El permiso de pesca recreativa pasa a internet y exige ficha de capturas: Orden MADR 260/2026

Desde el 7 de septiembre de 2026, el permiso de pesca recreativa se expide en línea, y quien pesca en las aguas administradas directamente por el Estado tiene que anotar sus capturas en una ficha y enviarla hasta el 31 de diciembre. El Ministerio de Agricultura ha publicado la Orden n.º 260/2026, firmada por el ministro en funciones Tánczos Barna, que deroga la Orden n.º 60/2017 y reescribe las condiciones en las que una persona puede echar la caña en un río, en un embalse, en el Danubio o en el mar Negro. Es el segundo acto de este año con el que el ministerio recoloca las reglas de la pesca, después del que fijó dónde se puede desembarcar y vender el pescado capturado comercialmente.

El permiso de pesca recreativa es el documento nominativo, a su nombre, que le da derecho a pescar con caña o con caña de lanzar en las aguas naturales del país. No se confunde con la autorización de pesca comercial, que es otra cosa y se paga. Las aguas naturales están divididas en dos categorías, y de ahí arranca todo lo demás de la orden: unas zonas se entregan por contrato a las asociaciones de pescadores y otras quedan bajo la administración directa de la Agencia Nacional de Pesca y Acuicultura, a la que la orden llama simplemente «la Agencia». El Danubio con sus brazos y el mar Negro entran en la segunda categoría.

Si quiere pescar en un agua contratada por una asociación, el permiso lo emite la Agencia, pero se lo entrega la asociación. Si quiere pescar en el Danubio, en el mar o en un agua no contratada, el permiso lo emite y se lo entrega directamente la Agencia. En ambos casos, la orden dice en su artículo 3 que la expedición se hace «anualmente, mediante un programa informático, en línea». Los modelos del anexo n.º 4 muestran tres tipos de permiso, uno para aguas contratadas, otro para el Danubio y otro para el mar Negro, cada uno con nombre, apellidos, número de identificación personal, validez y un código QR. En el permiso se indica que hay que llevarlo junto con el documento de identidad con el que se expidió.

La novedad que afecta de forma más directa al pescador corriente es la ficha de capturas. Forma parte del permiso y se rellena después de cada salida de pesca, para cada zona, con la fecha, el lugar, la especie, la cantidad en kilogramos y la cantidad devuelta al agua. La casilla «cantidad devuelta» lleva una nota a pie de página que remite al límite legal de 5 kilogramos al día. La ficha se envía a la Agencia hasta el 31 de diciembre de cada año, y el artículo 3, apartado (4), dice directamente qué ocurre en caso contrario: no enviarla «lleva a la imposibilidad de obtener un nuevo permiso de pesca recreativa para el año siguiente». En las aguas contratadas, la comunicación la hace la asociación, hasta el 28 de febrero del año siguiente.

Para las asociaciones, la orden construye un concurso. Quien quiera un contrato de diez años presenta en la sede de la Agencia una solicitud con la zona delimitada por coordenadas geográficas y once documentos, desde el certificado de la secretaría del juzgado hasta los certificados fiscales, la lista de los vehículos y de las embarcaciones, la lista de los empleados con estudios en la materia y la lista de los habilitados para la vigilancia armada. Encima de todo eso se coloca un plan de gestión a diez años, que ya no puede redactar cualquier instituto de investigación: la orden exige que venga de un instituto o de una estación dependientes de la Academia de Ciencias Agrícolas y Forestales «Gheorghe Ionescu-Șișești» e inscritos en el Registro de posibles contratantes. Los expedientes se puntúan con un baremo de 100 puntos, y por debajo de 50 puntos la solicitud se rechaza.

Los efectos que produce

Para el pescador que sale el sábado al embalse, el efecto inmediato es que el permiso se obtiene desde una pantalla y no en una ventanilla, y que aparece una obligación de comunicación que antes no le correspondía a él. Hasta ahora, el estado de las capturas lo centralizaba la asociación y lo enviaba ella. Desde el 7 de septiembre de 2026, el pescador de aguas no contratadas responde él solo de su ficha, y la sanción no es una multa, sino la pérdida del derecho a obtener permiso el año siguiente.

El texto no contiene sanciones propias, porque tampoco podría: las multas están en la Ley de pesca y de protección del recurso acuático vivo n.º 176/2024. Allí, en el artículo 51, la pesca recreativa practicada por personas que no tienen el permiso o no lo llevan encima se sanciona con multa de 1.000 a 1.500 lei. Lo mismo cuesta rebasar el límite de captura, que en el artículo 30, apartado (2), es de un máximo de 5 kilogramos de pescado al día en las aguas de colina y de llanura, en el Danubio, en el Delta y en las aguas marítimas, o un solo ejemplar si este pesa más de 5 kilogramos. En las aguas de montaña con salmónidos el límite es de 10 ejemplares al día. La pesca en periodo de veda está en otra categoría: de 6.000 a 10.000 lei y retirada del permiso durante 120 días.

En las aguas contratadas, quien puede pedirle el permiso y levantarle el acta de infracción no es necesariamente un inspector del Estado. El artículo 15 de la orden dice que las asociaciones ejercen la vigilancia «mediante personal contratado especializado, acreditado y habilitado para la vigilancia armada, facultado para constatar y sancionar las infracciones administrativas en materia pesquera». No es una innovación de la orden: el artículo 58, apartado (1), de la Ley n.º 176/2024 pone al personal contratado de las asociaciones en la misma lista que a los policías, los gendarmes y los comisarios de la Guardia de Medio Ambiente, y el artículo 29, apartados (6) y (7), le da uniforme, placa y armamento de vigilancia.

Para las asociaciones, los efectos son de otra naturaleza. Las que ya tienen contratos en curso no pierden nada ahora: el artículo 13 dice que producen efectos hasta el plazo previsto en el contrato. Pero en la ronda siguiente entran en juego dos condiciones nuevas. La primera, la afiliación a una federación nacional de utilidad pública, incluida entre los criterios de admisibilidad del anexo n.º 2, lo que significa que su incumplimiento lleva directamente al rechazo. La segunda, el plan de gestión redactado por un instituto dependiente de la Academia de Ciencias Agrícolas y Forestales, es decir, de una lista muy corta de proveedores. A eso se añaden las obligaciones de comunicación: el estado sintético de los pescadores y el balance de comprobación, a los 30 días del final de cada semestre, es decir, hasta el 30 de julio y el 30 de enero, bajo sanción de resolución de pleno derecho.

Qué ha cambiado respecto de la situación anterior

La Orden n.º 60/2017, firmada por Petre Daea, era un texto corto, de diecinueve artículos y cuatro anexos. La nueva tiene también diecinueve artículos, pero desplaza el peso a otros sitios. La primera diferencia se ve ya en la primera frase de cada una. En 2017, el artículo 1 decía que el permiso se expide «sin cobro de tasas ni tarifas». En 2026 esa fórmula falta por completo, y ningún artículo la sustituye por otra. La orden tampoco establece una tarifa, de modo que hoy el permiso sigue sin coste, pero la garantía escrita ha desaparecido.

El baremo de valoración, el que decide quién se lleva los contratos de diez años, también se ha reordenado. La versión antigua daba al número de miembros hasta 25 puntos de 100, al plan de gestión 40 y a la capacidad técnica y profesional 35. Hoy los miembros valen como mucho 15, el plan de gestión sigue en 40 y la capacidad técnica sube a 45. Diez puntos se han trasladado del tamaño de la asociación a sus medios y a su gente.

Dentro de esos 45 puntos, una sola línea explica casi todo el movimiento. El personal habilitado para la vigilancia armada valía 6 puntos en 2017 y vale 14 en 2026. Es la línea individual más alta de todo el baremo, mayor que el plan de medidas para la protección del recurso, que se lleva 10 puntos, y que el dimensionamiento de la captura admisible, que se lleva 7. En ese mismo periodo, el personal con estudios en el ámbito pesquero ha bajado de 9 puntos a 6. Dicho de otro modo, en 2017 la gente con formación especializada valía más que los vigilantes, y en 2026 los vigilantes valen más del doble que ella.

El resto de los cambios son de procedimiento. El umbral mínimo de 50 puntos es nuevo, en 2017 no existía ninguno. Los criterios eliminatorios se han sacado del baremo y se han reunido en un anexo aparte, con seis posiciones. Los plazos de comunicación se han movido: las asociaciones enviaban el estado de las capturas hasta el 31 de enero y las listas nominales cada trimestre, y ahora envían las capturas hasta el 28 de febrero y el estado sintético cada semestre. Las repoblaciones de peces pueden hacerse a partir de ahora también con huevas embrionadas, y no solo con alevines. Y la disposición de 2017 que decía expresamente que un pescador no afiliado a una asociación puede pescar en las aguas contratadas, respetando el reglamento de la asociación, ya no aparece en el texto nuevo.

Ventajas y desventajas

Consejos prácticos

Preguntas frecuentes

Errores e incoherencias en el texto publicado

Análisis de la redacción