Las reglas del complemento salarial de los policías están en una orden secreta, y el Tribunal Constitucional dice que no puede juzgarlas

Un policía puede cobrar un complemento salarial con arreglo a unos criterios que no tiene permitido leer, y el Tribunal Constitucional ha decidido que no puede hacer nada al respecto. La Decisión n.º 183 de 26 de febrero de 2026, publicada en el Boletín Oficial de Rumanía n.º 727 de 31 de agosto de 2026, desestima por infundada la cuestión planteada por el Sindicato de los Policías Europeos «Europol» de Iași y por un tercer recurrente, y declara que el art. 28 apdo. (2) y (4) del anexo n.º VI de la Ley marco n.º 153/2017 son constitucionales. Es la segunda vez este verano que el Tribunal confirma un mecanismo retributivo del sector público impugnado, después de la decisión por la que el límite de los complementos en el nivel de diciembre de 2018 se mantuvo en pie. El Tribunal siguió el mismo razonamiento en la Decisión n.º 180/2026, donde declara que los complementos quedan fuera de «a igual trabajo, igual salario».

El anexo n.º VI regula la retribución de tres categorías de personal público: los militares, los policías y los funcionarios públicos con estatuto especial de las instituciones de defensa, orden público y seguridad nacional. Entre los beneficios que allí se prevén está el título de especialista de clase o de ámbito funcional, jerarquizado en tres niveles, de la clase 3.ª a la clase 1.ª, que lleva aparejado un complemento salarial.

Los dos apartados impugnados dicen quién fija las condiciones: el título «se obține/menține potrivit condițiilor, criteriilor și standardelor de performanță stabilite pentru clasa respectivă, prin ordin al ordonatorului principal de credite» (se obtiene y se mantiene con arreglo a las condiciones, los criterios y los estándares de rendimiento fijados para cada clase, mediante orden del ordenador principal de créditos), y las especialidades, las condiciones de concesión y de retirada, la bajada de una clase a otra y los estándares de rendimiento «se stabilesc prin ordin al ordonatorului principal de credite» (se fijan mediante orden del ordenador principal de créditos). En el caso del Ministerio del Interior, esa orden, la n.º S/184 de 30 de diciembre de 2020, fue clasificada como secreta.

El mismo tribunal resolvió el 3 de septiembre de 2026, también sobre el empleo en el sector público, que un asalariado que se jubila anticipadamente por trabajo penoso pierde automáticamente su contrato de trabajo.

Los efectos que produce

El primer efecto es que en el texto de la ley no cambia nada. El art. 28 apdo. (2) y (4) del anexo n.º VI siguen en vigor exactamente como están, y el ministro conserva la competencia de fijar por orden las especialidades, los criterios, los estándares de rendimiento y las condiciones de retirada o de bajada de clase.

El segundo efecto es que la decisión traza una línea entre dos beneficios retributivos que parecían iguales. La compensación por riesgo o peligro especial, del art. 14 del mismo anexo, se quedó en 2022 sin el texto que fijaba sus condiciones: mediante la Decisión n.º 294, el Tribunal declaró inconstitucional el art. 14 apdo. (5), justamente porque la ley otorgaba la compensación como derecho y después dejaba las unidades, las categorías de personal, los criterios y su cuantía a la orden del ministro. La compensación en sí siguió en vigor. El título de especialista no corre la misma suerte, y la diferencia está, dice el Tribunal, en una sola palabra: la ley dice que el personal «beneficiază» (se beneficia) de la compensación, pero que se le «poate acorda» (puede conceder) el título de especialista.

El tercer efecto se refiere al camino que queda para quien se considere perjudicado. El Tribunal dice expresamente que la forma en que el ordenador principal de créditos interpreta y aplica los textos es un problema de aplicación de la ley, no de constitucionalidad, y que quien no esté conforme puede acudir a los tribunales, cuyas resoluciones son obligatorias incluso para el propio Tribunal Constitucional.

El cuarto efecto es un razonamiento que va más allá de este asunto. En el párrafo 38, el Tribunal afirma que en un Estado de Derecho es inconcebible que las normas jurídicas no puedan ser conocidas por sus destinatarios antes de producir efectos, y que también los actos normativos de rango inferior a la ley, si tienen fuerza obligatoria para los destinatarios, deben publicarse, conforme al art. 11 apdo. (1) de la Ley n.º 24/2000. Pero el Tribunal no extrae la conclusión en el caso concreto porque, dice, determinar los hechos no entra en sus atribuciones.

Qué ha cambiado respecto de la situación anterior

En 2022, mediante la Decisión n.º 294, el Tribunal había anulado el art. 14 apdo. (5) del mismo anexo n.º VI, el texto que decía que «unitățile, categoriile de personal, condițiile, criteriile și mărimea compensației se stabilesc prin ordin al ordonatorului principal de credite» (las unidades, las categorías de personal, las condiciones, los criterios y la cuantía de la compensación se fijan mediante orden del ordenador principal de créditos). El motivo: las categorías de personal afectadas no podían anticipar qué criterios establecería el ordenador de créditos, lo que contraviene los estándares constitucionales de calidad de la ley.

Los autores de la cuestión de 2026 pidieron que se aplicara el mismo razonamiento por analogía. El Tribunal se negó, y la explicación es el mecanismo central de la decisión. La compensación por riesgo está formulada en indicativo, «beneficiază» (se beneficia), de modo que el propio legislador la configuró como derecho; en ese caso, dejar a la administración la facultad de definir su contenido significa darle poder discrecional sobre un derecho indiscutible, y la intervención del Tribunal era legítima. El título de especialista está formulado, en los términos que emplea el Tribunal, en condicional-optativo, «li se poate acorda» (se les puede conceder), de modo que el legislador no creó un derecho, sino que implicó directamente a la administración en su configuración. Censurar esa opción supondría, escribe el Tribunal, desbaratar el poder del Parlamento como única autoridad legisladora.

Se aclaran también los límites del derecho a la información. El Tribunal distingue entre la información de interés público, garantizada por el art. 31 de la Constitución, que define como hecho social o natural, por ejemplo la cuantía del sueldo de un funcionario, y la norma jurídica, una disposición referida al futuro que no es información fáctica. La forma en que se calcula el sueldo de un funcionario público está prevista en una ley, así que no entra en el art. 31. La publicidad de los actos normativos sigue siendo una exigencia distinta, propia del Estado de Derecho, no del derecho a la información.

El Tribunal rechaza asimismo la crítica relativa a la ley orgánica: el sistema retributivo, sea cual sea la categoría profesional, no figura entre las materias que el art. 73 apdo. (3) de la Constitución reserva a la ley orgánica.

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