La víctima puede detener el proceso de la orden de protección también cuando la solicitud la presentó el fiscal

La víctima de violencia doméstica puede detener el procedimiento de emisión de una orden de protección también cuando la solicitud llegó al juzgado a través del fiscal y no de ella misma. Así lo ha establecido el Alto Tribunal de Casación y Justicia mediante la Decisión n.º 82, de 22 de junio de 2026, publicada el 16 de septiembre de 2026, con la que cierra una práctica partida en dos tras una modificación legal de diciembre de 2025. Es la segunda vez este año que se llama al alto tribunal a aclarar algo del procedimiento de la orden de protección: en julio de 2026 desestimó por inadmisible una pregunta sobre la orden solicitada contra una persona sometida a tutela especial, de modo que aquel problema se quedó sin resolver. Esta vez hay respuesta.

El punto de partida es una derogación. Hasta el 19 de diciembre de 2025, el art. 43 de la Ley n.º 217/2003 para la prevención y la lucha contra la violencia doméstica decía, por dos veces, que la víctima puede desistir del procedimiento relativo a la orden de protección cuando la solicitud ha sido presentada en su nombre por el fiscal, por el representante de la autoridad local con competencias en la materia o por un proveedor acreditado de servicios sociales. La Ley n.º 232/2025, publicada en el Boletín Oficial de Rumanía n.º 1.164 de 16 de diciembre de 2025, borró ese texto mediante el art. I punto 2, sin poner nada en su lugar.

El resto de esa misma ley va en la dirección contraria al desistimiento. También por la Ley n.º 232/2025, la orden de protección provisional dictada por el policía ya no caduca automáticamente al cabo de 5 días como máximo, sino que se prorroga de pleno derecho hasta que la solicitud se resuelva en primera instancia; las penas para los agresores que incumplen la orden de forma reiterada aumentan en la mitad; y en el Código Penal se ha añadido una regla nueva, según la cual la retirada de la denuncia ya no produce efectos en los delitos de lesiones y de lesiones imprudentes cometidos contra un miembro de la familia. Dentro de un paquete que aprieta la tuerca por todas partes, la supresión del art. 43 fue leída por muchos órganos judiciales como una prohibición.

Dos tribunales pidieron aclaraciones. El Tribunal de Iași planteó la pregunta el 5 de febrero de 2026, en un asunto en el que el Juzgado de Primera Instancia de Iași había rechazado el desistimiento de la víctima y había desestimado la solicitud sobre el fondo, aunque la mujer había declarado en la vista que desistía y el demandado había mostrado su acuerdo. El Tribunal de Sibiu planteó la segunda pregunta en un asunto en el que el juzgado había hecho exactamente lo contrario: había admitido el desistimiento de la víctima, que se había reconciliado con el demandado, y la fiscalía había impugnado esa solución. Las dos cuestiones se acumularon y la sala de 13 magistrados las resolvió con una sola respuesta.

El razonamiento es breve y arranca del Código de Procedimiento Civil. El art. 92 apdo. (1) permite al fiscal ejercitar cualquier acción civil en los casos expresamente previstos por la ley, y la solicitud de orden de protección presentada en nombre de la víctima es uno de esos casos. El art. 93 añade que el titular del derecho se incorpora al proceso y puede valerse, entre otras cosas, del art. 406, es decir, precisamente del desistimiento. El art. 2 apdo. (2) hace que el código se aplique en cualquier materia, a falta de disposición en contrario. La conclusión del Alto Tribunal: el antiguo art. 43 no era una excepción, sino la repetición de la regla general, y borrar una repetición no crea una prohibición. Para que el derecho desapareciera, el legislador tendría que haberlo escrito negro sobre blanco, como hizo, en esa misma ley, con la retirada de la denuncia penal.

Los efectos que produce

Desde el 16 de septiembre de 2026, cualquier juzgado del país está obligado a aplicar esta interpretación. Cuando la víctima declara, en persona en la vista o mediante escrito, que desiste del procedimiento relativo a la orden de protección, el órgano judicial ya no puede responder que la derogación del art. 43 le ha quitado ese derecho. Para el Tribunal de Iași y el Tribunal de Sibiu, los dos órganos que preguntaron, la obligación empezó antes, el mismo día en que se dictó la decisión, el 22 de junio de 2026.

La respuesta cubre dos situaciones, las dos con el fiscal por delante. La primera: la solicitud presentada por el fiscal en nombre de la víctima, conforme al art. 40 apdo. (3) letra a) de la Ley n.º 217/2003. La segunda: la solicitud remitida al juzgado por el fiscal después de haber confirmado una orden de protección provisional dictada por la policía, conforme al art. 34 apdo. (6). El Alto Tribunal señala que la segunda es, en realidad, una variante de la primera.

Las solicitudes presentadas por las demás personas enumeradas en la ley quedan fuera de la respuesta obligatoria. El art. 40 apdo. (3) permite también pedir la orden, en nombre de la víctima, al representante de la autoridad local con competencias en la protección de las víctimas de violencia doméstica, en la letra b), y al representante de un proveedor acreditado de servicios sociales, en la letra c), este último solo con el consentimiento de la víctima. El antiguo art. 43 las abarcaba a las tres. El fallo de ahora habla únicamente del fiscal, porque solo sobre el fiscal preguntaron los dos tribunales.

El desistimiento sigue sujeto a los requisitos habituales del art. 406 del Código de Procedimiento Civil. Se formula en persona o por mandatario con poder especial. Si llega en la primera vista a la que las partes están legalmente citadas o después de ella, necesita el acuerdo expreso o tácito de la otra parte, y el órgano judicial concede al demandado ausente un plazo para que se pronuncie; si calla, se entiende que ha prestado su acuerdo. La resolución que admite el desistimiento es recurrible, y del recurso conoce el órgano judicial jerárquicamente superior.

El órgano judicial conserva una facultad de control. El Alto Tribunal dice expresamente que nada impide al juez apreciar, caso por caso, si la solicitud de desistimiento está fundada o no, cuando la voluntad de la víctima parece viciada por presiones o amenazas ejercidas sobre ella o sobre su familia, y muy especialmente cuando hay menores para los que deberían adoptarse medidas de protección. Esa misma posibilidad existía mientras el art. 43 estaba en vigor, así que en este punto no ha cambiado nada.

El desistimiento tiene, sin embargo, un coste inmediato que la decisión no menciona, pero que se deduce de la combinación de dos textos. La orden de protección provisional dictada por el policía y confirmada por el fiscal ya no cesa al cabo de 5 días, sino que dura, por efecto de la Ley n.º 232/2025, hasta que la solicitud se resuelva en primera instancia. Cuando el proceso se cierra por desistimiento, se cierra también ese periodo: la protección provisional se extingue junto con el asunto y no la sustituye ninguna orden de protección dictada por el juez.

Una cosa no cambia: los asuntos ya terminados se quedan como están. Las 55 resoluciones firmes dictadas conforme a la interpretación que el Alto Tribunal ha rechazado no se vuelven a juzgar, porque una resolución previa no figura como motivo de revisión en la lista del art. 509 del Código de Procedimiento Civil. La interpretación se refiere a los procesos de aquí en adelante.

Qué ha cambiado respecto de la situación anterior

Hasta el 19 de diciembre de 2025 no había discusión. El art. 43 de la Ley n.º 217/2003 decía con claridad que, en los casos del art. 40 apdo. (3) y del art. 34 apdo. (6), la víctima puede desistir del procedimiento relativo a la orden de protección, conforme al art. 406 del Código de Procedimiento Civil. El juez leía el texto y lo admitía.

Entre el 19 de diciembre de 2025 y el 15 de septiembre de 2026 fue una lotería. Los tribunales de apelación remitieron al Alto Tribunal, hasta el 1 de abril de 2026, más de 180 resoluciones dictadas en los tres primeros meses del año sobre exactamente este problema, procedentes de todas las demarcaciones. Más de 60 de ellas, 55 de las cuales firmes, decían que la derogación había suprimido definitivamente el derecho a desistir. Más de 120, 105 de ellas firmes, decían lo contrario. A un ritmo de unas dos resoluciones al día, en una materia en la que el asunto se resuelve en 72 horas como máximo, dos víctimas en la misma situación, en el mismo mes, recibieron respuestas opuestas.

Los dos asuntos que dieron lugar a las preguntas muestran la fractura en miniatura. En Iași, la solicitud se registró el 29 de diciembre de 2025 y la sentencia llegó el 31 de diciembre de 2025: la víctima pidió desistir, el demandado estuvo de acuerdo, el órgano judicial se negó y desestimó la solicitud sobre el fondo. En Sibiu, la acción entró el 20 de febrero de 2026, la víctima comunicó el 23 de febrero de 2026 que se había reconciliado y quería desistir, y el juzgado archivó el asunto ese mismo día. Tres días en un caso, dos en el otro, soluciones inversas.

Desde el 16 de septiembre de 2026 se vuelve, como resultado práctico, a lo que decía el art. 43, pero el fundamento es otro. Ya no es una norma especial de la ley de violencia doméstica, sino la regla general del Código de Procedimiento Civil. La diferencia cuenta: si el Parlamento quiere cerrar de nuevo esta puerta, ya no le basta con borrar un texto, tiene que escribir una prohibición expresa. El Alto Tribunal se lo pide de forma explícita, al decir que corresponde al legislador la obligación de intervenir de manera adecuada.

También ha cambiado la posición de las instituciones consultadas. La Fiscalía adscrita al Alto Tribunal de Casación y Justicia sostuvo por escrito que la derogación suprime definitivamente el derecho a desistir. El Instituto Nacional de la Magistratura y la Facultad de Derecho de la Universidad Babeș-Bolyai sostuvieron lo contrario, y en la Facultad de Derecho de la Universidad del Oeste de Timișoara hubo opiniones en ambos sentidos. Ha ganado la interpretación contra la que se pronunció el Ministerio Fiscal.

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