En resumen

  • Los bloques de viviendas dañados por explosiones, incendios u otros accidentes técnicos pueden incluirse ya en el Programa Nacional de Consolidación de Edificios con Riesgo Sísmico Elevado, sin pasar por los criterios de selección habituales.
  • Para estos edificios, el presupuesto del Estado cubre también la demolición de la construcción dañada, el levantamiento de un edificio nuevo, el proyecto íntegro y la asistencia técnica, y el presupuesto general puede incluir el traslado y el alquiler de los vecinos evacuados, además del almacenamiento de sus pertenencias.
  • Todas las solicitudes se presentan exclusivamente en línea, con firma electrónica, y los propietarios disponen de 30 días tras la entrega para inscribir la vivienda en el registro de la propiedad. Cada edificio consolidado lleva una placa permanente, colocada como máximo dos meses después de la recepción de las obras.
Acto: Orden MDLPA n.º 710/2026
Publicado: Boletín Oficial n.º 562, de 8 de julio de 2026
En vigor desde: 8 de julio de 2026

Un bloque que sigue en pie tras una explosión de gas ya no tiene que esperar a un peritaje de riesgo sísmico para que el Estado pague su puesta en seguridad. El Ministerio rumano de Desarrollo, Obras Públicas y Administración ha modificado las normas de aplicación de la Ley n.º 212/2022 y ha abierto el Programa Nacional de Consolidación de Edificios con Riesgo Sísmico Elevado a una nueva categoría de inmuebles: los edificios residenciales de varias plantas dañados por acciones accidentales o accidentes técnicos, es decir, explosiones, incendios y sucesos similares. La Orden n.º 710/2026, firmada el 24 de junio de 2026 y publicada en el Boletín Oficial el 8 de julio de 2026, es la segunda intervención importante de este verano con la que el Estado reordena sus instrumentos de financiación para el parque de viviendas antiguo, después del programa «Un ascensor para la vida», que financia ascensores y rampas en bloques sin accesibilidad.

La diferencia de fondo es que, hasta ahora, para entrar en el programa de consolidación el edificio debía cumplir los criterios del artículo 5 de las normas: clasificación en una clase de riesgo sísmico, antigüedad y ausencia de intervenciones recientes. Un bloque parcialmente destruido por una explosión podía estar en un estado estructural grave sin tener ningún peritaje sísmico sobre el papel y, por tanto, sin posibilidad alguna de calificar. El nuevo artículo 51 de las normas resuelve exactamente esa situación: la inclusión en el subprograma de vivienda se hace «sin aplicar los criterios previstos en el artículo 5, apartado (1)».

Los efectos que produce

El primer efecto práctico es que el ayuntamiento o la autoridad que administra un bloque dañado puede presentar de inmediato la solicitud de inclusión, con un expediente más corto que en el procedimiento ordinario. La orden enumera de forma limitativa lo que debe subirse a la plataforma digital investitii.mdlpa.ro: la solicitud de inclusión para cada objetivo de inversión, el informe de un perito técnico acreditado para el requisito de resistencia mecánica y estabilidad, el acta levantada por la Inspección General para Situaciones de Emergencia tras su intervención en el accidente, con la causa probable del suceso, y, si se pide financiación integrada que incluya la eficiencia energética, el informe de auditoría energética con el certificado de eficiencia energética.

El segundo efecto tiene que ver con el dinero. Para los edificios dañados por accidentes, la lista de gastos elegibles con cargo al presupuesto del Estado se amplía notablemente respecto de la regla general del programa: incluye la demolición de la construcción existente y la realización de una nueva, los estudios, la documentación para obtener informes y autorizaciones, el proyecto íntegro, la asistencia técnica íntegra, así como el margen presupuestario y la reserva de implementación para el ajuste de precios. Estas dos últimas partidas se consignan en el presupuesto general como elegibles, pero solo llegan al contrato de financiación mediante una adenda, sobre la base de una memoria técnica detallada y un presupuesto general actualizado, aprobado por acuerdo del pleno municipal.

El tercer efecto afecta directamente a las personas expulsadas de sus casas. La orden introduce en el presupuesto general, en el subcapítulo «Obtención del terreno», los gastos de traslado de las personas evacuadas a las viviendas de emergencia y desde ellas, el pago del alquiler durante la ejecución de las obras y el almacenamiento de sus bienes. Estos costes ya estaban previstos en el artículo 10, apartado (3), de la ley, pero no tenían un lugar claro en la documentación financiera del proyecto, lo que los hacía difíciles de liquidar en la práctica.

Por último, los edificios nuevos levantados en lugar de los demolidos deben proyectarse como edificios de consumo de energía casi nulo. La documentación de autorización incorpora una pieza nueva y obligatoria: el estudio sobre fuentes de energía renovables y el informe de conformidad NZEB, elaborados conforme a la metodología de cálculo del rendimiento energético de los edificios Mc 001-2022.

Qué ha cambiado respecto de la situación anterior

  • Una nueva puerta de entrada al programa: los bloques dañados por explosiones o incendios entran sin los criterios de elegibilidad habituales, que exigían una clasificación previa en una clase de riesgo sísmico.
  • La demolición y la reconstrucción pasan a ser elegibles: antes el programa financiaba sobre todo intervenciones en el edificio existente; ahora, si el peritaje recomienda la demolición, el Estado puede pagar también un edificio nuevo en el mismo solar.
  • El alquiler de los vecinos ya tiene dónde figurar: el traslado, el alquiler durante las obras y el almacenamiento de bienes se consignan expresamente en el presupuesto general, en el subcapítulo 1.1.
  • El expediente se presenta al 100 % en formato electrónico: las solicitudes se suben a la plataforma digital, firmadas electrónicamente conforme a la Ley n.º 214/2024, y los documentos emitidos por terceros se suben en pdf, certificados como copia fiel del original.
  • La inscripción registral ya no se puede sortear: el convenio con los propietarios debe recoger a todos los titulares inscritos, el uso de cada espacio y las cuotas indivisas, acompañado de notas registrales con el derecho de crédito del Estado y la prohibición de disponer. Para los pisos no inscritos destruidos por el accidente se trabaja con los registros de la comunidad de propietarios, pero tras la entrega la inscripción es obligatoria en 30 días, y los beneficiarios ya no pueden alegar imposibilidad de deslinde.
  • Los monumentos históricos tienen una excepción clara: los edificios catalogados, los situados en zonas de protección de monumentos y los de zonas construidas protegidas quedan exentos de la obligación de alcanzar al menos la clase de riesgo sísmico RsIV tras las obras, si el informe del Ministerio de Cultura no lo permite.
  • Placa permanente en la fachada: en un plazo máximo de dos meses desde la recepción, el beneficiario coloca una placa permanente junto a la entrada principal, a unos 1,80 metros sobre la acera, que permanece al menos tres años o de forma permanente.
  • Nuevas reglas de elegibilidad temporal: los criterios generales de asignación exigen que en los últimos 10 años no se hayan realizado obras de rehabilitación, modernización, rehabilitación térmica o renovación importante, y que en los últimos 20 años no se hayan hecho consolidaciones, reparaciones estructurales ni rehabilitación sísmica.
  • Desaparecen dos disposiciones: se derogan el apartado (2) del artículo 9 y el artículo 91 de las normas.

Ventajas y desventajas

Lo que mejora

  • Resuelve un bloqueo real: tras una explosión, un bloque podía ser inhabitable y, al mismo tiempo, no elegible para el único programa nacional que financia la puesta en seguridad de las viviendas.
  • Cubre los costes ocultos de una consolidación, alquiler y traslado, que en muchos proyectos fueron el motivo por el que los vecinos rechazaron las obras.
  • Permite la solución radical cuando es la única racional: demolición y edificio nuevo con estándar NZEB, en lugar de reparaciones sobre una estructura comprometida.
  • La digitalización completa acorta un recorrido administrativo que hasta ahora suponía expedientes en papel yendo y viniendo entre el ayuntamiento y el ministerio.
  • La placa permanente deja constancia pública de la inversión, útil tanto para la transparencia como para los compradores que quieran saber si un bloque ha sido consolidado.

Lo que sigue siendo un problema

  • La orden no asigna dinero nuevo. Abre una categoría más de solicitantes al mismo presupuesto del programa, con lo que aumenta la competencia por la financiación, y las listas siguen aprobándose por orden ministerial.
  • La obligación de inscribir la propiedad en 30 días desde la entrega es estricta, y su incumplimiento activa las sanciones del artículo 14, apartados (6) a (12), incluso cuando el retraso no depende del propietario.
  • El texto afirma expresamente que los beneficiarios «no pueden alegar la imposibilidad del deslinde y la inscripción», lo que traslada todo el riesgo jurídico a la administración local y, de forma indirecta, a los vecinos.
  • El plazo de 30 días para que el ministerio verifique una solicitud corre desde el registro, pero la orden no fija un plazo máximo para aprobar efectivamente la lista y la financiación.
  • El criterio que excluye los edificios rehabilitados en los últimos 10 años puede dejar fuera bloques aislados térmicamente hace poco, pero nunca consolidados estructuralmente.

Consejos prácticos

  1. Si vives en un bloque dañado por una explosión o un incendio: el primer paso no te corresponde. La solicitud la presenta el ayuntamiento o la autoridad que administra el inmueble, no la comunidad de propietarios. Pide por escrito a la administración local que presente la solicitud en la plataforma investitii.mdlpa.ro y pregunta si ya dispone del acta de los bomberos, porque sin ella el expediente está incompleto.
  2. Si formas parte de la junta de la comunidad: comprueba con tiempo la situación registral de cada piso. El convenio con el Estado exige notas registrales de cada vivienda, con el derecho de crédito y la prohibición de disponer inscritos, y los pisos no inscritos complican todo el expediente.
  3. Si vas a ser evacuado durante las obras: pregunta expresamente si en el presupuesto general se han previsto los gastos de alquiler, traslado y almacenamiento. La orden los permite, pero no los impone de forma automática: el proyectista tiene que incluirlos.
  4. Si eres alcalde o trabajas en un servicio técnico: prepara la firma electrónica del representante legal o la delegación, porque la presentación en papel ya no es una opción, y los documentos de terceros deben certificarse como copia fiel antes de subirlos.
  5. Si gestionas un edificio catalogado: obtén con tiempo el informe del Ministerio de Cultura. Es el que determina si puedes quedar exento de alcanzar la clase RsIV tras las obras.
  6. Si representas a una ONG de utilidad pública: junto con la solicitud hay que presentar una declaración responsable de que no se desarrolla actividad económica, en el sentido del régimen de ayudas de minimis aprobado por la Orden MDLPA n.º 4.355/2024.

Preguntas frecuentes

¿Qué son las «acciones accidentales o accidentes técnicos»?
La orden los define en sentido amplio: todas las categorías de sucesos negativos que generan riesgos para la vida de las personas y daños materiales, como las explosiones por fugas de gas o los incendios, que hayan requerido la intervención de las autoridades de respuesta a emergencias. La enumeración no es limitativa.
¿Mi bloque necesita un peritaje sísmico para entrar en el programa?
Para los edificios dañados por accidentes no se aplican los criterios habituales del artículo 5, apartado (1). Sigue siendo obligatorio el informe de un perito técnico acreditado para resistencia mecánica y estabilidad, que evalúa el estado real de la construcción y puede recomendar la demolición.
¿Quién paga el alquiler si nos evacúan durante las obras?
Los gastos de traslado a las viviendas de emergencia y desde ellas, el alquiler durante la ejecución y el almacenamiento de bienes se prevén en el presupuesto general de la inversión, en el subcapítulo «Obtención del terreno», y los asume el programa. La condición es que el proyectista los haya incluido efectivamente.
¿Qué ocurre si el peritaje recomienda demoler todo el edificio?
El programa puede financiar la demolición y la construcción de un edificio nuevo en el mismo solar, incluidos el proyecto y la asistencia técnica íntegros. El edificio nuevo debe cumplir el estándar de consumo de energía casi nulo, acreditado mediante el estudio de fuentes renovables y el informe de conformidad NZEB.
¿Qué obligaciones tengo cuando terminen las obras?
Si tu vivienda ha sido reconstruida, o si tu piso no estaba inscrito en la fecha del accidente, dispones de 30 días desde la entrega mediante acta para inscribir el edificio y la vivienda, con la prohibición de disponer y el derecho de crédito, y para remitir las notas registrales al ministerio. Incumplir el plazo activa las sanciones del artículo 14, apartados (6) a (12).
¿Qué es la placa permanente de la fachada?
Es un panel informativo obligatorio, colocado como máximo dos meses después de la recepción de las obras, en la fachada principal, junto a la entrada, a unos 1,80 metros sobre la acera. Permanece al menos tres años o de forma permanente y muestra públicamente que el inmueble se consolidó a través del programa, con el año de finalización de las obras.
¿Dónde se presenta la solicitud?
En la plataforma digital investitii.mdlpa.ro, en formato electrónico, con firma electrónica conforme a la Ley n.º 214/2024. El ministerio verifica la conformidad de la solicitud en 30 días desde su registro, por orden cronológico de entrada.

Texto original del acto normativo

El texto que figura a continuación se reproduce en rumano, la forma oficial de publicación.

Mostrar el texto íntegroOcultar el texto íntegro

ORDIN nr. 710 din 24 iunie 2026

pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 212/2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor, privind derularea Programului național de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 2.853/2022

EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI

Publicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 8 iulie 2026

Având în vedere prevederile art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 52/2025 pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru stabilirea unor măsuri privind implementarea programelor naționale din domeniul lucrărilor publice, precum și pentru stabilirea unor măsuri bugetare, cu modificările ulterioare, și ale art. VII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 82/2025 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru transmiterea unui bun aflat în proprietatea publică a statului din administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat» în administrarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației,

ținând cont de Referatul Direcției generale dezvoltare regională și infrastructură nr. 106.681 din 11.06.2026,

în temeiul art. 15 alin. (1) lit. c) și art. 34 din Legea nr. 212/2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 477/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației emite următorul ordin:

Art. I. – Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 212/2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor, privind derularea Programului național de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 2.853/2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1085 din 10 noiembrie 2022, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 4, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Pe parcursul derulării Programului, solicitările beneficiarilor, întocmite conform modelelor prevăzute în prezentele norme metodologice, se depun în format electronic, în platforma digitală, conform prevederilor Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale și prestarea serviciilor de încredere bazate pe acestea. Documentele emise de alte entități decât beneficiarii se încarcă în platforma digitală în format pdf, certificate pentru conformitate cu originalul prin semnătura electronică a reprezentantului legal al beneficiarului sau a persoanei delegate în conformitate cu dispozițiile art. 157 și ale art. 191 alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și în conformitate cu dispozițiile legale care reglementează organizarea și funcționarea beneficiarilor prevăzuți la art. 2.»

2. La articolul 5 alineatul (1), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:

„c) după efectuarea lucrărilor de intervenții pentru clădirile încadrate în clasa de risc seismic RsI, acestea să poată fi încadrate cel puțin în clasa de risc seismic RsIII, iar cele încadrate în clasa de risc seismic RsII să poată fi încadrate cel puțin în clasa de risc seismic RsIV. Potrivit art. 15 alin. (3) teza a II-a din lege sunt exceptate de la încadrarea în clasa de risc seismic RsIV după efectuarea lucrărilor de intervenție clădirile incluse în lista monumentelor istorice, cele situate în zonele de protecție a monumentelor istorice, precum și clădirile din zonele construite protejate, în situația în care cerințele impuse prin avizul Ministerului Culturii nu permit acest lucru.»

3. După articolul 5 se introduce un nou articol, art. 51, cu următorul cuprins:

„Art. 51. – (1) În aplicarea prevederilor art. 151 alin. (1) din lege, în Subprogramul proiectarea și execuția lucrărilor de intervenții pentru clădirile cu destinația principală de locuință, prevăzut la art. 1 alin. (2) lit. a), pot fi incluse și clădirile multietajate cu destinație principală de locuință, astfel cum acestea sunt definite la art. 2 lit. c) din lege, afectate de acțiuni accidentale sau accidente tehnice, generate de incendii, explozii sau alte asemenea cauze.

(2) Sintagma «acțiuni accidentale sau accidente tehnice» include toate categoriile de evenimente negative generatoare de riscuri pentru viața persoanelor și de pagube materiale, cum ar fi, dar fără a se limita la acestea, explozii generate de scurgeri de gaze, incendii etc., care au necesitat intervenția autorităților responsabile implicate în asigurarea acțiunilor de răspuns la riscurile asociate evenimentelor produse, conform legii.

(3) În aplicarea prevederilor art. 151 alin. (2) din lege, includerea în subprogramul prevăzut la art. 1 alin. (2) lit. a) a clădirilor prevăzute la alin. (1) se face fără aplicarea criteriilor prevăzute la art. 5 alin. (1).»

4. La articolul 6, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alin. (11) și (12), cu următorul cuprins:

„(11) Pentru clădirile multietajate cu destinație principală de locuință afectate de acțiuni accidentale sau accidente tehnice, generate de incendii, explozii sau alte asemenea cauze, prevăzute la art. 151 alin. (1) din lege, beneficiarii Programului încarcă în platforma digitală «investiții.mdlpa.ro» următoarele documente:

a) solicitarea de includere în Program, pentru fiecare obiectiv de investiții, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 1A;

b) raportul expertizei tehnice realizate de către experți tehnici atestați pentru cerința fundamentală rezistență mecanică și stabilitate prevăzută la art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

c) procesul-verbal întocmit în urma intervenției la accident elaborat de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, prin unitățile subordonate în care se evidențiază cauza probabilă a evenimentului;

d) raportul de audit energetic, inclusiv certificatul de performanță energetică în cazul în care în raportul expertizei tehnice prevăzut la lit. b) nu se recomandă demolarea clădirii, iar beneficiarii solicită finanțare integrată, incluzând și creșterea performanței energetice a clădirilor.

(12) Organizațiile, asociațiile, fundațiile și federațiile de utilitate publică recunoscute potrivit legii depun, odată cu solicitarea de includere în Program, o declarație pe propria răspundere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 10, din care să reiasă faptul că nu desfășoară activitate economică, astfel cum este definită la art. 4 pct. 1 din Schema de ajutor de minimis «Sprijin acordat pentru implementarea Programului național de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat», aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 4.355/2024.»

5. La articolul 6, alineatele (2) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(2) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației centralizează solicitările transmise și, în termen de 30 de zile de la înregistrare, în ordinea cronologică a înregistrării, verifică dacă acestea sunt conforme cu modelul prevăzut în anexa nr. 1A sau 1B și sunt însoțite de documentele prevăzute la alin. (1) sau (11), după caz, și dacă sunt respectate criteriile prevăzute la art. 5, dacă este cazul.

…………………………………………………………………………………..

(5) Pentru solicitările de includere în Program conforme, potrivit alin. (2), Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației întocmește listele-sinteză cu obiective propuse spre finanțare pe fiecare subprogram, liste care se completează cu solicitări conforme noi, precum și cu solicitările prevăzute la alin. (3) care au fost corectate/completate potrivit alin. (4), ori de câte ori este cazul, și se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației. Listele se modifică, la solicitarea motivată a beneficiarilor, de fiecare dată când intervine o modificare cu privire la obiectivul/obiectivele de investiții promovat/promovate.»

6. La articolul 7 alineatul (1), după litera j) se introduce o nouă literă, lit. k), cu următorul cuprins:

„k) studiu privind fezabilitatea din punct de vedere tehnic, economic și al mediului înconjurător a utilizării sistemelor alternative de înaltă eficiență – Studiul SRE – Surse regenerabile de energie și Raport privind cerințele minime de conformare a unei clădiri cu consum de energie aproape egal cu zero – Raport de conformare NZEB, întocmite conform Metodologiei de calcul al performanței energetice a clădirilor, indicativ Mc 001-2022, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 16/2023, pentru clădirile noi realizate în urma demolării clădirilor prevăzute la art. 151 din lege, conform recomandărilor din raportul de expertiză tehnică.»

7. La articolul 7, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (11), cu următorul cuprins:

„(11) În devizul general prevăzut la alin. (1) lit. d) se menționează și cheltuielile prevăzute la art. 10 alin. (3) din lege, reprezentând cheltuieli ce se vor efectua cu mutarea persoanelor evacuate în și din locuințele de necesitate și, după caz, cu plata chiriei pe perioada execuției lucrărilor de intervenții, precum și cele aferente depozitării bunurilor materiale care aparțin persoanelor evacuate. Cheltuielile prevăzute la art. 10 alin. (3) din lege vor fi evidențiate în devizul general întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la subcapitolul 1.1 «Obținerea terenului».»

8. La articolul 9, după alineatul (1) se introduc șapte noi alineate, alin. (11)-(17), cu următorul cuprins:

„(11) Conform prevederilor art. 18 alin. (3) lit. a) din lege, în cazul clădirilor multietajate cu destinație principală de locuință, definite la art. 2 lit. c) din lege, în convenția prevăzută la art. 18 alin. (2) din lege se vor menționa, în mod obligatoriu:

a) toți proprietarii de locuințe sau spații cu altă destinație din cadrul unei clădiri, stabiliți conform drepturilor reale intabulate în cartea funciară;

b) destinația spațiilor din clădire, care trebuie să corespundă cu cea din evidențele direcțiilor de taxe și impozite locale și/sau din documentațiile de urbanism;

c) cotele-părți indivize din proprietatea comună care revine fiecărei proprietăți individuale, stabilită conform măsurătorilor cadastrale.

(12) Convenția prevăzută la alin. (11) va fi însoțită de extrasele de carte funciară aferente clădirii în care au fost operate, pe fiecare unitate locativă individuală și pe fiecare spațiu cu altă destinație decât cea de locuință, notarea dreptului de creanță prevăzută la art. 18 alin. (4) lit. b) din lege, în favoarea statului român reprezentat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și a beneficiarului subprogramului, precum și notarea interdicției de înstrăinare prevăzută la art. 18 alin. (6) și (7), după caz, în favoarea acelorași entități.

(13) În cazul clădirilor prevăzute la art. 151 alin. (1) din lege, în vederea încheierii convenției prevăzute la art. 18 alin. (2) din lege, beneficiarii vor proceda, în funcție de situația tehnică a clădirii afectate și de situația juridică a unităților locative individuale și a spațiilor cu altă destinație decât cea de locuință, astfel:

a) dacă toate unitățile locative individuale și spațiile cu altă destinație decât cea de locuință erau intabulate la data producerii acțiunilor accidentale sau accidentelor tehnice, generate de incendii, explozii sau alte asemenea cauze, denumite în continuare evenimente, se va proceda conform alin. (11) și (12);

b) dacă în clădirea afectată de evenimente există unități locative individuale și spații cu altă destinație decât cea de locuință care nu erau intabulate la data evenimentului, dar a căror structură constructivă nu este afectată de acestea, se va proceda conform alin. (11) și (12);

c) dacă în clădirea afectată de evenimente există unități locative individuale și spații cu altă destinație decât cea de locuință care nu erau intabulate la data evenimentului, dar a căror structură constructivă este grav afectată sau degradată de eveniment, care nu mai permite cadastrarea și, implicit, intabularea în cartea funciară, ci impune demolarea la data efectuării lucrărilor de punere în siguranță prevăzute la art. 9 alin. (3) lit. l) din lege sau prin expertiza tehnică realizată de către experți tehnici atestați pentru cerința fundamentală rezistență mecanică și stabilitate, prevăzută la art. 151 alin. (2) din lege, în convenție se vor face mențiuni despre proprietari, destinația spațiilor și cotele-părți indivize din proprietatea comună aferente acestora, în baza datelor deținute de asociația de proprietari, inclusiv prin cartea tehnică a construcției, precum și a documentelor prevăzute la art. 18 alin. (3) lit. a) din lege.

(14) În situația prevăzută la alin. (13) lit. c), precum și în situația în care prin expertiza tehnică realizată de către experți tehnici atestați pentru cerința fundamentală rezistență mecanică și stabilitate, prevăzută la art. 151 alin. (2) din lege, se recomandă demolarea întregii clădiri și realizarea uneia noi, cu respectarea prevederilor art. 17 alin. (14) din lege, după finalizarea și recepționarea clădirii, în termen de 30 de zile de la predarea locuinței prin proces-verbal, proprietarii/beneficiarul au/are obligația intabulării clădirii și a unităților locative individuale/spațiilor cu altă destinație decât cea de locuință, cu notarea interdicției de înstrăinare și a dreptului de creanță, precum și transmiterii extraselor de carte aferente la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, cu respectarea prevederilor alin. (12).

(15) Neîndeplinirea obligațiilor prevăzute la alin. (14) în termenul prevăzut atrage aplicarea prevederilor art. 14 alin. (6)-(12).

(16) În cazul clădirilor cu destinația de locuință aflate în proprietatea sau în administrarea unităților administrativ-teritoriale sau al unităților aflate în subordinea, autoritatea sau coordonarea acestora, precum și al celor aflate în proprietatea sau în administrarea autorităților și instituțiilor administrației publice centrale, unităților aflate în subordinea, autoritatea sau coordonarea acestora, incluse în subprogramul prevăzut la art. 1 alin. (2) lit. a), încheierea convenției prevăzute la art. 18 alin. (2) din lege se face cu respectarea prevederilor art. 1.304 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(17) Beneficiarii Subprogramului proiectarea și execuția lucrărilor de intervenții pentru clădirile cu destinația principală de locuință, prevăzut la art. 1 alin. (2) lit. a), nu pot invoca imposibilitatea cadastrării și intabulării unităților locative individuale sau a spațiilor cu altă destinație decât cea de locuință, aceștia urmând a aplica prevederile art. 33 alin. (1) lit. a) pct. (xii) din lege, în cazul nerespectării prevederilor art. 51 și art. 10 alin. (1)-(4) din lege.»

9. La articolul 9, alineatul (2) se abrogă.

10. Articolul 91 se abrogă.

11. La articolul 10 alineatul (1), liniuța 7 se modifică și va avea următorul cuprins:

„– «4. Cheltuieli pentru investiția de bază», subcapitolele 4.1-4.4;».

12. La articolul 10, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alin. (11) și (12), cu următorul cuprins:

„(11) În cazul clădirilor prevăzute la art. 151 din lege, pe lângă cheltuielile prevăzute la alin. (1) sunt eligibile de la bugetul de stat, prin program, și următoarele cheltuieli:

a) cheltuieli pentru demolarea construcției existente și pentru realizarea unei construcții noi, cheltuieli care se regăsesc la subcapitolul 1.2 «Amenajarea terenului» și la capitolul 4 «Cheltuieli pentru investiția de bază» din devizul general;

b) cheltuieli prevăzute la subcapitolul 3.1 «Studii»;

c) cheltuieli prevăzute la subcapitolul 3.2 «Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații»;

d) cheltuieli prevăzute la subcapitolul 3.5 «Proiectare», integral;

e) cheltuieli prevăzute la subcapitolul 3.8 «Asistență tehnică», integral;

f) cheltuieli prevăzute la capitolul 7 «Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț».

(12) Cheltuielile prevăzute la alin. (11) lit. f) se vor evidenția în devizul general aferent clădirilor prevăzute la art. 151 din lege ca eligibile de la bugetul de stat, însă acestea nu vor fi cuprinse în valoarea aferentă contribuției de la bugetul de stat din contractele de finanțare decât după încheierea unui act adițional la acestea, în baza următoarelor documente încărcate în platforma digitală de către beneficiari:

a) adresă cu menționarea sumei cu care se solicită majorarea valorii contractului de finanțare, din subcapitolul 7.1 «Cheltuieli aferente marjei de buget 25%», însoțită de un memoriu tehnic cu descrierea detaliată a lucrărilor suplimentare generate de diferențele de proiectare, însoțit de actele întocmite, dacă este cazul – notă de constatare, dispoziție de șantier și alte asemenea, actul/actele adițional/adiționale la contractul de achiziție publică prin care a fost majorată valoarea acestuia cu suma solicitată, devizul general actualizat, hotărârea consiliului local de aprobare a devizului general actualizat;

b) adresă cu menționarea sumei cu care se solicită majorarea valorii contractului de finanțare, din subcapitolul 7.2 «Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț», însoțită de un memoriu cu prezentarea detaliată, pe fiecare situație de lucrări, a modului de calcul al ajustării de preț, actul/actele adițional/adiționale la contractul de achiziție publică prin care a fost majorată valoarea acestuia cu suma solicitată, devizul general actualizat, hotărârea consiliului local de aprobare a devizului general actualizat.»

13. La articolul 11, alineatele (12)-(14) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(12) Pentru finanțarea cheltuielilor necesare realizării obiectivului de investiții, beneficiarii autorități ale administrației publice centrale sau locale, inclusiv unitățile aflate în subordinea, autoritatea sau coordonarea acestora, deschid conturi la unități ale Trezoreriei Statului, în care vor fi transferate sumele aferente alocate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. Beneficiarii unități de cult, precum și organizațiile, asociațiile, fundațiile și federațiile de utilitate publică beneficiare pot deschide conturi la instituțiile de credit prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, în care vor fi transferate sumele aferente alocate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

(13) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației transferă prin ordin de plată sumele alocate către beneficiari în conturile deschise la Trezoreria Statului sau la instituțiile de credit, conform prevederilor alin. (1).

(14) Beneficiarii asigură evidența alocării și utilizării sumelor virate în conturile deschise la unitățile Trezoreriei Statului sau la instituțiile de credit și răspund, în condițiile legii, de utilizarea sumelor primite pentru realizarea obiectivelor de investiții.»

14. La articolul 14, alineatul (51) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(51) Beneficiarii subprogramului prevăzut la art. 1 alin. (2) lit. b) au obligația să încarce în platforma digitală anual, începând cu primul an după transmiterea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, conform alin. (5), și până la expirarea perioadei de 5 ani, prevăzută de art. 311 alin. (1) din lege, o declarație pe propria răspundere prin care certifică că respectă obligațiile stabilite prin același articol din lege, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 11. Declarația pe propria răspundere se depune până la sfârșitul lunii ianuarie a anului, pentru anul anterior.»

15. După articolul 15 se introduce un nou articol, art. 151, cu următorul cuprins:

„Art. 151. – (1) După finalizarea și recepționarea obiectivelor de investiții finanțate prin program, beneficiarii au obligația să monteze plăci permanente pe clădirea/clădirile care a/au fost consolidată/consolidate, prin care se asigură transparența și informarea publicului cu privire la intervențiile efectuate asupra acesteia/acestora.

(2) Placa permanentă se montează în termen de cel mult 2 luni de la efectuarea recepției la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții finanțat prin program și va rămâne instalată o perioadă de cel puțin 3 ani de la data montării sau, la alegerea beneficiarului, permanent.

(3) Placa permanentă va avea forma, dimensiunile și caracteristicile prevăzute în anexa nr. 12 și se montează pe fațada principală a clădirii, la loc vizibil, în poziție orizontală sau verticală. Materialele din care se confecționează placa permanentă sunt prevăzute în anexa nr. 12.

(4) Placa permanentă se va monta obligatoriu la accesul principal în clădire, într-o poziție vizibilă și ușor accesibilă percepției pietonale. Montajul se va realiza pe fațada principală, fie în partea stângă, fie în partea dreaptă a intrării principale, la o înălțime de aproximativ 1,80 m măsurată de la cota trotuarului finit până la axul median al plăcii. Placa va fi fixată rigid și permanent de suportul constructiv al fațadei, astfel încât să fie asigurate stabilitatea, durabilitatea și lizibilitatea acesteia pe termen lung.»

16. După articolul 16 se introduce un nou articol, art. 161, cu următorul cuprins:

„Art. 161. – Termenele prevăzute în prezentele norme metodologice se calculează conform prevederilor art. 2.552 și 2.553 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare.»

17. Articolul 17 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 17. – Anexele nr. 1, 1A, 1B, 2, 3, 31, 4, 5, 6A, 6B, 7, 8, 9, 10, 11 și 12 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.»

18. Anexele nr. 1 și 8 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1 și 2 la prezentul ordin.

19. După anexa nr. 9 se introduc trei noi anexe, anexele nr. 10-12, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 3-5 la prezentul ordin.

Art. II. – Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,

Cseke Attila-Zoltán

București, 24 iunie 2026.

Nr. 710.

Notă privind anexele: ordinul are cinci anexe, publicate în aceeași ediție a Monitorului Oficial, între paginile 6 și 14, și reproduse aici pe scurt, pentru că sunt formulare și documentații tehnice: anexa nr. 1 (noua anexă nr. 1 la norme) cuprinde criteriile de alocare a fondurilor programului, generale și specifice fiecărui subprogram, între care condiția ca în ultimii 10 ani să nu se fi făcut lucrări de reabilitare, modernizare, reabilitare termică sau renovare majoră și ca în ultimii 20 de ani să nu se fi făcut consolidare, reparații capitale sau reabilitare seismică; anexa nr. 2 (noua anexă nr. 8 la norme) e modelul de listă a obiectivelor de investiții; anexa nr. 3 (noua anexă nr. 10) e declarația pe propria răspundere a organizațiilor de utilitate publică privind lipsa activității economice; anexa nr. 4 (noua anexă nr. 11) e declarația anuală pe propria răspundere privind menținerea destinației clădirii timp de 5 ani, care se depune până la 31 ianuarie și e însoțită obligatoriu de material fotografic; anexa nr. 5 (noua anexă nr. 12) e modelul plăcii permanente, reprodus în facsimil, cu mențiunea că în interiorul logoului se trece anul finalizării și recepționării lucrărilor de consolidare.

Sursa: Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 562 din 8 iulie 2026.

Este artículo tiene carácter informativo y no constituye asesoramiento jurídico. Para situaciones concretas, consulta a un abogado o asesor fiscal autorizado.