En resumen
- El Tribunal Constitucional ha rechazado por infundada la excepción mediante la cual un banco pedía que las resoluciones dictadas en las oposiciones a la ejecución forzosa pudieran también recurrirse en casación, y no solo en apelación.
- En la práctica no cambia nada: la regla sigue siendo la del Código de Procedimiento Civil, la oposición a la ejecución forzosa se juzga en primera instancia y en apelación, sin una tercera vía de recurso, salvo en dos situaciones especiales (la división de bienes comunes y la oposición de un tercero que invoca un derecho real sobre el bien embargado).
- La decisión es definitiva y de obligado cumplimiento general, por lo que cierra cualquier otro intento de impugnar esta misma regla por vía constitucional, incluso cuando la oposición plantea cuestiones de fondo, como el carácter abusivo de determinadas cláusulas bancarias.
Publicada: Boletín Oficial n.º 638 del 2 de agosto de 2026
Pronunciada: 5 de marzo de 2026
El Tribunal Constitucional ha rechazado, por infundada, la excepción de inconstitucionalidad planteada por un banco contra la regla según la cual las resoluciones dictadas en las oposiciones a la ejecución forzosa solo pueden recurrirse en apelación, sin derecho a casación. La Decisión n.º 214/2026, publicada en el Boletín Oficial casi cinco meses después de haberse pronunciado, confirma el artículo 651, apartado 4, en relación con el artículo 718 del Código de Procedimiento Civil, y retoma, sobre el fondo, la misma lógica que el Tribunal aplicó en otra oposición a la ejecución forzosa examinada también en 2026: quien quiera impugnar una ejecución forzosa cuenta, como regla general, con un único grado de control judicial por encima del tribunal de primera instancia.
La excepción fue planteada por Raiffeisen Bank en un expediente en fase de casación, interpuesto contra una resolución mediante la cual el tribunal de apelación había estimado parcialmente la oposición de un deudor a la ejecución forzosa. El banco sostuvo que la regla actual crea una discriminación injustificada: en materia civil, cualquier pretensión evaluable económicamente puede, por regla general, juzgarse en primera instancia, apelación y casación, pero la oposición a la ejecución, donde a veces se dirime una auténtica cuestión de fondo (por ejemplo, el carácter abusivo de determinadas cláusulas contractuales y la devolución de las cantidades cobradas en su virtud), queda limitada a la apelación. El Tribunal de Apelación de Târgu Mureș, que remitió el asunto al Tribunal Constitucional, consideró infundada la excepción, ya que la regulación de las vías de recurso es competencia exclusiva del legislador.
Los efectos que produce
Para cualquier persona implicada, como deudor o acreedor, en una oposición a la ejecución forzosa, la regla se mantiene invariable: la resolución de primera instancia solo puede impugnarse en apelación, y la resolución de apelación es definitiva. Ya no existe una tercera vía de recurso ante el Tribunal Supremo, salvo en dos situaciones especiales previstas expresamente por la ley. Esto es así incluso cuando la oposición plantea una cuestión de fondo relevante, como el carácter abusivo de ciertas cláusulas de un contrato de crédito, que, formulada como una acción separada de derecho común, habría podido acceder a casación.
Para los tribunales, la decisión significa que cualquier excepción similar, planteada con los mismos argumentos, puede rechazarse directamente, remitiéndose a la jurisprudencia ya consolidada del Tribunal (incluida la Decisión n.º 72/2025). Para los bancos y otros acreedores que llevan a cabo ejecuciones forzosas, así como para los deudores, la implicación práctica es clara: la estrategia procesal debe planificarse ya desde la primera instancia y la apelación, sin contar con una eventual corrección en casación.
Qué ha cambiado respecto a la situación anterior
- Nada en el texto: el artículo 651, apartado 4, y el artículo 718 del Código de Procedimiento Civil permanecen sin cambios.
- Se cierra una vía de impugnación constitucional: el argumento de discriminación entre la oposición a la ejecución y las demás pretensiones evaluables económicamente ya no puede utilizarse con éxito como excepción de inconstitucionalidad.
- Jurisprudencia confirmada: el Tribunal reafirma, remitiéndose a la Decisión n.º 72/2025, que el libre acceso a la justicia no implica el acceso a todos los grados de jurisdicción, y que la regulación de las vías de recurso es competencia exclusiva del legislador.
Ventajas y desventajas
Lo que aporta de bueno
- Previsibilidad: la regla se mantiene estable, sin riesgo de un cambio brusco de jurisprudencia en pleno proceso.
- Las ejecuciones forzosas impugnadas se resuelven más rápido, sin un tercer grado de jurisdicción que prolongaría el litigio durante meses o años.
- Los tribunales pueden rechazar directamente excepciones similares, ya resueltas, sin un nuevo examen sobre el fondo.
Lo que sigue siendo un problema
- Quien plantea, dentro de una oposición a la ejecución, una cuestión de fondo como cláusulas abusivas en un contrato bancario, se queda con un grado de jurisdicción menos que quien formulara la misma pretensión por separado, por la vía del derecho común.
- Las personas sin formación jurídica pueden quedarse con la impresión errónea de que aún disponen de una vía de recurso tras la apelación, cuando, salvo las dos excepciones legales, esta no existe.
Consejos prácticos
- Si eres parte en una oposición a la ejecución forzosa (deudor o acreedor): ten claro desde el principio que la resolución de apelación es definitiva, salvo en dos situaciones especiales (la división de bienes en copropiedad y la oposición de un tercero relativa a un derecho real sobre el bien embargado).
- Si quieres impugnar el carácter abusivo de determinadas cláusulas de un contrato de crédito y te interesa especialmente contar con acceso a los tres grados de jurisdicción: consulta con un abogado la opción de una acción separada, de derecho común, en lugar de incluir esta pretensión solo en la oposición a la ejecución.
- Prepara argumentos sólidos ya desde la primera instancia y la apelación, sin contar con una eventual corrección en una vía de recurso posterior, porque, como regla general, esta no existe en la oposición a la ejecución.
- Consulta a un agente judicial o a un abogado antes de decidir tu estrategia procesal, especialmente si el importe implicado en la ejecución es elevado o el expediente plantea cuestiones de fondo complejas.
Preguntas frecuentes
¿Qué decidió el Tribunal Constitucional?
¿Por qué no existe casación en la oposición a la ejecución forzosa?
¿Existen excepciones a la regla de «solo apelación»?
¿Qué ocurre con las cláusulas abusivas planteadas dentro de una oposición a la ejecución?
¿Puede seguir impugnándose esta regla por vía constitucional?
Textul original al actului normativ
El texto que figura a continuación se reproduce en rumano, su forma oficial de publicación.
Mostrar el texto íntegroOcultar el texto íntegro
DECIZIA nr. 214 din 5 martie 2026
referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 651 alin. (4) coroborat cu art. 718 din Codul de procedură civilă
EMITENT: CURTEA CONSTITUȚIONALĂ
Publicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 2 august 2026
Elena-Simina Tănăsescu
– președinte
Asztalos Csaba-Ferenc
– judecător
Mihai Busuioc
– judecător
Mihaela Ciochină
– judecător
Dacian-Cosmin Dragoș
– judecător
Dimitrie-Bogdan Licu
– judecător
Gheorghe Stan
– judecător
Ioana-Laura Paris
– magistrat-asistent
Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Ioan-Sorin-Daniel Chiriazi.
1.
Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 651 alin. (4) coroborat cu art. 718 din Codul de procedură civilă, excepție ridicată de Societatea Raiffeisen Bank – S.A. din București în Dosarul nr. 14.612/320/2018 al Curții de Apel Târgu Mureș – Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal și care formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 2.300D/2021.
2.
La apelul nominal se constată lipsa părților. Procedura de înștiințare este legal îndeplinită.
3.
Cauza fiind în stare de judecată, președintele Curții acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepției de neconstituționalitate, deoarece reglementarea procedurii de judecată este de competența exclusivă a legiuitorului.
având în vedere actele și lucrările dosarului, constată următoarele:
4.
Prin Încheierea din 9 iunie 2021, pronunțată în Dosarul nr. 14.612/320/2018, Curtea de Apel Târgu Mureș – Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 651 alin. (4) coroborat cu art. 718 din Codul de procedură civilă. Excepția a fost invocată de Societatea Raiffeisen Bank – S.A. din București într-o cauză aflată în faza recursului, acesta fiind formulat împotriva hotărârii de respingere a apelului prin care fusese admisă în parte o contestație la executare.
5.
În motivarea excepției de neconstituționalitate se susține, în esență, că dispozițiile criticate sunt neconstituționale deoarece, de vreme ce în materie civilă, în lipsa unei reguli speciale, orice cerere evaluabilă în bani poate fi judecată în fond, apel și recurs, se creează o reală discriminare cu privire la imposibilitatea exercitării căii de atac a recursului în contestațiile la executarea silită, în care are loc o adevărată judecată pe fond, discriminarea creată nefiind întemeiată pe o cauză obiectivă. Neconstituționalitatea dispozițiilor criticate se raportează și la efectele concrete pe care le produce asupra justului echilibru dintre justițiabili, în sensul că se încalcă principiul egalității în fața legii.
6.
Autoarea subliniază că nu se poate face abstracție de natura conflictului ivit în raporturile dintre părți și, astfel, se impune ca natura litigiului să determine tratamentul juridic, iar dificultatea unei probleme de drept nu poate fi evaluată în funcție de cadrul procesual în care se invocă, ci de natura sa. Or, reglementarea normativă a recursului nu atașează acestei căi de atac tipologiile de hotărâri care pot fi supuse acestuia, ci vizează numai motivele pentru care poate fi exercitată.
7.
În practica judiciară se manifestă un consens în ceea ce privește judecarea, în cadrul procesual al contestațiilor la executare, a petitelor privind constatarea caracterului abuziv al clauzelor contractuale și eliminarea lor din contract, corelativ cu restituiri de sume încasate în temeiul clauzelor pretins abuzive – cereri în cazul cărora, dacă ar fi formulate pe calea dreptului comun, ar fi beneficiat de apel și de recurs. Prin urmare, dispozițiile criticate blochează accesul la calea de atac a recursului, punând ab initio justițiabilii – reclamant și pârât, respectiv contestator și intimat, părți ale raportului juridic de aceeași natură – pe poziții diferite, fără o justificare obiectivă și rezonabilă.
8.
Curtea de Apel Târgu Mureș – Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal apreciază că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată, deoarece stabilirea căilor de atac ce pot fi exercitate împotriva hotărârilor pronunțate în diferite materii este atributul exclusiv al legiuitorului, iar soluția legislativă prevăzută la art. 718 coroborat cu art. 651 alin. (4) din Codul de procedură civilă nu reprezintă o încălcare a dreptului justițiabilului de acces la justiție sau o discriminare în raport cu celelalte subiecte de drept care au deschisă calea de atac a recursului potrivit normelor de drept comun. Reglementarea analizată se aplică tuturor persoanelor fizice sau juridice de drept privat care sunt părți într-o contestație la executare, fiind respectat principiul egalității în fața legii. Instituirea, în anumite materii, a unor reguli speciale cu privire la căile de atac nu încalcă principiul înfăptuirii justiției și nici accesul la justiție.
9.
Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.
10.
Președinții celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul și Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepția de neconstituționalitate.
examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:
11.
Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.
12.
Obiectul excepției de neconstituționalitate îl reprezintă dispozițiile art. 651 alin. (4) coroborat cu art. 718 din Codul de procedură civilă, care au următorul conținut:
– Art. 651 – Instanța de executare: „(4) Dacă prin lege nu se dispune altfel, instanța de executare se pronunță prin încheiere executorie, care poate fi atacată numai cu apel, în termen de 10 zile de la comunicare.”;
– Art. 718 – Căi de atac: „(1) Hotărârea pronunțată cu privire la contestație poate fi atacată numai cu apel, cu excepția hotărârilor pronunțate în temeiul art. 712 alin. (4) și art. 715 alin. (4) care pot fi atacate în condițiile dreptului comun. (2) Hotărârea prin care s-a soluționat contestația privind înțelesul, întinderea sau aplicarea titlului executoriu este supusă acelorași căi de atac ca și hotărârea ce se execută. Dacă prin contestație s-a cerut lămurirea înțelesului, întinderii ori aplicării unui titlu care nu constituie hotărâre a unui organ de jurisdicție, hotărârea prin care s-a soluționat contestația va putea fi atacată numai cu apel, dispozițiile alin. (1) aplicându-se în mod corespunzător.”
13.
În susținerea excepției de neconstituționalitate sunt invocate prevederile constituționale cuprinse în art. 16 – Egalitatea în drepturi, art. 21 – Accesul liber la justiție și în astfel cum este interpretat, în temeiul art. 20 alin. (1) din Constituție, și prin prisma exigențelor art. 6 – Dreptul la un proces echitabil din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, art. 124 – Înfăptuirea justiției, art. 129 – Folosirea căilor de atac și ale art. 14 – Interzicerea discriminării din Convenție.
14.
Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea observă că dispozițiile criticate au mai constituit obiect al controlului de constituționalitate prin raportare la aceleași dispoziții din Legea fundamentală, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 651 alin. (4) coroborate cu cele ale art. 718 alin. (1) din Codul de procedură civilă fiind respinsă ca neîntemeiată. În acest sens, cu titlu exemplificativ, prin Decizia nr. 72 din 25 februarie 2025, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 644 din 9 iulie 2025, paragrafele 17-21, Curtea a reținut că dispozițiile art. 651 alin. (4) din Codul de procedură civilă reglementează regimul juridic al căilor de atac ce pot fi exercitate împotriva hotărârilor pronunțate de instanța de executare. Această reglementare a fost adoptată de legiuitor în cadrul competenței sale constituționale conferite de art. 126 alin. (2) și art. 129 și reglementează caracterul executoriu al încheierii pronunțate de instanța de executare, calea de atac ce poate fi formulată, precum și termenul de exercitare a acesteia. Aceasta este voința legiuitorului, care are posibilitatea să reglementeze regimul juridic al hotărârii instanței de executare circumscris materiei în care a fost pronunțată, respectiv materia executării silite.
15.
Curtea a reținut că sunt neîntemeiate susținerile referitoare la neconstituționalitatea art. 718 alin. (1) din Codul de procedură civilă din perspectiva imposibilității exercitării căii de atac a recursului împotriva hotărârilor pronunțate în materia contestației la executare, statuând că accesul liber la justiție, garantat de prevederile art. 21 din Legea fundamentală, nu presupune și accesul la toate mijloacele procedurale prin care se înfăptuiește justiția, iar instituirea regulilor de desfășurare a procesului în fața instanțelor judecătorești, deci și reglementarea căilor de atac, este de competența exclusivă a legiuitorului, care poate institui, în considerarea unor situații deosebite, reguli speciale de procedură. Nici reglementările internaționale în materie nu impun accesul la totalitatea gradelor de jurisdicție sau la toate căile de atac prevăzute de legislațiile naționale, art. 13 din Convenție consacrând numai dreptul persoanei la un recurs efectiv în fața unei instanțe naționale, deci posibilitatea de a accede la un grad de jurisdicție.
16.
Curtea a mai reținut că art. 718 alin. (1) din Codul de procedură civilă nu contravine nici art. 16 din Constituție, întrucât legiuitorul, în considerarea unor situații speciale, justificate în mod obiectiv și rațional, poate institui un tratament juridic diferențiat. În cazul de față, legiuitorul a stabilit, ca regulă generală, că atacarea hotărârilor pronunțate în contestația la executare se face numai cu apel. Cele două excepții cuprinse în textul contestat se referă la împărțirea bunurilor proprietate comună [art. 712 alin. (4) din Codul de procedură civilă] și la contestația formulată de o terță persoană ce vizează un drept de proprietate sau un alt drept real asupra bunului urmărit [art. 715 alin. (4) din Codul de procedură civilă]. O atare opțiune a legiuitorului este justificată de domeniile în care intervin aceste reglementări, și anume în ipoteze specifice ce țin de materia succesiunilor sau a drepturilor reale. Pentru aceleași considerente, dispozițiile criticate nu contravin nici art. 124 alin. (2) din Constituție și nici art. 14 din Convenție.
17.
Totodată, Curtea a observat că nu sunt aplicabile cele reținute prin Decizia nr. 369 din 30 mai 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 582 din 20 iulie 2017, prin care s-a constatat că este neconstituțională sintagma „precum și în alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 1.000.000 lei inclusiv”, cuprinsă în art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă. Admiterea excepției cu acel prilej a avut ca temei încălcarea art. 16 alin. (1) din Constituție, întrucât legiuitorul a stabilit un prag valoric prin care nu a asigurat o protecție egală a drepturilor și intereselor legitime ale persoanelor, creând discriminări între cetățeni – în ceea ce privește dreptul de a formula o cale de atac – în funcție de valoarea cererii adresate instanței judecătorești. Este vorba despre o discriminare pe criteriul valorii cererii în cadrul aceleiași categorii de persoane care au formulat cereri evaluabile în bani. Or, aceste considerente nu pot fi translatate în cauza de față, unde criteriul folosit este cel al materiei, care poate fi stabilit de legiuitor potrivit opțiunii sale, fără a se putea pune semnul egalității între persoane care au litigii din materii diferite.
18.
Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să schimbe jurisprudența Curții, atât soluția, cât și considerentele deciziilor menționate își păstrează valabilitatea și în prezenta cauză.
19.
Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,
Respinge, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate ridicată de Societatea Raiffeisen Bank – S.A. din București în Dosarul nr. 14.612/320/2018 al Curții de Apel Târgu Mureș – Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal și constată că dispozițiile art. 651 alin. (4) coroborat cu art. 718 din Codul de procedură civilă sunt constituționale în raport cu criticile formulate.
Definitivă și general obligatorie.
Decizia se comunică Curții de Apel Târgu Mureș – Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Pronunțată în ședința din data de 5 martie 2026.
PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE
ELENA-SIMINA TĂNĂSESCU
Magistrat-asistent,
Ioana-Laura Paris
Este artículo tiene carácter informativo y no constituye asesoramiento jurídico. Para situaciones concretas, consulta a un abogado o asesor fiscal autorizado.