En resumen

  • El Tribunal Constitucional ha rechazado la objeción de inconstitucionalidad planteada por el Presidente de Rumanía y ha validado la ley que permite que las centrales hidroeléctricas aprobadas antes del 29 de junio de 2007 sean excluidas, a petición del inversor, de los límites de las áreas naturales protegidas de interés nacional, en solo 60 días.
  • La misma ley exime de la evaluación de impacto ambiental a los proyectos de defensa y seguridad nacional designados por el Consejo Supremo de Defensa del País (CSAT), así como a las obras de mantenimiento o modernización de capacidades eléctricas ya existentes situadas en áreas protegidas.
  • La decisión es definitiva y de obligado cumplimiento general, pero no es unánime: un magistrado redactó un voto particular, alegando que la ley debía haberse declarado inconstitucional tanto por vulnerar el bicameralismo como por violar el derecho a un medio ambiente sano.
Acto: Decisión del TC n.º 735/2026
Publicado: Boletín Oficial n.º 640 del 3 de agosto de 2026
Pronunciada: 24 de junio de 2026

El Tribunal Constitucional ha rechazado la objeción de inconstitucionalidad planteada por el Presidente de Rumanía contra una ley que facilita, para las centrales hidroeléctricas antiguas, la exclusión de determinadas superficies de las áreas naturales protegidas y exime de la evaluación de impacto ambiental a una serie de proyectos relacionados con la seguridad nacional. La Decisión n.º 735/2026, publicada en el mismo número del Boletín Oficial que contiene también el rechazo por parte del TC del recurso de los bancos sobre la dación en pago, confirma la constitucionalidad de una ley que completa el Decreto-ley del Gobierno n.º 57/2007 sobre áreas naturales protegidas y modifica la Ley n.º 292/2018 sobre evaluación de impacto ambiental. La ley pretende, en esencia, desbloquear antiguas inversiones hidroeléctricas, aprobadas hace décadas pero paralizadas por la superposición con áreas naturales protegidas.

La ley sometida a control tiene dos componentes distintos. El primero (art. I) añade una nueva excepción al Decreto-ley del Gobierno n.º 57/2007: si para una superficie situada hoy dentro de un área natural protegida de interés nacional existía, a fecha de 29 de junio de 2007, un objetivo de inversión hidroeléctrica aprobado mediante decisión del Gobierno o decreto estatal, en ejecución o ya iniciado, la autoridad central de protección ambiental debe excluir esa superficie del área protegida, en un plazo de 60 días desde la solicitud del inversor, manteniendo no obstante una zona de amortiguación mínima de 100 metros. El segundo (art. II) modifica la Ley n.º 292/2018, ampliando la exención de la evaluación de impacto ambiental a los proyectos designados por el Consejo Supremo de Defensa del País (CSAT) como relacionados con la defensa, la seguridad nacional o las situaciones de emergencia, así como a las obras de mantenimiento, renovación tecnológica o modernización de las capacidades existentes de producción o transporte de electricidad situadas en áreas protegidas.

Los efectos que produce

Para las empresas propietarias o gestoras de centrales hidroeléctricas cuyas inversiones fueron aprobadas mediante actos administrativos anteriores al 29 de junio de 2007 y que se superponen con un área natural protegida de interés nacional (reserva científica, parque nacional, monumento natural, reserva natural o parque natural), la ley abre una vía rápida y previsible: una solicitud al Ministerio de Medio Ambiente, Aguas y Bosques, seguida de un plazo fijo de 60 días en el que deben modificarse los límites del área, sin pasar por el procedimiento general, más engorroso y menos previsible [art. 56¹, apdo. (3) del Decreto-ley del Gobierno n.º 57/2007], que exige un estudio científico y el dictamen del consejo científico.

Para los proyectos relacionados con la defensa, la seguridad nacional o las situaciones de emergencia, la designación mediante una decisión del CSAT se convierte, en la práctica, en el pasaporte para la exención de la evaluación de impacto ambiental prevista en la Ley n.º 292/2018, sin necesidad ya del análisis conjunto, «caso por caso», de la autoridad de defensa/seguridad y de la autoridad ambiental, exigido antes por la ley. Sin embargo, el Tribunal señaló en su fundamentación que este análisis individual sigue existiendo, trasladado al nivel del CSAT: cada proyecto debe evaluarse por separado antes de incluirse en una decisión de esa institución.

El efecto práctico para los ciudadanos y las organizaciones ambientales es más bien indirecto: la ley no modifica, por sí misma, los límites de ningún área protegida concreta, sino que solo crea el marco legal para que la autoridad ambiental lo haga, a petición del inversor, mediante un acto administrativo posterior. Ese acto sigue siendo, en teoría, recurrible por separado ante la jurisdicción contencioso-administrativa, y la situación es distinta cuando el área protegida de interés nacional se superpone con un lugar «Natura 2000» (protegido por el derecho de la Unión Europea): en tales casos de superposición, las Directivas de Hábitats y Aves, así como la obligación de evaluación de impacto ambiental, siguen siendo plenamente aplicables, con independencia de la excepción prevista en la ley rumana.

Qué ha cambiado respecto a la situación anterior

  • La ley permanece sin cambios: el Tribunal rechazó la objeción del Presidente y confirmó la plena constitucionalidad de la ley, tanto por motivos de procedimiento (bicameralismo, dictamen del Consejo Legislativo) como en cuanto al fondo.
  • Se añade una nueva excepción al régimen de áreas protegidas: el art. 56¹ del Decreto-ley del Gobierno n.º 57/2007 recibe un nuevo apdo. (8), que permite la exclusión automática, en 60 días, de las superficies ocupadas por antiguas centrales hidroeléctricas (aprobadas antes del 29 de junio de 2007) de las áreas naturales protegidas de interés nacional, manteniendo una zona de amortiguación de 100 metros.
  • Se amplía la exención de evaluación ambiental: el art. 5, apdo. (1) de la Ley n.º 292/2018 exime ahora, además de los proyectos de «objetivo único» de defensa/seguridad, también a los proyectos que solo «contribuyen» a dichos objetivos, si están designados mediante decisión del CSAT, además de las obras de mantenimiento/renovación tecnológica/modernización de las capacidades energéticas existentes situadas en áreas protegidas.
  • Desaparece la mención expresa «caso por caso» del texto, pero el Tribunal interpretó que la evaluación individual de cada proyecto se sigue realizando, a través del propio mecanismo de designación de proyectos por parte del CSAT.

Ventajas y desventajas

Qué aporta de positivo

  • Desbloquea, mediante un procedimiento claro y con plazo fijo (60 días), antiguas inversiones hidroeléctricas, algunas de las cuales llevaban casi dos décadas en espera debido a la superposición con áreas protegidas.
  • Contribuye a los objetivos de seguridad energética de Rumanía (aumento de la capacidad de producción a partir de fuentes renovables, reducción de la dependencia de recursos fósiles importados), invocados explícitamente por la Cámara de Diputados y el Ministerio de Energía en defensa de la ley.
  • Mantiene una zona de amortiguación mínima de 100 metros y deja intactas las Directivas europeas de Hábitats y Aves allí donde el área protegida se superpone con un lugar Natura 2000.

Qué sigue siendo un problema

  • El voto particular advierte de que, a diferencia de la excepción más antigua para las explotaciones mineras [art. 56¹, apdo. (4)-(5)], la nueva excepción no exige ninguna compensación (una superficie equivalente a cambio) ni ninguna verificación individual del impacto de la exclusión sobre el área protegida.
  • La mayoría de las áreas naturales protegidas de interés nacional en Rumanía se superponen, en la práctica, con lugares «Natura 2000»; allí donde esto ocurre, la aplicación de la excepción sigue condicionada al cumplimiento íntegro de la Directiva de Hábitats, lo que puede generar confusión y litigios puntuales.
  • La eliminación de la mención expresa «caso por caso» en la exención de los proyectos del CSAT respecto de la evaluación ambiental plantea, según el voto particular, el riesgo de una aplicación menos transparente, sobre todo porque el Ministerio de Medio Ambiente no tiene representación directa en el CSAT.

Consejos útiles

  1. Si gestionas una antigua inversión hidroeléctrica situada en un área natural protegida de interés nacional: comprueba si el objetivo de inversión estaba aprobado mediante decisión del Gobierno o decreto estatal antes del 29 de junio de 2007, y si las obras estaban en ejecución o ya habían comenzado en esa fecha; estas son las condiciones de elegibilidad para el nuevo procedimiento de 60 días.
  2. Si tu zona se superpone con un lugar Natura 2000, no supongas que la excepción de la ley rumana te exime automáticamente de la evaluación ambiental europea; la autoridad ambiental exigirá, con toda probabilidad, la evaluación adecuada impuesta por la Directiva de Hábitats.
  3. Si trabajas en un proyecto relacionado con la defensa, la seguridad nacional o la energía y quieres beneficiarte de la exención de la Ley n.º 292/2018, comprueba si tu proyecto está designado mediante una decisión del CSAT; sin esa designación individual, la excepción no se aplica.
  4. Las organizaciones ambientales y las comunidades locales pueden impugnar por separado, ante la jurisdicción contencioso-administrativa, cada acto administrativo concreto mediante el cual el Ministerio de Medio Ambiente modifique los límites de un área protegida en virtud de la nueva excepción, aunque la ley marco haya sido validada por el TC.
  5. La ley aún no estaba promulgada en la fecha de este artículo; solo tras su promulgación y publicación producirá plenos efectos jurídicos, incluida la posibilidad de presentar las primeras solicitudes de modificación de los límites de las áreas protegidas.

Preguntas frecuentes

¿Qué decidió el Tribunal Constitucional mediante la Decisión n.º 735/2026?
Rechazó, por infundada, la objeción de inconstitucionalidad del Presidente de Rumanía y declaró que son constitucionales la ley que permite excluir, en 60 días, superficies de las áreas naturales protegidas de interés nacional para centrales hidroeléctricas antiguas, así como la exención de la evaluación de impacto ambiental para proyectos de seguridad nacional designados por el CSAT.
¿Qué significa una «objeción de inconstitucionalidad» y quién la formuló?
Es el control de constitucionalidad ejercido antes de la promulgación, sobre una ley ya aprobada por el Parlamento pero aún no promulgada. En este caso fue planteada por el Presidente de Rumanía el 11 de noviembre de 2025, inmediatamente después de que la Cámara de Diputados aprobara la ley.
¿Cambian los límites de alguna área natural protegida ya mismo, con la publicación de la decisión?
No de forma automática. La decisión del TC solo confirma que la ley es constitucional; la ley todavía debe promulgarse y publicarse por separado, y luego cada modificación de límites se realiza mediante un acto administrativo individual del Ministerio de Medio Ambiente, a petición concreta de un inversor.
¿Se aplica la excepción también a los lugares Natura 2000?
No directamente. El Tribunal declaró expresamente que la nueva excepción [art. 56¹, apdo. (8) del Decreto-ley del Gobierno n.º 57/2007] afecta únicamente a las áreas naturales protegidas de interés nacional, no a las de interés comunitario (lugares Natura 2000), que siguen sujetas íntegramente a las Directivas europeas de Hábitats y Aves, aunque, en la práctica, muchas áreas de interés nacional se superpongan con lugares Natura 2000.
¿Por qué fue contestada la decisión incluso por un magistrado del propio Tribunal?
El magistrado Dacian-Cosmin Dragoș redactó un voto particular, argumentando que, en su opinión, la ley vulnera tanto el principio del bicameralismo (las enmiendas de la Cámara de Diputados habrían modificado sustancialmente la forma rechazada por el Senado) como el derecho a un medio ambiente sano, por la falta de garantías similares a las previstas para las explotaciones mineras (compensación, verificación individual del impacto).
¿Qué ocurre con los proyectos de seguridad nacional designados por el CSAT?
Están exentos de la evaluación de impacto ambiental prevista en la Ley n.º 292/2018, pero, según el Tribunal, siguen sujetos a un análisis individual realizado por el propio CSAT antes de incluirse en una decisión de esa institución.

Este artículo tiene fines informativos y no constituye asesoramiento jurídico. Para situaciones concretas relacionadas con proyectos de inversión, áreas naturales protegidas o procedimientos de evaluación de impacto ambiental, se recomienda consultar a un abogado especializado en derecho ambiental o administrativo.

Textul original al actului normativ

El texto que figura a continuación se reproduce en rumano, en su forma oficial de publicación.

DECIZIA nr. 735 din 24 iunie 2026 referitoare la obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. I și II din Legea pentru completarea art. 561 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, precum și pentru modificarea art. 5 alin. (1) din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, inclusiv opinia separată

DECIZIA nr. 735 din 24 iunie 2026

referitoare la obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. I și II din Legea pentru completarea art. 561 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, precum și pentru modificarea art. 5 alin. (1) din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, precum și a legii, în ansamblul său

EMITENT: CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

Publicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 3 august 2026

Elena-Simina Tănăsescu

– președinte

Asztalos Csaba-Ferenc

– judecător

Mihai Busuioc

– judecător

Mihaela Ciochină

– judecător

Cristian Deliorga

– judecător

Dacian-Cosmin Dragoș

– judecător

Dimitrie-Bogdan Licu

– judecător

Gheorghe Stan

– judecător

Cristina Teodora Pop

– magistrat-asistent-șef

1. Pe rol se află soluționarea obiecției de neconstituționalitate a prevederilor Legii pentru completarea art. 56¹ din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, precum și pentru modificarea art. 5 alin. (1) din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului (PL-x nr. 14/2023), obiecție formulată de Președintele României.

2. Obiecția de neconstituționalitate a fost înregistrată la Curtea Constituțională cu nr. 2.951 din 11 noiembrie 2025 și constituie obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 4.510 A/2025.

3. În motivarea obiecției de neconstituționalitate sunt formulate critici de neconstituționalitate extrinsecă, prin raportare la dispozițiile constituționale ale art. 61, ale art. 75 și ale art. 79 alin. (1), precum și critici de neconstituționalitate intrinsecă, prin raportare la prevederile constituționale ale art. 1 alin. (5), ale art. 15 alin. (2), ale art. 119 și 148, raportate la cele ale art. 35, ale art. 53 și ale art. 135 alin. (2) lit. e) din Legea fundamentală.

4. În ceea ce privește pretinsa neconstituționalitate extrinsecă a legii criticate se susține că aceasta a fost adoptată cu încălcarea principiului bicameralismului. În acest sens, se menționează că Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă pentru completarea art. 56¹ din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, precum și pentru modificarea art. 5 alin. (1) din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului la data de 19 decembrie 2022, aceasta fiind adoptată de Camera Deputaților, în calitate de Cameră decizională, la data de 15 octombrie 2025, într-o formă diferită ca structură și conținut de cea respinsă de Senat.

5. În privința conținutului legii criticate, se arată că diferențele dintre forma proiectului respinsă de Senat și cea adoptată de Camera Deputaților sunt de o asemenea amploare — prin extinderea suprafețelor care pot fi scoase din limita ariilor naturale protejate; prin modalitatea de scoatere a acestor suprafețe din limita ariilor naturale protejate, respectiv la solicitarea „beneficiarului”; prin reglementarea termenului de 60 de zile de conformare a autorității publice centrale pentru protecția mediului la solicitarea „beneficiarului”; prin modificarea atribuțiilor Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT) printr-o lege ordinară — încât echivalează cu excluderea primei Camere sesizate din procesul de legiferare.

6. Referitor la structura legii analizate, se susține că forma inițiatorilor a avut în vedere o intervenție legislativă asupra art. 56¹ din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007, prin introducerea unui nou alineat (4¹) după alineatul (4), în timp ce forma adoptată de Camera decizională prevede introducerea unui nou alineat (8), după alineatul (7) al aceluiași art. 56¹.

7. Este invocată jurisprudența Curții Constituționale referitoare la principiul bicameralismului, respectiv Decizia nr. 710 din 6 mai 2009, Decizia nr. 1.029 din 8 octombrie 2008, Decizia nr. 355 din 25 iunie 2014, Decizia nr. 62 din 7 februarie 2017, Decizia nr. 89 din 28 februarie 2017 și Decizia nr. 392 din 6 iunie 2018, concluzionându-se că legea criticată a fost adoptată cu încălcarea acestui principiu constituțional.

8. Se susține că legea dedusă controlului de constituționalitate încalcă prevederile art. 79 alin. (1) din Constituție, deoarece a fost adoptată fără să se fi solicitat avizul Consiliului Legislativ în privința formei sale finale.

9. În acest sens, se arată că norma constituțională anterior referită prevede expres obligația ca proiectele de acte normative să fie avizate de Consiliul Legislativ, instituție cu rol esențial în asigurarea coerenței și stabilității legislației. Se menționează că această obligație este reglementată și la art. 31 alin. (3) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, care prevede că instrumentele de prezentare și motivare trebuie să includă referirea expresă la avizul Consiliului Legislativ. Or, potrivit fișei legislative a legii analizate, ultimul aviz al Consiliului Legislativ a fost emis la data de 17 noiembrie 2022, înainte ca forma finală a proiectului să fie supusă dezbaterii Camerei decizionale, și fără a reflecta modificările aduse ulterior, inclusiv cele esențiale privind excluderea proiectelor de interes pentru securitatea națională de la evaluarea impactului asupra mediului.

10. Se susține, totodată, că în privința legii examinate nu sunt aplicabile dispozițiile art. 2 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 73/1993 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Legislativ, potrivit cărora avizul Consiliului Legislativ poate deveni facultativ în cazul propunerilor legislative aflate deja într-o cameră decizională, întrucât proiectul acestei legi a fost respins de Senat la data de 19 decembrie 2022, iar avizele emise ulterior — cum este Avizul Secretariatului General al Guvernului nr. 4.504 din 23 aprilie 2023, prin care au fost propuse ample modificări ale proiectului de lege — impuneau reavizarea acestuia de către Consiliul Legislativ. Cu toate acestea, adoptarea legii criticate s-a realizat cu încălcarea obligației constituționale de reluare a procedurii de avizare ce rezultă din dispozițiile art. 79 alin. (1) din Constituție. Este invocată, în acest sens, Decizia Curții Constituționale nr. 221 din 2 iunie 2020.

11. Cu privire la conformitatea legii criticate cu prevederile constituționale ale art. 1 alin. (5) se arată că expunerea de motive a proiectului de lege este redactată într-un limbaj imprecis, cu termeni neconsacrați juridic, precum „accesarea excepțiilor”, „cadrul procedural simplificat” sau „obiectiv investițional nemaifiind parte integrantă”. Acești termeni nu sunt corelați cu dispozițiile clare din directivele europene în domeniul protecției mediului și nu indică articolele aplicabile, creând ambiguități majore. Se susține, totodată, că expunerea de motive nu explică în ce condiții operează excepțiile reglementate prin legea criticată și nu arată care este impactul acestora asupra regimului de protecție a mediului. Astfel, sunt încălcate prevederile art. 8 și 25 din Legea nr. 24/2000.

12. De asemenea, este invocată neconcordanța dintre expunerea de motive și conținutul real al textului normativ. Astfel, deși în expunerea de motive se susține că legea urmărește doar o procedură simplificată pentru unele proiecte hidroenergetice aflate în derulare, dispozițiile art. II din legea criticată modifică art. 5 alin. (1) din Legea nr. 292/2018 în sensul excluderii de la evaluarea impactului asupra mediului a tuturor proiectelor desemnate prin hotărâri ale CSAT. Însă, prin extinderea nejustificată a excepției astfel reglementate, se eludează complet regimul juridic al protecției mediului, în contradicție cu intenția declarată de legiuitor și cu standardele constituționale de calitate a legii.

13. În ceea ce privește conținutul legii criticate se susține că acesta cuprinde formulări defectuoase și improprii, contrare prevederilor art. 1 alin. (5) din Constituție și ale art. 50 din Legea nr. 24/2000. În acest sens, se arată că sintagma „zonă minimă, tampon, de lățime 100 metri” din cuprinsul art. I creează confuzii, nefiind clar dacă termenul face trimitere la zonele-tampon definite la art. 22 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007, care sunt părți integrante ale ariilor naturale protejate și trebuie delimitate prin planuri de management aprobate de autoritatea competentă. Fără o asemenea clarificare, norma produce incertitudine juridică în ceea ce privește aplicabilitatea regimului de protecție al acestor zone. Se susține, totodată, că sintagma „dacă pentru suprafețele respective, la data de 29 iunie 2007, erau aprobate, prin hotărâre a Guvernului sau decrete de stat, obiective de investiții” din cuprinsul aceluiași art. I este lipsită de claritate, inclusiv din perspectiva respectării principiului neretroactivității legii consacrat de art. 15 alin. (2) din Constituție.

14. Totodată, se susține că sintagma „proiectelor care contribuie la realizarea acestor obiective, din punct de vedere al securității naționale” din cuprinsul art. II din legea criticată este ambiguă și echivocă, întrucât nu rezultă cu claritate care sunt aceste „obiective” la care face trimitere, din prima teză a textului reieșind că obiectivul unic este reprezentat de apărarea, securitatea națională sau reacția la situații de urgență. Se arată că din interpretarea literală a textului de lege rezultă că termenul „obiectiv”, utilizat de către legiuitor la art. II din legea criticată, cu referire la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 292/2018, are înțelesul de scop, țel, țintă al/a respectivelor proiecte, și nu înțelesul militar al termenului, de locație/imobil de interes pentru apărarea sau securitatea națională.

15. Este invocată jurisprudența Curții Constituționale referitoare la calitatea legii, respectiv Decizia nr. 26 din 18 ianuarie 2012, precum și dispozițiile art. 8 alin. (4) teza întâi din Legea nr. 24/2000.

16. În ceea ce privește pretinsa încălcare, prin dispozițiile art. II din legea criticată, a prevederilor art. 119 din Constituție se arată că Legea nr. 415/2002 privind organizarea și funcționarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării, precum și Legea nr. 51/1991 privind securitatea națională a României sunt legi organice care stabilesc în sarcina CSAT atribuții privind desemnarea unor proiecte care contribuie la realizarea apărării, securității naționale ori reacției la situații de urgență; drept urmare, legea criticată, care este o lege ordinară, nu poate trasa responsabilități suplimentare în sarcina CSAT.

17. Este invocată jurisprudența Curții Constituționale, respectiv Decizia nr. 1.008 din 7 iulie 2009 și Decizia nr. 221 din 2 iunie 2020, potrivit cărora regimul juridic al instituțiilor fundamentale ale statului, precum Consiliul Suprem de Apărare a Țării, nu poate fi modificat decât prin lege organică, conform art. 73 alin. (3) lit. e) din Constituție.

18. Or, art. II din legea criticată reglementează o competență nouă a CSAT, cu caracter executiv și normativ, aceea de a desemna proiecte ca fiind de securitate națională, cu efectul excluderii lor de la aplicarea Legii nr. 292/2018 și, prin urmare, a Directivei 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică (Habitate), a Directivei 2009/147/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind conservarea păsărilor sălbatice (versiune codificată) (Păsări) și a Directivei 2011/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului (EIA). Se susține că, astfel, art. II analizat prevede o atribuție a CSAT care depășește mandatul său constituțional și cadrul său legal de funcționare, transformând acest organism într-un decident executiv asupra unor drepturi fundamentale, aspecte ce contravin dispozițiilor art. 119 din Constituție.

19. Dintr-o altă perspectivă, se menționează că, potrivit art. 2 lit. e) din Legea nr. 292/2018, noțiunea de „proiect” este definită ca „executarea lucrărilor de construcții sau a altor instalații ori lucrări, precum și alte intervenții asupra cadrului natural și peisajului, inclusiv cele care implică exploatarea resurselor minerale”. Or, din punctul de vedere al aplicării de facto a noii reglementări, CSAT nu poate iniția executarea lucrărilor de construcții sau a altor instalații ori lucrări, acestea fiind subsumate competențelor Guvernului, prin ministerele de resort, astfel că numai inițiatorul, în raport cu natura, importanța, scopul și efectele construcției/lucrării, poate aprecia că aceste proiecte contribuie la realizarea apărării sau securității naționale, solicitând avizul CSAT, conform art. 4 lit. d) din Legea nr. 415/2002.

20. Cu privire la pretinsa încălcare a dispozițiilor constituționale anterior menționate se susține că aderarea României la Uniunea Europeană a ridicat problema raportului de forță juridică dintre normele interne și cele ale Uniunii Europene și, în acest cadru, cu cele cuprinse în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, respectiv a interpretării date acestora de Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Sub acest aspect sunt invocate dispozițiile art. 148 din Constituție, precum și considerentele deciziilor Curții Constituționale nr. 148 din 16 aprilie 2003, nr. 58 din 21 februarie 2013 și nr. 104 din 6 martie 2018.

21. În acest context, se arată că legea dedusă controlului de constituționalitate modifică și completează Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 și Legea nr. 292/2018, care transpun în legislația românească Directiva 92/43/CEE (Habitate) și Directiva 2009/147/CE (Păsări), precum și Directiva 2011/92/UE (EIA). Prin urmare, conform art. 148 din Constituție, orice modificare adusă actelor normative anterior menționate ar fi trebuit să mențină compatibilitatea legislației naționale cu dreptul european. Cu toate acestea, se susține că cele două modificări legislative criticate încalcă normele de drept european în vigoare în domeniul ariilor protejate și, prin aceasta, prevederile art. 148 din Constituție.

22. În sensul celor de mai sus, se arată că Directiva 92/43/CEE (Habitate) și Directiva 2009/147/CE (Păsări) au impus constituirea rețelei Natura 2000 și instituirea unor măsuri speciale de protecție a habitatelor și speciilor-țintă în Uniunea Europeană. Pentru acest motiv, rețeaua Natura 2000 și categoriile naționale de arii protejate sunt guvernate în România de cadrul juridic european anterior menționat și, în subsidiar, de legislația românească, prin transpunerea acestor directive garantându-se că habitatele și speciile de interes comunitar beneficiază de regim de protecție prioritar în legislația românească. Prin urmare, orice modificare a limitelor, regimului sau integrității ariilor protejate trebuie să respecte rigorile dreptului european, aplicabile tuturor ariilor din categoriile protejate. În acest sens, art. 6 alin. (3) din Directiva 92/43/CEE (Habitate) și dispozițiile Directivei 2009/147/CE (Păsări) impun ca orice plan sau proiect susceptibil de a avea efecte semnificative asupra unui sit Natura 2000 să fie autorizat numai dacă este cert că nu va produce consecințe negative asupra integrității sitului.

23. Or, contrar dispozițiilor art. 6 alin. (3) din Directiva 92/43/CEE (Habitate), art. I din legea criticată prevede posibilitatea modificării limitelor ariilor naturale protejate, inclusiv a siturilor Natura 2000, fără să condiționeze aceste modificări de realizarea unei evaluări adecvate a impactului asupra mediului, instituind, astfel, un mecanism de exceptare automată a proiectelor de investiții hidrotehnice aprobate anterior transpunerii dispozițiilor art. 6 alin. (3) din Directiva 92/43/CEE (Habitate) prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007, prin eliminarea obligației de analiză a potențialelor efecte asupra integrității siturilor de importanță comunitară, impusă de aceeași directivă.

24. Se susține că nicio lege națională nu poate desființa, reduce sau modifica limitele siturilor Natura 2000 stabilite potrivit dreptului Uniunii Europene, în privința acestora fiind incident un regim de protecție supranațional, obligatoriu, integrat în ordinea juridică a statelor membre. Odată ce un sit este înscris pe lista de situri de importanță comunitară (SIC), statul membru nu mai are competență să îi modifice limitele, regimul de protecție sau existența decât printr-o procedură de declasare notificată și aprobată de Comisia Europeană. Astfel, orice normă de drept intern care nu respectă cerințele anterior menționate este contrară art. 148 din Constituție, precum și dispozițiilor art. 4, 9 și 11 din Directiva 92/43/CEE (Habitate).

25. Sunt invocate, în acest sens, hotărârile Curții de Justiție a Uniunii Europene din 3 aprilie 2014 și 19 octombrie 2017 pronunțate în Cauza C-301/12 Cascina Tre Pini Ss împotriva Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare și alții, și în Cauza C-281/16 Vereniging Hoekschewaards Landschap împotriva Staatssecretaris van Economische Zaken.

26. Se arată, totodată, că art. I din legea criticată încalcă dispozițiile art. 6 alin. (2)-(4) din Directiva 92/43/CEE (Habitate) care impun condiții stricte pentru autorizarea proiectelor cu efect negativ asupra siturilor Natura 2000. Astfel, art. 6 alin. (4) din Directiva 92/43/CEE (Habitate) prevede că un proiect cu efect negativ dovedit poate fi realizat numai în cazuri excepționale, în lipsa soluțiilor alternative și numai pentru motive imperative de interes public major, cu obligația de a lua măsuri compensatorii pentru a proteja coerența rețelei Natura 2000, condiții care trebuie îndeplinite cumulativ. Potrivit acelorași norme europene, până la îndeplinirea acestor condiții, orice proiect care „ar afecta negativ integritatea sitului” nu poate fi autorizat.

27. Se susține că dispozițiile art. I din legea criticată nu prevăd îndeplinirea niciuneia dintre condițiile mai sus arătate, respectiv nu reglementează obligativitatea realizării unei evaluări de impact, condiția inexistenței alternativelor și a existenței motivelor imperative care să stea la baza proiectelor, și nu impun măsuri compensatorii.

28. Sunt invocate Hotărârile Curții de Justiție a Uniunii Europene din 26 octombrie 2006, 20 septembrie 2007 și 29 iulie 2019, pronunțate în cauzele C-239/04, Comisia împotriva Portugaliei; C-304/05, Comisia împotriva Italiei; Cauza C-538/09, Comisia împotriva Belgiei și Cauza C-411/17 Inter-Environnement Wallonie ASBL și Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen ASBL împotriva Conseil des ministres.

29. Se susține că, din interpretarea acestei jurisprudențe, rezultă că art. 6 alin. (4) primul paragraf din Directiva 92/43/CEE (Habitate) trebuie să fie interpretat în sensul că obiectivul asigurării, în orice moment, a siguranței aprovizionării cu energie electrică a unui stat membru constituie un motiv crucial de interes public major, dar că cel de-al doilea paragraf al art. 6 alin. (4) trebuie interpretat în sensul că, în cazul în care situl protejat adăpostește un tip de habitat natural sau o specie prioritară, doar necesitatea de a elimina o amenințare reală și gravă de întrerupere a aprovizionării cu energie electrică este de natură să constituie un motiv de siguranță publică în sensul acestor norme de drept european.

30. Se arată că majoritatea ariilor naturale protejate de interes național coincid cu situri Natura 2000, ceea ce implică aplicarea directă a regimului european invocat. Așadar, o normă internă care permite modificarea limitelor acestora fără o procedură de declasare acceptată de Comisia Europeană încalcă dispozițiile art. 4, 9 și 11 din Directiva 92/43/CEE (Habitate).

31. Se susține, că, în contradicție cu normele europene analizate, prevederile art. I din legea criticată inversează prioritățile impuse de acestea, asigurând dezvoltarea economică în detrimentul conservării biodiversității. Pentru toate aceste motive, se susține că art. I din legea criticată încalcă dispozițiile Directivei 92/43/CEE (Habitate) și ale Directivei 2009/147/CE (Păsări), fiind, așadar contrar art. 148 raportat la art. 35 și art. 135 alin. (2) lit. e), precum și la art. 53 din Legea fundamentală.

32. În dezvoltarea motivelor de neconstituționalitate raportate la art. 148 din Constituție, se susține că art. II din legea criticată constituie o încălcare a obligației de transpunere și aplicare în mod efectiv a dreptului european, respectiv a Directivei 2011/92/UE (EIA), prin faptul că elimină, cu titlu general, cerința de evaluare a impactului asupra mediului pentru o întreagă clasă de proiecte energetice, precum și pentru toate proiectele desemnate de CSAT ca având legătură cu securitatea națională, chiar și atunci când acestea vizează zone naturale protejate, fără să limiteze aplicabilitatea derogărilor la cazuri punctuale sau justificate individual. Pentru aceste motive, norma criticată nu respectă condiția fundamentală impusă de art. 2 alin. (4) din Directiva 2011/92/UE (EIA), respectiv cea referitoare la aplicarea derogărilor doar în cazuri excepționale și doar pentru proiecte specifice, și numai după îndeplinirea cumulativă a trei condiții procedurale: evaluarea unei alternative de analiză, informarea publicului și notificarea Comisiei Europene.

33. Se susține că, pentru a putea beneficia de excepția prevăzută la art. 2 alin. (4) din Directiva 2011/92/UE (EIA), statul membru trebuie să demonstreze că aplicarea integrală a procedurii prevăzute de directiva anterior menționată ar afecta scopul proiectului, iar respectarea cerințelor directivei ar fi imposibilă sau incompatibilă cu urgența ori interesul public justificat. Astfel, caracterul excepțional nu este suficient per se; trebuie dovedită imposibilitatea obiectivă a aplicării regulii. Se arată, totodată, că, potrivit art. 1 alin. (3) din Directiva 2011/92/UE (EIA), pot fi exceptate doar acele proiecte care au ca unic scop apărarea sau reacția la situații de urgență, iar evaluarea de mediu ar compromite atingerea acestor scopuri.

34. Sunt invocate Hotărârile Curții de Justiție a Uniunii Europene din 29 iulie 2019 și 16 septembrie 1999, pronunțate în cauzele C-411/17, Inter-Environnement Wallonie ASBL and Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen ASBL împotriva Conseil des ministres și C-435/97, World Wildlife Fund (WWF) și alții și Autonome Provinz Bozen și alții.

35. Se arată că art. II din legea criticată nu include nicio analiză care să demonstreze că respectarea prevederilor Directivei 2011/92/UE (EIA) ar compromite obiectivele proiectelor vizate, nici nu condiționează excepția de existența unui pericol iminent sau a unei necesități de acțiune imediată. Se creează astfel un mecanism de exceptare necondiționat, fără fundament factual individualizat, ceea ce contravine principiului proporționalității consacrat de jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene. Astfel, art. II din legea criticată nu respectă cerințele procedurale prevăzute la art. 2 alin. (4) lit. (a)-(c) din Directiva 2011/92/UE (EIA).

36. Se mai arată că același art. II ignoră condiția impusă de art. 1 alin. (3) din Directiva 2011/92/UE (EIA), conform căreia pot fi exceptate de la prevederile acesteia doar acele proiecte care au ca unic scop apărarea sau reacția la situații de urgență, iar evaluarea de mediu ar compromite atingerea acestor scopuri, această derogare nevizând proiecte cu caracter mixt ori care doar contribuie indirect la obiectivele respective. Prin raportare la aceste cerințe legale, art. II analizat extinde excepția astfel reglementată la proiecte care doar contribuie la realizarea obiectivelor de securitate națională, desemnate prin hotărâri ale Consiliului Suprem de Apărare a Țării, nefiind limitate la scopuri exclusive. Se arată că o astfel de excludere de la regulile generale trebuie interpretată strict și este admisibilă doar dacă proiectele servesc în principal apărării naționale, ceea ce nu este cazul în prezenta cauză.

37. Se subliniază că anexa nr. II la Directiva 2011/92/UE (EIA) — transpusă fidel prin anexa nr. 2 la Legea nr. 292/2018 — prevede expres că instalațiile industriale pentru producerea energiei electrice și lucrările aferente trebuie supuse procedurii prevăzute de această directivă, inclusiv în cazul lucrărilor de retehnologizare sau modernizare.

38. Pentru aceste motive, se susține că art. II din legea criticată înlătură de facto aplicarea Directivei 2011/92/UE (EIA) pentru o întreagă categorie de proiecte enumerate expres în anexa la această directivă, contrar principiului conform căruia nicio normă națională nu poate reduce nivelul de protecție stabilit printr-un act european cu caracter obligatoriu.

39. În ceea ce privește pretinsa încălcare prin dispozițiile legii criticate a prevederilor constituționale ale art. 35, 53 și ale art. 135 alin. (2) lit. e), se arată că art. 35, ce reglementează dreptul la un mediu sănătos, instituie o obligație pozitivă a statului de a adopta și menține un cadru normativ care să asigure protecția efectivă a mediului. Așa fiind, orice act normativ care reduce nivelul de protecție deja asigurat prin legislația în vigoare constituie un regres legislativ nepermis, întrucât contravine obligației statului de a conserva și îmbunătăți standardele de protecție în acest domeniu.

40. Astfel, soluția legislativă prevăzută la art. I din legea criticată, potrivit căreia proiectele hidroenergetice pot ignora existența ariilor naturale protejate deja constituite, contravine dispozițiilor Constituției și dreptului european, precum și obligațiilor asumate de România la nivel internațional.

41. Se arată că o astfel de reglementare contravine, totodată, principiilor legalității și securității juridice. Este invocată hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene din 29 iulie 2019, pronunțată în Cauza C-411/17, Inter-Environnement Wallonie ASBL și Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen ASBL împotriva Conseil des ministres, prin care s-a stabilit că orice proiect care afectează un sit Natura 2000 poate fi autorizat doar dacă sunt îndeplinite următoarele condiții: există o evaluare adecvată care demonstrează impactul negativ, nu există alternative mai puțin dăunătoare, există motive imperative de interes public major, se iau măsuri compensatorii care mențin coerența rețelei Natura 2000. Însă dispozițiile art. I din legea criticată nu respectă niciuna dintre aceste condiții, iar absența compensațiilor echivalente și a controlului Comisiei Europene face inaplicabilă excepția invocată. Se face trimitere la hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene din 26 mai 2011, pronunțată în Cauza C-538/09, Comisia împotriva Belgiei, prin care a fost sancționată exceptarea automată de la evaluarea de mediu prin normele naționale.

42. Nu în ultimul rând, se arată că intervenția legislativă propusă prin art. I din legea criticată creează un efect de „declasare mascată” a ariilor naturale protejate, fără o procedură oficială de reclasificare agreată de Comisia Europeană, încălcând astfel atât dreptul Uniunii Europene, cât și prevederile Constituției. În acest sens, este invocată hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene din 19 octombrie 2017, pronunțată în Cauza C-281/16, Vereniging Hoekschewaards Landschap împotriva Staatssecretaris van Economische Zaken, prin care s-a statuat că statele nu pot reduce suprafața unui sit Natura 2000 decât dacă dovedesc că respectivele zone nu mai au valoare ecologică, iar modificarea este aprobată de Comisia Europeană.

43. Se susține, totodată, că și art. II din legea criticată contravine dispozițiilor art. 35 și 53 din Constituție, întrucât instituie o excepție generală și necondiționată de la aplicarea Legii nr. 292/2018, excluzând de plano proiectele pe care le reglementează de la evaluarea impactului asupra mediului, fără nicio analiză prealabilă a riscurilor și fără criterii restrictive sau de control. O astfel de derogare contravine, în mod direct, art. 35 din Constituție, care garantează dreptul oricărei persoane la un mediu înconjurător sănătos și echilibrat ecologic, excepția astfel instituită nefiind justificată de un scop clar definit și nerespectând condițiile prevăzute la art. 53 din Constituție pentru restrângerea exercițiului unui drept sau al unei libertăți.

44. Totodată, se susține că art. II din legea criticată încalcă principiul prevenirii prevăzut de aceeași legislație și jurisprudență a Curții de Justiție a Uniunii Europene. Este invocată hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene din 29 iulie 2019, pronunțată în Cauza C-411/17, Inter-Environnement Wallonie ASBL și Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen ASBL împotriva Conseil des ministres, prin care s-a statuat că lucrările de modernizare și retehnologizare intră în sfera obligației de evaluare, chiar dacă proiectul este aprobat anterior.

45. Pentru aceste motive, se conchide că art. II din legea criticată încalcă art. 35 din Constituție, prin suprimarea unui mecanism esențial de garantare a dreptului fundamental la un mediu sănătos, respectiv evaluarea impactului asupra mediului, dar și art. 53 din Constituție, restrângerea exercițiului dreptului fundamental anterior menționat nefiind justificată de un scop clar definit, necesară și proporțională și nici însoțită de garanții procedurale.

46. Astfel, legea criticată încalcă prevederile art. 148 raportate la cele ale art. 35, ale art. 53 și ale art. 135 alin. (2) lit. e) din Constituție și, prin urmare, principiul preeminenței dreptului Uniunii Europene asupra celui național în cazul normelor cu caracter obligatoriu, făcând posibilă declanșarea împotriva României a unei proceduri de infringement.

47. În conformitate cu dispozițiile art. 16 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, sesizarea a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, precum și Guvernului, pentru a comunica punctele lor de vedere.

48. Președintele Camerei Deputaților susține că obiecția de neconstituționalitate este neîntemeiată.

49. În ceea ce privește pretinsa încălcare a dispozițiilor constituționale ale art. 148 raportate la cele ale art. 35 alin. (1) și ale art. 135 alin. (2) lit. e) din Constituție, se susține că legea dedusă controlului de constituționalitate nu instituie o derogare de la obligațiile impuse statului român de dreptul european, ci stabilește cadrul procedural național pentru aplicarea, în cazul unor proiecte de interes public major preexistente, a excepției de la normele europene de protecție a mediului prevăzute prin Directiva 92/43/CEE (Habitate), excepție reglementată la art. 6 alin. (4) din această directivă. Astfel, legea criticată realizează o transpunere și o aplicare strict condiționată a mecanismelor derogatorii expres prevăzute de Directiva 92/43/CEE (Habitate) și Directiva 2011/92/UE (EIA), asigurând astfel un echilibru între protecția mediului și imperativele de securitate națională și strategică.

50. În acest sens, se arată că energia hidroelectrică joacă un rol esențial în punerea în aplicare a politicii europene privind promovarea energiei din surse regenerabile. În prezent, la nivel european, hidrocentralele sunt deosebit de importante în producția de energie regenerabilă și în privința reducerii emisiilor de CO2, iar, în contrapondere cu termocentralele ce funcționează prin arderea combustibililor fosili, acestea nu reprezintă un factor poluator pentru aer.

51. Cu toate acestea, domeniul hidroenergetic trebuie să respecte cerințele legislației de mediu a Uniunii Europene, adoptată în scopul protejării și al refacerii râurilor și lacurilor din Europa. Aceste cerințe legale sunt stabilite prin dispozițiile Directivei 2000/60/CE, ale Directivei 2007/60/CE, ale Directivei 2009/147/CE (Păsări), ale Directivei 92/43/CEE (Habitate) și ale Directivei 2011/92/UE (EIA).

52. În acest sens, Comisia Europeană a adoptat Comunicarea „Ghid privind cerințele pentru producția de energie hidroelectrică în contextul legislației UE privind natura” (2018/C 213/01), transpusă în legislația națională de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor prin Ghidul din 20 februarie 2020 privind proiectele de realizare a instalațiilor pentru producerea energiei hidroelectrice, care examinează efectele pe care le-ar putea avea activitățile hidroenergetice asupra mediului înconjurător, ilustrând modul în care acestea pot fi evitate sau măcar minimizate dacă se respectă o serie de măsuri.

53. Pentru a atinge acest obiectiv, directivele europene privind natura solicită statelor membre să pună în aplicare două tipuri principale de măsuri: desemnarea și conservarea siturilor esențiale pentru protecția speciilor și a tipurilor de habitate, care alcătuiesc rețeaua europeană Natura 2000, ce conține în prezent peste 27.000 de situri, ecosistemele râurilor și lacurilor reprezentând circa 4% din suprafața totală a siturilor Natura 2000; și stabilirea unui regim de protecție pentru toate speciile de păsări sălbatice protejate la nivel european și pentru alte specii prevăzute în cuprinsul Directivei 92/43/CEE (Habitate). Protecția și managementul siturilor Natura 2000 sunt reglementate de prevederile art. 6 din Directiva 92/43/CEE (Habitate), care determină și relația dintre conservarea siturilor și alte utilizări ale terenurilor corespunzătoare acestora, cum ar fi producerea energiei hidroelectrice în situri și împrejurul acestora.

54. Așa fiind, autoritatea competentă poate să aprobe un plan sau un proiect dintre cele anterior referite doar dacă, pe baza constatărilor ce rezultă din evaluări corespunzătoare, a stabilit că acesta nu va avea efecte negative asupra integrității sitului respectiv. În circumstanțe excepționale, poate fi însă invocată o derogare, potrivit art. 6 alin. (4) din Directiva 92/43/CEE (Habitate), pentru aprobarea unui plan sau a unui proiect care are un efect negativ asupra integrității unui sit Natura 2000, dacă se poate demonstra că nu există alternative mai puțin dăunătoare și dacă planul sau proiectul este considerat necesar din motive cruciale, de interes public major. În astfel de situații se vor adopta măsuri compensatorii adecvate, pentru a se asigura protejarea coerenței globale a rețelei Natura 2000.

55. Prin raportare la toate aceste argumente, se susține că din analiza dispozițiilor art. I din legea criticată rezultă, fără echivoc, faptul că legiuitorul a prevăzut în mod expres în cuprinsul acestei norme că „autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, apelor și pădurilor dispune modificarea limitelor ariilor naturale protejate, prin scoaterea unor suprafețe din interiorul ariilor naturale protejate dacă pentru suprafețele respective la data de 29 iunie 2007 erau aprobate, fie prin hotărâre a Guvernului, fie prin decrete de stat, obiective de investiții pentru realizarea de amenajări hidroenergetice”. Or, din analiza textelor criticate, precum și a expunerii de motive, „noile limite vor fi trasate astfel încât perimetrul schemei de amenajări hidroenergetice, inclusiv al drumurilor de acces aferente amenajărilor hidroenergetice, stațiilor și liniilor de evacuare aferente acestora, să fie în afara ariei naturale protejate, iar între noile limite ale ariei naturale protejate și limitele amenajării hidroenergetice va fi păstrată o zonă-tampon cu o lățime minimă de 100 metri, pe toată lungimea de grănițuire”.

56. Mai mult, se arată că textele criticate respectă cerințele principiului interesului public major imperativ prevăzut de Directiva 92/43/CEE (Habitate).

57. În ceea ce privește conformitatea legii criticate cu dispozițiile art. 148 din Constituție, prin raportare la art. 6 alin. (4) din Directiva 92/43/CEE (Habitate), se arată că, în privința securității energetice, Ministerul Energiei, prin Strategia energetică a României 2025-2035, cu perspectiva anului 2050, a stabilit că, în prezent, contextul actual este marcat de tensiuni geopolitice majore și provocări iminente în domeniul energiei, iar România se confruntă cu imperativul juridic, economic și social de a-și consolida autonomia și securitatea energetică. Astfel, viziunea Strategiei energetice a României este de creștere a sectorului energetic în condiții de securitate, sustenabilitate, creștere economică și accesibilitate.

58. Pentru aceste motive, se susține că legea criticată respectă prevederile art. 148 din Constituție, întrucât modificările aduse legislației în vigoare nu suprimă, ci transpun mecanismul de protecție permis prin dispozițiile art. 6 alin. (4) din Directiva 92/43/CEE (Habitate).

59. Referitor la pretinsa încălcare prin dispozițiile legale criticate a prevederilor art. 35, ale art. 53 și ale art. 135 alin. (2) lit. e) din Constituție, cu privire la critica referitoare la încălcarea Directivei 92/43/CEE (Habitate) și Directivei 2009/147/CE (Păsări), prin eliminarea mecanismului evaluării adecvate (EA), se arată că legea criticată nu reglementează o exceptare automată, legea criticată reglementând doar cadrul legal pentru soluționarea situației juridice a proiectelor istorice, aprobate anterior anului 2007. Însă orice declasare sau modificare a limitelor ariilor protejate necesită un act normativ subsecvent, prin care trebuie să fie demonstrată îndeplinirea cerințelor cumulative prevăzute de art. 6 alin. (4) din Directiva 92/43/CEE (Habitate).

60. Se arată, totodată, că măsurile excepționale reglementate prin legea criticată sunt permise de dispozițiile Directivei 2011/92/UE (EIA), pentru scopuri de apărare națională. Această excepție este întemeiată pe dispozițiile art. 1 alin. (3) din Directiva 2011/92/UE (EIA) și este aplicată, de la caz la caz, pentru proiectele desemnate de CSAT. De asemenea, cu privire la critica referitoare la categoria „lucrări de mentenanță, retehnologizare sau modernizare”, se arată că prin jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene s-a stabilit că lucrările de mentenanță pot fi exceptate de la dispozițiile Directivei 2011/92/UE (EIA), mai ales când vizează securitatea aprovizionării cu energie.

61. Cu privire la pretinsa încălcare prin legea criticată a prevederilor art. 53 din Constituție, se arată că scopul acestei legi — apărarea securității naționale și siguranța aprovizionării cu energie electrică — rezultă, cu claritate, din conținutul său. Se susține, în acest sens, că restrângerea exercițiului dreptului referitor la transparență/informare publică este necesar în contextul proiectelor CSAT, deoarece publicarea informațiilor solicitate prin Directiva 2011/92/UE (EIA) ar putea compromite obiectivele de securitate, și, de asemenea, că restrângerea exercițiului unui drept este permisă pentru apărarea securității naționale, care include stabilitatea economică și energetică.

62. Cu privire la critica privind standardul de protecție a biodiversității, se arată că acesta este respectat prin legea criticată, întrucât excepția de la procedura prevăzută prin Directiva 2011/92/UE (EIA) nu elimină obligația de a efectua evaluarea adecvată (EA) impusă de Directiva 92/43/CEE (Habitate). Dacă proiectul exceptat prin art. II al legii contestate se suprapune cu un sit Natura 2000, acesta rămâne supus strict controlului de mediu, cu obligația de efectuarea a evaluării adecvate (EA).

63. În ceea ce privește critica referitoare la pretinsa încălcare prin legea criticată a prevederilor art. 135 alin. (2) lit. e) din Constituție, este evocat contextul politic regional care a determinat promovarea actului normativ dedus controlului de constituționalitate, arătându-se că noua realitate geopolitică, precum și piața energiei obligă statul român să accelereze tranziția către o energie curată și să sporească independența energetică a Europei față de furnizorii nefiabili și față de combustibilii fosili volatili.

64. În ceea ce privește pretinsa încălcare a prevederilor art. 1 alin. (5) din Constituție, se susține că dispozițiile legii ce constituie obiectul prezentei sesizări sunt conforme cu standardele de calitate a legii, astfel cum acestea au fost stabilite prin jurisprudența Curții Constituționale și a Curții Europene a Drepturilor Omului.

65. Referitor la înțelesul sintagmei „proiecte hidroenergetice aprobate anterior aderării” din cuprinsul art. I din legea criticată, se susține că, în absența unei definiții legislative explicite, aceasta trebuie interpretată în sensul său comun conferit de dreptul administrativ: existența unui act administrativ final și definitiv care consfințește decizia de investiție, emis anterior datei de 1 ianuarie 2007. Se reiterează că scopul legii contestate este de a soluționa juridic situațiile tranzitorii care au intrat în conflict cu obligațiile de mediu impuse României ulterior aderării la Uniunea Europeană.

66. Cu privire la invocarea în prezenta cauză a dispozițiilor art. 61 și 75 din Constituție, se susține că adoptarea legii criticate nu încalcă principiul bicameralismului, sens în care se arată că, prin raportare la forma inițiatorului, legea analizată conține o dispoziție de completare a art. 56¹ din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007, precum și o dispoziție de modificare a art. 5 alin. (1) din Legea nr. 292/2018, iar intervențiile legislative realizate sub forma amendamentelor admise la Camera decizională nu reprezintă soluții normative care, sub aspectul fondului reglementării, să se îndepărteze considerabil de conceptele edictate de către inițiator. Se susține, totodată, că modificările aduse de Camera decizională cu privire la reluarea lucrărilor de execuție și finalizare a obiectivelor investiționale aflate în curs de executare ori demarate anterior datei de 29 iunie 2007 și la atribuțiile CSAT sunt corelative și complementare obiectivului inițial ce vizează deblocarea investițiilor energetice și de securitate.

67. Referitor la pretinsa încălcare a dispozițiilor art. 79 din Constituție, se face trimitere la prevederile art. 9 alin. (1) din Legea nr. 24/2000 și se arată că propunerea legislativă a fost înregistrată la Senat la data de 7 noiembrie 2022, iar, la data de 18 noiembrie 2022, Consiliul Legislativ a comunicat, în privința acesteia, avizul său favorabil, cu observații și propuneri. Ulterior, la data de 16 decembrie 2022, a fost depus raportul comisiei sesizate în fond, iar la data de 19 decembrie 2022 propunerea legislativă a fost respinsă în plenul Senatului.

68. Președintele Senatului și Guvernul nu au comunicat, până la data pronunțării prezentei decizii, punctele de vedere solicitate.

69. La dosarul cauzei au fost depuse documente amicus curiae, prin care se solicită admiterea obiecției de neconstituționalitate.

70. Termenul inițial al dezbaterilor a fost fixat pe data de 21 ianuarie 2026, termen ulterior căruia, în mod succesiv, Curtea a amânat dezbaterile pentru datele de 11 martie 2026, termen care a fost preschimbat cu data de 12 martie 2026, 25 martie 2026, 1 aprilie 2026, 29 aprilie 2026 și 27 mai 2026. La data de 27 mai 2026, în temeiul dispozițiilor art. 6 și ale art. 51 alin. (1) teza a doua din Legea nr. 47/1992, Curtea a repus cauza pe rol pentru data de 24 iunie 2026, când a pronunțat prezenta decizie.

71. Obiectul controlului de constituționalitate îl constituie, potrivit actului de sesizare, dispozițiile Legii pentru completarea art. 56¹ din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, precum și pentru modificarea art. 5 alin. (1) din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului. Având însă în vedere conținutul obiecției de neconstituționalitate, Curtea reține ca obiect al acesteia dispozițiile art. I și II din Legea pentru completarea art. 56¹ din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007, precum și legea în ansamblul său. Prevederile art. I și II din legea criticată au următorul cuprins: — Art. I: „La articolul 56¹ din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 442 din 29 iunie 2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2001, cu modificările și completările ulterioare, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alin. (8), cu următorul cuprins: «(8) Prin excepție de la prevederile alin. (3), autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, apelor și pădurilor dispune modificarea limitelor ariilor naturale protejate în termen de 60 de zile de la solicitarea de către beneficiar prin scoaterea unor suprafețe din interiorul ariilor naturale protejate, dacă, pentru suprafețele respective, la data de 29 iunie 2007, erau aprobate, prin hotărâre a Guvernului sau decrete de stat, obiective de investiții pentru realizarea de amenajări hidroenergetice, obiectivele fiind în curs de execuție sau demarate anterior acestei date, în temeiul legislației în vigoare. Noile limite ale ariilor naturale protejate vor fi trasate astfel încât perimetrul schemei de amenajare hidroenergetice, inclusiv al drumurilor de acces aferente amenajărilor hidroenergetice, stațiilor și rețelelor de transport și distribuție aferente acestora să fie în afara ariei naturale protejate. Suplimentar, între noile limite ale ariei naturale protejate și limitele amenajării hidroenergetice va fi păstrată o zonă minimă, tampon, de lățime 100 metri, pe toată lungimea de grănițuire.»”; — Art. II: „La articolul 5 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1043 din 10 decembrie 2018, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: „Art. 5. — (1) Prevederile prezentei legi nu se aplică proiectelor sau părților proiectelor care au ca obiectiv unic apărarea și securitatea națională ori reacția la situații de urgență, precum și proiectelor care contribuie la realizarea acestor obiective, din punct de vedere al securității naționale, desemnate astfel prin hotărâri ale Consiliului Suprem de Apărare a Țării și nici capacităților de producere sau transport a energiei electrice existente aflate în arii protejate, asupra cărora se efectuează lucrări de mentenanță, retehnologizare sau modernizare a acestora.”

72. Dispozițiile constituționale pretins încălcate sunt cele prevăzute la art. 1 alin. (5) referitor la calitatea legii, art. 15 alin. (2) cu privire la neretroactivitatea legii, art. 61 referitor la rolul și structura Parlamentului, art. 75 — Sesizarea Camerelor, art. 79 alin. (1) referitor la Consiliul Legislativ, art. 119 — Consiliul Suprem de Apărare a Țării, art. 148 — Integrarea în Uniunea Europeană prin raportare la art. 35 — Dreptul la mediu sănătos, art. 135 alin. (2) lit. e) referitor la economie și art. 53 — Restrângerea exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți. Totodată, invocarea art. 148 din Constituție a fost realizată prin prisma exigențelor rezultate din Directiva 2009/147/CE (Păsări), Directiva 92/43/CEE (Habitate) și Directiva 2011/92/UE (EIA).

73. În prealabil examinării obiecției de neconstituționalitate, Curtea are obligația verificării condițiilor de admisibilitate a acesteia, prin prisma titularului dreptului de sesizare, a termenului în care acesta este îndrituit să sesizeze instanța constituțională, precum și a obiectului controlului de constituționalitate.

74. Prezenta obiecție de neconstituționalitate îndeplinește condițiile prevăzute de art. 146 lit. a) teza întâi din Constituție sub aspectul titularului dreptului de sesizare, întrucât a fost formulată de Președintele României.

75. Cu privire la termenul în care poate fi sesizată instanța de contencios constituțional, potrivit art. 15 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, acesta este de 5 zile de la data depunerii legii adoptate la secretarii generali ai celor două Camere ale Parlamentului, respectiv de 2 zile, dacă legea a fost adoptată în procedură de urgență.

76. În cauză, propunerea legislativă a fost respinsă de către Senat, în calitate de primă Cameră sesizată, la data de 19 decembrie 2022, fiind trimisă Camerei Deputaților, care a adoptat-o, în calitate de Cameră decizională, la data de 15 octombrie 2025. La data de 20 octombrie 2025, legea a fost depusă la secretarul general al Senatului și, respectiv, la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării dreptului de sesizare a Curții Constituționale, iar la data de 25 octombrie 2025 a fost trimisă Președintelui României pentru promulgare. Prezenta sesizare a fost înregistrată la Curtea Constituțională în data de 11 noiembrie 2025, așa încât Curtea constată că obiecția de neconstituționalitate a fost formulată în interiorul termenului de 20 de zile de la data trimiterii legii adoptate spre promulgare.

77. Sub aspectul obiectului controlului de constituționalitate, Curtea reține că este vorba despre o lege adoptată, dar nepromulgată încă.

78. Prin urmare, având în vedere cele mai sus menționate, Curtea constată că obiecția este admisibilă.

79. În consecință, Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. a) din Constituție, precum și ale art. 1, 10, 15 și 18 din Legea nr. 47/1992, republicată, să soluționeze obiecția de neconstituționalitate.

80. În motivarea obiecției se susține, în esență, că procedura de adoptare a legii criticate a încălcat principiul bicameralismului, astfel cum acesta rezultă din dispozițiile art. 61 și 75 din Constituție, întrucât între forma legii respinsă de Senat și cea adoptată de Camera Deputaților există deosebiri majore de structură și de conținut.

81. Referitor la principiul bicameralismului, Curtea Constituțională a dezvoltat pe cale jurisprudențială o veritabilă „doctrină”, prin care a arătat modul în care acest principiu este reflectat în procedura de legiferare, statuând, în esență, că autoritatea legiuitoare trebuie să respecte principiile constituționale în virtutea cărora o lege nu poate fi adoptată de către o singură Cameră.

82. Astfel, Curtea a reținut că Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului român și unica autoritate legiuitoare a țării, iar structura sa este bicamerală, fiind alcătuit din Camera Deputaților și Senat. Principiul bicameralismului, astfel consacrat, se reflectă însă nu numai în dualismul instituțional în cadrul Parlamentului, ci și în cel funcțional, deoarece art. 75 din Legea fundamentală stabilește competențe de legiferare potrivit cărora fiecare dintre cele două Camere are, în cazurile expres definite, fie calitatea de primă Cameră sesizată, fie calitatea de Cameră decizională.

83. Tot pe cale jurisprudențială, Curtea a stabilit două criterii esențiale pentru a se determina cazurile în care prin procedura legislativă se încalcă principiul bicameralismului: pe de o parte, existența unor deosebiri majore de conținut juridic între formele adoptate de cele două Camere ale Parlamentului și, pe de altă parte, existența unei configurații semnificativ diferite între formele adoptate de cele două Camere ale Parlamentului. Întrunirea cumulativă a celor două criterii este de natură să afecteze principiul care guvernează activitatea de legiferare a Parlamentului, plasând pe o poziție privilegiată Camera decizională, cu eliminarea, în fapt, a primei Camere sesizate din procesul legislativ.

84. Stabilind limitele principiului bicameralismului, Curtea a apreciat că aplicarea acestuia nu poate avea ca efect deturnarea rolului de Cameră de reflecție al primei Camere sesizate. Este de netăgăduit că principiul bicameralismului presupune atât conlucrarea celor două Camere în procesul de elaborare a legilor, cât și obligația acestora de a-și exprima prin vot poziția cu privire la adoptarea legilor. Bicameralismul nu înseamnă ca ambele Camere să se pronunțe asupra unei soluții legislative identice. Art. 75 alin. (3) din Constituție, folosind sintagma „decide definitiv” cu privire la Camera decizională, nu exclude, ci, dimpotrivă, presupune ca proiectul sau propunerea legislativă adoptat/adoptată de prima Cameră sesizată să fie dezbătut/dezbătută în Camera decizională, unde i se pot aduce modificări și completări. Curtea a subliniat că, în acest caz, Camera decizională nu poate însă modifica substanțial obiectul de reglementare și configurația inițiativei legislative, cu consecința îndepărtării de la finalitatea urmărită de inițiator.

85. Examinând legea supusă controlului de constituționalitate prin prisma reperelor jurisprudențiale mai sus invocate, Curtea reține că propunerea legislativă ce stă la baza legii criticate, în forma propusă de inițiatori, a fost respinsă de Senat la data de 19 decembrie 2022. La data de 1 februarie 2023 aceasta a fost înregistrată la Camera Deputaților pentru dezbateri, care a adoptat-o la data de 15 octombrie 2025.

86. Forma legii adoptată de Camera Deputaților conține puține diferențe de structură și de conținut față de forma propusă de inițiator, care a fost respinsă de Senat.

87. Astfel, art. I din legea criticată prevede introducerea la art. 56¹ din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007, după alin. (7), a unui nou alineat, alin. (8), iar art. I din propunerea legislativă în forma propusă de inițiatori prevedea introducerea unui nou alineat, alin. (4¹), cu un conținut asemănător, după alin. (4) din cuprinsul aceluiași art. 56¹. Așadar, diferențele între cele două forme ale art. I analizat se rezumă, din punct de vedere structural, la modalitatea de integrare a normei pe care o reglementează în cuprinsul art. 56¹ din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007, iar, din punct de vedere substanțial, la unica precizare introdusă de Camera decizională în cuprinsul normei potrivit căreia modificarea limitelor ariilor naturale protejate se dispune de autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, apelor și pădurilor în termen de 60 de zile de la solicitarea acesteia de către beneficiar.

88. În ceea ce privește art. II din legea criticată, acesta prezintă, față de articolul similar din propunerea legislativă în forma sa inițială, doar o diferență de conținut, constând în precizarea că excepția prevăzută prin norma analizată vizează, pe lângă acele proiecte sau părți ale proiectelor care au ca obiectiv unic apărarea și securitatea națională ori reacția la situații de urgență, și proiectele care contribuie la realizarea acestor obiective, din punctul de vedere al securității naționale, precum și condiția ca acestea să fie desemnate astfel prin hotărâri ale Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT).

89. Analizând singura diferența de structură între legea criticată și forma acesteia propusă de inițiatori, mai sus evidențiată, Curtea constată că aceasta este nesemnificativă, fiind practic irelevant, atât din perspectiva nevoii de asigurare a coerenței actului normativ, cât și prin raportare la exigențele principiului bicameralismului, faptul că norma reglementată la art. I este introdusă prin legea criticată la alin. (4¹) sau la alin. (8) al art. 56¹ din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007.

90. Referitor la diferențele de conținut mai sus menționate între dispozițiile art. I și II din legea criticată și articolele similare din forma legii propusă de inițiatori, Curtea constată că, în forma adoptată de Parlament, Camera Deputaților, în calitate de Cameră decizională, a introdus precizări clarificatoare, referitoare la autoritatea publică desemnată să dispună modificarea limitelor ariilor naturale protejate și la termenul în care se exercită această atribuție — în cazul art. I și, respectiv, la categoriile de proiecte în privința cărora se aplică excepțiile reglementate, respectiv proiectelor desemnate prin hotărâri ale CSAT și proiectelor care contribuie la realizarea obiectivelor vizate de legea criticată — în cazul art. II.

91. Așadar, diferențele de structură și de conținut între cele două forme ale legii analizate nu sunt de natură să contravină principiului bicameralismului, astfel cum exigențele acestui principiu au fost stabilite și dezvoltate prin jurisprudența Curții Constituționale, aceste diferențe nemodificând în mod substanțial obiectul de reglementare și configurația inițiativei legislative, așa încât să determine eludarea finalității urmărite de inițiator. Prin urmare, Curtea conchide că legea criticată este conformă cu prevederile art. 61 și 75 din Constituție.

92. În motivarea obiecției de neconstituționalitate, se susține, în esență, că legea criticată a fost adoptată cu încălcarea prevederilor art. 79 alin. (1) din Legea fundamentală, întrucât forma finală a proiectului supusă dezbaterii Camerei decizionale nu a fost avizată de Consiliul Legislativ.

93. Cu privire la critica de neconstituționalitate astfel formulată, Curtea reține că norma constituțională anterior menționată reglementează Consiliul Legislativ ca organ consultativ de specialitate al Parlamentului, care avizează proiectele de acte normative în vederea sistematizării, unificării și coordonării întregii legislații și care ține evidența oficială a legislației României.

94. În aplicarea acestei dispoziții constituționale, art. 3 alin. (1) și (2) din Legea nr. 73/1993 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Legislativ, republicată, prevăd că proiectele de legi și propunerile legislative se supun dezbaterii Parlamentului cu avizul Consiliului Legislativ și că acest aviz trebuie dat înăuntrul termenului stabilit de biroul permanent sau de comisia permanentă a Camerei Parlamentului care l-a solicitat; dacă avizul nu este dat în termenul stabilit, aceasta nu împiedică desfășurarea procedurii legislative.

95. Astfel, avizul Consiliului Legislativ este reglementat prin dispozițiile Constituției, dar și în cuprinsul legislației infraconstituționale, ca fiind un aviz consultativ, a cărui solicitare este obligatorie o singură dată pe parcursul procedurii legislative, respectiv imediat după depunerea proiectelor de legi și inițiativelor legislative la Birourile permanente ale celor două Camere și anterior dezbaterii acestora în cadrul comisiilor permanente sesizate ale celor două Camere. Dimpotrivă, pe parcursul dezbaterii proiectelor de legi și a propunerilor legislative în cadrul acestor comisii, solicitarea unui nou aviz al Consiliului Legislativ este facultativă.

96. De altfel, Curtea Constituțională, printr-o bogată jurisprudență, a evidențiat importanța solicitării avizului Consiliului Legislativ în cadrul procedurii legislative și efectele juridice ale lipsei acestui aviz. Astfel, Curtea a statuat că nesolicitarea avizului consultativ al Consiliului Legislativ duce la neconstituționalitatea legii sau ordonanței — simplă sau de urgență. S-a reținut, totodată, că lipsa avizului autorităților publice implicate nu conduce în mod automat la neconstituționalitatea legii cu privire la care acesta nu a fost dat, întrucât ceea ce prevalează este obligația autorității cu atribuții de reglementare primară de a-l solicita.

97. Raportând toate aceste considerente la prezenta cauză, Curtea constată că, în procedura legislativă de adoptare a legii criticate, Biroul permanent al Senatului a solicitat avizul Consiliului Legislativ, prin Adresa trimisă acestuia la data de 14 noiembrie 2022, așadar anterior dezbaterii propunerii legislative în cadrul Senatului, fiind astfel îndeplinită obligația legală de solicitare a acestui aviz de către prima Cameră sesizată. Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă, cu observații și propuneri, la data de 17 noiembrie 2022, avizul astfel emis fiind înregistrat la Biroul permanent al Senatului la data de 18 noiembrie 2022.

98. Având în vedere aceste informații factuale, Curtea constată că procedura de adoptare a legii ce constituie obiectul prezentei sesizări s-a desfășurat cu respectarea obligației constituționale și legale mai sus analizate de solicitare de către Biroul permanent al primei Camere sesizate a avizului Consiliului Legislativ, cu emiterea acestui aviz și, prin urmare, cu respectarea rolului constituțional pe care acest organ consultativ al Parlamentului îl are în procedura legislativă. Prin urmare, legea criticată este conformă cu dispozițiile art. 79 alin. (1) din Constituție.

99. Cu privire la pretinsa neconstituționalitate a dispozițiilor legii criticate prin raportare la prevederile art. 1 alin. (5) și ale art. 15 alin. (1) din Legea fundamentală, Curtea arată, în esență, că atât expunerea de motive a legii, cât și anumite sintagme, expres menționate, sunt ambigue, fiind lipsite de claritate, precizie și previzibilitate și, prin urmare, contrare exigențelor constituționale de calitate a legii. Se susține, totodată, că dispozițiile legii criticate încalcă principiul neretroactivității legii, prin faptul că reglementează în privința unor obiective de investiții aprobate prin hotărâri ale Guvernului sau prin decrete de stat anterior datei de 29 iunie 2007.

100. Referitor la criticile de neconstituționalitate astfel formulate, în ceea ce privește expunerea de motive, Curtea constată că aceasta este reglementată, în mod distinct, în cuprinsul secțiunii a 4-a a Legii nr. 24/2000. Prin urmare, expunerea de motive nu face parte din cuprinsul actului normativ, ci constituie un instrument exterior care însoțește actul normativ, motiv pentru care nu este supusă rigorilor constituționale și legale referitoare la calitatea legii. De asemenea, fiind distinctă de conținutul actului normativ, expunerea de motive nu poate constitui obiect al controlului de constituționalitate.

101. Aceste aspecte au fost reținute și prin jurisprudența Curții Constituționale care, prin Decizia nr. 238 din 3 iunie 2020, a analizat o critică similară și a reținut că, de principiu, nu are competența de a controla modul de redactare a expunerilor de motive ale diverselor legi adoptate. Curtea a reținut că expunerea de motive, prin prisma art. 1 alin. (5) din Constituție, este un document de motivare necesar în cadrul procedurii de adoptare a legilor, însă, odată adoptată legea, rolul său se reduce la facilitarea înțelegerii acesteia. Faptul că aceasta nu este suficient de precisă sau că nu lămurește toate aspectele de conținut ale normei nu duce la concluzia că însăși norma respectivă este neconstituțională pentru acest motiv.

102. Așadar, Curtea a constatat că exigențele de calitate a legii și cele privind modul de redactare a expunerii de motive sunt două chestiuni diferite între care nu se poate stabili o relație cauzală.

103. În ceea ce privește sintagma „zonă minimă tampon, de lățime 100 metri” din cuprinsul art. I din legea criticată, Curtea reține că, deși sensul noțiunii de „zonă tampon” nu este indicat în cuprinsul art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007, această sintagmă este folosită, în repetate rânduri, în cuprinsul acestei ordonanțe de urgență. Astfel, art. 22 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 prevede, la alin. (1), că zonarea internă a parcurilor naționale și naturale se face prin planul de management, prin definirea și delimitarea, după caz, a zonelor de protecție strictă, a zonelor de protecție integrală, a zonelor-tampon și a zonelor de dezvoltare durabilă a activităților umane.

104. Din interpretarea gramaticală și sistematică a acestor dispoziții legale rezultă că sensul noțiunii de „zonă-tampon” este acela de zonă de trecere între ariile naturale protejate și restul suprafețelor de uscat sau de apă, zonă care nu face parte din aria naturală protejată și în care sunt permise realizarea de construcții și desfășurarea de activități ce au ca scop administrarea și conservarea ariei naturale protejate.

105. Același sens al sintagmei criticate rezultă și din interpretarea gramaticală a dispozițiilor art. I din legea ce constituie obiectul prezentei sesizări, aceasta prevăzând, în acord cu restul actului normativ, ca, după scoaterea suprafețelor aferente obiectivelor de investiții pe care le reglementează din interiorul ariilor naturale protejate, să fie păstrată o zonă minimă cu o lățime de 100 metri, pe toată lungimea de grănițuire.

106. În ceea ce privește expresia „dacă, pentru suprafețele respective, la data de 29 iunie 2007, erau aprobate, prin hotărâre a Guvernului sau decrete de stat, obiective de investiții” din cuprinsul aceluiași art. I din lege, Curtea reține că sensul acesteia rezultă din interpretarea gramaticală a normei criticate. Astfel, aceasta se referă, la proiectele constând în obiective de investiții pentru realizarea de amenajări hidroenergetice, obiective care erau în curs de execuție la data de 29 iunie 2007 sau care fuseseră demarate anterior acestei date, în temeiul legislației atunci în vigoare. Astfel, fiind vorba despre obiective de investiții aprobate prin acte normative, acestea sunt ușor și concret determinabile.

107. Referitor la sintagma „proiectelor care contribuie la realizarea acestor obiective” din cuprinsul art. II din legea criticată, din interpretarea sa gramaticală, rezultă că sensul acesteia este de proiecte de investiții ce concură la realizarea obiectivelor expres reglementate prin textul criticat, respectiv proiectele care au ca scop unic apărarea și securitatea națională ori reacția la situații de urgență și care trebuie să fie în mod expres aprobate în acest sens.

108. În privința noțiunii de „obiectiv”, aplicând aceeași metodă de interpretare, Curtea reține că aceasta are în vedere obiectivele de investiții pentru realizarea amenajărilor hidroenergetice, proiecte care erau în curs de execuție la data de 29 iunie 2007 sau care fuseseră demarate anterior acestei date.

109. Cu privire la standardele de calitate a legii, prevăzute la art. 1 alin. (5) din Constituție, atât Curtea Constituțională, cât și Curtea Europeană a Drepturilor Omului au reținut, pe cale jurisprudențială, că noțiunea de „drept” corespunde celei de „lege” care apare în alte articole din aceeași Convenție și înglobează atât prevederile legale, cât și practica judiciară, presupunând cerințe calitative, îndeosebi cele ale accesibilității și previzibilității.

110. Curtea a statuat, totodată, că, având în vedere principiul aplicabilității generale a legilor, formularea acestora nu poate prezenta o precizie absolută și că una dintre tehnicile standard de reglementare constă în recurgerea mai degrabă la categorii generale decât la liste exhaustive. Curtea a reținut că numeroase legi folosesc, prin forța lucrurilor, formule mai mult sau mai puțin vagi, a căror interpretare și aplicare depind de practică.

111. Or, raportând dispozițiile art. I și II din legea criticată la exigențele constituționale și convenționale mai sus invocate, Curtea constată că acestea sunt clare, precise și previzibile, permițând destinatarilor legii să determine sensul lor exact, aplicând cel puțin două dintre metodele de interpretare cunoscute, respectiv interpretarea gramaticală și cea sistematică. Prin urmare, dispozițiile legii criticate nu contravin prevederilor art. 1 alin. (5) din Constituție.

112. În ceea ce privește critica privind încălcarea prin dispozițiile art. I din legea analizată a prevederilor art. 15 alin. (2) din Constituție referitoare la principiul neretroactivității legii, Curtea reține că, potrivit jurisprudenței sale, o lege nu este retroactivă atunci când modifică pentru viitor o stare de drept născută anterior și nici atunci când suprimă producerea în viitor a efectelor unei situații juridice constituite sub imperiul legii vechi, pentru că în aceste cazuri legea nouă nu face altceva decât să reglementeze modul de acțiune în timpul următor intrării ei în vigoare, adică în domeniul ei propriu de aplicare.

113. Or, alin. (8) al art. 56¹ din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007, astfel cum acesta este reglementat prin art. I anterior menționat, prevede o excepție de la dispozițiile alin. (3) al aceluiași art. 56¹ doar pentru viitor. Mai exact, norma analizată reglementează scoaterea, ulterior datei intrării în vigoare a legii criticate, din ariile naturale protejate a unor suprafețe necesare obiectivelor de investiții pentru realizarea de amenajări hidroelectrice, această excepție nefiind aplicabilă și pentru trecut. Așadar, legea criticată reglementează doar pentru viitor efectele unor raporturilor juridice născute anterior intrării sale în vigoare, respectiv anterior datei de 29 iunie 2007. Prin urmare, prevederile art. I din legea criticată sunt în acord cu dispozițiile art. 15 alin. (2) din Constituție.

114. În argumentarea neconstituționalității legii ce formează obiectul prezentei sesizări se susține, în esență, că dispozițiile art. II din cuprinsul acesteia reglementează, prin lege organică, noi atribuții ale CSAT, contravenind, astfel, prevederilor art. 73 alin. (3) lit. e) coroborate cu cele ale art. 119 din Constituție.

115. Cu privire la această critică de neconstituționalitate, Curtea reține că norma constituțională prevăzută la art. 119 reglementează CSAT drept autoritatea publică ce organizează și coordonează unitar activitățile care privesc apărarea țării și securitatea națională și participarea la menținerea securității internaționale și la apărarea colectivă în sistemele de alianță militară, precum și la acțiuni de menținere sau de restabilire a păcii.

116. În completarea acestei dispoziții constituționale, art. 1 din Legea nr. 415/2002 privind organizarea și funcționarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării reiterează rolul CSAT, arătând că acesta este autoritatea administrativă autonomă învestită, potrivit Constituției, cu organizarea și coordonarea unitară a activităților care privesc apărarea țării și siguranța națională, iar art. 3 din același act normativ prevede faptul că CSAT își exercită atribuțiile prin emiterea de hotărâri, care sunt obligatorii pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice vizate.

117. Toate aceste atribuții constituie, în realitate, categorii generale, legiuitorul neputând realiza, în cuprinsul Legii nr. 415/2002, un inventar exhaustiv al tuturor situațiilor concrete și al tuturor măsurilor sau proiectelor ce vizează securitatea națională sau situații de urgență ce constituie amenințări la adresa acesteia și care pot fi incluse în sfera atribuțiilor legale ale CSAT, impunând intervenția acestuia.

118. Pentru acest motiv, legiuitorul a reglementat atribuțiile CSAT recurgând, mai degrabă, la categorii generale și instituind, în acest fel, prezumția legală că toate măsurile, proiectele, politicile etc. ce vizează domeniul apărării și securității naționale fac parte și din sfera atribuțiilor CSAT.

119. Așa fiind, includerea în cuprinsul art. II din legea criticată a precizării că proiectele sau părțile din proiecte care au ca obiectiv unic apărarea și securitatea națională ori reacția la situații de urgență, precum și proiectele care contribuie la realizarea acestor obiective din punctul de vedere al securității naționale sunt desemnate prin hotărâri ale CSAT nu constituie reglementarea unei noi atribuții a CSAT, ci o consecință/aplicație a atribuțiilor mai sus menționate. Prin urmare, dispozițiile art. II din lege nu contravin prevederilor art. 73 alin. (3) lit. e) coroborate cu cele ale art. 119 din Constituție.

120. Protecția mediului constituie un obiectiv crucial pentru supraviețuirea umană și pentru sustenabilitatea planetei. Aceasta asigură aer, apă și hrană curate, prevenind bolile cauzate de poluare, menținând biodiversitatea și echilibrul ecologic și protejând resursele naturale pentru generațiile viitoare.

121. Printre principiile dreptului mediului se numără principiul prevenției, principiul precauției, principiul poluatorul plătește, principiul dezvoltării durabile, principiul responsabilității comune, dar diferențiate, principiul participării publice și accesului la informație, precum și principiul subsidiarității. Distinct de acestea, un principiu major în domeniul protecției mediului este principiul ireversibilității, potrivit căruia modificările operate asupra elementelor naturii produc efecte pentru viitor, de cele mai multe ori imposibil de corectat sau de înlăturat.

122. La nivelul Uniunii Europene, principalele acte normative adoptate au fost Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind conservarea păsărilor sălbatice (Păsări), Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică (Habitate) și Directiva 2011/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului (EIA).

123. Directiva 2009/147/CE (Păsări) are ca scop conservarea tuturor speciilor de păsări care se găsesc în stare sălbatică pe teritoriul statelor membre, reglementând protejarea, gestionarea și controlul asupra acestor specii și stabilind normele pentru exploatarea lor.

124. Directiva 92/43/CEE (Habitate) are ca scop menținerea biodiversității prin conservarea habitatelor naturale și a speciilor de floră și faună sălbatică de pe teritoriul statelor membre. În temeiul acestei directive a fost instituită o rețea ecologică europeană coerentă, denumită „Natura 2000”, compusă din situri care adăpostesc tipurile de habitate naturale și habitatele speciilor enumerate în anexele la directivă.

125. În temeiul dispozițiilor art. 6 alin. (1) și (2) din directivă statele membre au fost obligate să ia măsurile de conservare necesare. Directiva prevede la art. 6 alin. (3) că orice plan sau proiect care nu are o legătură directă cu sau nu este necesar pentru gestionarea sitului, dar care ar putea afecta în mod semnificativ aria, trebuie supus unei evaluări corespunzătoare a efectelor potențiale asupra sitului. Potrivit alin. (4) al art. 6 analizat, dacă, în ciuda unui rezultat negativ al evaluării efectelor asupra sitului și în lipsa unei soluții alternative, planul sau proiectul trebuie realizat, din motive cruciale de interes public major, statul membru ia toate măsurile compensatorii necesare pentru a proteja coerența globală a sistemului Natura 2000.

126. Directiva 2011/92/UE (EIA) reglementează procedura de evaluare a proiectelor publice și private care pot avea efecte importante asupra mediului. Art. 2 alin. (1) din directiva analizată obligă statele membre să adopte toate măsurile necesare pentru a asigura că, înaintea acordării autorizației, proiectele care ar putea avea efecte semnificative asupra mediului fac obiectul unei cereri de aprobare de dezvoltare și al unei evaluări a efectelor.

127. Același art. 2 din directivă prevede la alin. (4) că, în cazuri excepționale, statele membre pot excepta un anumit proiect, în totalitate sau în parte, de la procedurile de evaluare astfel reglementate, caz în care acestea evaluează în ce măsură ar fi potrivită o altă formă de evaluare, pun la dispoziția publicului interesat informațiile obținute și informează Comisia Europeană, înaintea acordării aprobării de dezvoltare, despre motivele care justifică acordarea exceptării.

128. De asemenea, o excepție de la aceste proceduri de evaluare este reglementată la art. 1 alin. (3) din directivă, potrivit căruia statele membre pot decide, de la caz la caz, dacă legislația internă prevede astfel, să nu aplice această directivă proiectelor care servesc unor obiective de apărare națională în cazul în care consideră că aplicarea acesteia ar avea efecte negative asupra respectivelor obiective.

129. Curtea reține că obligațiile pozitive ale statului referitoare la drepturile fundamentale se întemeiază pe o serie de garanții de principiu menite să asigure caracterul consistent, practic și efectiv al acestor drepturi. Raportat la cauza de față, Curtea constată că principiile fundamentale care stau la baza directivelor anterior referite sunt linii directoare care configurează, din punct de vedere axiologic, structura și conținutul dreptului fundamental la mediu sănătos, prevăzut de art. 35 corelat cu art. 135 lit. f) din Constituție, astfel încât exercitarea controlului de constituționalitate trebuie realizată și prin raportare la aceste garanții, care devin, astfel, norme interpuse celei de referință, respectiv Constituției.

130. Așadar, în România, dreptul la un mediu sănătos a fost reglementat, ca drept fundamental, la art. 35 din Constituție, în forma acesteia revizuită în anul 2003. Potrivit acestui articol, statul recunoaște dreptul oricărei persoane la un mediu înconjurător sănătos și echilibrat ecologic și asigură cadrul legislativ pentru exercitarea acestui drept; totodată, persoanele fizice și juridice au îndatorirea de a proteja și de a ameliora mediul înconjurător.

131. Cu privire la dreptul la un mediu sănătos, Curtea Constituțională, în jurisprudența sa, a reținut că prevederile art. 35 din Legea fundamentală stabilesc obligația pozitivă a statului de a asigura cadrul legislativ pentru exercitarea dreptului oricărei persoane la un mediu înconjurător sănătos și echilibrat ecologic. Prin urmare, chiar atunci când legiuitorul adoptă măsuri legislative în favoarea unor interese economice, el este obligat să legifereze ținând seama de prevalența ocrotirii mediului și menținerea echilibrului ecologic.

132. Având în vedere importanța asigurării unui mediu sănătos, a fost adoptată Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007, care a transpus în legislația națională Directiva 92/43/CEE (Habitate) și Directiva 2009/147/CE (Păsări). La rândul său, Directiva 2011/92/UE (EIA) a fost transpusă prin Legea nr. 292/2018.

133. Din maniera de reglementare la nivel constituțional și infraconstituțional rezultă că dreptul fundamental la un mediu sănătos are două dimensiuni: o dimensiune substanțială ce implică posibilitatea populației de a beneficia de un mediu natural caracterizat prin sănătate și echilibru ecologic și o dimensiune procedurală referitoare, pe de o parte, la obligația statului de a lua măsurile necesare, inclusiv cele de natură legislativă, pentru a proteja mediul, iar, pe de altă parte, la obligația persoanele fizice și juridice de a proteja mediul înconjurător.

134. În ceea ce privește Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007, aceasta are ca scop garantarea conservării și utilizării durabile a patrimoniului natural, obiectiv de interes public major și componentă fundamentală a strategiei naționale pentru dezvoltare durabilă. Pentru asigurarea măsurilor speciale de protecție și conservare in situ a bunurilor patrimoniului natural, prin art. 5 din ordonanța de urgență este prevăzut un regim diferențiat de protecție, conservare și utilizare, fiind reglementate mai multe categorii de arii naturale protejate: arii protejate de interes național (rezervații științifice, parcuri naționale, monumente ale naturii, rezervații naturale, parcuri naturale); arii protejate de interes internațional; arii protejate de interes comunitar sau situri Natura 2000 (formate din situri de importanță comunitară, arii speciale de conservare, arii de protecție specială avifaunistică); și arii protejate de interes județean sau local.

135. Potrivit art. 6 și 7 din aceeași ordonanță de urgență, instituirea regimului de arie naturală protejată este prioritară în raport cu orice alte obiective, cu excepția celor care privesc asigurarea securității naționale, asigurarea securității, sănătății oamenilor și animalelor, prevenirea unor catastrofe naturale.

136. În acest context legislativ, art. 56¹, cuprins în capitolul VII — Dispoziții finale și tranzitorii al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007, reglementează, printre altele, posibilitatea modificării limitelor ariilor naturale protejate, arătând, la alin. (3), că modificarea limitelor ariilor naturale protejate de interes național, în sensul delimitării cu o precizie mai bună, se face la inițiativa Agenției Naționale pentru Mediu și Arii Protejate în baza unui studiu științific, cu avizul consiliului științific, cu aprobarea autorității publice centrale pentru protecția mediului.

137. De la această regulă, prevederile alin. (4) al aceluiași art. 56¹ reglementează excepția conform căreia modificarea limitelor ariilor naturale protejate este posibilă, prin scoaterea unor suprafețe din interiorul ariilor naturale protejate, dacă, pentru suprafețele respective, la data de 29 iunie 2007, erau aprobate, prin hotărâre a Guvernului, licențe de concesiune pentru exploatarea de resurse minerale neregenerabile, în temeiul legislației miniere în vigoare, cu păstrarea unei zone minime, tampon, de lățime 100 metri.

138. Dispozițiile art. 56¹ alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 reglementează procedura potrivit căreia poate fi aplicată excepția mai sus arătată, prevăzând că aceasta este posibilă la cererea titularului de licență, prin act administrativ al conducătorului autorității publice centrale de protecție a mediului, și că modificarea se avizează numai în situația în care, prin grija și pe cheltuiala titularului de licență, se instituie regimul de arie naturală protejată pe o altă suprafață adiacentă, echivalentă cu suprafața scoasă, majorată cu zona-tampon.

139. În aceste condiții, legea criticată propune, la art. I, introducerea după alin. (7) al art. 56¹ din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 a unui nou alineat, alin. (8), care prevede o nouă excepție de la alin. (3) al aceluiași articol, referitoare la modificarea limitelor ariilor naturale protejate prin scoaterea unor suprafețe din interiorul ariilor naturale protejate pentru obiective de investiții hidroenergetice aprobate anterior datei de 29 iunie 2007.

140. Această normă juridică prevede, astfel, o excepție referitoare la modificarea limitelor ariilor naturale protejate reglementate la alin. (3) al art. 56¹ din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007, mai exact ale ariilor naturale protejate de interes național, și nu la modificarea limitelor ariilor naturale protejate de interes comunitar. Or, ariile naturale protejate de interes național sunt definite ca fiind rezervații științifice, parcuri naționale, monumente ale naturii, rezervații naturale, parcuri naturale, pe când ariile naturale protejate de interes comunitar, denumite și situri „Natura 2000”, sunt definite ca fiind situri de importanță comunitară, arii speciale de conservare, arii de protecție specială avifaunistică.

141. Așadar, doar ariile naturale protejate de interes comunitar, care cuprind siturile „Natura 2000”, sunt supuse rigorilor Directivei 92/43/CEE (Habitate), a cărei respectare se impune conform art. 148 din Constituție referitoare la aderarea României la Uniunea Europeană, raportat la dispozițiile art. 35 și ale art. 135 alin. (2) lit. e) din Legea fundamentală. Pentru acest motiv, doar în privința ariilor naturale protejate de interes comunitar sunt incidente hotărârile Curții de Justiție a Uniunii Europene invocate în motivarea obiecției.

142. Însă prevederile alin. (8) al art. 56¹ din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007, astfel cum sunt prevăzute prin art. I din legea criticată, vizează ariile naturale protejate de interes național, reglementând o excepție de la regula potrivit căreia limitele acestora pot fi modificate, motiv pentru care prevederile constituționale ale art. 148 raportate la dispozițiile art. 35 și art. 135 alin. (2) lit. e) din Legea fundamentală nu sunt incidente în privința textului criticat.

143. În ceea ce privește invocarea, în susținerea neconstituționalității art. I din lege, a prevederilor Directivei 2009/147/CE (Păsări) și ale Directivei 2011/92/UE (EIA), Curtea constată că dispozițiile art. I anterior referit nu reglementează, în mod expres, excepții de la aplicarea acestor două acte europene. Pentru acest motiv, dispozițiile Directivei 2009/147/CE (Păsări) și ale Directivei 2011/92/UE (EIA) vor fi avute în vedere, impunându-se respectarea lor, în procesul de aplicare a dispozițiilor art. 56¹ alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007.

144. Referitor la pretinsa neconstituționalitate a dispozițiilor art. II din legea ce formează obiectul prezentei sesizări, prin raportare la prevederile art. 148 din Constituție coroborate cu cele ale dispozițiilor art. 35 și ale art. 135 alin. (2) lit. e) din Legea fundamentală, precum și ale Directivei 2011/92/UE (EIA), Curtea reține că art. II din lege modifică alin. (1) al art. 5 din Legea nr. 292/2018, act normativ care a transpus în legislația românească dispozițiile Directivei 2011/92/UE (EIA).

145. Art. 5 alin. (1) reglementează un regim derogator de la aplicarea dispozițiilor Legii nr. 292/2018 și, prin urmare, ale Directivei 2011/92/UE (EIA), prevăzând, în forma în vigoare în prezent, că prevederile Legii nr. 292/2018 nu se aplică proiectelor sau părților proiectelor care au ca obiectiv unic apărarea și securitatea națională ori reacția la situații de urgență, dacă autoritățile publice centrale pentru apărare și securitate națională, respectiv cea pentru situații de urgență, împreună cu autoritatea publică centrală pentru protecția mediului stabilesc, printr-o analiză de la caz la caz, că realizarea evaluării impactului asupra mediului ar avea un efect negativ asupra acestor obiective.

146. Se poate constata că atât Legea nr. 292/2018, la art. 5, cât și Directiva 2011/92/UE (EIA), la art. 1 alin. (3) și art. 2 alin. (4), prevăd două categorii de situații în care nu sunt aplicabile dispozițiile acestor două acte normative: proiectele care servesc unor obiective de apărare națională — în privința cărora dispozițiile art. 1 alin. (3) din Directiva 2011/92/UE (EIA) prevăd că se poate decide, de la caz la caz, dacă legislația internă prevede astfel; și cazurile excepționale — cărora le sunt aplicabile condițiile prevăzute la art. 2 alin. (4) din Directiva 2011/92/UE (EIA).

147. Așadar, în privința proiectelor ce servesc unor obiective de apărare națională, prevăzute la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 292/2018, nu sunt incidente condițiile prevăzute la art. 2 alin. (4) din Directiva 2011/92/UE (EIA) și la art. 5 alin. (3)-(5) din Legea nr. 292/2018, astfel cum, în mod greșit, se susține în motivarea prezentei sesizări, singura condiție impusă de art. 1 alin. (3) din Directiva 2011/92/UE (EIA) fiind ca aceste proiecte să fie analizate individual, iar deciziile să fie luate de la caz la caz.

148. În acest context al reglementării, art. II din legea criticată modifică prevederile art. 5 alin. (1) din Legea nr. 292/2018, introducând condiția ca proiectele sau părțile proiectelor care au ca obiectiv unic apărarea și securitatea națională ori reacția la situații de urgență, precum și proiectele care contribuie la realizarea acestor obiective, din punctul de vedere al securității naționale, să fie desemnate prin hotărâri ale CSAT, însă cu eliminarea mențiunii că decizia de exceptare a unor astfel de proiecte de la aplicarea dispozițiilor Legii nr. 292/2018 se ia de la caz la caz.

149. Această condiție este însă înlocuită în cuprinsul noii soluții legislative cu cerința ca proiectele vizate să fie desemnate prin hotărâri ale CSAT. Așadar, aplicabilitatea excepției prevăzute prin textul criticat este condiționată de o formă de selecție a proiectelor sau a părților din proiecte exceptate de la incidența dispozițiilor Legii nr. 292/2018, selecție realizată de către CSAT, care se finalizează cu desemnarea acestor proiecte prin hotărâre emisă de autoritatea publică anterior menționată.

150. Această soluție legislativă este justificată de faptul că, potrivit art. 119 din Constituție și art. 1 din Legea nr. 415/2002, CSAT este autoritatea publică ce are ca atribuții de bază organizarea și coordonarea unitară a activităților care privesc apărarea țării, securitatea națională, precum și participarea la menținerea securității internaționale, la apărarea colectivă în sistemele de alianță militară și la acțiuni de menținere sau de restabilire a păcii. Or, proiectele vizate de textul criticat sunt proiecte care au ca obiectiv unic apărarea și securitatea națională și reacția la situații de urgență.

151. Așa fiind, analiza realizată de către CSAT a proiectelor prevăzute la art. II din legea criticată, în vederea exceptării lor de la aplicarea dispozițiilor Legii nr. 292/2018, este o analiză de la caz la caz, în cadrul căreia fiecare proiect din categoria mai sus arătată este analizat individual, rezultatele acestei analize constituind temeiul includerii lor în cuprinsul hotărârilor CSAT la care face referire textul criticat.

152. În acest fel, condiția, relevantă din perspectiva nevoii de protecție a mediului, prevăzută la art. 1 alin. (3) din Directiva 2011/92/UE (EIA), referitoare la analiza individuală a fiecărui proiect, pentru a putea fi exceptat de la procedurile de evaluare a impactului asupra mediului, este îndeplinită.

153. Altfel spus, prin textul criticat, imperativul protecției mediului, ca premisă a garantării dreptului la sănătate publică, este respectat, dispozițiile legale criticate asigurând un just echilibru între mijloacele de garantare a interesului etatic anterior referit și nevoia de asigurare a securității naționale și a reacției la situația de urgență. Prin urmare, Curtea reține că dispozițiile art. II din legea criticată nu sunt contrare prevederilor art. 148 raportate la cele ale art. 35 și ale art. 135 alin. (2) lit. e) din Constituție, astfel cum acestea se structurează prin prisma exigențelor Directivei 2011/92/UE (EIA).

154. Întrucât dispozițiile art. II din lege nu încalcă drepturile fundamentale invocate în motivarea sesizării, prevederile art. 53 din Constituție nu sunt incidente în prezenta cauză.

155. Pentru considerentele arătate, în temeiul art. 146 lit. a) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 11 alin. (1) lit. A.a), al art. 15 alin. (1) și al art. 18 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi,

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii

D E C I D E:

Respinge, ca neîntemeiată, obiecția de neconstituționalitate formulată de Președintele României și constată că dispozițiile art. I și II din Legea pentru completarea art. 561 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, precum și pentru modificarea art. 5 alin. (1) din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, precum și legea, în ansamblul său, sunt constituționale în raport cu criticile formulate.

Definitivă și general obligatorie.

Decizia se comunică Președintelui României și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunțată în ședința din data de 24 iunie 2026.

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE

ELENA-SIMINA TĂNĂSESCU

Magistrat-asistent-șef,

Cristina Teodora Pop

Opinie separată (judecător Dacian-Cosmin Dragoș)

În dezacord cu soluția adoptată, cu majoritate de voturi, de respingere ca neîntemeiată a obiecției de neconstituționalitate referitoare la dispozițiile art. I și II din Legea pentru completarea art. 561 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, precum și pentru modificarea art. 5 alin. (1) din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, formulăm prezenta opinie separată, considerând că obiecția trebuia admisă întrucât:

  • din punct de vedere extrinsec, legea dedusă controlului încalcă principiul bicameralismului prin faptul că amendamentele adoptate doar în Camera decizională reprezintă modificări importante ale conținutului normativ respins de prima Cameră sesizată; aceste amendamente fie extind excepții existente, fie creează noi excepții, care se aplică automat, de la regimul juridic al ariilor naturale protejate;
  • din punct de vedere intrinsec, legea dedusă controlului încalcă regimul european de protecție al ariilor naturale protejate (Directivele Păsări și Habitate), precum și dreptul fundamental la un mediu sănătos (art. 35 din Constituție), cu impact negativ și asupra obligației statului de menținere a echilibrului ecologic [art. 135 alin. (2) lit. e) din Constituție].

1.1. Autorul obiecției de neconstituționalitate susține, în esență, că procedura de adoptare a legii criticate a încălcat principiul bicameralismului, conturat de art. 61 și 75 din Constituție, întrucât între forma legii respinsă de Senat și cea adoptată cu amendamente de Camera Deputaților există deosebiri semnificative de structură și de conținut. O jurisprudență constantă a Curții Constituționale a stabilit că principiul bicameralismului presupune conlucrarea celor două Camere ale Parlamentului în procesul de elaborare a legilor, de așa natură încât modificările și completările pe care Camera decizională le aduce propunerii legislative adoptate de prima Cameră sesizată să se raporteze la materia avută în vedere de inițiator și la forma stabilită de prima Cameră.

1.2. Or, în prezenta cauză, propunerea legislativă a fost respinsă de Senat pe 19 decembrie 2022, iar pe 15 octombrie 2025 Camera Deputaților a adoptat legea cu mai multe amendamente, printre care și: (i) instituirea unei obligații de scoatere a unor suprafețe din interiorul ariilor protejate de către autoritatea centrală pentru protecția mediului, în mod automat, la solicitarea de către beneficiar, în termen de 60 de zile; (ii) extinderea suprafețelor vizate de această măsură prin includerea mențiunii ca rețelele de transport și distribuție să fie în afara ariei protejate; (iii) extinderea sferei proiectelor față de care nu se aplică dispozițiile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului. Potrivit modificărilor aduse de Camera Deputaților art. II din propunerea legislativă, au fost incluse și proiectele „care contribuie” la realizarea obiectivelor de apărare și securitate națională ori reacția la situații de urgență, din punctul de vedere al securității naționale, desemnate astfel prin hotărâri ale Consiliului Suprem de Apărare a Țării.

1.3. Așadar, diferențele dintre cele două forme ale legii nu sunt minore, ci deosebiri majore de conținut față de forma inițiatorului, respinsă de prima Cameră sesizată. Astfel, în privința scoaterii unor suprafețe din ariile protejate, prin analiza autorității centrale pentru protecția mediului, are loc o schimbare fundamentală a mecanismului prin care suprafețele vizate de legea criticată suferă această schimbare de regim juridic. Amendamentul prin care se instituie obligația scoaterii automate a suprafețelor din interiorul ariilor protejate, în termen de 60 de zile de la solicitarea beneficiarului, nu este doar unul important, ci creează o nouă excepție de la regulile de protecție a ariilor protejate, cu un regim distinct inclusiv față de celelalte excepții deja prevăzute de art. 561 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 pentru care se aplică toate garanțiile prevăzute de alineatele următoare din același articol. De asemenea, amendamentul adus prin art. II din legea dedusă controlului de constituționalitate extinde sfera proiectelor exceptate de la dispozițiile Legii nr. 292/2018, incluzând o sferă nouă de proiecte vag definite, respectiv „proiecte care contribuie la realizarea acestor obiective”, fără o minimă delimitare a acestora.

2.1. Autorul obiecției de neconstituționalitate susține, de asemenea, că legea dedusă controlului de constituționalitate încalcă și prevederile constituționale și din dreptul Uniunii Europene referitoare la protecția mediului înconjurător, ceea ce face incidente prevederile art. 148 din Constituție raportate la art. 35 și art. 135 alin. (2) lit. e) din Constituție.

2.2. Art. I din lege instituie o nouă excepție de la regulile privind modificarea limitelor ariilor naturale protejate de interes național, prevăzute de art. 561 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007. Potrivit normei introduse, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor poate dispune modificarea limitelor ariilor naturale protejate, prin scoaterea unor suprafețe de teren din interiorul ariilor naturale protejate dacă pentru respectivele suprafețe erau aprobate la data de 29 iunie 2007 obiective de investiții pentru realizarea de amenajări hidroenergetice, obiectivele fiind în curs de execuție sau demarate anterior acestei date.

2.3. Or, în practică, majoritatea ariilor naturale protejate de interes național coincid cu situri „Natura 2000”, protejate de Directivele europene 2009/147/CE Păsări și Directivei 92/43/CEE Habitate. Într-o astfel de situație, potrivit art. 21 alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007, în cazul suprapunerii ariilor naturale protejate de interes național cu cele de interes comunitar, planurile de management se elaborează cu respectarea categoriei celei mai restrictive de management. Prin urmare, chiar dacă modificarea legislativă se referă la posibilitatea modificării limitelor ariilor naturale protejate de interes național, o astfel de dispoziție interferează direct cu instrumentele europene de protecție stabilite pentru siturile „Natura 2000”, a căror respectare se impune în temeiul art. 148, raportat la dispozițiile art. 35 și art. 135 alin. (2) lit. e) din Constituție.

2.4. În măsura în care ariile naturale protejate de interes național se suprapun cu situri „Natura 2000”, aplicarea prevederilor art. I din legea supusă controlului de constituționalitate echivalează cu modificarea limitelor unor situri „Natura 2000” și atrage incidența dreptului european. În această situație, dispozițiile art. I din lege contravin dispozițiilor art. 6 alin. (2)-(4) din Directiva 92/43/CEE Habitate care impun ca orice plan sau proiect care poate afecta aria să fie evaluat din perspectiva impactului asupra mediului, iar aprobarea proiectului să poată avea loc doar după constatarea faptului că nu are efecte negative asupra integrității sitului respectiv.

2.5. În situația în care ariile naturale protejate de interes național nu se suprapun cu situri „Natura 2000”, scoaterea unor suprafețe din respectivele arii protejate pentru proiecte de amenajări hidroenergetice reprezintă o restrângere a exercițiului dreptului la un mediu sănătos, iar această restrângere trebuie să fie evaluată în raport cu interesele concurente prevăzute de art. 135 alin. (2) lit. b), d), e) și f) din Constituție, prin realizarea unui test de proporționalitate.

2.6. Dreptul la un mediu sănătos stabilit de art. 35 din Legea fundamentală include obligația pozitivă a statului de a asigura cadrul legislativ pentru exercitarea dreptului oricărei persoane la un mediu înconjurător sănătos și echilibrat ecologic, precum și îndatorirea persoanelor fizice și juridice de a proteja și a ameliora mediul înconjurător. Totodată, în jurisprudența sa, Curtea Constituțională a subliniat că dispozițiile art. 135 alin. (2) lit. e) și f) din Constituție instituie obligația statului de a asigura refacerea și ocrotirea mediului înconjurător, precum și menținerea echilibrului ecologic, creând condițiile necesare pentru creșterea calității vieții. Prin urmare, chiar atunci când legiuitorul adoptă măsuri legislative în favoarea unor interese economice, el este obligat să legifereze ținând seama de prevalența ocrotirii mediului și menținerea echilibrului ecologic (Decizia nr. 295/2022, paragraful 173).

2.7. În protejarea dreptului la un mediu sănătos, statul are atât obligații pozitive, cât și negative. În ceea ce privește obligațiile pozitive, acestea presupun crearea unui cadru legislativ și administrativ care să aibă drept obiectiv prevenirea eficace a daunelor asupra mediului și asupra sănătății umane (a se vedea Hotărârea CEDO din 27 ianuarie 2009, pronunțată în Cauza Tătar împotriva României, paragraful 88). Conform jurisprudenței Curții Constituționale, principiul proporționalității presupune că „orice măsură adoptată de legiuitor trebuie să răspundă unui scop legitim, să fie adecvată — capabilă în mod obiectiv să ducă la îndeplinirea scopului, necesară — indispensabilă pentru îndeplinirea scopului și proporțională — menită să asigure justul echilibru între interesele concrete pentru a fi corespunzătoare scopului urmărit” (Decizia nr. 295/2022, paragraful 179).

2.8. În cauza de față, măsurile urmăresc un scop legitim, respectiv cel de exploatare a resurselor naturale, în concordanță cu interesul național, respectiv cel de protejare a intereselor naționale ale statului în activitatea economică, prin finalizarea unor proiecte hidroenergetice. În schimb, în evaluarea adecvării măsurilor, menționăm faptul că în prezent nu există un mecanism alternativ prin care anumite zone ale ariilor naturale protejate să poată fi scoase de sub protecția acestui regim juridic pentru realizarea lucrărilor menționate. Chiar dacă măsurile propuse sunt adecvate, capabile să ducă la îndeplinirea scopului, acestea nu pot fi considerate necesare, indispensabile pentru atingerea scopului și nici proporționale stricto sensu.

2.9. Din perspectiva garanțiilor, dacă în cazul proiectelor de exploatare minieră, prevăzute deja de legislația în vigoare, potrivit art. 561 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007, există obligația instituirii regimului de arie naturală protejată pentru o suprafață echivalentă, excepția introdusă de art. I din legea supusă controlului de constituționalitate nu prevede un asemenea mecanism. Totodată, potrivit art. I din legea criticată, suprafețele respective vor fi scoase automat din interiorul ariilor protejate, la solicitarea beneficiarului, fără nicio verificare a întinderii acestora din perspectiva utilității pentru realizarea obiectivului și fără o verificare a impactului acestei operațiuni asupra respectivei arii naturale protejate. Prin absența oricăror garanții și stabilirea unui mecanism diferit de cel al art. 561 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007, statul depășește limitele a ceea ce este necesar și nu respectă un just echilibru între interesele concurente. Acest aspect este confirmat și de extinderea tipurilor de suprafețe vizate cu cele aferente „rețelelor de transport și distribuție” care privesc obiectivele în cauză.

3.1. În plus, art. II din legea supusă controlului de constituționalitate modifică și extinde sfera proiectelor exceptate de la aplicarea prevederilor Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, fiind incluse proiectele având obiectiv unic apărarea și securitatea națională ori reacția la situația de urgență, precum și proiectele care contribuie la realizarea acestor obiective desemnate prin hotărâri ale CSAT, precum și capacitățile de producere sau transport al energiei electrice existente aflate în arii protejate, asupra cărora se efectuează lucrări de mentenanță, retehnologizare sau modernizare a acestora.

3.2. Art. 5 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, în forma în vigoare, reprezintă transpunerea în legislația națională a dispozițiilor art. 1 alin. (3) și art. 2 alin. (4) din Directiva 2011/92/UE (EIA), dispoziții care prevăd posibilitatea de exceptare a evaluării impactului asupra mediului.

3.3. Potrivit formei în vigoare a art. 5 alin. (1) din Legea nr. 292/2018, prevederile legii nu se aplică proiectelor sau părților proiectelor care au ca obiectiv unic apărarea și securitatea națională ori reacția la situația de urgență, dacă autoritățile publice centrale pentru apărare și securitate națională, respectiv cea pentru situații de urgență, împreună cu autoritatea publică centrală pentru protecția mediului stabilesc, printr-o analiză de la caz la caz, că realizarea evaluării impactului asupra mediului ar avea un efect negativ asupra acestor obiective.

3.4. Dispozițiile art. 5 anterior referite reflectă regulile europene în materie. Prin modificările aduse de art. II din legea supusă controlului de constituționalitate se elimină mențiunea potrivit căreia decizia de exceptare a unor proiecte se ia de la caz la caz. Astfel, această evaluare de la caz la caz, realizată de autoritatea care are și instrumentele necesare pentru a evalua un astfel de impact, este înlocuită de o soluție generală, subsumată nevoii de apărare, de securitate ori de reacție la situații de urgență. În absența acestei evaluări punctuale, soluția legislativă stabilește o ierarhie de plano între obiectivul asigurării dreptului la un mediu sănătos și de ocrotire a mediului, potrivit art. 135 alin. (2) lit. e), pe de o parte, respectiv nevoia de apărare, de securitate și de reacție la situația de urgență, pe de altă parte. De altfel, în cadrul CSAT, Ministerul Mediului, autoritatea centrală cu competențe decizionale în materia protejării ariilor naturale, nu este reprezentată, motiv pentru care, din punct de vedere tehnic, eliminarea de facto a autorității centrale pentru protecția mediului din această procedură constituie o eliminare a unei garanții a dreptului la un mediu sănătos și conduce la o restrângere disproporționată a exercițiului acestui drept.

4. Pentru toate aceste considerente, considerăm că obiecția de neconstituționalitate formulată de Președintele României trebuia admisă și că Legea pentru completarea art. 561 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, precum și pentru modificarea art. 5 alin. (1) din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului trebuia declarată neconstituțională deoarece încalcă atât principiul bicameralismului, reglementat de art. 61 coroborat cu art. 75 din Constituția României, cât și dreptul fundamental la un mediu sănătos (art. 35 din Constituție), precum și prevederile referitoare la obligația statului de a asigura protecția mediului înconjurător stabilite de art. 135 alin. (2) lit. e) din Constituție și de dreptul Uniunii Europene [Directiva 92/43/CEE Habitate și Directiva 2011/92/UE EIA prin prisma art. 148 alin. (2) din Constituția României].

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE

ELENA-SIMINA TĂNĂSESCU

Judecător,

Dacian-Cosmin Dragoș

Sursa: Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 640 din 3 august 2026, pag. 9-29, PDF oficial monitoruloficial.ro.

Este artículo tiene carácter informativo y no constituye asesoramiento jurídico. Para situaciones concretas, consulta a un abogado o asesor fiscal autorizado.