En resumen
- Una sustancia química traída de China se encarece de golpe en la aduana, desde el 22 de septiembre de 2026. Se trata de un aditivo que se echa en el agua para impedir que se deposite la cal y que se oxiden las instalaciones, usado en los circuitos de refrigeración, en las calderas y en los productos de limpieza y desinfección industrial. Quien lo trae de China paga, por encima del derecho de aduana ordinario, un derecho adicional de entre el 156,7% y el 192,2% del valor de la mercancía en la frontera.
- Cuánto paga usted depende de la fábrica china y de una declaración escrita en la factura. Tres fábricas tienen cada una su propio nivel, otras dos tienen el 173,8%, y cualquier otra fábrica paga el 192,2%. Para obtener el nivel más bajo, la factura tiene que llevar una declaración fechada y firmada, con el nombre de la empresa y su código en la aduana. Sin ella se aplica automáticamente el nivel más alto, sea quien sea el fabricante de la mercancía.
- La medida dura cinco años, y en la Unión queda un solo productor de esta sustancia. Rumanía no aparece en ninguna parte del acto y no fabrica nada parecido, así que se ve afectada exclusivamente por el lado de la compra: las empresas rumanas que tratan agua industrial, limpian o desinfectan con productos que llevan este aditivo van a pagar más por la materia prima.
Publicado: Diario Oficial de la Unión Europea, serie L, 2026/2088 de 21 de septiembre de 2026
Entrada en vigor: 22 de septiembre de 2026, es decir, al día siguiente de la publicación, conforme al artículo 4 del reglamento
La Comisión Europea ha cerrado, con el Reglamento de Ejecución (UE) 2026/2088, un expediente comercial abierto exactamente un año antes, y ha puesto un derecho de hasta el 192,2% a las importaciones de ácidos alquilfosfónicos procedentes de China. El nombre no le dice nada a nadie, así que conviene traducirlo: son sustancias que se añaden al agua para que no se deposite la cal en las tuberías y en los intercambiadores de calor y para que el metal no se oxide, usadas en los circuitos de refrigeración de las fábricas, en las calderas industriales y en las soluciones de limpieza y desinfección industrial. El acto las identifica como ácido 2-fosfonobutano-1,2,4-tricarboxílico y su sal de sodio, en forma sólida o como solución acuosa, y en el texto las abrevia PBTC. El mecanismo por el que la Unión Europea grava una importación abaratada artificialmente sigue siempre los mismos pasos, y el primero de ellos es someter las importaciones a registro aduanero: por esa misma vía arrancó el expediente de las pilas, donde en septiembre de 2026 las pilas alcalinas de China quedaron registradas en la aduana nueve meses.
Para la aduana, la mercancía se reconoce por cifras, no por nombres. El reglamento la clasifica en el código NC 2931 49 80, con el código TARIC 2931 49 80 60, y la identifica además por los números de catálogo químico CAS 37971-36-1 y 66669-53-2. Si la mercancía que compra usted entra en esos códigos y sale de China, el derecho se aplica, llámela como la llame el proveedor en la oferta.
Los niveles están fijados en el artículo 1, apartado 2, y se calculan sobre el precio neto franco frontera de la Unión, antes del despacho de aduana, es decir, sobre el valor que incluye la mercancía, el seguro y el transporte hasta la frontera. Cada empresa tiene además un código adicional TARIC, que el declarante aduanero tiene que consignar en la declaración:
- Jiyuan Qingyuan Water Treatment Co., Ltd.: 183,8%, código adicional TARIC 88CI.
- Nantong Uniphos Chemicals Co., Ltd.: 192,2%, código adicional TARIC 88CJ.
- Shandong Taihe Technologies Co., Ltd.: 156,7%, código adicional TARIC 88CK.
- Shandong Green Technologies Import and Export Co., Ltd.: 173,8%, código adicional TARIC 88CL. Es una de las dos empresas del anexo, que cooperaron en la investigación sin estar incluidas en la muestra.
- Hebei Longke Water Treatment Co., Ltd.: 173,8%, código adicional TARIC 88CM, la otra empresa del anexo.
- Todas las demás importaciones originarias de China: 192,2%, código adicional TARIC 8999. En ese nivel entran tanto las fábricas que no cooperaron como las que no exportaron nada a la Unión en el periodo investigado, y ahí va a parar también cualquier envío que no venga con la factura exigida por el artículo 1, apartado 3.
Estos porcentajes no están elegidos de una escala. Cada uno es justamente el margen de dumping constatado para la empresa correspondiente, es decir, la diferencia entre el precio al que la mercancía debería haberse vendido si el mercado chino funcionara con normalidad y el precio al que llegó efectivamente a la Unión. Por regla general, la Comisión establece un derecho menor que el margen de dumping, cuando con eso basta para detener el daño al productor europeo. Aquí no lo ha hecho, y el motivo está escrito en la sección 6.2: una de las materias primas, el tricloruro de fósforo, representa más del 17% del coste de producción del producto, y su precio está distorsionado en China, porque se le aplicó un tipo de IVA del 13% sin ninguna devolución a la exportación. El Reglamento (UE) 2016/1036, el acto de base de todo el procedimiento, permite en su artículo 7, apartado 2 bis, que en una situación así el derecho suba hasta el margen de dumping, y el artículo 7, apartado 2 ter, exige una sola condición más: que esa subida redunde en interés de la Unión. La Comisión ha constatado que así es.
Los efectos que produce
El derecho se paga en Rumanía, por la empresa rumana, no por el proveedor chino. El artículo 14, apartado 1, del Reglamento (UE) 2016/1036 dice con claridad que los derechos antidumping los perciben los Estados miembros y que se perciben con independencia de los derechos de aduana, impuestos y demás gravámenes normalmente exigibles a la importación. Dicho de otro modo, no sustituyen nada y no se restan de nada: en el despacho a libre práctica se paga el derecho de aduana ordinario correspondiente al código arancelario, se añade el derecho antidumping y solo sobre ese total se calcula el impuesto sobre el valor añadido. La base imponible de la importación, conforme al artículo 289, apartado 1, de la Ley n.º 227/2015 del Código Fiscal, es el valor en aduana más cualquier gravamen exigible por la importación, salvo el propio impuesto sobre el valor añadido, y la misma regla figura en los artículos 85 y 86 de la Directiva 2006/112/CE.
En concreto, en un envío de 10.000 euros comprado a Shandong Taihe, el derecho antidumping es de 15.670 euros. La base de cálculo del impuesto sobre el valor añadido pasa a ser de al menos 25.670 euros, y el tipo general del 21% supone otros 5.390,70 euros. En ese mismo envío comprado a un proveedor que entra en el nivel residual del 192,2%, el derecho es de 19.220 euros, y el impuesto sobre el valor añadido, de 6.136,20 euros. La diferencia entre las dos situaciones, 4.295,50 euros, representa casi el 43% del valor de la factura. El impuesto sobre el valor añadido se deduce si la empresa es sujeto pasivo; el derecho antidumping no se deduce nunca: se queda en el coste.
El segundo efecto es de fecha. Conforme al artículo 10, apartado 1, del Reglamento (UE) 2016/1036, el derecho definitivo se aplica solo a los productos despachados a libre práctica después de la entrada en vigor del acto, es decir, desde el 22 de septiembre de 2026. Un envío salido de China antes de esa fecha, pero despachado después, queda sujeto al derecho. Lo que cuenta es el momento de la declaración aduanera, no la fecha del contrato ni la de la carga en el barco.
El tercer efecto afecta al dinero ya depositado. Desde mayo de 2026, los importadores pagaban un derecho provisional establecido por el Reglamento de Ejecución (UE) 2026/1045, publicado el 13 de mayo de 2026. Por el artículo 2 del nuevo reglamento, esas cantidades se perciben definitivamente, y lo depositado por encima de los niveles definitivos se devuelve. La regla se completa con el artículo 10, apartado 3, del reglamento de base, que va también en la otra dirección: si el derecho definitivo es mayor que el provisional, la diferencia no se percibe. Así pues, nadie recibe una liquidación adicional por el periodo de mayo de 2026 al 21 de septiembre de 2026, y quien depositó más de lo debido recibe su dinero de vuelta.
El cuarto efecto es uno que no se ha producido, aunque podía. Las importaciones estaban sometidas a registro aduanero desde el 27 de noviembre de 2025, por el Reglamento de Ejecución (UE) 2025/2385, precisamente para que existiera la posibilidad de gravarlas con efecto retroactivo. El reglamento de base permite, en su artículo 10, apartado 4, percibir el derecho definitivo también sobre mercancías declaradas como mucho 90 días antes de la aplicación de las medidas provisionales, pero solo si, entre otras cosas, las importaciones aumentaron sustancialmente en ese intervalo. La comparación de volúmenes arrojó una caída del 22% en una variante de cálculo y un aumento del 1% en la otra, así que la condición no se cumple. La conclusión, escrita en el considerando 96: no se percibe nada con efecto retroactivo. Las empresas que importaron en el invierno y la primavera de 2026 se quedan con lo que pagaron entonces, es decir, nada hasta las medidas provisionales.
Qué ha cambiado respecto de la situación anterior
Hasta el 12 de mayo de 2026, la importación de esta sustancia desde China no soportaba ningún gravamen adicional. Desde mayo de 2026 se pagó un derecho provisional, que es una garantía: se deposita, pero no se sabe si se queda en manos del Estado. Desde el 22 de septiembre de 2026 el derecho es definitivo, se paga en cada despacho de aduana y se queda ahí.
Entre la fase provisional y la definitiva, el cálculo se modificó tres veces, y el recorrido se ve en los considerandos 45 a 50. Primero, la Comisión aceptó el argumento del productor chino Shandong Taihe y sacó del coste de producción los envases reutilizados, que se habían contabilizado como si se compraran cada vez. Después eliminó del grupo de sociedades brasileñas usadas como referencia a BASEQUIMICA S.A., tras constatar que es más bien una empresa comercial que un fabricante de sustancias químicas. Por último, sustituyó los datos financieros de UNIPAR CARBOCLORO S.A. tomados de la base Orbis por los del informe anual de la sociedad de 2024, porque los primeros habían desaparecido de Orbis sin explicación, y corrigió el modo en que se había leído el beneficio de esa sociedad. El resultado final es que los valores de referencia aplicados al coste de producción quedaron en el 10,3% para los gastos de venta y administrativos y en el 17,6% para el beneficio, ambos referidos al coste de las mercancías vendidas.
También ha cambiado la lista de las empresas con nombre. El anexo del reglamento recoge dos fábricas chinas que cooperaron sin estar incluidas en la muestra, Shandong Green Technologies y Hebei Longke, y estas reciben el 173,8%, un nivel intermedio. Cualquier otra fábrica de China, incluida una que empiece a exportar ahora mismo, paga el 192,2% hasta que obtenga otra cosa. El artículo 3 del reglamento deja una puerta abierta: un productor nuevo puede pedir que se le aplique el nivel de las empresas que cooperaron y no fueron incluidas en la muestra, si demuestra que no exportó en el periodo investigado, comprendido entre el 1 de julio de 2024 y el 30 de junio de 2025, que no está vinculado a ninguna empresa sujeta a las medidas y que ha exportado efectivamente después o tiene un contrato firme por cantidades significativas.
Lo que no ha cambiado en absoluto es la definición del producto. El considerando 13 indica que nadie la impugnó, así que la descripción sigue siendo la de la fase provisional. Para un importador, eso significa que no tiene sentido esperar una reclasificación arancelaria: si la mercancía estaba cubierta por el derecho provisional, lo está también por el definitivo.
Ventajas y desventajas
Lo que mejora
- Fija una cifra clara para cada proveedor y la vincula a un código que el aduanero lee directamente. Un importador puede calcular el coste antes de firmar el contrato, algo que en la fase provisional no podía hacerse, porque no se sabía si algo quedaba en manos del Estado ni cuánto.
- Cierra el riesgo retroactivo. El considerando 96 dice que no se percibe nada por el periodo en que las importaciones estuvieron sometidas a registro, y el artículo 10, apartado 3, del Reglamento (UE) 2016/1036 prohíbe percibir la diferencia allí donde el derecho definitivo ha subido por encima del provisional.
- Preserva al único productor de la Unión. El considerando 76 indica que tiene una capacidad que supera en más de 5 kilotoneladas el consumo de toda la Unión, estimado entre 11,3 y 15 kilotoneladas, así que existe físicamente una alternativa a la mercancía china.
- Corrige lo que se demostró erróneo en la fase provisional. Cuatro de los argumentos de las partes fueron aceptados, tres procedentes del productor chino y uno del denunciante, y el cálculo se rehízo y se comunicó dos veces a las partes para observaciones.
- Deja una vía abierta a las fábricas nuevas. El artículo 3 permite añadir un productor exportador nuevo al nivel del 173,8%, sin esperar a que la medida expire dentro de cinco años.
Lo que sigue siendo un problema
- No dice en ninguna parte cuánto dura. El reglamento tiene un artículo sobre la entrada en vigor y ninguno sobre el cese de su vigencia. Los cinco años de los que depende todo el calendario de un importador se encuentran en el artículo 11, apartado 2, del Reglamento (UE) 2016/1036, un acto que este reglamento no cita en relación con la duración.
- No reproduce los niveles provisionales. La devolución de las cantidades depositadas por encima de los niveles definitivos está prevista en el artículo 2, pero quien quiera saber si tiene algo que recuperar tiene que abrir por separado el Reglamento (UE) 2026/1045 y comparar por su cuenta.
- Traslada un riesgo grande a una formalidad de factura. La diferencia entre el 156,7% y el 192,2% se pierde íntegramente si la declaración de la factura no está fechada, no está firmada o no lleva el código adicional TARIC, y el reglamento no prevé ningún procedimiento de subsanación posterior.
- Deja el mercado prácticamente en manos de un solo proveedor europeo. El usuario que planteó la objeción, Hypred, representa entre el 1% y el 3% de la industria consumidora de la Unión, y la Comisión rechazó su argumento señalando que la situación de un usuario tan pequeño no refleja necesariamente la del conjunto de los usuarios. La objeción de fondo, la dependencia de una sola fuente, se queda sin respuesta.
- No publica ninguna cifra del margen de perjuicio. La sección 6.1 confirma las constataciones del reglamento provisional mediante una remisión, sin cifras, de modo que el lector no puede ver cuánto ha subido el derecho por encima del nivel estrictamente necesario para detener el daño.
Consejos prácticos
- Compruebe primero el código arancelario de la mercancía que compra, no su nombre comercial. Si entra en el NC 2931 49 80, con el código TARIC 2931 49 80 60, y el origen es China, el derecho se aplica. El nombre de la oferta puede ser cualquiera.
- Pida al proveedor la declaración de la factura antes del envío, no en la aduana. El artículo 1, apartado 3, exige una declaración fechada y firmada por un representante de la empresa que emite la factura, identificado con nombre y cargo, que certifique el volumen, el producto, la denominación y la dirección de la fábrica, el código adicional TARIC y el país. La falta de cualquier elemento de esa lista lleva el envío al 192,2%.
- Consigne el código adicional TARIC en la declaración aduanera, no solo en la factura. Los códigos son 88CI, 88CJ, 88CK, 88CL y 88CM para las empresas con nombre y 8999 para el resto. Sin el código correcto, el sistema aduanero aplica el nivel residual.
- No dé por hecho que una filial de una de las empresas de la lista se beneficia de su nivel. El considerando 85 es explícito: las entidades vinculadas a las empresas mencionadas no pueden usar los niveles individuales y entran en el derecho aplicable a todas las demás importaciones.
- Si pagó usted el derecho provisional de mayo de 2026, compare el nivel pagado entonces con el del artículo 1, apartado 2, y pida la devolución de la diferencia a la autoridad aduanera donde hizo el despacho. La devolución está prevista expresamente en el artículo 2 y no depende de ninguna solicitud del proveedor.
- Cuando rehaga el presupuesto de compra, calcule también el impuesto sobre el valor añadido correspondiente al derecho antidumping, aunque lo deduzca. Es dinero bloqueado entre el pago y la deducción, y al 192,2% la cantidad no es pequeña: en un envío de 10.000 euros hablamos de más de 6.000 euros solo de impuesto sobre el valor añadido.
- Si se abastece de una fábrica china que no aparece en el reglamento, compruebe si tiene derecho a pedir el nivel del 173,8% por la vía del artículo 3. Las condiciones son tres y se acreditan con documentos, y la solicitud se dirige a la Comisión, no a la aduana rumana.
Preguntas frecuentes
¿Qué son, en palabras llanas, los ácidos alquilfosfónicos?
¿Quién paga el derecho, el exportador chino o la empresa de Rumanía?
¿Sustituye este derecho al derecho de aduana ordinario?
Importé en febrero de 2026, cuando las importaciones estaban sometidas a registro. ¿Recibiré una liquidación retroactiva?
Pagué el derecho provisional de mayo de 2026. ¿Recupero algo?
¿Cuánto tiempo se aplica el derecho?
¿Puede cambiar el nivel del derecho antes de los cinco años?
¿Se menciona a Rumanía en el reglamento?
Errores e incoherencias en el texto publicado
- Cuadro 1, línea Metanol, páginas 5 y 6. La misma sustancia, con el mismo código de mercancía 2905.11.00 y el mismo valor no distorsionado, 3 300,10 CNY, aparece como materia prima con la unidad de medida tonelada y, más adelante en el mismo cuadro, como subproducto, con la unidad kilogramo. Entre las dos lecturas hay una diferencia de mil veces. El crédito por subproductos se resta del coste de producción, así que entra directamente en el valor normal y, a través de él, en el margen de dumping que se ha convertido en derecho. Del texto no puede determinarse cuál de las dos unidades se usó efectivamente en el cálculo.
- Considerandos 48 y 54. El considerando 48 dice, sobre la sustitución de los datos financieros de UNIPAR CARBOCLORO por los del informe anual, que la revisión tuvo efecto en los márgenes de dumping. El considerando 54 dice, sobre la revisión de los valores de referencia de los gastos de venta y administrativos y del beneficio, descrita en el considerando 50, que comprende esa misma corrección, que no tuvo ningún efecto en los márgenes de dumping, y atribuye el cambio exclusivamente al ajuste de los envases de los considerandos 45 y 46. Un lector de buena fe no puede determinar a partir del acto si el nuevo cálculo de los costes y del beneficio movió o no los márgenes, aunque ese es el único eslabón que une las cifras provisionales con las definitivas.
- Considerando 55. La frase introductoria anuncia los márgenes de dumping definitivos, expresados como porcentaje del precio CIF en la frontera de la Unión, pero la columna del cuadro que sigue se llama «Derecho antidumping definitivo», igual que en los considerandos 74 y 84 y que en el artículo 1, apartado 2. El acto no enuncia así en ninguna parte los márgenes de dumping bajo su propio nombre, y el límite del artículo 9, apartado 4, del Reglamento (UE) 2016/1036, según el cual el derecho no puede superar el margen de dumping, no puede comprobarse a partir del texto salvo que se presuponga que las dos series de cifras son idénticas.
Análisis de la redacción
La frase más cara de este reglamento no es ninguna de las que fijan los porcentajes, sino la declaración de la factura que exige el artículo 1, apartado 3. Puestas una al lado de otra, las cifras muestran cuánto vale una firma. En un envío de 10.000 euros comprado a Shandong Taihe, el nivel individual del 156,7% supone 15.670 euros de derecho. Si la factura no lleva la declaración exigida, se aplica el nivel residual del 192,2%, es decir, 19.220 euros. La diferencia de 3.550 euros arrastra además un impuesto sobre el valor añadido adicional de 745,50 euros, porque el derecho antidumping entra en la base imponible. El coste total de una formalidad no cumplida llega a 4.295,50 euros, casi el 43% del valor de la factura. El reglamento no prevé ningún mecanismo de subsanación de una factura no conforme después del despacho de aduana, a diferencia del régimen habitual de la prueba de origen preferencial, donde una corrección posterior sí es posible.
La segunda observación sale de la aritmética del nivel del 173,8% concedido a las empresas del anexo que cooperaron. La media simple de las tres fábricas de la muestra, 183,8%, 192,2% y 156,7%, es 177,6%. El nivel publicado está casi cuatro puntos por debajo de esa media, lo que no es un error, porque la media se hace ponderada, según los volúmenes exportados. Pero de ahí resulta algo que el acto no dice: el peso de la fábrica menos gravada, Shandong Taihe, tiene que ser mayor de un tercio de la muestra, y si se rehacen los cálculos con los dos extremos posibles de reparto del resto, se sitúa entre el 37% y el 52% del volumen exportado por la muestra. En la práctica, las dos empresas del anexo reciben un nivel cuya base de cálculo no puede comprobar nadie desde fuera, porque los volúmenes son confidenciales y el acto no publica ni siquiera los pesos, ni el orden de magnitud.
La tercera observación atañe al calendario, y es la más visible si se ponen las fechas en fila. La denuncia se presentó el 7 de agosto de 2025, la investigación se abrió 42 días más tarde, el 18 de septiembre de 2025, y el reglamento definitivo se adoptó el 18 de septiembre de 2026, exactamente 365 días después de la apertura. El registro de las importaciones duró, desde el 27 de noviembre de 2025 hasta las medidas provisionales del 12 de mayo de 2026, 166 días, y su resultado fue cero: la condición del aumento sustancial de las importaciones no se cumplió, como dicen los considerandos 95 y 96. Dicho de otro modo, casi seis meses en los que cualquier importador tuvo que asumir la posibilidad de un derecho retroactivo terminaron sin ningún derecho, y el acto que lo constata aparece diez meses después de que empezara el registro. En ninguna parte del reglamento existe una obligación de la Comisión de anunciar antes que la retroactividad no se va a aplicar, aunque los datos en los que se basó la conclusión existían desde el final del periodo de investigación.
En otro expediente la decisión llegó el último día posible: la reconsideración del derecho sobre la fibra de vidrio de Egipto se abrió dos días antes de que expirara y duró 15 meses.
Por último, el reglamento establece un derecho que cambia la estructura de un mercado y no dice en su texto ni cuánto dura, ni desde qué fecha corre esa duración. El artículo 4 habla solo de la entrada en vigor. Los cinco años vienen del artículo 11, apartado 2, del Reglamento (UE) 2016/1036, que sí se cita en el reglamento para otras cosas, pero no para la duración. Para un comprador que firma un contrato a largo plazo, la diferencia entre saber que el 22 de septiembre de 2031 es el horizonte y no saber nada es toda la planificación del abastecimiento. A eso se añade que en la Unión queda un solo productor, con una capacidad que, según el considerando 76, supera en más de 5 kilotoneladas el consumo de la Unión, de entre 11,3 y 15 kilotoneladas. La Comisión rechaza la objeción sobre la dependencia de una sola fuente alegando que el usuario que la planteó representa solo entre el 1% y el 3% de la industria consumidora, lo que responde a la pregunta de quién formuló la objeción, no a la objeción en sí.
Qué debería cambiar
- La unidad de medida del metanol como subproducto debería corregirse mediante una corrección de errores publicada. Una corrección en el Diario Oficial de la Unión Europea, serie L, cerraría en una sola frase una duda de mil veces sobre un elemento que entra en el valor normal y, a través de él, en los cinco porcentajes que se pagan en la aduana.
- El reglamento debería decir en el artículo 4 hasta cuándo se aplica la medida. Una segunda frase del tipo «las medidas se aplicarán durante cinco años a partir de la fecha de entrada en vigor, sin perjuicio de la reconsideración prevista en el artículo 11, apartado 2, del reglamento de base» ahorraría a cualquier importador la búsqueda en otro acto y haría visible la fecha del 22 de septiembre de 2031 desde el primer texto que abre.
- Los niveles provisionales deberían reproducirse junto a los definitivos. El artículo 2 dice que se devuelve lo depositado de más, pero no respecto de qué. Un cuadro comparativo de cinco líneas convertiría una comparación entre dos reglamentos en una lectura de diez segundos y mostraría a cada importador, directamente, si tiene dinero que recuperar.
- La declaración de la factura debería publicarse como modelo, en un anexo, y acompañarse de una vía de subsanación. Mientras una omisión formal cueste hasta el 43% del valor de la factura, un formulario tipo y un plazo para rehacer la factura y presentarla a la autoridad aduanera trasladarían la sanción de la forma al fondo, es decir, al origen real de la mercancía.
- El margen de perjuicio debería publicarse en cifras, no solo por remisión. Cuando el derecho supera deliberadamente el nivel necesario para eliminar el perjuicio, al amparo del artículo 7, apartado 2 bis, el único modo en que un lector puede medir el alcance de esa desviación es ver ambos números. Publicarlos no afecta a la confidencialidad, porque los porcentajes finales se publican de todos modos.
- El cierre de un registro sin consecuencias debería anunciarse por separado y con tiempo. Una nota publicada en el momento en que la Comisión constata que no se cumplen las condiciones del artículo 10, apartado 4, acortaría en varios meses la incertidumbre de los importadores, en lugar de dejar que se resuelva en silencio, en un considerando del reglamento final.
Texto original del acto normativo
El texto que figura a continuación se reproduce en rumano, la forma oficial de publicación.
El texto íntegro, tal como se publicó en el Boletín Oficial de Rumanía
Diario Oficial de la Unión Europea, serie L, 2026/2088 de 21 de septiembre de 2026 16 páginas PDF, 657 KB
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Este artículo tiene carácter informativo y no constituye asesoramiento jurídico. Para situaciones concretas, consulta a un abogado o asesor fiscal autorizado.