Las clases más pequeñas y la carga de 18 horas llegan al Parlamento, pero las becas y la prima de instalación caen en el Tribunal Constitucional

El proyecto de ley con el que 153.532 ciudadanos reclaman la vuelta de las clases más pequeñas y de la carga docente de 18 horas puede debatirse en el Parlamento, pero sin ninguna de las previsiones que habrían supuesto dinero adicional. El Tribunal Constitucional resolvió el 15 de julio de 2026, por unanimidad de votos, que la iniciativa legislativa de los ciudadanos sobre las leyes de educación cumple los requisitos previstos en el artículo 74 de la Constitución, con la excepción de once puntos que regulan normas de carácter fiscal. La resolución no se publicó hasta el 10 de septiembre de 2026, 57 días después del fallo, y entre esas dos fechas el Parlamento legisló él mismo sobre uno de los temas de la iniciativa, el tope de la reducción de carga docente de los directores de centro.

El acto no es una decisión de inconstitucionalidad corriente, y la diferencia cuenta. El Tribunal dicta decisiones cuando comprueba si una ley o una ordenanza respeta la Constitución. Dicta resoluciones en un número reducido de atribuciones de verificación, entre ellas la validación de la elección del Presidente, la constatación de las circunstancias que justifican la interinidad de la Presidencia y, conforme al artículo 146, letra j), de la Constitución, la comprobación del cumplimiento de los requisitos para el ejercicio de la iniciativa legislativa por los ciudadanos. Aquí el Tribunal no juzga si el proyecto es bueno o malo. Juzga si los ciudadanos tienen derecho a presentarlo.

Lo que comprueba, exactamente, son tres cosas, y su fundamento es el artículo 48 de la Ley n.º 47/1992 y el artículo 7 de la Ley n.º 189/1999. Lo primero: si la propuesta se publicó como exige la ley y si las listas de firmas fueron certificadas por los alcaldes o por los funcionarios apoderados por ellos. Lo segundo: si se han reunido al menos 100.000 firmas de ciudadanos con derecho de voto y si estas provienen de al menos una cuarta parte de las provincias del país, con un mínimo de 5.000 firmas en cada provincia y en el municipio de Bucarest. Lo tercero: si el objeto de la propuesta no entra en los ámbitos prohibidos por el artículo 74, apartado (2), de la Constitución, es decir, las cuestiones fiscales, las de carácter internacional, la amnistía y el indulto. El Tribunal dijo de forma expresa, en el apartado 11, que la oportunidad de la iniciativa no le concierne: esa queda en manos del Parlamento.

Quién inició el trámite se ve en el acto: un comité de iniciativa de once personas, constituido mediante declaración autenticada el 19 de noviembre de 2025, en el que figuran los líderes de las federaciones sindicales de la educación. El objetivo declarado en la exposición de motivos es la Ley n.º 141/2025 sobre determinadas medidas fiscales y presupuestarias, en vigor desde el 28 de julio de 2025, que aumentó la carga docente en dos horas, subió el número de alumnos por clase, recortó la tarifa del pago por horas y restringió las becas de los estudiantes. La iniciativa pide, en esencia, devolver los textos a la redacción anterior a esa ley.

La aritmética de las firmas muestra con qué severidad se filtra un trámite de este tipo. En las listas presentadas había 185.568 firmas. Las autoridades públicas certificaron 162.195, luego 23.373 no llevaban certificación alguna, es decir, el 12,6 % del total. De las certificadas, el Tribunal encontró legalmente certificadas 153.532, luego descartó otras 8.663, es decir, el 5,3 % de las confirmadas por los ayuntamientos. En total, 32.036 firmas, el 17,3 % de las reunidas, no se tomaron en cuenta. Lo que quedó supera el umbral constitucional de 100.000 en 53.532 firmas, o sea, en un 53,5 %.

Los motivos de los rechazos se enumeran en el apartado 14 y son vicios de los ayuntamientos, no de los firmantes: certificaciones hechas en el medio rural por alguien distinto del alcalde, en las provincias de Dâmbovița, Dolj, Gorj o Neamț; certificaciones hechas en el medio urbano por una persona distinta del alcalde, sin indicar el acto de apoderamiento, en Dâmbovița y Vrancea; falta de sello, en doce provincias citadas como ejemplo, desde Argeș y Bacău hasta Vâlcea y Vrancea; listas remitidas en copia, no en original, en Argeș, Caraș-Severin, Constanța, Vaslui y Vrancea. En sentido contrario, el Tribunal no consideró vicio la falta de la fecha de certificación, que afectaba a 3.856 firmantes, ni la ausencia de una fórmula expresa de certificación, siempre que la lista llevara la firma y el sello de la autoridad.

El requisito de distribución territorial pasó por los pelos. Los iniciadores presentaron documentos de los que resultaba que 15 provincias habrían tenido cada una al menos 5.000 firmas certificadas. Tras la comprobación de la legalidad de las certificaciones quedaron 12: el municipio de Bucarest, Bihor, Cluj, Harghita, Hunedoara, Iași, Ilfov, Mureș, Satu Mare, Sălaj, Sibiu y Teleorman. Cayeron tres. Covasna bajó de 5.317 firmas declaradas a 4.587 legalmente certificadas, 413 por debajo del umbral. Maramureș bajó de 5.113 a 4.992, luego falló el umbral por 8 firmas. Dolj perdió lo más: de 6.386 firmas certificadas quedaron 2.822 legalmente certificadas, es decir, se fue el 55,8 % de ellas.

Los efectos que produce

La resolución es definitiva y de obligado cumplimiento general y produce efectos desde el 10 de septiembre de 2026, fecha de publicación. El artículo 11, apartado (3), de la Ley n.º 47/1992 dispone que las resoluciones del Tribunal se publican en el Boletín Oficial de Rumanía y que son de obligado cumplimiento general, con fuerza solo hacia el futuro. No hay recurso.

El primer efecto es procesal. El artículo 7, apartado (5), de la Ley n.º 189/1999 ata el comienzo del procedimiento parlamentario a la fecha en la que la Cámara recibe la resolución, no a la de su publicación. La Cámara de Diputados, donde la propuesta se registró el 25 de junio de 2026 y que elevó la cuestión al Tribunal, puede por tanto iniciar el debate. Del proyecto entra en debate solo la parte validada: los once puntos declarados inconstitucionales no pueden aprobarse por esta vía y tampoco pueden reintroducirse mediante enmiendas a esta propuesta.

El segundo efecto es de contenido y conviene leerlo punto por punto, porque los titulares de prensa no lo cubren. Pasan al Parlamento ocho unidades del proyecto. El artículo I, puntos 1, 2 y 3, reescriben el número de alumnos por clase y las reglas de constitución de las formaciones de estudio. El artículo I, punto 7, saca de la relación de puestos la reducción actual de dos horas en las actividades ajenas a la docencia. El artículo I, punto 8, introduce, a petición del interesado, la reducción de dos horas de la carga docente para los profesores con más de 25 años de docencia y grado didáctico I, sin merma del salario. El artículo II, punto 1, reescribe el contenido de las ayudas de doctorado. El artículo II, punto 6, baja la carga docente universitaria máxima de 18 a 16 horas convencionales por semana. El artículo III pone fin, desde el 1 de septiembre de 2026, a la excepción por la que la carga docente de la enseñanza preuniversitaria se aumentó.

Caen once unidades. El artículo I, puntos 4 y 5, cambiaban el modo de cálculo de la tarifa del pago por horas y añadían un incremento del 10 % para quienes asumen también la gestión de la clase. El artículo I, punto 6, subía la prima de instalación de los titulares destinados a zonas desfavorecidas o aisladas, de un salario mínimo bruto nacional a 3 salarios base del docente. El artículo II, puntos 2, 3, 4 y 5, se referían a las becas: el importe de las becas del grado de docencia con doble especialización y del máster de docencia, referido al salario neto de un profesor principiante en lugar del salario mínimo neto, la reintroducción de la beca de excelencia olímpica internacional, suprimida en julio de 2025, y la concesión de las becas de los rumanos del extranjero durante todo el año natural, incluidas las vacaciones de verano. El artículo II, punto 7, habría traído desde el curso académico 2026-2027 los dos salarios que corresponden al jubilarse al personal docente y de investigación de las universidades públicas. El artículo IV pedía la derogación de tres textos de la Ley n.º 141/2025 y la modificación de un cuarto. El artículo V cambiaba la base de cálculo de los cheques de vacaciones del personal de la educación. El artículo VI pedía el pago en un solo plazo, hasta el 30 de junio de 2026, de las cantidades de naturaleza salarial reconocidas por resoluciones judiciales.

El tercer efecto no se ve en la resolución, pero sí al ponerla junto a las leyes que la iniciativa quiere modificar. El artículo 10, apartado (2), de la Ley n.º 198/2023 prevé que toda modificación o complemento de esa ley entra en vigor a partir del primer día del curso escolar siguiente al curso en el que se aprobó por ley. El artículo 260, apartado (16), de la Ley n.º 199/2023 dice lo mismo para el curso académico. Si el Parlamento aprueba en el curso escolar 2026-2027 la parte validada del artículo I, las clases más pequeñas no pueden aplicarse antes del primer día del curso escolar 2027-2028, y la carga docente universitaria de 16 horas convencionales no puede aplicarse antes del primer día del curso académico 2027-2028. La regla puede sortearse, y la propia Ley n.º 141/2025 y la Ordenanza de urgencia del Gobierno n.º 1/2026 establecieron excepciones a ella, pero el rodeo tiene que escribirse en la ley de aprobación. Si no está escrito, se aplica el aplazamiento.

El cuarto efecto lo notan los futuros comités de iniciativa, no los firmantes de este. El Tribunal estableció, en los apartados 22 a 26, qué entiende por «cuestiones fiscales», y la interpretación es amplia. Comprende las tasas y los impuestos, y además «aquellos elementos que tienen un impacto mayor sobre el presupuesto del Estado y que no se refieren a la concepción futura de su formación, sino que se prevé aplicarlos dentro de la ejecución presupuestaria en curso, como por ejemplo la concesión de pluses o de cantidades fijas con cargo al presupuesto del Estado». El motivo, dice el Tribunal, es que los ciudadanos no tienen la visión de conjunto de los ingresos y de los gastos presupuestarios, y un aumento importante del gasto público exige, necesariamente, también un aumento de la fiscalidad.

Qué ha cambiado respecto de la situación anterior

Hasta esta resolución, el artículo 74, apartado (2), de la Constitución prohibía a las iniciativas ciudadanas «las cuestiones fiscales», sin decir cuáles son. El Tribunal reconoce abiertamente, en el apartado 22, que el texto «hace una remisión genérica», sin delimitar, y que tuvo que partir de la definición del fisco del diccionario de la Academia para averiguar qué significa. La conclusión del apartado 26 es que corresponde al Tribunal la competencia de establecer, caso por caso, qué aspectos fiscales están prohibidos. Dicho de otro modo, la frontera se traslada del texto a la jurisprudencia.

En el fondo, el cambio de régimen es este. Antes, un comité de iniciativa podía suponer que le estaba prohibido proponer tasas e impuestos. Desde ahora sabe que le está prohibido también proponer un gasto que carga el presupuesto del año en curso, aunque el gasto se llame beca, prima de instalación o cheque de vacaciones. Lo que sigue permitido, al menos según este precedente, es la parte de organización: cuántos alumnos hay en una clase, cuántas horas da un profesor, qué dice la relación de puestos. Es decir, justo la parte que no se traduce de inmediato en lei pagados con cargo al presupuesto.

El dinero que se paga a los alumnos sigue, por tanto, en manos del Gobierno: en septiembre de 2026, una decisión mantuvo las becas en 450 y 300 lei y desligó sus cuantías del curso escolar.

El segundo cambio que conviene retener es la demostración en espejo del Tribunal. La reducción de la carga docente en la enseñanza preuniversitaria, el artículo III, no es fiscal, aunque aumente el número de puestos financiados. La reducción de la carga universitaria de 18 a 16 horas convencionales, el artículo II, punto 6, no es fiscal, por el mismo motivo. Pero las becas, la prima de instalación y los dos salarios al jubilarse sí son fiscales. La línea de separación trazada por el Tribunal no es «cuesta o no cuesta», sino «es una cantidad pagada directamente a una persona o es una regla de organización que tiene, entre otras cosas, también un coste».

En cuanto a las leyes que la iniciativa quiere modificar, la comparación muestra cuánto cambiaría. En el número de alumnos por clase, la redacción actual del artículo 23 de la Ley n.º 198/2023 es la escrita por la Ley n.º 141/2025: una media de 18 alumnos y un máximo de 24 en primaria, 20 y un máximo de 28 en secundaria inferior, 23 y un máximo de 30 en bachillerato, 26 y un máximo de 32 en la enseñanza postsecundaria, 17 y un máximo de 22 en el grupo de preescolares. La iniciativa pide 16 y un máximo de 22 en primaria, 18 y un máximo de 26 en secundaria inferior, 22 y un máximo de 26 en bachillerato, 22 y un máximo de 28 en la enseñanza postsecundaria, 15 y un máximo de 20 en preescolar. La bajada mayor está en el bachillerato y en la enseñanza postsecundaria, cuatro alumnos en cada caso.

El tope real es, sin embargo, otro distinto de la cifra de la tabla, y eso se ve solo poniendo el apartado (1) junto al apartado (6). Hoy, la dirección distrital de educación puede autorizar que se supere el máximo en hasta cuatro alumnos, de modo que una clase de bachillerato puede llegar legalmente a 34. La iniciativa mantiene el margen de cuatro, pero exige la autorización del ministerio para cualquier exceso superior a dos. Con el máximo bajado a 26, la clase de bachillerato no podría pasar de 30. La diferencia se ve, por tanto, en dos sitios: cuatro alumnos en la cifra de la tabla y cuatro en el tope efectivo.

Cuenta igual de mucho un texto que no aparece en ningún titular, el apartado (1¹) de ese mismo artículo 23, introducido por la Ley n.º 141/2025. Obliga a que, en cada nivel, vía y perfil, las formaciones de estudio superen el valor medio del apartado (1), con una única excepción por centro conforme al apartado (1²). Ese es el mecanismo que produce las fusiones de clases, no el máximo. La iniciativa lo deroga, en el artículo I, punto 2, y este punto ha pasado.

En la carga docente, la situación actual no viene del artículo 207 de la Ley n.º 198/2023, que sigue diciendo 18 horas, sino del artículo LVIII de la Ley n.º 141/2025, una excepción de plazo limitado: desde el curso escolar 2025-2026 hasta el comienzo del curso escolar 2029-2030, la carga es de 20 horas en secundaria inferior, bachillerato y enseñanza postsecundaria, de 18 horas en lugar de 14 para los profesores con grado I que ejercen de mentores y de 26 horas en lugar de 24 en la formación práctica. El artículo III de la iniciativa no deroga la excepción, sino que la da por terminada, al disponer que desde el 1 de septiembre de 2026 se aplica de nuevo el artículo 207, apartado (4). El efecto práctico sería acortar la excepción en tres cursos escolares.

En la reducción de dos horas por antigüedad, lo que pide la iniciativa no es una adición, es un traslado. Hoy, el artículo 207, apartado (3), permite reducir en dos horas semanales el tiempo asignado a las actividades ajenas a la docencia, para los profesores con más de 25 años y grado didáctico I, pero también para quienes han acreditado rendimiento educativo, en las condiciones de una metodología aprobada por orden ministerial. La iniciativa borra ese texto, en el artículo I, punto 7, y pone en su lugar, en el punto 8, una reducción de dos horas de la carga docente, a petición del profesor, sin metodología y sin merma del salario. La categoría del «rendimiento educativo» desaparece de los beneficiarios.

En las ayudas de doctorado, el artículo II, punto 1, el que ha pasado, va en sentido contrario al resto de la iniciativa. La redacción actual del artículo 63, apartado (5), de la Ley n.º 199/2023, tal como la escribió la Ley n.º 141/2025, contiene una segunda frase: las becas individuales de los doctorandos con plaza financiada, en la modalidad presencial, se conceden durante todo el año natural. El texto propuesto por la iniciativa conserva la primera frase y deja la segunda fuera. Aprobado tal y como está escrito, el punto sacaría de la ley la garantía de que la beca de doctorado se paga también en los meses sin clases.

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