacción dada por el artículo 84 de la Ordenanza de urgencia n.º 114/2018, establece que, al fijar la pensión militar de Estado, la pensión neta no puede ser superior a la media de los haberes o salarios mensuales netos correspondientes a los brutos incluidos en la base de cálculo. La regla sigue siendo aplicable.

El segundo efecto se refiere a la revalorización. El importe de las pensiones militares en pago a 31 de diciembre se revaloriza de oficio desde el 1 de enero con la última tasa media anual de inflación, indicador definitivo comunicado por el Instituto Nacional de Estadística. Si la tasa es negativa, las pensiones no se revalorizan. Ambas reglas quedan intactas.

El tercer efecto tiene que ver con lo que ocurre cuando la revalorización empuja la pensión por encima del tope. La ley permite reconocer el importe resultante, pero no por encima de la cantidad que resulta de aplicar la tasa media anual de inflación a esa media de los haberes netos. En revalorizaciones sucesivas, el límite se calcula de forma acumulada, sumando el efecto de la inflación de las operaciones anteriores. El Tribunal no ha tocado este mecanismo.

El cuarto efecto afecta al complemento por la condecoración. Mediante la Resolución n.º 16 de 13 de septiembre de 2021, el Alto Tribunal había establecido que los pensionistas militares condecorados con la orden del «Mérito Militar» de clases III, II y I tienen derecho a un complemento del 10%, del 15% y del 20% del importe de la pensión, respectivamente, pero sin que su aplicación haga que la pensión neta supere el tope. La inadmisión significa que esta interpretación sigue siendo obligatoria para los tribunales.

El quinto efecto es procesal, pero pesa en los procedimientos en curso. La sentencia es firme y de obligado cumplimiento general, de modo que los órganos judiciales que habían suspendido el procedimiento a la espera de la respuesta del Tribunal pueden reanudar el enjuiciamiento de los asuntos, ya sin posibilidad de inaplicar los preceptos impugnados. La misma línea se mantuvo en septiembre de 2026, cuando el Tribunal resolvió que el tope borra también la cotización pagada durante más de veinte años para la pensión suplementaria.

Qué ha cambiado respecto de la situación anterior

En realidad, nada cambia en el contenido de la ley. Lo que cambia es la certeza. Hasta la publicación de esta sentencia, decenas de procedimientos seguían abiertos con la misma pregunta sin respuesta, y algunos órganos judiciales habían llegado a manifestar que consideraban fundada la cuestión. La Audiencia de Bucarest, la Audiencia de Craiova, el Tribunal de Harghita, la Audiencia de Târgu Mureș y el Tribunal de Dolj habían estimado que los preceptos eran inconstitucionales, invocando sobre todo la falta del dictamen del Consejo Legislativo al aprobarse la ordenanza de 2017.

El segundo cambio es que decae el argumento procedimental. Los autores de las cuestiones habían invocado, además del derecho de propiedad y del nivel de vida, la vulneración del artículo 79 de la Constitución, relativo al Consejo Legislativo, así como los límites de la delegación legislativa del artículo 115. El Tribunal ha constatado que esos mismos preceptos ya habían sido examinados con críticas similares y ha mantenido la solución.

El tercer cambio tiene que ver con la antigüedad de la disputa. El Tribunal ha enumerado seis sentencias anteriores en las que esas mismas disposiciones ya habían sido declaradas constitucionales, la más antigua de diciembre de 2021 y la más reciente de diciembre de 2024. La constatación de que no han surgido elementos nuevos significa que la jurisprudencia sobre esta cuestión está ya consolidada.

Lo que no cambia es el derecho a la pensión en sí. La sentencia se refiere al modo de cálculo y de actualización, no a la existencia de la pensión militar de Estado ni a los requisitos para obtenerla.

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