En resumen
- La regla no cambia: las cantidades ganadas en juicio por el personal de instituciones públicas, con sentencias ejecutivas entre 2019 y 2021, se pagan en cinco tramos anuales del 5%, 10%, 25%, 25% y 35%.
- El Tribunal Constitucional desestimó la impugnación por inadmisible, no por infundada. La diferencia importa: no se pronunció sobre el fondo, porque la excepción no decía qué artículo de la Constitución se vulneraba.
- El motivo de la desestimación es formal, pero definitivo en ese asunto: faltaban dos de los tres elementos obligatorios de toda excepción, el precepto constitucional de referencia y la motivación de la contradicción.
Publicado: Boletín Oficial n.º 659 del 10 de agosto de 2026
Entra en vigor: 10 de agosto de 2026
Un empleado del Estado gana en juicio derechos salariales. La sentencia es firme, la cantidad está fijada, pero el dinero llega en cinco años, un 5% el primero y un 35% solo el quinto. Una magistrada impugnó el mecanismo ante el Tribunal Constitucional. El Tribunal no le dijo si tenía razón, porque no indicó qué artículo de la Constitución se vulneraba. La Decisión n.º 58 del 22 de enero de 2026 se publicó en el Boletín Oficial n.º 659 del 10 de agosto de 2026, casi siete meses después de dictarse. Es la segunda decisión reciente en que el Tribunal avala, directa o indirectamente, medidas de aplazamiento de derechos económicos, tras la relativa al aplazamiento de la subida del punto de pensión.
Se impugnaban dos preceptos. El artículo 39, apartado (1), de la Ordenanza de urgencia n.º 114/2018 fija el calendario: para las sentencias sobre derechos de naturaleza salarial del personal de instituciones y autoridades públicas, ejecutivas entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2021, se paga el 5% del valor del título ejecutivo el primer año, el 10% el segundo, el 25% el tercero, el 25% el cuarto y el 35% el quinto. El artículo 34, apartado (2), en su redacción de publicación, congelaba al nivel de diciembre de 2018 la cuantía de complementos, indemnizaciones, compensaciones y primas mientras la persona ocupe el mismo puesto en las mismas condiciones.
La autora de la excepción, Liliana Maria Biscan, impugnaba la orden del ministro de Justicia que fijaba los derechos salariales, en un asunto ante el Tribunal de Apelación de Bucarest. Su crítica apuntaba a una situación práctica: qué ocurre cuando el escalonamiento debe aplicarse a la vez a varios títulos ejecutivos de años distintos, y en algunos ni siquiera es determinable el valor del título. A ello se suma el concurso con otras normas de escalonamiento, entre ellas el artículo 6, apartado (1), de la Ordenanza de urgencia n.º 9/2017.
El problema, desde la óptica del Tribunal, no fue si el argumento era bueno, sino que no se formuló como impugnación constitucional. La autora no indicó los preceptos constitucionales de referencia supuestamente vulnerados, y la excepción no contenía la motivación de la inconstitucionalidad exigida por el artículo 10, apartado (2), de la Ley n.º 47/1992.
Los efectos que produce
El escalonamiento sigue vigente, intacto. Nada cambia en el calendario del 5%, 10%, 25%, 25% y 35%. Las instituciones públicas siguen pagando a ese ritmo y los titulares de sentencias mantienen los mismos plazos.
Inadmisible no significa constitucional. El Tribunal no dijo que los preceptos se ajusten a la Constitución, sino que no puede examinar una excepción formulada de manera elíptica. Una impugnación futura, bien motivada y anclada en preceptos concretos, sigue siendo teóricamente posible.
El Tribunal recordó los tres elementos obligatorios de toda excepción. Según la Decisión n.º 1.313/2011, toda excepción exige el precepto legal impugnado, el precepto constitucional de referencia supuestamente vulnerado y la motivación de la contradicción entre ambos. Los dos primeros se determinan de forma absoluta; el tercero tiene cierta relatividad, pero no puede faltar del todo.
El Tribunal no se sustituye al autor. Señaló que no puede examinar una excepción motivada elípticamente, pues ello supondría formular él mismo las críticas, es decir un control de oficio, no permitido por el artículo 29, apartado (4), de la Ley n.º 47/1992.
Qué cambia respecto de la situación anterior
En derecho no cambia nada. Al ser una decisión de inadmisibilidad, no produce efectos sobre los preceptos de la Ordenanza de urgencia n.º 114/2018, que siguen siendo aplicables tal cual.
Lo que se aclara es el umbral a partir del cual el Tribunal acepta entrar. El representante del Ministerio Fiscal invocó la Decisión n.º 521/2024, en la que el Tribunal ya había constatado que estos aspectos atañen a la interpretación y aplicación de la ley, lo que excede su competencia. El órgano remitente, por su parte, consideraba los preceptos constitucionales, invocando las Decisiones n.º 451/2020 y n.º 114/2018.
Queda abierta justo la cuestión práctica planteada por la autora y no abordada: cómo se aplica el escalonamiento cuando hay varios títulos ejecutivos de años distintos y el valor de algunos no es determinable. Es cuestión de interpretación, y por tanto competencia de la jurisdicción ordinaria.
Ventajas y desventajas
Lo que aporta de bueno
- Expone con claridad qué debe contener una excepción de inconstitucionalidad, lo que ayuda a cualquier litigante que quiera usarla con eficacia.
- Mantiene la separación entre control de constitucionalidad e interpretación de la ley, evitando que el primero se convierta en un recurso adicional sobre cuestiones de aplicación.
- No cierra la vía de una impugnación futura sobre el fondo: al desestimarse por defecto de formulación, los preceptos no han recibido validación constitucional definitiva.
- Confirma implícitamente que el problema señalado, el concurso de varios títulos ejecutivos, se resuelve ante el juez de la ejecución, donde puede analizarse en concreto.
Lo que aporta de malo
- Quien planteó la excepción se queda sin respuesta de fondo tras años de proceso, y la desestimación es definitiva en ese asunto.
- El problema real señalado, la aplicación simultánea del escalonamiento a varios títulos de años distintos, algunos de valor indeterminable, sigue sin resolverse en principio.
- La publicación casi siete meses después significa que el criterio procesal faltó justo cuando podría haber orientado excepciones similares.
- Para los empleados públicos que esperan dinero ganado en juicio, la decisión no aporta nada: el último tramo, el 35%, sigue llegando el quinto año desde que la sentencia devino ejecutiva.
- Ni el Gobierno, ni el Defensor del Pueblo, ni los presidentes de las dos cámaras remitieron sus puntos de vista, pese a que el mecanismo afecta a numerosos empleados públicos.
Consejos prácticos
- Si plantea una excepción de inconstitucionalidad, indique expresamente el artículo de la Constitución que considera vulnerado. Sin él, el asunto se cierra por forma, por bueno que sea el argumento de fondo.
- Motive la contradicción, no solo la queja. El Tribunal exige explicar por qué el precepto legal choca con la norma constitucional, no solo que el resultado le parezca injusto.
- Si su problema es cómo se calcula o aplica el escalonamiento, el lugar de ese debate es el juzgado de ejecución o de lo contencioso-administrativo, no el Tribunal Constitucional.
- Compruebe la fecha en que su sentencia devino ejecutiva. El calendario del 5%, 10%, 25%, 25% y 35% corre desde ese momento, no desde el fallo ni desde la solicitud de pago.
- Si tiene varios títulos ejecutivos de años distintos, pida a la institución un calendario escrito de tramos para cada título por separado. Es la única forma de verificar el cumplimiento del calendario legal.
Preguntas frecuentes
¿Qué significa que la excepción se desestimó por inadmisible?
¿Son ahora constitucionales los preceptos de la Ordenanza n.º 114/2018?
¿Cómo se pagan los derechos salariales ganados en juicio?
¿Desde cuándo corren los cinco años?
¿Puedo plantear de nuevo la misma excepción, bien formulada?
Texto original del acto normativo
El texto que figura a continuación se reproduce en rumano, la forma oficial de publicación.
Mostrar el texto íntegroOcultar el texto íntegro
DECIZIA Nr. 58 din 22 ianuarie 2026 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 34 alin. (2) și ale art. 39 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018
EMISOR: TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE RUMANÍA
Publicado en: BOLETÍN OFICIAL n.º 659 del 10 de agosto de 2026
CURTEA CONSTITUȚIONALĂ D E C I Z I A Nr. 58 din 22 ianuarie 2026 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 34 alin. (2) și ale art. 39 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, în redactarea anterioară intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Elena-Simina Tănăsescu
— președinte Asztalos Csaba-Ferenc
— judecător Mihai Busuioc
— judecător Mihaela Ciochină
— judecător Cristian Deliorga
— judecător Dacian-Cosmin Dragoș
— judecător Dimitrie-Bogdan Licu
— judecător Laura-Iuliana Scântei
— judecător Cristian-Nicolae Sima
— magistrat-asistent Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Ioan Laurențiu Sorescu.
1. Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 34 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, în forma acestora la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, și ale art. 39 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018, în forma actuală, excepție ridicată de Liliana Maria Biscan în Dosarul nr. 6.819/2/2020 al Curții de Apel București — Secția a IX-a contencios administrativ și fiscal și care formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 1.699D/2021.
2. La apelul nominal se constată lipsa părților. Procedura de înștiințare este legal îndeplinită.
3. Cauza fiind în stare de judecată, președintele Curții acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepției de neconstituționalitate. În acest sens face trimitere, în esență, la considerentele reținute de Curtea Constituțională în Decizia nr. 521 din 22 octombrie 2024, prin care instanța de contencios constituțional a constatat că aspectele invocate țin de interpretarea și aplicarea legii și excedează competenței Curții Constituționale. De asemenea, arată că, prin Decizia nr. 451 din 23 iunie 2020, Curtea Constituțională a reținut că măsura eșalonării plății titlurilor executorii are un scop legitim, și anume asigurarea stabilității economice a țării. C U R T E A, având în vedere actele și lucrările dosarului, constată următoarele:
4. Prin Sentința civilă nr. 702 din 7 mai 2021, pronunțată în Dosarul nr. 6.819/2/2020, Curtea de Apel București — Secția a IX-a contencios administrativ și fiscal a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 34 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal- bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene în forma acestora la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, și ale art. 39 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018, în forma actuală. Excepția de neconstituționalitate a fost ridicată de Liliana Maria Biscan într-o cauză având ca obiect soluționarea cererii de anulare a ordinului ministrului justiției de stabilire a drepturilor salariale.
5. În motivarea excepției de neconstituționalitate, autoarea acesteia susține, în esență, că dispozițiile art. 39 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 sunt neconstituționale în măsura în care eșalonarea trebuie aplicată simultan mai multor titluri executorii din ani diferiți, dintre care în unele titluri „valoarea titlului executoriu” nu este determinabilă, iar prevederile mai sus menționate vin în concurs cu aplicarea art. 6 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum și modificarea și completarea unor acte normative și/sau cu alte norme privitoare la eșalonarea plăților de drepturi salariale restante.
6. Curtea de Apel București — Secția a IX-a contencios administrativ și fiscal apreciază că dispozițiile criticate sunt constituționale. În acest sens arată că, prin Decizia nr. 451 din 23 iunie 2020, Curtea Constituțională a reținut că eșalonarea succesivă a plății sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar este o practică recurentă a legiuitorului. De asemenea, invocă Decizia nr. 114 din 13 martie 2018, prin care instanța de contencios constituțional a stabilit că astfel de măsuri vizează rezolvarea unor situații extraordinare prin instituirea unor derogări cu caracter temporar de la dreptul comun, păstrând un raport rezonabil de proporționalitate față de scopul urmărit.
7. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actul de sesizare a fost comunicat președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.
8. Președinții celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul și Avocatul Poporului nu au transmis punctele de vedere solicitate. C U R T E A, examinând actul de sesizare, raportul întocmit de judecătorul- raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:
9. Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.
10. Obiectul excepției de neconstituționalitate, astfel cum este menționat în actul de sesizare, îl constituie dispozițiile art. 34 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, în forma acestora la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, și ale art. 39 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018, în forma actuală. Se observă
că dispozițiile art. 34 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 au avut aplicare limitată în timp și au fost modificate prin art. I pct. 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 11 din 9 ianuarie 2020, fiind păstrată, de principiu, soluția legislativă. Însă, întrucât în cauza dedusă judecății produc efecte juridice prevederile art. 34 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 în redactarea anterioară acestei modificări și având în vedere Decizia Curții Constituționale nr. 766 din 15 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011, potrivit căreia „sunt supuse controlului de constituționalitate și legile sau ordonanțele ori dispozițiile din legi sau din ordonanțe ale căror efecte juridice continuă să se producă și după ieșirea lor din vigoare”, urmează să fie reținute ca obiect al excepției dispozițiile art. 34 alin. (2) și ale art. 39 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal- bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1116 din 29 decembrie 2018, în redactarea anterioară intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2020, dispoziții care au următorul conținut:
— Art. 34 alin. (2): „Începând cu 1 ianuarie 2019, cuantumul sporurilor, indemnizațiilor, compensațiilor, primelor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar, solda lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice, se menține cel mult la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2018, în măsura în care personalul ocupă aceeași funcție și își desfășoară activitatea în aceleași condiții.”;
— Art. 39 alin. (1): „Plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din instituțiile și autoritățile publice, devenite executorii în perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2021, se va realiza astfel:
a) în primul an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plătește 5% din valoarea titlului executoriu;
b) în al doilea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plătește 10% din valoarea titlului executoriu;
c) în al treilea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plătește 25% din valoarea titlului executoriu;
d) în al patrulea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plătește 25% din valoarea titlului executoriu;
e) în al cincilea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plătește 35% din valoarea titlului executoriu.”
11. Autorul excepției susține că textele legale criticate sunt neconstituționale fără a indica textele constituționale de referință.
12. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea reține că, prin Decizia nr. 1.313 din 4 octombrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 6 ianuarie 2012, paragraful 1, instanța de contencios constituțional a statuat că există trei elemente, inerente și intrinseci oricărei excepții de neconstituționalitate, și anume: textul de lege contestat din punctul de vedere al constituționalității, textul de referință pretins încălcat și motivarea de către autorul excepției a relației de contrarietate existente între cele două texte. Curtea a mai reținut că, dacă primele două elemente pot fi determinate absolut, al treilea element comportă un anumit grad de relativitate determinat tocmai de caracterul său subiectiv. Astfel, nu este o condiție sine qua non ca motivarea să existe în materialitatea ei dacă textul de referință invocat este suficient de precis și clar, astfel încât instanța constituțională să poată reține în mod rezonabil existența unei minime critici de neconstituționalitate. În schimb, în cazul în care excepția de neconstituționalitate nu cuprinde motivarea ca element distinct, iar din textul constituțional invocat nu rezultă în mod rezonabil vreo critică de neconstituționalitate, nu se poate reține existența unei veritabile critici de neconstituționalitate. Prin aceeași decizie, făcând referire la jurisprudența sa anterioară, Curtea a statuat că nu poate proceda la examinarea excepției de neconstituționalitate motivate într-o manieră eliptică întrucât aceasta ar presupune ca instanța de control constituțional să se substituie autorului pentru a formula critici de neconstituționalitate, ceea ce ar echivala cu exercitarea unui control din oficiu, nepermis de art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992.
13. Aplicând aceste considerente de principiu la cauza de față, Curtea constată că, în ceea ce privește dispozițiile art. 34 alin. (2) și ale art. 39 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018, autoarea excepției nu menționează care sunt textele constituționale de referință pretins încălcate, iar excepția invocată nu conține motivarea neconstituționalității prevederilor legale criticate, potrivit art. 10 alin. (2) din Legea nr. 47/1992.
14. Prin urmare, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 34 alin. (2) și ale art. 39 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 este inadmisibilă întrucât lipsesc două dintre cele trei elemente inerente și intrinseci oricărei excepții de neconstituționalitate, respectiv indicarea normelor constituționale de referință și motivarea relației de contrarietate dintre textele criticate și normele constituționale de referință.
15. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi, C U R T E A C O N S T I T U Ț I O N A L Ă În numele legii D E C I D E: Respinge, ca inadmisibilă, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 34 alin. (2) și ale art. 39 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, în redactarea anterioară intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative, excepție ridicată de Liliana Maria Biscan în Dosarul nr. 6.819/2/2020 al Curții de Apel București — Secția a IX-a contencios administrativ și fiscal. Definitivă și general obligatorie. Decizia se comunică Curții de Apel București — Secția a IX-a contencios administrativ și fiscal și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Pronunțată în ședința din data de 22 ianuarie 2026. PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE ELENA-SIMINA TĂNĂSESCU Magistrat-asistent, Cristian-Nicolae Sima
Este artículo tiene carácter informativo y no constituye asesoramiento jurídico. Para situaciones concretas, consulta a un abogado o asesor fiscal autorizado.