En resumen
- Un hombre pidió ante los tribunales la anulación de la resolución por la que la Cámara de Diputados había nombrado a un juez del Tribunal Constitucional. La demanda fue rechazada por inadmisible, y él impugnó entonces el propio texto que limita quién puede impugnar una resolución del Parlamento.
- El Tribunal Constitucional ha rechazado la cuestión por inadmisible, por unanimidad, por dos motivos distintos: la acción de la que partía era ella misma inadmisible y la crítica pedía, en realidad, que se completara la ley.
- La conclusión práctica: las resoluciones del Parlamento por las que se nombra a alguien para un cargo no son actos administrativos y un particular no puede impugnarlas, ni ante el juez de lo contencioso-administrativo ni ante el Tribunal Constitucional.
Publicado: Boletín Oficial de Rumanía (Monitorul Oficial) n.º 572 de 13 de julio de 2026
Dictada: 5 de febrero de 2026
Si el Parlamento nombra a alguien para un cargo público y usted cree que el nombramiento se hizo mal, no tiene adónde ir. El Tribunal Constitucional ha explicado por qué, mediante la Decisión n.º 107 de 5 de febrero de 2026, publicada en el Boletín Oficial de Rumanía n.º 572 de 13 de julio de 2026. Es la segunda decisión de este periodo en la que el Tribunal repite que no puede añadir a la ley lo que el legislador omitió, después de aquella en la que se negó a completar las reglas de revisión de las sentencias contradictorias.
El punto de partida es concreto. Cristian Munteanu pidió la anulación de la Resolución de la Cámara de Diputados n.º 15/2010, publicada en el Boletín Oficial de Rumanía n.º 394 de 15 de junio de 2010, por la que se nombraba a un juez del Tribunal Constitucional. El tribunal de instancia rechazó la demanda por inadmisible y, en el recurso de casación ante el Alto Tribunal de Casación y Justicia, él planteó la cuestión de inconstitucionalidad.
El texto impugnado, el artículo 27, apartado 1, de la Ley n.º 47/1992, dice quién puede acudir al Tribunal sobre la constitucionalidad de los reglamentos del Parlamento y de las resoluciones de las dos Cámaras: uno de los presidentes de las Cámaras, un grupo parlamentario, al menos 50 diputados o al menos 25 senadores. Un ciudadano no figura en la lista.
Los efectos que produce
La lista de quienes pueden acudir al Tribunal sigue cerrada. La decisión es definitiva y de obligado cumplimiento general. El artículo 27, apartado 1, de la Ley n.º 47/1992 se mantiene con su redacción actual, de modo que un particular no adquiere el derecho a pedir el control de constitucionalidad de una resolución del Parlamento.
Las resoluciones de la Cámara de Diputados quedan fuera de lo contencioso-administrativo. El Tribunal ha señalado que el artículo 67 de la Constitución las califica de actos jurídicos propios de la autoridad legislativa y que la definición del acto administrativo del artículo 2, apartado 1, letra c), de la Ley del contencioso-administrativo n.º 554/2004 no les conviene.
El bloqueo viene de la Constitución, no de la ley impugnada. Este es el punto esencial de la decisión. El artículo 126, apartado 6, de la Constitución garantiza el control judicial de los actos administrativos, pero exceptúa los actos relativos a las relaciones de las autoridades públicas con el Parlamento. La acción fue rechazada por inadmisible a causa de ese texto constitucional, no a causa del artículo 27, apartado 1, de la Ley n.º 47/1992.
De ahí se deriva la primera causa de inadmisibilidad. En su jurisprudencia, el Tribunal ha establecido que una cuestión planteada dentro de una acción inadmisible desde el principio es también ella inadmisible, porque la decisión del Tribunal no produciría ningún efecto sobre ese asunto. La cuestión solo habría sido admisible si se hubieran impugnado precisamente las disposiciones que determinan la inadmisibilidad, cosa que no ocurría.
La segunda causa se refiere a los límites del Tribunal. La crítica no sostenía que el texto dijera algo inconstitucional, sino que no dice bastante: no permite a una parte del proceso acudir a los tribunales. El Tribunal ha respondido que no puede modificar ni completar las disposiciones sometidas a control, conforme al artículo 2, apartado 3, de la Ley n.º 47/1992, y que no tiene competencia para crear normas nuevas.
El Tribunal ha ido más lejos y ha nombrado lo que está realmente en juego. Ha considerado que el autor de la cuestión pretendía, en realidad, modificar la norma constitucional del artículo 146, letra d), introduciendo un nuevo objeto de la cuestión de inconstitucionalidad, las resoluciones del Parlamento, «lo que resulta inaceptable».
La vía que queda es la política, no la judicial. El control de constitucionalidad de las resoluciones del Parlamento existe, pero solo se pone en marcha a instancia de los titulares previstos por la ley. El Tribunal ha recordado, a través del informe del Gobierno, que ha admitido impugnaciones de ese tipo cuando el acto tenía relevancia constitucional, por ejemplo mediante la Decisión n.º 847 de 18 de noviembre de 2020, sobre el nombramiento del presidente del Consejo Legislativo.
Qué ha cambiado respecto de la situación anterior
En el plano normativo, nada. La decisión rechaza la cuestión por inadmisible, de modo que no toca el texto. Lo que cambia es la claridad del recorrido: hasta ahora, un particular podía intentar las dos puertas, la de lo contencioso-administrativo y, por vía de la cuestión de inconstitucionalidad, la del Tribunal Constitucional. La decisión cierra expresamente las dos y explica por qué cada una está cerrada por un motivo distinto.
El Tribunal ya tuvo que responder a la misma crítica mediante la Decisión n.º 127 de 14 de marzo de 2024, publicada en el Boletín Oficial de Rumanía n.º 957 de 24 de septiembre de 2024, donde rechazó por inadmisible la cuestión relativa a la frase final del mismo artículo 27, apartado 1. La novedad de 2026 es que la motivación abarca ahora el apartado entero, no solo la frase final, y que el orden de análisis de las dos causas de inadmisibilidad queda expuesto paso a paso.
Merece la pena retener también un dato de contexto procesal: la cuestión se planteó mediante el auto de 4 de noviembre de 2020, la decisión se dictó el 5 de febrero de 2026 y se publicó el 13 de julio de 2026. Entre el planteamiento y la publicación han pasado más de cinco años y ocho meses, en un expediente abierto en 2017.
Desde el punto de vista del tribunal remitente, la posición ha sido la misma desde el principio. El Alto Tribunal consideró que las disposiciones criticadas son constitucionales, señalando que las resoluciones de nombramiento se dictan en el ejercicio de una prerrogativa propia del órgano legislativo, no como simples decisiones administrativas, y que son manifestaciones de la soberanía nacional.
Ventajas y desventajas
Lo que mejora
- Aclara, en una sola decisión, por qué las resoluciones del Parlamento no llegan ni al juez de lo contencioso-administrativo ni al Tribunal Constitucional por vía de la cuestión de inconstitucionalidad.
- Separa correctamente las dos causas de inadmisibilidad y muestra el orden en que se analizan, lo que ayuda a cualquier abogado que prepare una demanda similar.
- Recuerda que el mecanismo de control de las resoluciones del Parlamento existe y funciona, pero solo a instancia de los titulares previstos por la ley.
- Confirma el límite de la competencia del Tribunal, que no puede crear normas nuevas completando un texto existente, una línea jurisprudencial constante y previsible.
- La decisión es unánime, sin votos particulares, de modo que no deja espacio para vueltas atrás sobre la misma crítica.
Lo que sigue siendo un problema
- La persona afectada por un nombramiento hecho vulnerando la ley se queda sin ninguna vía de impugnación propia, que era justamente la crítica formulada.
- La puesta en marcha del control depende de la voluntad de actores políticos, es decir, precisamente de la mayoría que aprobó la resolución impugnada.
- El Tribunal responde a la crítica sobre la base de su competencia, sin analizar en el fondo si la ausencia de un remedio individual es compatible con el derecho a un proceso equitativo.
- Cinco años y ocho meses desde el planteamiento hasta la publicación, en un expediente abierto en 2017, es un plazo difícil de justificar para un litigio que se refería a un nombramiento de 2010.
- Ni los presidentes de las dos Cámaras del Parlamento ni el Defensor del Pueblo remitieron informe, aunque el expediente trataba precisamente del acceso del ciudadano a una vía de impugnación.
Consejos prácticos
- Antes de impugnar ante los tribunales un acto del Parlamento, compruebe si es un acto administrativo en el sentido del artículo 2, apartado 1, letra c), de la Ley n.º 554/2004. Las resoluciones de las Cámaras sobre nombramientos no lo son.
- Retenga la distinción en la que se apoya la decisión: el artículo 126, apartado 6, de la Constitución exceptúa del control judicial los actos relativos a las relaciones de las autoridades públicas con el Parlamento.
- Si aún así plantea una cuestión de inconstitucionalidad, impugne el texto que produce la inadmisibilidad de su acción, no un texto vecino. De lo contrario la cuestión decae por falta de relación con la resolución del asunto.
- No pida al Tribunal que añada un supuesto que la ley no contiene. El artículo 2, apartado 3, de la Ley n.º 47/1992 le prohíbe modificar o completar el texto sometido a control.
- Si tiene en el punto de mira una resolución del Parlamento con relevancia constitucional, la vía real es convencer a un titular del derecho a acudir al Tribunal: un presidente de Cámara, un grupo parlamentario, 50 diputados o 25 senadores.
- Para documentarse, la decisión anterior sobre el mismo texto es la Decisión n.º 127 de 14 de marzo de 2024, publicada en el Boletín Oficial de Rumanía n.º 957 de 24 de septiembre de 2024. La motivación de aquella se recoge y se desarrolla aquí.
Preguntas frecuentes
¿Qué ha decidido el Tribunal?
¿Qué dice el texto impugnado?
¿Por qué no puede un ciudadano impugnar una resolución del Parlamento?
¿Qué significa que la cuestión fue inadmisible y no infundada?
¿Qué más puede hacer alguien en esta situación?
¿Ha controlado alguna vez el Tribunal resoluciones del Parlamento?
¿Desde cuándo produce efectos la decisión?
Análisis de la redacción
Desde el punto de vista técnico, la decisión está bien construida. La separación de las dos causas de inadmisibilidad, una relativa a la naturaleza del control y a la relación con el asunto, la otra a los límites de la competencia del Tribunal, y su análisis en el orden lógico son exactamente lo que debería contener una motivación sobre inadmisibilidad. La constatación de que el bloqueo viene del artículo 126, apartado 6, de la Constitución, y no de la ley impugnada, es correcta y, al mismo tiempo, lo más útil de todo el texto: le dice al demandante dónde está realmente el muro.
Lo que queda sin decir es si ese muro está en su sitio. El Tribunal cierra el expediente por competencia y no llega a la pregunta de fondo, la de si la ausencia de cualquier remedio individual frente a un nombramiento hecho por el Parlamento se concilia con el derecho de acceso a un tribunal. La respuesta puede ser que sí, y los argumentos del Alto Tribunal, con la remisión al asunto Golder, van en esa dirección. Pero aparecen en la decisión como punto de vista del tribunal remitente, no como razonamiento asumido por el Tribunal Constitucional.
Lo segundo que salta a la vista es el calendario. Un auto de planteamiento de 4 de noviembre de 2020, una decisión dictada el 5 de febrero de 2026 y publicada el 13 de julio de 2026, en un expediente abierto en 2017, sobre una resolución de nombramiento de 2010. Cinco años y ocho meses para una solución de inadmisibilidad, fundada en una jurisprudencia que ya existía. En un expediente en el que el recurso de casación queda suspendido hasta que se resuelva la cuestión, el retraso no es un detalle administrativo, sino parte de la denegación de acceso.
Qué debería cambiar
- Un plazo legal para resolver las cuestiones de inconstitucionalidad. Incluso generoso, de un año, haría imposible aplazar cinco años una solución de inadmisibilidad basada en jurisprudencia constante, en un expediente en el que el proceso está parado.
- Un plazo también para publicar la decisión después de dictarse. Los más de cinco meses transcurridos aquí se suman al retraso de fondo, y la decisión no produce efectos hasta su publicación.
- Un procedimiento simplificado de rechazo por inadmisibilidad. Cuando la crítica es idéntica a otra ya resuelta, como aquí frente a la Decisión n.º 127/2024, una formación reducida y una motivación por remisión liberarían recursos para los expedientes que plantean problemas nuevos.
- La regulación de un mecanismo de impugnación a instancia de un número de ciudadanos. Sin tocar el artículo 146 de la Constitución, la ley podría obligar a una autoridad ya legitimada, por ejemplo al Defensor del Pueblo, a pronunciarse de forma motivada sobre una solicitud de impugnación, de modo que la negativa fuera al menos pública y argumentada.
- La remisión obligatoria de informes en los expedientes sobre el acceso a la justicia. El silencio de las dos Cámaras y del Defensor del Pueblo en un expediente sobre el derecho del ciudadano a impugnar un acto del Parlamento deja al Tribunal juzgando sin la posición de las instituciones directamente afectadas.
Texto original del acto normativo
El texto que figura a continuación se reproduce en rumano, la forma oficial de publicación.
El texto íntegro, tal como se publicó en el Boletín Oficial de Rumanía
Boletín Oficial de Rumanía n.º 572 de 13 de julio de 2026 16 páginas PDF, 114 KB el acto comienza en la página 5
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Este artículo tiene carácter informativo y no constituye asesoramiento jurídico. Para situaciones concretas, consulta a un abogado o asesor fiscal autorizado.