Las becas escolares se quedan en 450 y 300 lei, pero dejan de caducar con el curso. La beca de las madres menores dura hasta el final de la enseñanza obligatoria

La decisión resuelve un problema real y lo resuelve con economía de medios. La metodología de becas se había escrito en 2025 con una fecha pegada a un solo curso escolar, y esa manera de redactar garantizaba que en cada comienzo de septiembre los importes quedaran en el aire hasta que el Gobierno se reuniera. Sustituir «para el curso escolar 2025-2026» por «a partir del curso escolar 2026-2027» corta ese ciclo. Es una corrección de técnica legislativa, no una medida de política pública, pero es exactamente el tipo de corrección que ahorra a cientos de miles de familias una incertidumbre anual.

El problema es que, este año, la corrección llegó después de que la incertidumbre ya se hubiera producido. Las clases empezaron el 7 de septiembre de 2026 y el acto entró en vigor el 21 de septiembre, es decir, 14 días después del primer día de escuela. Durante todo ese intervalo, el único texto de la metodología sobre la cuantía se refería al curso ya terminado. Compárese con el plazo que el acto deja en pie para las familias: 25 días naturales desde el comienzo de las clases para el expediente de beca social, es decir, hasta el 1 de octubre de 2026. El día en que el Gobierno dijo por fin cuánto vale la beca habían pasado 15 de los 25 días en los que los padres tienen que reunir declaraciones de ingresos, partidas de nacimiento, sentencias e informes sociales. Quedaban diez. La administración, en cambio, dispuso de 32 días desde la publicación del proyecto en consulta, el 17 de agosto de 2026, hasta la aprobación, de los cuales 22 posteriores al final de los 10 días de consulta pública.

La segunda observación no se ve leyendo el acto, sino poniendo sus cifras junto a otras. Los tres importes, 450, 300 y 300 lei, no han cambiado desde la entrada en vigor de la Ley n.º 198/2023, que los había fijado para el curso escolar 2023-2024. En octubre de 2023, el salario mínimo bruto nacional era de 3.300 lei y la beca de mérito representaba el 13,6% de él. Desde el 1 de julio de 2026, el salario mínimo bruto es de 4.325 lei y esa misma beca de mérito representa el 10,4%. Dicho de otro modo, sin que se haya movido ninguna cifra del acto, el valor relativo de la beca de mérito ha caído casi una cuarta parte, más exactamente un 23,7%, en tres años. En la beca social el efecto es todavía más visible, porque el umbral de elegibilidad es por definición móvil: la familia entra si el ingreso neto por miembro queda por debajo de la mitad del salario mínimo neto, umbral que sube con el salario mínimo, mientras el apoyo se queda en 300 lei. La fórmula «a partir del curso escolar 2026-2027» consolida esa situación, porque convierte un importe pensado como provisional en otro sin plazo.

La tercera observación viene de comparar el acto publicado con el proyecto sometido a consulta el 17 de agosto de 2026. El proyecto tenía once puntos, el acto tiene dos, así que el 82% de las modificaciones anunciadas se abandonó por el camino. Algunas merecían abandonarse, empezando por la restricción de las becas sociales al periodo lectivo, que habría recortado el apoyo precisamente a las familias a las que las vacaciones traen gastos de más, no de menos. Otras eran simples medidas administrativas, como la comprobación de los ingresos a través de la plataforma PatrimVen, y habrían ahorrado a las secretarías escolares un trabajo que no tienen manera de llevar a término. El punto perdido más importante es, sin embargo, uno de una sola frase: el proyecto decía, en el artículo 18 apartado (3), «hasta la finalización de la enseñanza obligatoria, incluso después de cumplir los 18 años». La versión publicada conserva la primera mitad y renuncia a la segunda. Justamente la parte que habría cerrado la discusión sobre qué pasa con la alumna que alcanza la mayoría de edad durante el bachillerato fue la que se sacó del texto que pretendía aclarar la duración del derecho.

Qué debería cambiar

• Reintroducir la precisión sobre la edad en el artículo 18 apartado (3). Una sola frase, «incluso después de cumplir los 18 años», eliminaría el único lugar del acto en el que dos centros pueden llegar, de buena fe, a soluciones contrarias para la misma alumna. Sin ella, la diferencia se mide en 700 lei al mes y se resolverá, probablemente, en reclamaciones.
• Una cláusula transitoria para el curso escolar 2025-2026. El nuevo artículo 6 apartado (1) arranca en el curso escolar 2026-2027 y ya no contiene ningún importe para el anterior, aunque pueden pagarse atrasos de aquel curso también después del 21 de septiembre de 2026, conforme al artículo 19 apartado (6) de la metodología. Una frase que conserve las cuantías para los derechos nacidos bajo la versión anterior cerraría el problema antes de que aparezca.
• Atar las cuantías a una referencia móvil y no a una cifra fija. Si las becas se expresan como porcentaje del salario mínimo bruto nacional, como ya hace la ley con las becas de excelencia olímpica, se actualizan sin necesidad de una decisión nueva. El efecto práctico: la beca de mérito sería hoy de 590 lei, es decir, el valor de 2023 referido al salario mínimo de 2026, en lugar de 450.
• Adelantar la aprobación al periodo anterior al comienzo de las clases. La metodología da a las familias 25 días desde el primer día de escuela y exige a los centros una primera lista de beneficiarios hasta el 20 de octubre. Una regla simétrica, por la que toda modificación de cuantía se publique hasta el 31 de agosto, alinearía el plazo de la administración con el del destinatario.
• Recuperar, por separado, los puntos administrativos del proyecto de agosto. La comprobación de los ingresos a través de PatrimVen y la declaración expresa de los ingresos obtenidos en el extranjero son instrumentos de control, no medidas de austeridad. Sacarlos del proyecto deja la beca social en manos de declaraciones responsables comprobadas por personal escolar que no tiene ni acceso a los datos fiscales ni la facultad de hacer informes sociales.