La dación en pago se mantiene sin cambios: el Tribunal Constitucional vuelve a rechazar el recurso de los bancos

El Tribunal Constitucional ha rechazado, casi en su totalidad, el recurso de nueve bancos e instituciones de recuperación de deudas contra el mecanismo que permite a un deudor ceder su vivienda al acreedor para liberarse definitivamente de una deuda hipotecaria. La Decisión n.º 807/2025, publicada en el Boletín Oficial de Rumanía casi ocho meses después de haber sido pronunciada, confirma que las disposiciones de la Ley n.º 77/2016 sobre la dación en pago, tal como fueron completadas por la Ley n.º 52/2020, siguen siendo constitucionales, incluidos los umbrales que permiten a un deudor activar el procedimiento sin que el tribunal deba verificar, caso por caso, si su situación es realmente de imprevisión. El caso está directamente relacionado con otro tema ya tratado en este sitio, el de los plazos de los que disponen los deudores cuando sus bienes son objeto de ejecución forzosa, ya que ambos afectan al equilibrio entre la protección del deudor y el derecho del acreedor a recuperar su dinero.

La Ley n.º 77/2016 introdujo, desde su adopción, un mecanismo que permite a un deudor en dificultades transmitir al banco la propiedad de la vivienda hipotecada y, a cambio, quedar liberado de todas las obligaciones restantes del contrato de crédito. La Ley n.º 52/2020 completó este mecanismo con dos supuestos en los que la «imprevisión» (un cambio imprevisto y grave de las condiciones del contrato) se presume automáticamente, sin que el deudor tenga que probarla ante el tribunal: cuando el tipo de cambio ha subido más de un 52,6 % respecto al momento de la firma del crédito, o cuando la cuota mensual ha aumentado más de un 50 % debido a la subida del interés variable, debiendo persistir ambas situaciones durante al menos 6 meses antes de la notificación de dación en pago.

Nueve bancos y sociedades de recuperación de deudas, entre ellos Credit Europe Bank, Eurobank, Exim Banca Românească, Banca Transilvania y Alpha Bank România, impugnaron estos umbrales en decenas de expedientes pendientes ante juzgados de todo el país, posteriormente acumulados ante el Tribunal Constitucional en un único expediente. Sus argumentos se dirigían tanto contra el procedimiento de adopción de la Ley n.º 52/2020 (falta de un estudio de impacto riguroso, ausencia del dictamen del Banco Nacional de Rumanía) como contra su contenido: la supuesta falta de claridad de los umbrales, su carácter retroactivo, la vulneración del derecho de propiedad del acreedor y la eliminación del papel del juez a la hora de verificar, en cada caso, si la imprevisión existe realmente.

El Tribunal resolvió el caso en dos direcciones. Respecto a un único aspecto (la posibilidad de anular, mediante la dación en pago, incluso deudas ya fijadas por sentencias judiciales firmes), el recurso fue rechazado por inadmisible, simplemente porque esa cuestión ya había sido declarada inconstitucional mediante una decisión anterior, de 2021, y retomar el mismo argumento carecía ya de objeto. Respecto a las demás objeciones, el Tribunal rechazó el recurso por infundado, señalando que ya había analizado los mismos argumentos en otras tres decisiones recientes y que no había ningún motivo para apartarse de esa jurisprudencia.

Los efectos que produce

Para los deudores que contrataron créditos en divisas (sobre todo en francos suizos, en el periodo anterior a la crisis financiera) o con interés variable, y que ahora se enfrentan a un aumento repentino de los costes, el mecanismo de la dación en pago sigue plenamente vigente. Si un deudor puede demostrar que, en algún momento dentro de los 6 meses anteriores a la notificación, el tipo de cambio superó en un 52,6 % el vigente al firmar el crédito, o que la cuota mensual aumentó más de un 50 % debido al interés variable, la entidad de crédito ya no puede discutir ante el tribunal la existencia de la imprevisión, y solo puede impugnar las demás condiciones de admisibilidad del procedimiento.

Para los bancos, la decisión cierra definitivamente una línea de defensa que venían construyendo desde 2021, con decenas de expedientes acumulados. A partir de ahora, cualquier impugnación similar planteada en otros procesos pendientes será rechazada directamente por los tribunales mediante remisión a esta decisión, sin un nuevo examen de fondo. Es la tercera decisión del Tribunal sobre este tema en los últimos años (tras las decisiones n.º 749/2023 y n.º 539/2024), señal de que el tribunal constitucional considera la cuestión definitivamente zanjada. Otra decisión reciente del TC sigue siendo relevante también, y muestra que el tribunal constitucional confirma, en general, la estabilidad de reglas procesales importantes para los ciudadanos, en lugar de modificarlas por vía jurisprudencial. El mismo número del Boletín Oficial de Rumanía contiene además una decisión del TC con impacto económico directo: el rechazo de la objeción del Presidente sobre las excepciones a la evaluación ambiental para las antiguas centrales hidroeléctricas situadas en áreas naturales protegidas.

Qué ha cambiado respecto de la situación anterior

• Nada en el texto: el art. 4, apdos. (1¹)-(1³), (3) y (4), el art. 5, apdos. (3) y (3¹), el art. 7, apdos. (4) y (5¹), y el art. 8, apdo. (5) primera frase, de la Ley n.º 77/2016, así como la Ley n.º 52/2020 en su conjunto, permanecen sin cambios.
• Se cierra una vía de recurso: los argumentos sobre la falta del dictamen del BNR, la supuesta falta de claridad de los umbrales del 52,6 % y el 50 %, o el carácter retroactivo de la ley, ya no pueden invocarse como excepción de inconstitucionalidad en otros expedientes.
• Se confirma, una vez más, lo que ya estaba resuelto: el art. 8, apdo. (5), frases segunda y tercera, de la Ley n.º 77/2016 siguen siendo inconstitucionales, tal como se estableció ya en 2021: no se puede anular, mediante la dación en pago, una deuda ya fijada por una sentencia judicial firme o por una ejecución forzosa concluida.

Ventajas y desventajas

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