Los mismos puntos, pensiones distintas según el año de jubilación: el Tribunal Constitucional dice que no es discriminación

El Tribunal Constitucional ha desestimado la solicitud de un jubilado que sostenía estar perjudicado por el simple motivo de haberse jubilado en un año en el que el índice de corrección era menor que el de más tarde. Mediante la Decisión n.º 733, de 9 de diciembre de 2025, publicada en el Boletín Oficial de Rumanía n.º 770 de 10 de septiembre de 2026, el Tribunal constató que el art. 170 apdos. (2) a (4) de la Ley n.º 263/2010 es constitucional en relación con las críticas formuladas. El mismo día, en el Boletín Oficial de Rumanía n.º 768, apareció también la Decisión n.º 728/2025, dictada en la misma vista, sobre el apartado (3) de ese mismo artículo. La diferencia entre ambas está en la pregunta, no en el texto: allí se discutía a cuál de las dos pensiones de una misma persona se ata el índice, aquí se discute si el índice tiene derecho a diferir de un año a otro entre personas distintas y si debe actualizarse para quienes ya están en pago. Ambas terminaron con la desestimación de la cuestión.

El índice de corrección es el número por el que se multiplica la puntuación media anual cuando a una persona se le reconoce la pensión por primera vez. Se concibió como reparación de un solo acontecimiento, el endurecimiento de las condiciones de jubilación desde el 1 de enero de 2011, y por eso se concede una sola vez. Lo que no se ve en el texto de la ley es que su valor nunca fue el mismo, y sobre esa diferencia giró el asunto de ahora.

El autor de la cuestión, Aurel Barz, se jubiló en 2012, con un índice de 1,17. Solicitó el recálculo de la pensión ante el Tribunal de Arad, señalando que, para exactamente la misma puntuación media anual, una jubilación en 2021 le habría dado el índice 1,41. La relación entre los dos valores es de 1,2051, es decir, una puntuación un 20,5 % mayor. Calculado con el valor del punto de pensión que el propio autor usa en su ejemplo, 1.442 lei, una puntuación de un punto da 1.687 lei con su índice y 2.033 lei con el índice de 2021. La diferencia es de 346 lei cada mes, para el resto de su vida. El Tribunal de Arad planteó la cuestión ante el Tribunal Constitucional mediante el Auto de 11 de mayo de 2021, en el asunto n.º 938/108/2021.

Su crítica tenía tres niveles, uno por cada apartado impugnado. El apartado (2) dice que, desde 2013, la ganancia salarial media bruta de la fórmula es la definitiva, comunicada por el Instituto Nacional de Estadística para el año anterior, y el autor sostenía que ahí nace precisamente «una discriminación de un año a otro». El apartado (3) dice que el índice se aplica una sola vez, en el alta inicial en la jubilación, y el autor pedía que fuera o constante en el tiempo, o actualizado para todos los jubilados en pago. El apartado (3¹), añadido por la Ley n.º 160/2017, prevé que, si el índice recién calculado es menor que el anterior, se conserva el anterior; el autor lo leía como prueba de que el propio legislador había reconocido el riesgo de discriminación, pero lo había resuelto solo en favor de los jubilados nuevos. El apartado (4), que dice que la puntuación resultante tras aplicar el índice es la puntuación usada para el cálculo de la pensión, consagraría, en su opinión, el resultado.

El Tribunal respondió por dos líneas, ambas tomadas de su propia jurisprudencia. La primera: el índice de corrección es por excelencia una medida de carácter social, y en las medidas sociales el Estado tiene un margen amplio de apreciación, más amplio que en otros ámbitos del control de constitucionalidad. Lo dijo en la Decisión n.º 291, de 28 de mayo de 2024, apartado 13, y en la Decisión n.º 670, de 19 de octubre de 2021, apartado 33. Añadió un argumento de competencia: si censurara el importe concreto del índice, el Tribunal invadiría el papel del Parlamento, previsto en el art. 61 apdo. (1) de la Constitución. El segundo argumento, tomado de la Decisión n.º 546, de 29 de octubre de 2024, apartado 17: el índice es único precisamente porque el acontecimiento que lo generó fue único, a diferencia de la indexación, que se repite porque la inflación se repite. Por consiguiente, el apartado (3¹) no es, como sostenía el autor, la reparación a medias de una discriminación, sino solo una correlación entre los apartados (1) y (2), hecha para facilitar el trabajo de cálculo de la administración.

Los efectos que produce

La decisión es definitiva y de obligado cumplimiento general desde la fecha de publicación, el 10 de septiembre de 2026, conforme al art. 147 apdo. (4) de la Constitución. Desde ese día, el motivo de inconstitucionalidad ya no puede invocarse con éxito en ningún asunto, y un órgano judicial ya no puede elevar al Tribunal la misma pregunta.

Pierden, concretamente, dos categorías de solicitudes. La primera: quien sostiene que el índice debería ser el mismo para todos los jubilados con la Ley n.º 263/2010, sin importar el año. La segunda: quien pide que el índice fijado en la primera pensión se actualice después al valor de un año mejor. Ambas quedan desestimadas sobre el fondo, no por motivos procesales, de modo que no pueden reformularse.

Queda intacto lo ya ganado por otro fundamento. Las dos decisiones estimatorias anteriores sobre el mismo artículo, la Decisión n.º 702, de 31 de octubre de 2019, y la Decisión n.º 670, de 19 de octubre de 2021, se refieren a las personas que habían tomado su primera pensión con la ley antigua, la Ley n.º 19/2000, y sus efectos siguen aplicándose. También por otro fundamento sigue abierto el litigio de hecho: si a una persona se le aplicó el índice de un año distinto de aquel en el que se le reconoció la primera pensión con la Ley n.º 263/2010, ese es un caso de aplicación incorrecta de la ley, no de inconstitucionalidad, y se sigue juzgando. La regla con la que se fija la fecha fue confirmada por el Tribunal Constitucional también en febrero de 2026, mediante la Decisión n.º 124/2026.

El grupo de personas al que afecta la decisión es cerrado y ya no crece. El índice de corrección existió solo para las pensiones reconocidas con la Ley n.º 263/2010, es decir, entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de agosto de 2024. La Ley n.º 263/2010 fue derogada por el art. 168 apdo. (1) letra a) de la Ley n.º 360/2023, que entró en vigor el 1 de septiembre de 2024 conforme a su art. 167, y la nueva ley ya no tiene índice de corrección. El Tribunal pudo, aun así, juzgar un texto derogado, invocando la Decisión n.º 766, de 15 de junio de 2011, porque el texto sigue produciendo efectos en los pleitos iniciados antes.

Un texto derogado hace mucho decide también pensiones de hoy: el art. 30, apartado (3), de la Ley marco n.º 330/2009 dejó de estar en vigor hace 5.745 días, pero la reclasificación hecha con él sigue siendo la base del recálculo.

El efecto menos visible es que, para quien tiene un pleito en tramitación, la ganancia se disuelve por sí sola. El art. 144 apdo. (1) de la Ley n.º 360/2023 recalcula todas las pensiones antiguas multiplicando el número total de puntos por el valor del punto de referencia, o sea, sin ningún rastro del índice de corrección. El apartado (6) de ese mismo artículo prevé que, si el recálculo da un importe menor, se sigue pagando el importe anterior, pero solo hasta la fecha en la que el recalculado lo supere, como consecuencia del aumento del valor del punto de referencia. Una puntuación incrementada ante los tribunales para el pasado sube el importe conservado y retrasa el encuentro, pero no lo impide. Después de él, el índice de corrección ya no influye en nada.

Qué ha cambiado respecto de la situación anterior

En la letra de la ley no cambia nada, y la ley en discusión ni siquiera está vigente. El Tribunal no anuló ninguna palabra y no añadió ninguna interpretación obligatoria, como había hecho en 2019 y en 2021. Lo que cambia es el estatuto de la pregunta: hasta el 10 de septiembre de 2026 existía una respuesta para el caso particular de quien tiene dos pensiones sucesivas, pero no una respuesta pública y motivada para la pregunta general, si el índice tiene derecho a ser distinto cada año y si debe actualizarse. Desde esa fecha existe.

Cambia también la magnitud de lo que se ha desestimado. La Decisión n.º 728/2025 cerraba una puerta estrecha, el caso de la persona que pasa de la jubilación anticipada parcial a la pensión de jubilación por edad. La decisión de aquí cierra una puerta ancha: la tesis sostenida por el autor, de haberse acogido, habría exigido el recálculo de todas las pensiones reconocidas entre 2011 y 2024 al índice máximo alcanzado, 1,41, porque eso es exactamente lo que significa «actualizado para todos los jubilados en pago». Es una consecuencia que la decisión no cuantifica en ninguna parte, aunque explica por qué el Tribunal habla del margen de apreciación del Estado y del papel del Parlamento.

Por último, ha cambiado el propio mecanismo que producía la diferencia. La Ley n.º 360/2023 renunció al índice de corrección y a los periodos completos de cotización distintos por generaciones, es decir, a las dos causas por las que dos personas con los mismos puntos llegaban a pensiones distintas. La regla de recálculo del periodo aplicada a las pensiones antiguas fue, a su vez, confirmada por el Tribunal en la Decisión n.º 126/2026. La diferencia no desapareció, sin embargo, con el instrumento: sobrevive en los importes conservados en pago después del recálculo de 2024, hasta que el valor del punto de referencia los alcance.

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