En resumen
- Dos ciudadanos pidieron al Tribunal Constitucional ampliar la categoría de personas con derecho a las medidas del Decreto-ley n.º 118/1990, la norma que indemniza a los perseguidos políticos del régimen comunista, deportados y prisioneros.
- El Tribunal desestimó la petición por inadmisible: las críticas no apuntaban a un conflicto entre la ley y la Constitución, sino a la ausencia de una solución legislativa, esto es, la inclusión de una categoría más de beneficiarios.
- El argumento de principio: fijar las categorías de beneficiarios es una opción del legislador, y el control de constitucionalidad no puede convertirse en un instrumento para completar la ley.
Publicado: Boletín Oficial n.º 659 del 10 de agosto de 2026
Entra en vigor: 10 de agosto de 2026
La ley de 1990 que indemniza a las víctimas de la represión comunista enumera de forma limitativa quién tiene derecho a cobrar. Dos personas de la provincia de Alba sostuvieron en juicio que la lista es demasiado estrecha y que su situación es similar a la de los incluidos. El Tribunal Constitucional les respondió que no puede escribir la ley en lugar del Parlamento. La Decisión n.º 239 del 12 de marzo de 2026 se publicó en el Boletín Oficial n.º 659 del 10 de agosto de 2026 y resuelve dos asuntos acumulados procedentes del Tribunal de Alba. Es la tercera decisión del Tribunal publicada en el mismo boletín, junto a la relativa al aplazamiento de la subida del punto de pensión, todas confirmando los límites del control de constitucionalidad en materia de derechos económicos.
El texto impugnado es el artículo 1, apartado (2), letra b), del Decreto-ley n.º 118/1990 sobre concesión de derechos a las personas perseguidas por motivos políticos por la dictadura instaurada a partir del 6 de marzo de 1945, así como a las deportadas al extranjero o hechas prisioneras. Los autores de la excepción son Viorica Sicoe y Vasile Goia, en dos asuntos ante el Tribunal de Alba, acumulados de oficio por el Tribunal Constitucional.
Un detalle procesal dice mucho sobre la duración de estos litigios: el magistrado asistente señaló que uno de los autores había fallecido entretanto, sin que se formulara petición alguna de incorporación de herederos al proceso. Las remisiones datan de septiembre y noviembre de 2021, la decisión llegó en marzo de 2026 y la publicación en agosto de 2026.
El representante del Ministerio Fiscal pidió la desestimación por infundada, explicando que la ley contempla una categoría relevante a la luz de los efectos jurídicos de las conversaciones de armisticio iniciadas por el Estado rumano el 23 de agosto de 1944, y que la opción del legislador refleja el mantenimiento en cautiverio de rumanos por la Unión Soviética incluso tras el acuerdo de armisticio del 12 de septiembre de 1944.
Los efectos que produce
La lista de beneficiarios queda exactamente igual. No se añade ninguna categoría nueva. Quien no encaje en el texto actual del Decreto-ley n.º 118/1990 no adquiere derechos por esta decisión.
El Tribunal calificó la petición como de política legislativa, no de constitucionalidad. Las críticas apuntaban a la limitación del ámbito de aplicación de la norma, al considerar los autores que el legislador debió incluir a otras personas en situaciones que juzgaban similares. Eso equivale a añadir una solución legislativa ausente de la norma impugnada.
El límite es expreso en la ley, no solo jurisprudencial. Según el artículo 2, apartado (3), de la Ley n.º 47/1992, el Tribunal se pronuncia solo sobre la constitucionalidad de los actos que se le someten, sin poder modificar ni completar las disposiciones controladas. El Tribunal invocó en tal sentido la Decisión n.º 438/2011.
La vía que queda es la parlamentaria. Si se estima que el círculo de beneficiarios debería ampliarse, la solución no es la excepción de inconstitucionalidad sino la modificación del decreto-ley. El Tribunal no puede suplir la ausencia de una norma.
Qué cambia respecto de la situación anterior
En derecho no cambia nada. Al ser una decisión de inadmisibilidad, no produce efectos sobre el texto impugnado, que sigue vigente tal cual.
Lo que se aclara es la naturaleza de este tipo de petición. Una crítica que reprocha a la ley no lo que dice sino lo que no dice, es decir la omisión de una categoría, no es una crítica de constitucionalidad en el sentido del control que ejerce el Tribunal. La distinción importa para todo litigio que invoque trato distinto entre categorías de beneficiarios de medidas reparadoras.
El Tribunal no examinó si la situación invocada por los autores es realmente similar a la regulada por el texto. No llegó ahí, porque calificó la cuestión como propia de la competencia de la autoridad legislativa, en el sentido de modificar y completar las disposiciones legales.
Ventajas y desventajas
Lo que aporta de bueno
- Traza una línea clara y verificable entre control de constitucionalidad y legislación, útil mucho más allá de este caso concreto.
- Evita que la jurisdicción constitucional cree, por vía jurisprudencial, categorías de beneficiarios con impacto presupuestario indeterminado.
- Confirma que el legislador puede delimitar las categorías de personas con derecho a medidas reparadoras, según criterios históricos y jurídicos que él fija.
- Ofrece una respuesta explícita, y por tanto previsible, para litigios similares pendientes ante los tribunales.
Lo que aporta de malo
- Quienes se consideran perjudicados quedan sin remedio práctico: la vía judicial está cerrada y la legislativa depende de la voluntad del Parlamento.
- La duración del procedimiento, casi cinco años desde la remisión hasta la publicación, es difícil de justificar para un grupo de demandantes en su mayoría de edad avanzada. Uno de los autores falleció entretanto.
- El Tribunal no se pronuncia sobre el fondo de la comparación invocada, de modo que no dice si las situaciones son o no similares, dejando el debate sin criterio.
- La publicación cinco meses después de dictarse retrasa aún más la clarificación de los asuntos en trámite.
- La decisión no traslada al Parlamento la cuestión planteada, aunque el mecanismo de las decisiones de inadmisibilidad permite a veces observaciones de ese tipo.
Consejos prácticos
- Si solicita derechos al amparo del Decreto-ley n.º 118/1990, compruebe primero si su situación encaja en las letras del artículo 1 tal como están redactadas. La interpretación extensiva por analogía no tiene recorrido.
- No construya la petición sobre la idea de que la ley debería incluir otras categorías. El Tribunal dijo expresamente que ese es un argumento de política legislativa, no de inconstitucionalidad.
- Si su problema es la prueba de los hechos (periodo de cautiverio, deportación, persecución), ahí se libra la batalla útil, ante el juzgado de instancia, con documentos y testigos, no ante el Tribunal Constitucional.
- Si el titular del derecho fallece durante el proceso, pida la incorporación de los herederos. En uno de los asuntos resueltos aquí no se formuló tal petición.
- Para ampliar las categorías de beneficiarios, la única vía es una proposición legislativa. Las peticiones a las comisiones parlamentarias competentes son el instrumento adecuado, no la excepción de inconstitucionalidad.
Preguntas frecuentes
¿Qué pedían los autores de la excepción?
¿Por qué se desestimó por inadmisible?
¿Cambia algo para los beneficiarios actuales?
¿Quién puede ampliar la categoría de beneficiarios?
¿Dice la decisión que las situaciones invocadas no son similares?
Texto original del acto normativo
El texto que figura a continuación se reproduce en rumano, la forma oficial de publicación.
Mostrar el texto íntegroOcultar el texto íntegro
DECIZIA Nr. 239 din 12 martie 2026 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (2) lit. b) din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
EMISOR: TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE RUMANÍA
Publicado en: BOLETÍN OFICIAL n.º 659 del 10 de agosto de 2026
CURTEA CONSTITUȚIONALĂ D E C I Z I A Nr. 239 din 12 martie 2026 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (2) lit. b) din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri Elena-Simina Tănăsescu
— președinte Asztalos Csaba-Ferenc
— judecător Mihai Busuioc
— judecător Mihaela Ciochină
— judecător Cristian Deliorga
— judecător Dacian-Cosmin Dragoș
— judecător Dimitrie-Bogdan Licu
— judecător Gheorghe Stan
— judecător Valentina Bărbățeanu
— magistrat-asistent Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Ioan Laurențiu Sorescu.
1. Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (2) lit. b) din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, excepție ridicată de Viorica Sicoe în Dosarul nr. 1.991/107/2021 al Tribunalului Alba — Secția a II-a civilă, de contencios administrativ, fiscal și de insolvență și care formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 2.984D/2021.
2. La apelul nominal se constată lipsa părților. Procedura de înștiințare este legal îndeplinită.
3. Președintele Curții dispune să se facă apelul și în Dosarul nr. 3.439D/2021, având ca obiect excepția de neconstituționalitate a acelorași prevederi legale, excepție ridicată de Vasile Goia în Dosarul nr. 1.990/107/2021 al aceleiași instanțe.
4. La apelul nominal se constată lipsa părților. Procedura de înștiințare este legal îndeplinită. Magistratul-asistent menționează că autorul excepției de neconstituționalitate a decedat, dar nu a fost formulată nicio cerere de introducere în cauză a vreunui moștenitor.
5. Având în vedere obiectul excepției de neconstituționalitate din dosarele mai sus menționate, Curtea, din oficiu, pune în discuție conexarea acestora. Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu măsura propusă. Curtea, în temeiul dispozițiilor art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea Dosarului nr. 3.439D/2021 la Dosarul nr. 2.984D/2021, care a fost primul înregistrat.
6. Cauza fiind în stare de judecată, Președintele Curții acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepției de neconstituționalitate. Arată că legea are în vedere o categorie de persoane relevantă prin prisma efectelor juridice ale tratativelor de armistițiu cu aliații începute de către statul român din data de 23 august 1944. Intră în atribuțiile legiuitorului să stabilească anumite categorii de persoane care pot beneficia de anumite drepturi ca urmare a persecuțiilor, deportării sau prizonieratului, opțiunea legiuitorului reflectând starea de menținere a prizonieratului românilor de către Uniunea Sovietică chiar și în contextul încheierii, la data de 12 septembrie 1944, a acordului de armistițiu. C U R T E A, având în vedere actele și lucrările dosarelor, reține următoarele:
7. Prin încheierile nr. 417/CAF din 28 septembrie 2021 și nr. 501/CAF din 4 noiembrie 2021, pronunțate în Dosarul nr. 1.991/107/2021 și, respectiv, în Dosarul nr. 1.990/107/2021, Tribunalul Alba — Secția a II-a civilă, de contencios administrativ, fiscal și de insolvență a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1 alin. (2) lit. b) din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri. Excepția a fost ridicată de Viorica Sicoe și, respectiv, de Vasile Goia în cauze având ca obiect soluționarea unor contestații împotriva deciziilor de respingere a cererilor formulate de aceștia în vederea acordării drepturilor acordate de decretul-lege menționat persoanelor persecutate politic și urmașilor acestora.
8. În motivarea excepției de neconstituționalitate autorii acesteia susțin, în esență, că dispozițiile legale criticate condiționează obținerea drepturilor reparatorii de împrejurarea ca prizonieratul să fi fost constituit de partea sovietică, excluzând persoanele constituite în prizonieri de către armata germană, deși aceștia se aflau într-o situație similară. Această condiționare ar institui o diferențiere nejustificată între persoane aflate în situații comparabile, generând o formă de discriminare. Autorii excepției consideră că stabilirea datei de 23 august 1944 ca moment determinant, precum și condiția ca prizonieratul să fi fost constituit de partea sovietică nu au o bază constituțională și conduc la excluderea nejustificată a unor persoane de la beneficiul măsurilor reparatorii.
9. Tribunalul Alba — Secția a II-a civilă, de contencios administrativ, fiscal și de insolvență consideră că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată, arătând că ține de competența exclusivă a legiuitorului modalitatea de a stabili întinderea actelor normative, inclusiv prin stabilirea concretă a categoriei beneficiarilor unui decret având ca obiect acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri.
10. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.
11. Președinții celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul și Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. C U R T E A, examinând încheierile de sesizare, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:
12. Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.
13. Obiectul excepției de neconstituționalitate îl reprezintă dispozițiile art. 1 alin. (2) lit. b) din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1208 din 10 decembrie 2020, care au următorul conținut normativ: „(2) De aceleași drepturi beneficiază și persoana care: (…) b) a fost constituită în prizonier de către partea sovietică după data de 23 august 1944 ori, fiind constituită ca atare, înainte de această dată, a fost reținută în captivitate după încheierea armistițiului, indiferent de locul reținerii.”
14. Drepturile la care se referă textul de lege criticat sunt enumerate în art. 1 alin. (1) lit. a)-f) din același act normativ, potrivit căruia constituie vechime în muncă și se ia în considerare la stabilirea pensiei și a celorlalte drepturi ce se acordă, în funcție de vechimea în muncă, timpul cât o persoană, după data de 6 martie 1945, pe motive politice, s-a aflat în anumite situații, expres menționate.
15. În opinia autorilor excepției de neconstituționalitate, prevederile de lege criticate contravin dispozițiilor art. 16 — Egalitatea în drepturi din Constituție, astfel cum acestea se interpretează, în temeiul art. 20 alin. (1) din Constituție, prin prisma art. 7 din Declarația Universală a Drepturilor Omului și a art. 14 privind interzicerea discriminării din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale.
16. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea observă că textul de lege criticat stabilește că este considerată vechime în muncă și se ia în considerare la stabilirea pensiei și a celorlalte drepturi ce se acordă, în funcție de vechimea în muncă, timpul cât o persoană, după data de 6 martie 1945, a fost constituită în prizonier de către partea sovietică după data de 23 august 1944 ori, fiind constituită ca atare, înainte de această dată, a fost reținută în captivitate după încheierea armistițiului, indiferent de locul reținerii. Autorii excepției susțin, în esență, că acest drept ar trebui recunoscut și persoanelor care au fost constituite în prizonieri de către partea germană anterior momentului 6 martie 1945.
17. Curtea observă că susținerile autorilor nu vizează conținutul normativ propriu-zis al textului de lege, sub aspectul clarității, previzibilității sau coerenței sale interne, și nici nu pun în discuție existența unei contradicții între dispozițiile art. 1 alin. (2) lit. b) din Decretul-lege nr. 118/1990 și prevederi constituționale determinate, în sensul unui conflict normativ direct. Excepția nu urmărește eliminarea unui viciu de constituționalitate al dispozițiilor legale criticate, ci includerea unei categorii suplimentare de beneficiari ai măsurilor reparatorii. Aceasta nu se întemeiază pe contrarietatea dispozițiilor legale atacate cu prevederile ori principiile constituționale, ci vizează aspecte ce țin de domeniul competenței autorității legiuitoare, în sensul modificării și completării prevederilor legale.
18. Curtea observă că, în realitate, criticile exprimate privesc limitarea sferei de aplicare a normei, autorii excepției considerând că legiuitorul ar fi trebuit să includă în categoria beneficiarilor și alte persoane aflate în situații pe care le apreciază ca fiind similare celor reglementate de textul criticat. Se urmărește astfel extinderea domeniului de aplicare al dispozițiilor legale supuse controlului, prin adăugarea unei soluții legislative care nu se regăsește în norma criticată. Or, stabilirea categoriilor de beneficiari ai unor drepturi de natură legală reprezintă o opțiune a legiuitorului, controlul de constituționalitate neputând fi transformat într-un instrument de completare a legii.
19. Curtea reține, în consecință, că susținerile autorilor excepției de neconstituționalitate urmăresc completarea prevederilor legale criticate prin adăugarea unei noi categorii de beneficiari ai drepturilor acordate prin decretul-lege în discuție, ceea ce excedează competenței Curții Constituționale, întrucât, potrivit prevederilor art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, „Curtea Constituțională se pronunță numai asupra constituționalității actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului” (a se vedea Decizia nr. 438 din 7 aprilie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 514 din 21 iulie 2011).
20. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi, C U R T E A C O N S T I T U Ț I O N A L Ă În numele legii D E C I D E: Respinge, ca inadmisibilă, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (2) lit. b) din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, excepție ridicată de Viorica Sicoe în Dosarul nr. 1.991/107/2021 al Tribunalului Alba — Secția a II-a civilă, de contencios administrativ, fiscal și de insolvență și de Vasile Goia în Dosarul nr. 1.990/107/2021 al aceleiași instanțe. Definitivă și general obligatorie. Decizia se comunică Tribunalului Alba — Secția a II-a civilă, de contencios administrativ, fiscal și de insolvență și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Pronunțată în ședința din data de 12 martie 2026. PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE ELENA-SIMINA TĂNĂSESCU Magistrat-asistent, Valentina Bărbățeanu
Este artículo tiene carácter informativo y no constituye asesoramiento jurídico. Para situaciones concretas, consulta a un abogado o asesor fiscal autorizado.