En resumen

  • El Estado lanza el Programa Nacional de Accesibilidad de Viviendas «Ascensor para la vida», mediante el cual los ayuntamientos instalan ascensores, plataformas elevadoras, escaleras mecanizadas o rampas en los bloques de 3 o más plantas que no se construyeron con ascensor.
  • Se dirige principalmente a personas mayores, personas con movilidad reducida, personas con discapacidad locomotora y familias con niños pequeños que viven en pisos superiores, en bloques cuyas comunidades de propietarios firmen un contrato de mandato con el ayuntamiento.
  • La financiación es a fondo perdido, con fondos europeos y del presupuesto del Estado; los primeros 18 meses son un proyecto piloto para un máximo de 100 bloques, dos por cada capital de provincia.
Norma: Ley n.º 153/2026, promulgada mediante el Decreto n.º 428/2026
Publicada: Boletín Oficial n.º 592 de 20 de julio de 2026
Entra en vigor: 19 de agosto de 2026

Los bloques antiguos sin ascensor, construidos sobre todo entre los años 60 y 80, reciben un instrumento legal y financiero dedicado. La Ley n.º 153/2026 sobre la regulación del Programa Nacional de Accesibilidad de Viviendas — «Ascensor para la vida», promulgada mediante el Decreto n.º 428/2026 y publicada en el Boletín Oficial n.º 592 de 20 de julio de 2026, establece un programa plurianual mediante el cual las autoridades locales pueden instalar ascensores, plataformas elevadoras, escaleras mecanizadas o rampas de acceso en las comunidades de propietarios con tres o más niveles sobre rasante que no contaban con ascensor en el proyecto inicial. La ley llega pocos días después de la modificación de las condiciones del IVA reducido para la primera vivienda, dentro del mismo paquete más amplio de medidas legislativas del verano de 2026 que afectan directamente al mercado de la vivienda.

El programa está coordinado por el Ministerio de Desarrollo, Obras Públicas y Administración (MDLPA) y el Ministerio de Inversiones y Proyectos Europeos (MIPE), y se aplica también a comunidades de propietarios situadas en zonas edificadas protegidas, respetando la legislación sobre protección de monumentos históricos. Quedan exceptuados del programa los edificios catalogados o en proceso de catalogación como monumentos históricos, así como los clasificados, mediante peritaje técnico, en la clase de riesgo sísmico RsI o RsII; para estos últimos, no obstante, la ley permite incluir las obras de accesibilidad, de forma integrada, en el programa de refuerzo sísmico.

Los efectos que produce

Quién lo ejecuta y cómo se activa. El programa se lleva a cabo a través de las unidades administrativo-territoriales (ayuntamientos), que actúan como beneficiarios y realizan las inversiones en nombre de las comunidades de propietarios. El vínculo entre el ayuntamiento y el bloque se establece mediante un contrato de mandato, firmado bien por la comunidad de propietarios, bien, en su ausencia, por al menos dos tercios de los propietarios de las viviendas y dos tercios de los propietarios de los espacios con otro uso en la comunidad.

Financiación a fondo perdido, por etapas. El dinero procede de fondos europeos dedicados a la vivienda, de transferencias del presupuesto del Estado a través del presupuesto del MDLPA, de los presupuestos locales y, opcionalmente, de donaciones o patrocinios. En los primeros 18 meses desde la entrada en vigor de la ley, la financiación se garantiza con prioridad mediante fondos europeos, a través de un proyecto piloto dirigido a la accesibilidad de un máximo de 100 comunidades de propietarios: dos por cada capital de provincia o subdivisión administrativo-territorial de Bucarest. Solo después de este piloto, el programa entra en su segunda etapa, de ampliación a todas las comunidades elegibles del país, financiada con cargo al presupuesto del Estado.

Quién tiene prioridad. Una comunidad de propietarios puede entrar en el programa si en una planta distinta de la baja vive al menos una persona mayor, una persona con movilidad reducida, una persona con discapacidad locomotora o una familia con un hijo de edad de guardería o preescolar. En la selección se tiene en cuenta el número de personas de este tipo en el bloque (cuantas más haya, mayor prioridad), el número de plantas del edificio (los bloques más altos tienen prioridad) y el año de construcción; tienen prioridad los edificios construidos después de la entrada en vigor de la Norma n.º 23/IX de 15 de junio de 1978.

Soluciones técnicas aceptadas. Además del ascensor propiamente dicho, la ley acepta también soluciones alternativas o complementarias —escaleras mecanizadas, plataformas elevadoras o rampas de acceso— allí donde no sea posible instalar un ascensor. Las obras deben garantizar un espacio técnico adecuado (en la caja de escalera o, si no es posible, en el exterior del edificio), respetar las normativas de accesibilidad y los requisitos de resistencia, seguridad contra incendios y salud de la Ley n.º 10/1995, con un consumo energético reducido, sin afectar a las características arquitectónicas del inmueble.

Autorización simplificada. Las obras de accesibilidad se benefician de un régimen de autorización simplificado: no se cobran las tasas habituales previstas en el Código fiscal, y para las intervenciones en las zonas comunes o en el dominio público colindante con la comunidad, la licencia de obras se expide sin título de propiedad sobre el inmueble, sin extracto del plano catastral y sin nota simple informativa del registro de la propiedad. A tal efecto, la ley modifica también la Ley n.º 50/1991, introduciendo la posibilidad de expedir la licencia de obras sin una documentación urbanística completa, cuando las obras no cambien el uso del edificio y respeten las normas técnicas de accesibilidad.

Qué ha cambiado respecto a la situación anterior

  • No existía un programa nacional dedicado: hasta ahora, instalar un ascensor en un bloque antiguo dependía, en la práctica, exclusivamente de la comunidad de propietarios o de programas locales dispersos, sin financiación europea ni estatal explícitamente dedicada a este fin.
  • La autorización era engorrosa: las obras para instalar un ascensor en un bloque existente solían requerir documentación urbanística completa, tasas y, a menudo, notas simples del registro de la propiedad para las zonas comunes; la nueva ley simplifica significativamente este trámite para las obras de accesibilidad.
  • El refuerzo sísmico y la rehabilitación térmica estaban separados de la accesibilidad: la Ley n.º 212/2022 (riesgo sísmico) y el Decreto-ley n.º 18/2009 (eficiencia energética) no permitían explícitamente integrar las obras de instalación de ascensores en el mismo proyecto; ahora la ley introduce nuevos artículos en ambas normas, que permiten realizar las obras de accesibilidad al mismo tiempo que las de refuerzo o rehabilitación térmica.
  • No existía un mecanismo unificado de priorización: las decisiones sobre qué bloques recibían ascensor dependían de los recursos y las prioridades de cada ayuntamiento; la ley introduce criterios de elegibilidad y prioridad válidos a nivel nacional.

Ventajas y desventajas

Qué trae de bueno

  • Financiación a fondo perdido para las comunidades de propietarios, que ya no tienen que asumir en solitario el coste íntegro de un ascensor nuevo, a menudo prohibitivo para los presupuestos reducidos de los bloques antiguos.
  • Criterios de elegibilidad claros, centrados en las personas mayores, con discapacidad o con movilidad reducida, las más afectadas por la falta de ascensor en bloques sin planta baja accesible.
  • La posibilidad de combinar las obras de accesibilidad con las de refuerzo sísmico o rehabilitación térmica ya programadas o en curso, ahorrando tiempo y dinero.
  • El régimen de autorización simplificado acorta un trámite administrativo que, en la práctica, podía durar meses o años antes de que las obras comenzaran realmente.

Qué trae de malo o queda poco claro

  • El proyecto piloto solo contempla un máximo de 100 comunidades de propietarios a nivel nacional en los primeros 18 meses, una fracción ínfima de los bloques sin ascensor de Rumanía, y la etapa de ampliación nacional depende del dinero disponible en el presupuesto del Estado, año tras año.
  • La plataforma electrónica para presentar las solicitudes de financiación solo se abrirá «una vez que el programa se incluya en la ley de presupuestos del Estado», sin un plazo firme fijado en la ley.
  • Las normas metodológicas que detallarán exactamente la aplicación del programa (documentos necesarios, categorías de gastos elegibles) aún no se han publicado; la ley les da un plazo de 90 días desde la entrada en vigor, es decir, hacia mediados de noviembre de 2026.
  • Las comunidades de propietarios siguen siendo responsables de todos los gastos de explotación, mantenimiento y revisión del ascensor una vez instalado, lo que puede generar nuevas cuotas de mantenimiento mensuales.

Consejos útiles

  1. Si vives en un bloque de 3 o más plantas sin ascensor, con personas mayores o con discapacidad en pisos superiores: habla en tu comunidad de propietarios sobre adoptar un acuerdo de inscripción en el programa y prepara el listado nominal con el consentimiento por escrito de los propietarios, requerido para el contrato de mandato con el ayuntamiento.
  2. Si eres presidente de una comunidad de propietarios: contacta cuanto antes con tu ayuntamiento para saber si tu localidad tiene previsto presentar solicitudes para el proyecto piloto, ya que el número de comunidades elegibles se limita a dos por cada capital de provincia en esta primera etapa.
  3. Si trabajas en la administración de un ayuntamiento con bloques sin ascensor en su término: prepara con antelación el inventario de estos edificios, exigido por la ley en el plazo de 6 meses desde su entrada en vigor (hasta el 19 de febrero de 2027), estructurado por número de plantas, período de construcción y soluciones constructivas.
  4. Si tienes un bloque clasificado en riesgo sísmico RsI o RsII, o previsto para obras de rehabilitación térmica: comprueba si puedes incluir la instalación del ascensor en el mismo proyecto de refuerzo o de aislamiento térmico, una opción ahora introducida explícitamente por la ley y que puede reducir el coste total.

Preguntas frecuentes

¿Quién paga el ascensor instalado a través del Programa «Ascensor para la vida»?
La financiación es a fondo perdido y procede de fondos europeos, del presupuesto del Estado (a través del presupuesto del Ministerio de Desarrollo, Obras Públicas y Administración) y, de forma complementaria, de los presupuestos locales. La comunidad de propietarios no paga el coste de la inversión inicial, pero sigue siendo responsable posteriormente de los gastos de explotación, mantenimiento y revisión del ascensor.
¿Qué bloques son elegibles para el programa?
Las comunidades de propietarios con 3 o más niveles sobre rasante que no contaban con ascensor en el proyecto inicial, salvo las catalogadas como monumentos históricos y las clasificadas en riesgo sísmico RsI o RsII (que, no obstante, pueden integrar obras de accesibilidad en el programa de refuerzo sísmico). Además, en una planta distinta de la baja de esa escalera debe vivir al menos una persona mayor, una persona con movilidad reducida, una persona con discapacidad locomotora o una familia con un hijo de edad de guardería o preescolar.
¿Cuándo empieza realmente el programa?
La ley entra en vigor el 19 de agosto de 2026. El proyecto piloto, financiado con fondos europeos para un máximo de 100 comunidades de propietarios, se desarrolla durante los primeros 18 meses desde esa fecha, es decir, hasta febrero de 2028. Las normas metodológicas y el mecanismo de financiación del piloto deben aprobarse en un plazo máximo de 90 días desde la entrada en vigor de la ley.
¿Cómo se presenta una solicitud para instalar el ascensor?
La comunidad de propietarios (o, en su ausencia, al menos dos tercios de los propietarios) firma un contrato de mandato con el ayuntamiento, que queda facultado para llevar a cabo la inversión. El ayuntamiento presenta después la solicitud de financiación ante el Ministerio de Desarrollo, Obras Públicas y Administración, en la plataforma electrónica dedicada, que se abrirá, según la ley, una vez que el programa se incluya en la ley de presupuestos del Estado.
¿Quién se convierte en propietario del ascensor una vez instalado?
El ascensor y su instalación pasan a ser propiedad común, en cuota indivisa, de los propietarios de la comunidad, igual que el resto de las zonas comunes del bloque. Si la instalación se ubica en el terreno colindante, la propiedad corresponde a la unidad administrativo-territorial local. La comunidad de propietarios adquiere el derecho de uso y es responsable del mantenimiento.
¿Se puede combinar el ascensor con otras obras, como el refuerzo sísmico o la rehabilitación térmica?
Sí. La ley modifica expresamente la Ley n.º 212/2022 sobre reducción del riesgo sísmico y el Decreto-ley n.º 18/2009 sobre eficiencia energética de los edificios de viviendas, permitiendo que las obras de instalación de ascensores, plataformas elevadoras, escaleras mecanizadas o rampas se realicen de forma integrada, al mismo tiempo que las obras de refuerzo sísmico o rehabilitación térmica, sobre la base de la misma documentación técnico-económica.

El Programa «Ascensor para la vida» no es la única intervención de 2026 sobre el parque de vivienda antiguo. A principios de julio, el Ministerio de Desarrollo modificó las normas de refuerzo sísmico, de modo que los bloques dañados por explosiones o incendios puedan entrar en el programa sin los criterios de elegibilidad habituales.

Texto original del acto normativo

A continuación se reproduce el texto íntegro de la Ley n.º 153/2026, tal como fue publicado en el Boletín Oficial de Rumanía, Parte I, n.º 592 de 20 de julio de 2026, junto con el Decreto de promulgación n.º 428/2026. El texto que figura a continuación se reproduce en rumano, la lengua oficial de publicación.

Mostrar el texto íntegroOcultar el texto íntegro

LEGE nr. 153 din 20 iulie 2026

privind reglementarea Programului Național de Accesibilizare a Locuințelor — „Lift pentru viață”, precum și pentru completarea unor acte normative

EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI

Publicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 20 iulie 2026

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. — (1) În vederea asigurării rolului statului de garant al demnității omului se instituie Programul Național de Accesibilizare a Locuințelor — „Lift pentru viață”, program multianual, de interes și utilitate publică, coordonat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, denumit în continuare program național, cu scopul de a asigura o protecție efectivă și un acces real și nediscriminatoriu la locuință, în special pentru persoanele vârstnice, persoanele cu mobilitate redusă și persoanele cu dizabilități.

(2) Prezenta lege are ca obiect crearea cadrului normativ național care să asigure creșterea accesibilizării fizice a condominiilor cu 3 sau mai multe niveluri supraterane, inclusiv a celor aflate în zone construite protejate cu respectarea prevederilor art. 24 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care nu sunt prevăzute cu lift din proiectul inițial.

(3) Se exceptează de la prevederile prezentei legi:

a) condominiile clasate/în curs de clasare ca monumente istorice potrivit prevederilor art. 8, 12 și 13 din Legea nr. 422/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

b) condominiile expertizate tehnic și încadrate în clasa de risc seismic RsI sau RsII prin raport de expertiză tehnică.

(4) Condominiile expertizate tehnic și încadrate în clasa de risc seismic RsI sau RsII prin raport de expertiză tehnică, incluse în Programul național de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat, pot include, în mod integrat, lucrări de accesibilizare constând în instalarea de lifturi, platforme elevatoare sau rampe de acces, în condițiile Legii nr. 212/2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor, cu modificările și completările ulterioare.

(5) Autoritățile administrației publice locale pot finanța din bugetele locale, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinație, prin programe multianuale proprii, proiectarea, construirea și instalarea de lifturi și/sau a unor soluții alternative/complementare de tipul scărilor mecanizate, platformelor elevatoare sau rampelor în condominiile cu 3 sau mai multe niveluri supraterane care nu sunt prevăzute cu lift din proiectul inițial și pentru care nu se accesează fondurile alocate prin programul național.

Art. 2. — Programul național se implementează de către unitățile și subdiviziunile administrativ-teritoriale, prin autoritățile administrației publice locale, denumite în continuare beneficiar, pentru realizarea investițiilor destinate asociațiilor de proprietari din condominiile eligibile.

Art. 3. — Prezenta lege are la bază următoarele principii:

a) principiul accesibilizării fizice pentru locuințe, ca element esențial al dreptului la locuire, în conformitate cu prevederile Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, Convenției Organizației Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilități din 26 septembrie 2007, ratificată prin Legea nr. 221/2010 pentru ratificarea Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități, adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 martie 2007 și semnată de România la 26 septembrie 2007, cu modificările ulterioare, Cartei sociale europene revizuite, ratificată prin Legea nr. 74/1999 pentru ratificarea Cartei sociale europene revizuite, adoptată la Strasbourg la 3 mai 1996;

b) principiul adaptării rezonabile a fondului construit existent, în vederea asigurării accesului efectiv și nediscriminatoriu la locuință pentru persoanele vârstnice, persoanele cu mobilitate redusă și persoanele cu dizabilități;

c) principiul intervenției publice justificate, prin instituirea mecanismelor de finanțare din fonduri europene, din bugetul de stat și, după caz, din bugetele locale, pentru realizarea măsurilor de accesibilizare;

d) principiul proporționalității, prin asigurarea unui echilibru just între interesul public privind accesibilizarea locuirii și dreptul de proprietate privată.

Art. 4. — În sensul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) programul național — ansamblul măsurilor juridico-administrative care să asigure finanțarea, construirea și instalarea, la nivel național, de lifturi și/sau a unor soluții alternative/complementare de tipul scărilor mecanizate, platformelor elevatoare sau rampelor în condominiile cu 3 sau mai multe niveluri supraterane prin intermediul autorităților administrației publice centrale și locale în beneficiul asociațiilor de proprietari;

b) condominiu — imobil format din teren cu una sau mai multe construcții potrivit prevederilor art. 2 lit. h) din Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor, cu modificările și completările ulterioare;

c) instalația liftului — instalație de ridicat montată permanent într-o clădire sau într-o structură aferentă acesteia, care deservește niveluri determinate și este destinată transportului persoanelor;

d) asociație de proprietari — persoană juridică fără scop lucrativ potrivit prevederilor art. 2 lit. d) din Legea nr. 196/2018, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 659 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de destinatar final al programului național;

e) accesibilizare fizică — ansamblul măsurilor tehnice și administrative destinate adaptării mediului construit existent, astfel încât acesta să poată fi utilizat, în condiții de siguranță și autonomie, de către persoanele vârstnice, persoanele cu mobilitate redusă și persoanele cu dizabilități.

Art. 5. — (1) Finanțarea programului național se asigură prin:

a) fonduri europene dedicate proiectelor pentru locuințe;

b) sume din transferuri de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate în bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației anual cu această destinație, pentru proiectarea, construirea și instalarea de lifturi și/sau a unor soluții alternative/complementare de tipul scărilor mecanizate, platformelor elevatoare sau rampelor, și din bugetele locale sau fondurile proprii ale beneficiarilor, pentru cofinanțarea lucrărilor neeligibile în cadrul programului național;

c) surse de la bugetul local;

d) donații, sponsorizări sau alte surse legal constituite.

(2) Sumele prevăzute la alin. (1) lit. a) se transferă beneficiarilor în vederea decontării lucrărilor de proiectare, construire și instalare de lifturi și/sau a unor soluții alternative/complementare de tipul scărilor mecanizate, platformelor elevatoare sau rampelor.

(3) Sumele alocate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin prezentul program național, sunt surse de finanțare complementare pentru bugetele locale.

(4) În primele 18 luni de implementare, finanțarea programului național se realizează cu prioritate din fonduri europene.

Art. 6. — Beneficiarii programului național pot finanța din bugetele proprii atât cheltuielile care nu se pot finanța de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, cât și alte cheltuieli din devizul general, definite conform legislației în vigoare, necesare realizării și finalizării obiectivelor de investiții incluse în programul național.

Art. 7. — (1) Finanțarea acordată de la bugetul de stat prin programul național este nerambursabilă.

(2) În baza hotărârii autorităților deliberative ale beneficiarilor programului național, sumele alocate de la bugetul local prevăzute la art. 6 pot fi declarate nerambursabile.

(3) Beneficiarii programului național realizează măsurile de intervenție în baza contractului de mandat încheiat cu asociația de proprietari sau, în lipsa acesteia, cu două treimi din numărul total al proprietarilor unităților locative, precum și cu două treimi din numărul proprietarilor spațiilor cu altă destinație decât cea de locuință din condominiu.

(4) Contractul de mandat prevăzut la alin. (3) are drept scop mandatarea autorității administrației publice locale de către asociația de proprietari în vederea stabilirii măsurilor și acțiunilor ce se impun, în condițiile și cu respectarea prezentei legi, pentru implementarea programului național.

(5) Prin contractul de mandat se prevăd obligațiile părților, precum și alte clauze asupra cărora părțile convin.

Art. 8. — Mecanismele de inițiere, derulare, implementare, acordare a finanțării și monitorizare a programului național prevăzut la art. 1, precum și categoriile de lucrări și de cheltuieli din devizul general, care se pot finanța de la bugetul de stat prin programul național, se detaliază în normele metodologice de aplicare a prezentei legi, aprobate prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației.

Art. 9. — (1) În vederea implementării programului, beneficiarii depun cereri de finanțare la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în format electronic, în platforma digitală creată cu această destinație, conform prevederilor Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale și prestarea serviciilor de încredere bazate pe acestea. Platforma electronică se va deschide după ce programul va fi cuprins în legea bugetului de stat. Modelul cererii de finanțare și documentele necesar a fi depuse în vederea includerii la finanțare se stabilesc prin normele metodologice. În vederea asigurării liberului acces la informațiile publice privind programul, pe site-ul oficial al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației se creează o secțiune publică.

(2) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației centralizează propunerile transmise conform alin. (1), selectează în ordinea cronologică, precum și în limita creditelor de angajament, prevăzute în legea bugetară anuală, lista de obiective propuse spre finanțare, listă care se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației.

(3) Documentele necesar a fi transmise de beneficiari către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în vederea încheierii contractelor de finanțare, se stabilesc prin normele metodologice.

Art. 10. — (1) Creditele de angajament prevăzute în fișa programului, anexă la bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, rămase neutilizate la sfârșitul fiecărui exercițiu bugetar vor fi avute în vedere la elaborarea legilor bugetare anuale și a rectificărilor bugetare.

(2) În scopul utilizării eficiente a fondurilor alocate prin programul național, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației poate dezangaja, în vederea contractării, sumele rămase neutilizate în urma economiilor rezultate pe parcursul derulării contractelor de finanțare, în limita creditului de angajament alocat programului național.

(3) Creditele de angajament dezangajate conform prevederilor alin. (2) se utilizează pentru finanțarea obiectivelor de investiții pentru care s-au depus solicitări în termenul legal și nu li s-au alocat fonduri din lipsa creditelor de angajament conform art. 9 alin. (2).

Art. 11. — Prin derogare de la prevederile art. 34 alin. (2) lit. e) și h) și alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, în baza ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației prin care a fost aprobată lista cu obiective propuse spre finanțare, se încheie contracte de finanțare multianuale între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și beneficiari, pe o perioadă de maximum 3 ani, cu posibilitatea de prelungire cu încă 1 an în cazuri justificate, în limita creditelor de angajament aprobate anual cu această destinație, fără eșalonarea anuală a creditelor bugetare, care se înscriu cumulat pentru toată perioada de finanțare. Pe durata de valabilitate a contractelor de finanțare, valoarea creditelor de angajament este egală cu valoarea creditelor bugetare.

Art. 12. — (1) Programul național se desfășoară în două etape:

a) prima etapă — proiectul-pilot, derulat cu finanțare asigurată cu precădere din fonduri europene, vizează accesibilizarea fizică a maximum 100 de condominii prin instalarea lifturilor, în termen de 18 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi. Pentru realizarea primei etape se acordă finanțare pentru un număr de două condominii din fiecare reședință de județ/subdiviziune administrativ-teritorială, conform mecanismului de finanțare a programului-pilot elaborat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene;

b) a doua etapă vizează extinderea programului național la toate condominiile cu 3 sau mai multe niveluri supraterane prevăzute la art. 1 alin. (2);

c) ambele etape pot viza instalarea unor soluții alternative/complementare de tipul scărilor mecanizate, platformelor elevatoare sau rampelor.

(2) Derularea și finanțarea programului se realizează astfel:

a) prima etapă — proiectul-pilot se derulează pe o perioadă de 18 luni și se finanțează cu precădere din fonduri europene;

b) a doua etapă se derulează de către autoritățile administrației publice locale și se finanțează de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinație, prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, sau din fonduri europene dedicate proiectelor pentru locuințe.

(3) Asociațiile de proprietari ale căror solicitări nu sunt selectate pentru proiectul-pilot pot solicita realizarea accesibilizării din fonduri proprii ale unităților administrativ-teritoriale sau ale subdiviziunilor administrativ-teritoriale pe raza cărora se află condominiile.

Art. 13. — (1) Lucrările de construire și instalare a lifturilor sunt în sarcina autorităților publice locale. Condominiile care pot fi incluse în programul național trebuie să respecte cel puțin una dintre următoarele condiții:

a) pe scara condominiului locuiește, la alt nivel decât parter, cel puțin o persoană vârstnică;

b) pe scara condominiului locuiește, la alt nivel decât parter, cel puțin o persoană cu mobilitate redusă;

c) pe scara condominiului locuiește, la alt nivel decât parter, cel puțin o persoană cu dizabilități locomotorii;

d) pe scara condominiului locuiește, la alt nivel decât parter, cel puțin o familie care are în îngrijire un copil antepreșcolar sau preșcolar.

(2) Criteriile de prioritate la înscrierea în programul național, atât în etapa proiectului-pilot, cât și în etapa derulării la nivel național, țin cont de:

a) numărul persoanelor prevăzute la alin. (1), condominiile în care numărul acestora este mai mare fiind prioritare;

b) regimul de înălțime al clădirii, fiind prioritare imobilele cu regim de înălțime mai mare;

c) anul construcției imobilului, fiind prioritare clădirile proiectate după intrarea în vigoare a Normativului nr. 23/IX din 15 iunie 1978.

Art. 14. — (1) Proiectarea, construirea și instalarea lifturilor prevăzute de prezenta lege se realizează cu respectarea următoarelor cerințe:

a) asigurarea unui spațiu tehnic corespunzător pentru casa liftului în interiorul casei scării sau în exteriorul clădirii, atunci când nu este posibilă amplasarea în casa scării;

b) conformarea lifturilor la normativele în vigoare privind adaptarea clădirilor civile la nevoile persoanelor cu dizabilități sau, acolo unde este posibil, ale celor cu mobilitate redusă;

c) instalarea lifturilor ce asigură un consum energetic redus;

d) respectarea cerințelor fundamentale conform prevederilor Legii nr. 10/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la rezistență mecanică și stabilitate, securitate la incendiu, igienă, sănătate și mediu înconjurător, precum și siguranță și accesibilitate în exploatare.

(2) În vederea facilitării accesului direct la instalația liftului se pot instala scări mecanizate, rampe de acces ori platforme elevatoare.

(3) Echiparea condominiilor cu 3 sau mai multe niveluri supraterane cu lifturi și/sau cu alte instalații alternative/complementare se realizează fără afectarea caracteristicilor arhitecturale ale imobilului și cu încadrarea în specificul zonei.

(4) În cazul condominiilor cu 3 sau mai multe niveluri supraterane formate din mai multe scări, soluția tehnică pentru instalarea lifturilor și/sau a instalațiilor alternative/complementare se stabilește în funcție de condițiile specifice fiecărei scări, cu respectarea cerințelor funcționale, structurale și arhitecturale aplicabile.

Art. 15. — (1) Autoritățile administrației publice centrale și locale sprijină accesibilizarea fizică a condominiilor cu 3 sau mai multe niveluri supraterane, la solicitarea asociațiilor de proprietari, prin inițierea și derularea tuturor procedurilor necesare contractării și realizării lucrărilor de instalare a lifturilor și/sau a instalațiilor alternative/complementare.

(2) Pentru încheierea contractelor de finanțare în cadrul programului național, asociațiile de proprietari depun la autoritățile administrației publice locale solicitarea însoțită de:

a) contractul de mandat semnat;

b) hotărârea privind înscrierea în programul național, adoptată în adunarea generală, în condițiile art. 51 din Legea nr. 196/2018, cu modificările și completările ulterioare, însoțită de tabelul nominal din care să rezulte acordul scris al acestora;

c) lista proprietarilor din scara condominiului care face obiectul intervenției.

(3) La solicitarea asociațiilor de proprietari, autoritățile administrației publice locale realizează documentația tehnică cu conținut simplificat care să stabilească soluția de instalare a liftului și/sau a instalațiilor alternative/complementare pentru fiecare scară în parte sau pentru întregul condominiu.

(4) Pentru lucrările de intervenție prevăzute la alin. (3) se emite autorizație de construire în baza unei documentații tehnice de autorizare cu conținut simplificat având următorul cuprins: memoriu de arhitectură, releveu, fațade, după caz, propunerea de amplasare a echipamentelor, inclusiv a instalațiilor aferente, expertiză tehnică pentru spațiul/spațiile asupra cărora se intervine, plan de fundații și studiu geotehnic, în cazul amplasării în exteriorul clădirii.

Art. 16. — (1) În termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, autoritățile administrației publice locale care au, pe raza comunei/orașului/municipiului, condominii cu 3 sau mai multe niveluri supraterane, neechipate cu lift, realizează inventarul acestora și vor transmite datele colectate Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene și Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în vederea întocmirii planului de măsuri pentru implementarea programului național.

(2) Identificarea și inventarierea prevăzute la alin. (1) se structurează, de regulă, în funcție de:

a) regimul de înălțime al clădirilor;

b) perioada de construire;

c) tipul structural și soluțiile constructive relevante pentru instalarea lifturilor.

(3) Pentru adoptarea unor soluții tehnice unitare, contractarea lucrărilor de proiectare se realizează pe grupări de condominii, cu respectarea criteriilor prevăzute la alin. (2). Documentațiile tehnico-economice se elaborează pentru fiecare scară a condominiului, cu asigurarea condițiilor necesare prezervării aspectului arhitectural, fără alterarea elementelor decorative, a caracteristicilor stilistice și a cromaticii condominiului.

(4) În exercitarea atribuțiilor lor, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și comisiile tehnice care avizează documentațiile tehnice pot colabora, în condițiile legii, cu organizații profesionale reprezentative din domeniul arhitecturii și urbanismului, construcțiilor și accesibilității mediului construit.

Art. 17. — Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației are următoarele atribuții:

a) coordonează programul național cu finanțare de la bugetul de stat și monitorizează implementarea acestuia în fiecare etapă;

b) gestionează fondurile de la bugetul de stat;

c) valorifică rezultatele proiectului-pilot în vederea fundamentării solicitării de includere în bugetul de stat a sumelor necesare în vederea implementării etapei a doua a programului național.

Art. 18. — Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene are următoarele atribuții:

a) elaborează mecanismul de finanțare a programului-pilot;

b) coordonează și facilitează utilizarea fondurilor europene destinate finanțării măsurilor prevăzute de prezenta lege;

c) valorifică rezultatele proiectului-pilot în vederea fundamentării unei solicitări de includere în bugetul Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034 a unei linii de finanțare care să permită implementarea etapei a doua a programului național.

Art. 19. — Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale are următoarele atribuții:

a) asigură corelarea implementării legii cu politicile naționale privind incluziunea socială, protecția persoanelor cu dizabilități și îmbătrânirea activă;

b) monitorizează impactul social al aplicării prezentei legi asupra persoanelor vârstnice, persoanelor cu mobilitate redusă și persoanelor cu dizabilități și elaborează un raport anual de evaluare;

c) propune măsuri de ajustare a programului de accesibilizare fizică.

Art. 20. — (1) Proprietatea asupra liftului și a instalației liftului sau a instalațiilor alternative/complementare destinate sporirii accesibilizării fizice aparține, în cotă-parte indiviză, proprietarilor din condominiu.

(2) Proprietatea asupra instalației liftului și/sau a instalațiilor alternative/complementare destinate sporirii accesibilizării fizice aparține unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale locale atunci când se realizează pe terenul adiacent condominiului.

(3) Asociația de proprietari dobândește dreptul de folosință asupra instalației liftului, în beneficiul proprietarilor locuințelor, și a spațiilor cu altă destinație din condominiu.

(4) Toate cheltuielile de exploatare, întreținere și revizie a instalației liftului, precum și a instalațiilor alternative/complementare sunt în sarcina asociației de proprietari și se repartizează proprietarilor din condominiu potrivit prevederilor art. 75 din Legea nr. 196/2018, cu modificările și completările ulterioare.

(5) Direcțiile locale de taxe și impozite își actualizează evidențele fiscale conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 21. — (1) Lucrările de accesibilizare fizică realizate în temeiul prezentei legi se autorizează cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, fără perceperea taxelor prevăzute de Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Prin derogare de la prevederile art. 1 și ale art. 7 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru executarea lucrărilor de intervenție la părțile comune și/sau asupra domeniului public adiacent condominiului, autorizația de construire se emite fără prezentarea titlului asupra imobilului, teren și/sau construcție, a extrasului de plan cadastral și a extrasului de carte funciară de informare.

Art. 22. — La articolul 2 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 933 din 13 octombrie 2004, cu modificările și completările ulterioare, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin. (5), cu următorul cuprins:

„(5) Prin excepție de la prevederile alin. (2), se pot emite autorizații de construire fără să fie necesară elaborarea unei documentații de urbanism pentru lucrările de amplasare, construire, instalare sau modificare a lucrărilor de accesibilizare, inclusiv pentru amenajările aferente care au ca scop facilitarea accesului persoanelor cu dizabilități, persoanelor vârstnice și a persoanelor cu mobilitate redusă la condominii cu mai mult de 3 etaje supraterane, existente, în condițiile următoare:

a) lucrările vizează construirea și/sau modificarea unor spații existente, în vederea amplasării și instalării lifturilor, platformelor elevatoare, rampelor accesibile sau a altor echipamente similare destinate sporirii accesibilității, inclusiv amenajările aferente;

b) lucrările nu generează o schimbare a destinației clădirii sau a părții din clădire asupra căreia se intervine;

c) amplasarea și execuția lucrărilor respectă prevederile actelor normative tehnice în vigoare privind accesibilitatea;

d) proiectul tehnic este întocmit și semnat de proiectanți autorizați, care atestă respectarea condițiilor prevăzute la lit. b) și c).”

Art. 23. — După articolul 7 din Legea nr. 212/2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 708 din 14 iulie 2022, cu modificările și completările ulterioare, se introduce un nou articol, art. 71, cu următorul cuprins:

„Art. 71. — (1) În cazul clădirilor cu destinația de locuință încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa de risc seismic RsI sau RsII, lucrările de intervenție pentru creșterea nivelului de siguranță seismică pot include, în mod integrat, lucrări de accesibilizare constând în instalarea de lifturi și/sau instalații alternative/complementare de tipul scărilor mecanizate, platformelor elevatoare sau rampelor.

(2) Lucrările prevăzute la alin. (1) pot fi realizate concomitent cu lucrările de intervenție asupra structurii de rezistență sau ulterior finalizării acestora, în baza documentației tehnice aprobate potrivit legii.”

Art. 24. — După articolul 41 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 din 12 martie 2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările și completările ulterioare, se introduce un nou articol, art. 42, cu următorul cuprins:

„Art. 42. — (1) În cadrul lucrărilor de intervenție pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe pot fi realizate, în mod integrat, lucrări de accesibilizare constând în instalarea de lifturi și/sau instalații alternative/complementare de tipul scărilor mecanizate, platformelor elevatoare sau rampelor.

(2) Lucrările prevăzute la alin. (1) pot fi finanțate și executate concomitent cu lucrările de reabilitare termică, în baza documentației tehnico-economice aprobate potrivit legii.”

Art. 25. — (1) În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, se aprobă, prin ordin al ministrului investițiilor și proiectelor europene, mecanismul de finanțare a programului-pilot.

(2) În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi se aprobă, prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, normele metodologice privind mecanismele de inițiere, derulare, implementare, acordare a finanțării și monitorizare a programului național.

Art. 26. — Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
NATALIA-ELENA INTOTERO

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
LIVIU-LUCIAN MAZILU

București, 20 iulie 2026.
Nr. 153.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI — DECRET nr. 428 din 20 iulie 2026

pentru promulgarea Legii privind reglementarea Programului Național de Accesibilizare a Locuințelor — „Lift pentru viață”, precum și pentru completarea unor acte normative

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția României, republicată,

Președintele României decretează:

Articol unic. — Se promulgă Legea privind reglementarea Programului Național de Accesibilizare a Locuințelor — „Lift pentru viață”, precum și pentru completarea unor acte normative și se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
NICUȘOR-DANIEL DAN

București, 20 iulie 2026.
Nr. 428.

Fuente: Boletín Oficial de Rumanía, Parte I, n.º 592 de 20 de julio de 2026, páginas 2-6 (texto íntegro extraído del PDF oficial de monitoruloficial.ro).

Este artículo tiene carácter informativo y no constituye asesoramiento jurídico. Para situaciones concretas, consulta a un abogado o asesor fiscal autorizado.