Ayudas por jubilación de militares, policías y magistrados: el Tribunal Constitucional confirma que el Estado podía no pagarlas

Las ayudas por jubilación del sector público siguen sin pagarse, y el Tribunal Constitucional dice que así era legal. Nueve asuntos acumulados, abiertos por antiguos militares, policías, empleados de la administración penitenciaria y magistrados, impugnaban cuatro ordenanzas de urgencia mediante las cuales el pago de estas cantidades quedó suspendido año tras año, de 2017 a 2021. El Tribunal las ha desestimado todas por infundadas. Es la segunda vez este verano que el órgano de justicia constitucional se niega a desbloquear dinero prometido por ley al personal del sector público, después de haber confirmado también que las cantidades ganadas ante los tribunales se pagan igualmente en cinco tramos anuales.

Se trata de las ayudas y las indemnizaciones concedidas al pasar a la jubilación, al pase a retiro, al cese de la relación de servicio o al pase a la reserva. Para los magistrados, el art. 81, apdo. (1), de la Ley n.º 303/2004 preveía siete retribuciones básicas mensuales brutas. Para el personal militar, los policías y los funcionarios públicos con estatuto especial de instituciones penitenciarias, la ayuda estaba prevista en el art. 20 del anexo n.º VII de la Ley marco n.º 284/2010. Cantidades similares existían para el personal auxiliar de los juzgados y para los funcionarios públicos parlamentarios.

La suspensión llegó por oleadas. La Ordenanza de urgencia del Gobierno n.º 99/2016 detuvo el pago durante los dos primeros meses del año 2017; la Ordenanza de urgencia del Gobierno n.º 9/2017, durante el resto de ese año; la Ordenanza de urgencia del Gobierno n.º 90/2017, para 2018; y la Ordenanza de urgencia del Gobierno n.º 114/2018, para el periodo 2019-2021. Cuatro textos, cinco años, la misma fórmula: no se conceden.

Los efectos que produce

El primer efecto es que los cuatro textos siguen siendo válidos. El Tribunal ha constatado que son constitucionales en relación con las críticas formuladas, por unanimidad de votos. Las decisiones del Tribunal Constitucional son definitivas y de obligado cumplimiento general desde su publicación, conforme al art. 147, apdo. (4), de la Constitución, de modo que los procesos en los que se reclamaban estas cantidades por el periodo 2017-2021 se quedan sin el fundamento constitucional con el que contaban los demandantes.

El segundo efecto es el más duro y afecta al periodo posterior a la suspensión. La Ley marco n.º 284/2010 fue derogada por el art. 44, apdo. (1), punto 9, de la Ley marco n.º 153/2017, publicada en el Boletín Oficial de Rumanía n.º 492 de 28 de junio de 2017. La nueva ley de retribuciones no contiene ninguna disposición similar a la que instituía las ayudas. El Tribunal dice con claridad lo que eso significa: el personal militar, los policías y los funcionarios públicos con estatuto especial de instituciones penitenciarias que pasaron a la reserva, pasaron a retiro o cuya relación de servicio cesó, con derecho a jubilación, después del 1 de julio de 2017 ya no se benefician de las ayudas previstas por la Ley marco n.º 284/2010. No se trata de un pago aplazado, sino de un derecho que ya no existe.

El tercer efecto se refiere a la regla conforme a la cual se determinan los derechos en el momento de la jubilación. El Tribunal retoma el principio tempus regit actum: se aplica la ley vigente en la fecha en que nace el derecho a la jubilación, no la legislación existente en una fecha anterior. Quien se jubiló antes y cobró la ayuda no se encuentra en la misma situación jurídica que quien se jubiló después, de modo que la diferencia entre ellos no es una discriminación.

El cuarto efecto es de jurisprudencia. El Tribunal enumera diez decisiones anteriores con la misma solución, entre 2016 y 2025, y constata que no han aparecido elementos nuevos. En la práctica, la línea está cerrada: un nuevo asunto construido sobre los mismos argumentos tiene posibilidades mínimas. La misma línea se confirmó el 11 de septiembre de 2026, cuando el Tribunal resolvió que el magistrado jubilado que vuelve al cargo conserva solo el 15% de la pensión mientras dure la reincorporación.

Qué ha cambiado respecto de la situación anterior

Desde el punto de vista de los textos legales, nada. Las cuatro ordenanzas ya habían dejado de ser aplicables en la fecha del juicio. Aun así, el Tribunal las analizó, porque sus efectos jurídicos siguen produciéndose en los procesos pendientes, conforme a la Decisión n.º 766 de 15 de junio de 2011, que estableció que también se someten al control de constitucionalidad las disposiciones cuyos efectos continúan después de que hayan dejado de estar en vigor.

Lo que sí cambió fue la posición de los argumentos. Los autores de la cuestión de inconstitucionalidad sostenían que, después del 1 de julio de 2017, un acto de suspensión ya no podía suspender un derecho recogido en una ley derogada, porque una norma derogada no puede volver a entrar en vigor. El Tribunal respondió, citando al Alto Tribunal de Casación y Justicia, que el problema no es de suspensión de un texto muerto, sino de sucesión de leyes en el tiempo: la derogación tiene carácter definitivo y el derecho sencillamente ya no existe para quienes salen del sistema después de esa fecha.

También se ha aclarado una confusión repetida en este tipo de procesos. Mediante la Decisión n.º 16 de 8 de junio de 2015, el Alto Tribunal había establecido que la voluntad del legislador no fue suprimir el derecho, sino suspender su ejercicio. Los autores leían eso como una promesa de pago posterior. El Tribunal Constitucional muestra ahora que la suspensión del ejercicio entre 2017 y 2021 y la desaparición del derecho por la derogación de 2017 son dos cosas distintas, que ocurrieron en paralelo.

Por último, también se ha desestimado la crítica específica de los magistrados, la relacionada con la independencia de la justicia. El Tribunal retoma lo que dijo en 2015 y en 2016: la no concesión de la indemnización del art. 81, apdo. (1), de la Ley n.º 303/2004 no afecta al estatuto constitucional de los jueces y los fiscales, porque esa indemnización es un beneficio ligado al estatuto especial, no una garantía de la independencia.

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