En resumen
- Los hospitales y las administraciones que quieran dinero del Estado para reforzar edificios con riesgo sísmico tienen ahora un plazo claro: el 31 de diciembre de 2026. Para esa fecha deben tanto figurar en la lista de objetivos propuestos a financiación como haber firmado el contrato de financiación con el ministerio. Los objetivos que queden sin contrato firmado se eliminan de la lista.
- El programa de refuerzo de hospitales se desarrolla hasta 2028, y el programa de peritaje de los edificios públicos de sanidad y educación hasta 2027. Los contratos pueden prorrogarse mediante anexo, un máximo de 2 años en el refuerzo y un máximo de 1 año en el peritaje.
- Aparecen dos obligaciones nuevas para los beneficiarios: una placa permanente colocada en la fachada del edificio reforzado, como máximo 2 meses después de la recepción, y una declaración responsable presentada cada año, hasta el 31 de enero, durante 5 años, en la que se confirma que el edificio ha conservado su destino.
Publicado: M. Of. n.º 558 del 7 de julio de 2026
En vigor desde: 7 de julio de 2026
Quien quiera dinero del Estado para reforzar un hospital con riesgo sísmico tiene, desde ahora, una fecha en el calendario de la que depende todo: el 31 de diciembre de 2026. Mediante la Orden n.º 713/2026, el Ministerio de Desarrollo, Obras Públicas y Administración ha reescrito las normas metodológicas del Programa nacional de inversiones para el refuerzo de los hospitales «Mihail Cantacuzino» y del Programa nacional de peritaje de los edificios públicos con riesgo sísmico de los sistemas de sanidad y de educación. Es la segunda intervención del ministerio este verano en el ámbito de los edificios con riesgo sísmico, tras aquella por la que los bloques dañados por explosiones se incorporaron al programa de refuerzo.
Las modificaciones no cambian quién puede pedir dinero ni para qué. Cambian el ritmo: introducen plazos firmes donde antes el procedimiento se prolongaba indefinidamente, precisan cómo se calcula el importe financiado y añaden dos obligaciones de transparencia que acompañan al beneficiario cinco años después de terminadas las obras.
Los efectos que produce
El cambio más importante es la introducción de un plazo doble que parte en dos el procedimiento de acceso al programa. Por un lado, la inclusión de un objetivo de inversión en la lista de los propuestos a financiación solo puede hacerse hasta el 31 de diciembre de 2026. Por otro lado, los contratos de financiación entre los beneficiarios y el ministerio deben celebrarse como muy tarde en esa misma fecha. La consecuencia figura expresamente en el texto: si al vencer el plazo la lista aún contiene objetivos sin contrato firmado, esos objetivos se eliminan de la lista. La regla se aplica igual en ambos programas, tanto al refuerzo de los hospitales (artículos 13 y 17 de las normas) como al peritaje de los edificios públicos (artículos 31 y 33).
La vida útil de los dos programas está ahora escrita con claridad, con años distintos. El programa de inversiones para el refuerzo de hospitales se desarrolla en el periodo 2023-2028. El programa nacional de peritaje se desarrolla en el periodo 2023-2027. La diferencia se refleja también en la posibilidad de prorrogar los contratos: en el refuerzo, la duración puede aumentar un máximo de 2 años en casos justificados, sin superar el 31 de diciembre de 2028; en el peritaje, un máximo de 1 año, sin superar el 31 de diciembre de 2027. En ambos casos la prórroga se formaliza mediante anexo y depende de las dotaciones presupuestarias aprobadas cada año con este destino, es decir, no es un derecho del beneficiario, sino una posibilidad condicionada al dinero disponible.
La orden aclara también cómo se llega al importe que aporta el Estado. El valor de la financiación mediante el programa se determina multiplicando el coste unitario por metro cuadrado de superficie construida, aprobado por orden del ministro, por la superficie construida del hospital indicada en el informe de peritaje técnico. Al resultado de la multiplicación se aplica un margen presupuestario del 25%. El valor total del objetivo se obtiene sumando a esa cantidad los gastos que no se financian mediante el programa. La fórmula ya estaba prevista en el decreto-ley de urgencia, pero ahora se explicita en las normas de aplicación, lo que reduce el margen de interpretación en los expedientes.
Una segunda aclaración afecta al orden en que el ministerio examina los expedientes: los documentos se verifican administrativamente y se centralizan por orden cronológico de registro. Las disconformidades detectadas en el análisis de conformidad administrativa se comunican a los beneficiarios de forma motivada, y estos tienen la obligación de completar, corregir o revisar los documentos y volver a remitirlos. Además, el plazo de 30 días previsto en el artículo 22, apartado (1), de las normas corre desde la fecha en que la notificación se remite y se registra ante el beneficiario, no desde la fecha en que el ministerio la emitió.
Qué ha cambiado respecto de la situación anterior
Hasta esta orden, las normas metodológicas aprobadas por la Orden MDLPA n.º 1.322/2023 no contenían ningún plazo para incluir los objetivos en la lista ni para firmar los contratos de financiación. Un objetivo podía permanecer en la lista sin llegar nunca a contrato, bloqueando teóricamente una plaza. Ahora la lista se depura automáticamente el 31 de diciembre de 2026.
El segundo elemento completamente nuevo es la placa permanente. El artículo 241, introducido por esta orden, obliga a los beneficiarios a que, una vez finalizados y recibidos los objetivos financiados por el programa, coloquen placas permanentes en los edificios reforzados, «con las que se garantiza la transparencia y la información al público sobre las intervenciones realizadas». Los requisitos son inusualmente detallados para una norma metodológica: la placa se coloca como máximo 2 meses después de la recepción a la terminación de las obras y permanece instalada al menos 3 años desde su colocación o, a elección del beneficiario, de forma permanente. Se coloca obligatoriamente en el acceso principal al edificio, en la fachada principal, a la izquierda o a la derecha de la entrada principal, a una altura de aproximadamente 1,80 metros medida desde la cota de la acera terminada hasta el eje medio de la placa, fijada de forma rígida y permanente al soporte constructivo de la fachada. La forma, las dimensiones y los materiales se establecen en un anexo nuevo (anexo n.º 9 de las normas), reproducido en facsímil en el Boletín Oficial, con dos variantes: placa horizontal y placa vertical. Dentro del logotipo se consigna el año de finalización y recepción de las obras de refuerzo.
El tercer elemento nuevo es el seguimiento posterior a la recepción. El artículo 21 recibe un apartado (7) que obliga a los beneficiarios que hayan presentado actas de recepción a la terminación de las obras a subir cada año a la plataforma digital una declaración responsable. La declaración confirma el cumplimiento de las obligaciones del artículo 15, apartado (4), del decreto-ley de urgencia, es decir, en esencia, el mantenimiento del destino del edificio. Se presenta a partir del primer año siguiente a la remisión del acta de recepción y hasta que expire el periodo de 5 años, antes de que termine el mes de enero del año en curso, para el año anterior. El modelo de declaración es el nuevo anexo n.º 8 de las normas y exige obligatoriamente tanto el informe favorable o la autorización de funcionamiento como material fotográfico «claro y pertinente» que acredite el cumplimiento de las obligaciones asumidas.
Por último, una modificación técnica con efectos prácticos: el nuevo artículo 421 establece que los plazos de las normas se calculan conforme a los artículos 2.552 y 2.553 del Código Civil. Antes no se precisaba el modo de cálculo, lo que dejaba margen a disputas sobre los días de inicio y de fin. Este tipo de precisión sigue la misma lógica que la ley que permitió la recepción por etapas de las obras públicas: el Estado intenta eliminar las ambigüedades procedimentales que bloquean las obras.
Ventajas y desventajas
Lo que mejora
- El plazo del 31 de diciembre de 2026 obliga a desbloquear los expedientes que permanecen en la lista sin avanzar hacia el contrato y libera al programa de objetivos fantasma.
- La fórmula de cálculo de la financiación es ahora explícita en las normas de aplicación (coste unitario por metro cuadrado, multiplicado por la superficie del informe de peritaje, más el margen del 25%), de modo que el beneficiario puede estimar el importe antes de presentar la solicitud.
- La verificación por orden cronológico de registro es una regla sencilla y comprobable, que reduce el espacio para el trato preferente.
- La placa permanente hace visible sobre el terreno una inversión pública que, de otro modo, nadie podría identificar una vez terminadas las obras.
- La declaración anual durante 5 años, acompañada obligatoriamente de fotografías y de la autorización de funcionamiento, desincentiva el cambio discreto de destino de un edificio reforzado con dinero público.
- Precisar que el plazo de 30 días corre desde el registro de la notificación ante el beneficiario elimina una fuente clásica de conflicto entre el ministerio y los beneficiarios.
Lo que sigue siendo un problema
- El plazo único del 31 de diciembre de 2026, tanto para la inclusión en la lista como para la firma del contrato, prácticamente no deja tiempo entre ambas etapas: un objetivo admitido en la lista en diciembre de 2026 debería firmar el contrato en esos mismos días.
- La eliminación automática de la lista de los objetivos sin contrato firmado no tiene en cuenta quién causó el retraso. Un expediente atascado en verificaciones administrativas en el ministerio se pierde igual que otro descuidado por el beneficiario.
- La prórroga de los contratos sigue condicionada a «las dotaciones presupuestarias aprobadas cada año», de modo que un hospital con obras en curso puede quedarse sin financiación sin que la orden prevea ninguna solución de reserva.
- El anexo con el modelo de placa se reproduce en facsímil, como imagen y no como texto, y los beneficiarios dependerán del escaneo del Boletín Oficial para reproducir correctamente la forma y las dimensiones.
- El programa de peritaje se cierra en 2027, un año antes que el de refuerzo, aunque el peritaje es el paso que genera los expedientes de refuerzo. Los edificios peritados tarde corren el riesgo de no alcanzar la etapa siguiente.
- La obligación de subir cada año la declaración y las fotografías durante cinco años añade una carga administrativa permanente para hospitales y centros educativos, sin personal adicional previsto.
Consejos prácticos
- Si gestionas un hospital o un edificio público de sanidad o educación: comprueba de inmediato si tu objetivo ya figura en la lista de los propuestos a financiación y, en su caso, en qué fase está el contrato de financiación. Después del 31 de diciembre de 2026 no hay forma de entrar en el programa.
- Si quieres estimar el importe que podrías recibir: toma la superficie construida exactamente tal y como figura en el informe de peritaje técnico, multiplícala por el coste unitario por metro cuadrado aprobado por orden ministerial y añade un 25%. Los gastos que no se financian mediante el programa se suman aparte, al valor total del objetivo.
- Si has recibido una notificación de disconformidad: el plazo de 30 días corre desde la fecha en que la notificación se te remitió y se registró, no desde la fecha de emisión. Registra la correspondencia, porque la fecha de entrada se convierte en la referencia para calcular el plazo.
- Si has terminado las obras: anota en el calendario la colocación de la placa permanente como máximo 2 meses después de la recepción a la terminación de las obras y comprueba la posición exigida: fachada principal, junto a la entrada principal, eje medio a unos 1,80 m de la acera terminada.
- Si ya has presentado el acta de recepción: la declaración responsable se sube a la plataforma digital antes de que termine enero, para el año anterior, en cada uno de los 5 años. Prepara con tiempo la autorización de funcionamiento y las fotografías, ambas obligatorias como anexos.
- Si estás en fase de peritaje: no te demores. Los contratos del programa de peritaje no pueden superar el 31 de diciembre de 2027, y el resultado del peritaje es la condición para entrar en el programa de refuerzo, que tiene su propio plazo de inclusión en la lista a finales de 2026.
Preguntas frecuentes
¿Qué es el Programa «Mihail Cantacuzino»?
¿Cuál es el plazo introducido por esta orden?
¿Hasta cuándo se desarrollan los dos programas?
¿Cuánto se pueden prorrogar los contratos de financiación?
¿Cómo se calcula el valor financiado mediante el programa?
¿Qué es la placa permanente y cuándo debe colocarse?
¿Qué debe contener la declaración responsable anual?
¿Desde cuándo se aplican las nuevas reglas?
Texto original del acto normativo
El texto que figura a continuación se reproduce en rumano, la forma oficial de publicación.
Mostrar el texto íntegroOcultar el texto íntegro
ORDIN nr. 713 din 24 iunie 2026
privind modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2023 privind aprobarea Programului național de investiții pentru consolidarea spitalelor „Mihail Cantacuzino” și a Programului național de expertizare a clădirilor publice cu risc seismic din sistemele de sănătate și de învățământ, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 1.322/2023
EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI
Publicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 7 iulie 2026
Având în vedere prevederile art. VI din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 52/2025 pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru stabilirea unor măsuri privind implementarea programelor naționale din domeniul lucrărilor publice, precum și pentru stabilirea unor măsuri bugetare, cu modificările ulterioare, și ale art. IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 82/2025 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru transmiterea unui bun aflat în proprietatea publică a statului din administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat” în administrarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației,
ținând cont de Referatul Direcției generale dezvoltare regională și infrastructură nr. 132.541 din 11.06.2026,
în temeiul art. 33 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2023 privind aprobarea Programului național de investiții pentru consolidarea spitalelor „Mihail Cantacuzino” și a Programului național de expertizare a clădirilor publice cu risc seismic din sistemele de sănătate și de învățământ, aprobată prin Legea nr. 55/2024, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 477/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației emite următorul ordin:
Art. I. – Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2023 privind aprobarea Programului național de investiții pentru consolidarea spitalelor „Mihail Cantacuzino” și a Programului național de expertizare a clădirilor publice cu risc seismic din sistemele de sănătate și de învățământ, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 1.322/2023, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 589 din 29 iunie 2023, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
1. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 4. – Potrivit prevederilor art. 1 alin. (2) și ale art. 11 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2023 privind aprobarea Programului național de investiții pentru consolidarea spitalelor «Mihail Cantacuzino» și a Programului național de expertizare a clădirilor publice cu risc seismic din sistemele de sănătate și de învățământ, aprobată prin Legea nr. 55/2024, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare ordonanța de urgență, programul se derulează în perioada 2023-2028.”
2. La articolul 13, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (3), cu următorul cuprins:
„(3) Potrivit prevederilor art. 11 alin. (21) din ordonanța de urgență, includerea în lista obiectivelor de investiții propuse spre finanțare prin program, prevăzută la alin. (1), se poate face până la data de 31 decembrie 2026. În situația în care în listă există obiective de investiții pentru care nu au fost încheiate contracte de finanțare între beneficiari și Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației la expirarea termenului, acestea se elimină din listă.”
3. La articolul 15, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(2) Valoarea totală a obiectivului de investiții, care se aprobă potrivit alin. (1), este determinată prin adăugarea, la valoarea de finanțare prin program, a sumelor aferente cheltuielilor care nu se finanțează prin program. Valoarea de finanțare prin program se determină prin înmulțirea costului unitar/mp suprafață desfășurată, aprobat prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, potrivit dispozițiilor art. 32 din ordonanța de urgență, cu suprafața desfășurată a spitalului menționată în raportul de expertiză tehnică, la valoarea rezultată din înmulțire aplicându-se marja de buget de 25%, prevăzută la art. 10 alin. (3) din ordonanța de urgență.”
4. La articolul 16, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(3) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației verifică administrativ și centralizează documentele prevăzute la alin. (1), transmise în ordinea cronologică de înregistrare. Neconformitățile documentelor prevăzute la alin. (1), constatate în urma analizei de conformitate administrativă, sunt comunicate beneficiarilor programului, motivat, în urma comunicării beneficiarii având obligația completării/corectării/revizuirii și retransmiterii acestora la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.”
5. La articolul 17, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (31), cu următorul cuprins:
„(31) Contractele de finanțare prevăzute la alin. (1) și (2) se încheie cel târziu până la data de 31 decembrie 2026, potrivit prevederilor art. 11 alin. (21) din ordonanța de urgență.”
6. La articolul 17, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(4) Durata contractelor de finanțare prevăzute la alin. (1) și (2) se poate prelungi cu maximum 2 ani în cazuri justificate, fără a depăși data de 31 decembrie 2028, prin încheierea unor acte adiționale. Prelungirea se poate face în funcție de prevederile bugetare aprobate anual cu această destinație.”
7. La articolul 21, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alin. (7), cu următorul cuprins:
„(7) Beneficiarii care depun procese-verbale de recepție la terminarea lucrărilor potrivit alin. (5) și (6) au obligația să încarce în platforma digitală anual, începând cu primul an după transmiterea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și până la expirarea perioadei de 5 ani, prevăzută de art. 15 alin. (4) din ordonanța de urgență, o declarație pe propria răspundere prin care certifică că respectă obligațiile stabilite prin același articol din ordonanța de urgență, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 8. Declarația pe propria răspundere se depune până la sfârșitul lunii ianuarie a anului în curs, pentru anul anterior.”
8. La articolul 22, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (11), cu următorul cuprins:
„(11) Termenul de 30 de zile prevăzut la alin. (1) curge de la data transmiterii și înregistrării notificării la beneficiar.”
9. După articolul 24 se introduce un nou articol, art. 241, cu următorul cuprins:
„Art. 241. – (1) După finalizarea și recepționarea obiectivelor de investiții finanțate prin program, beneficiarii au obligația să monteze plăci permanente pe clădirea/clădirile care a/au fost consolidată/consolidate, prin care se asigură transparența și informarea publicului cu privire la intervențiile efectuate asupra acesteia/acestora.
(2) Placa permanentă se montează în termen de cel mult 2 luni de la efectuarea recepției la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții finanțat prin program și va rămâne instalată o perioadă de cel puțin 3 ani de la data montării sau, la alegerea beneficiarului, permanent.
(3) Placa permanentă va avea forma, dimensiunile și caracteristicile prevăzute în anexa nr. 9 și se montează pe fațada principală a clădirii, la loc vizibil, în poziție orizontală sau verticală. Materialele din care se confecționează placa permanentă sunt prevăzute în anexa nr. 9.
(4) Placa permanentă se va monta obligatoriu la accesul principal în clădire, într-o poziție vizibilă și ușor accesibilă percepției pietonale. Montajul se va realiza pe fațada principală, fie în partea stângă, fie în partea dreaptă a intrării principale, la o înălțime de aproximativ 1,80 m măsurată de la cota trotuarului finit până la axul median al plăcii. Placa va fi fixată rigid și permanent de suportul constructiv al fațadei, astfel încât să fie asigurate stabilitatea, durabilitatea și lizibilitatea acesteia pe termen lung.”
10. Articolul 28 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 28. – Potrivit prevederilor art. 18 alin. (2) din ordonanța de urgență, programul național de expertizare se derulează în perioada 2023-2027.”
11. La articolul 31, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (3), cu următorul cuprins:
„(3) Potrivit prevederilor art. 20 alin. (21) din ordonanța de urgență, includerea în lista obiectivelor de investiții propuse spre finanțare prin program, prevăzută la alin. (1), se poate face până la data de 31 decembrie 2026. În situația în care în listă există obiective de investiții pentru care nu au fost încheiate contracte de finanțare între beneficiari și Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației la expirarea termenului, acestea se elimină din listă.”
12. La articolul 32, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(2) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației verifică administrativ și centralizează documentele prevăzute la alin. (1) transmise, în ordinea cronologică de înregistrare. Neconformitățile documentelor prevăzute la alin. (1), constatate în urma analizei de conformitate administrativă, sunt comunicate beneficiarilor programului național de expertizare, în urma comunicării beneficiarii având obligația completării/corectării/revizuirii și retransmiterii acestora la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.”
13. La articolul 33, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (31), cu următorul cuprins:
„(31) Contractele de finanțare prevăzute la alin. (1) și (2) se încheie cel târziu până la data de 31 decembrie 2026, potrivit prevederilor art. 20 alin. (21) din ordonanța de urgență.”
14. La articolul 33, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(4) Durata contractelor de finanțare prevăzute la alin. (1) și (2) se poate prelungi cu maximum 1 an în cazuri justificate, prin act adițional la contract de finanțare, fără a depăși data de 31 decembrie 2027, în temeiul art. 20 alin. (3) din ordonanța de urgență. Prelungirea se poate face în funcție de prevederile bugetare aprobate anual cu această destinație.”
15. După articolul 42 se introduce un nou articol, art. 421, cu următorul cuprins:
„Art. 421. – Termenele prevăzute în prezentele norme metodologice se calculează conform prevederilor art. 2.552 și 2.553 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare.”
16. Articolul 43 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 43. – Anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.”
17. După anexa nr. 7 se introduc două noi anexe, anexele nr. 8 și 9, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. II. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
Cseke Attila-Zoltán
București, 24 iunie 2026.
Nr. 713.
ANEXA Nr. 1 (Anexa nr. 8 la normele metodologice)
DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
Subsemnatul/Subsemnata, ………………………………………, identificat/identificată cu actul de identitate seria ….. nr. ……………., eliberat de ………………. la data de ………………….., în calitate de reprezentant legal al ………………………………….1, cu sediul în localitatea ………………………….., str. …………………………….. nr. ……., bl. ……., sc. ……, ap. …….., sectorul/județul ……………………….., sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații prevăzute de art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare,
declar pe propria răspundere următoarele:
1. Clădirea situată în localitatea ………………………………, str. ………………………….. nr. ……., județul/sectorul ……………………., intabulată în cartea funciară nr. …………….. a localității …………………………, pentru care lucrările de intervenții au fost finanțate/care a fost realizată cu finanțare de la bugetul de stat, prin Programul național de investiții pentru consolidarea spitalelor „Mihail Cantacuzino” și pentru care a fost încheiat Procesul-verbal de recepție nr. ……./data …………….., are, la data prezentei, destinația de …………………………. .
2. Clădirea prevăzută la pct. 1 este autorizată DA/ NU/în curs de autorizare DA/ NU ca …………………………..2, conform …………………….. nr. …./data ……………., emis de …………………..3.
3. Destinația clădirii prevăzute la pct. 1 este menționată în: ………. nr. …………../data ………….4.
4. Mă oblig să mențin destinația clădirii prevăzute la pct. 1 o perioadă de 5 (cinci) ani de la data încheierii procesului-verbal de recepție menționat mai sus și să asigur întreținerea acesteia întreaga perioadă.
Sunt de acord ca ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. (denumirea beneficiarului Programului național de investiții pentru consolidarea spitalelor „Mihail Cantacuzino”) și Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației să prelucreze datele mele cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) – GDPR.
Temeiul juridic al prelucrării acestor date este consimțământul subsemnatului/subsemnatei.
Consimțământul în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și furnizarea datelor menționate mai jos sunt voluntare.
Acest consimțământ poate fi revocat în orice moment, printr-o notificare către ……………………………………………………………………. (denumirea beneficiarului Programului național de investiții pentru consolidarea spitalelor „Mihail Cantacuzino”) și Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, conform prevederilor GDPR referitoare la drepturile persoanelor vizate.
Toate datele cu caracter personal colectate vor fi stocate numai cât este necesar îndeplinirii scopului pentru care au fost colectate, plus termenele de arhivare prevăzute de dispozițiile legale în materie, și/sau atât cât este necesar pentru ca părțile să își poată exercita drepturile legitime.
Sunt informat că aceste date vor fi tratate confidențial în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).
Am înțeles această declarație de consimțământ și sunt de acord cu prelucrarea datelor mele cu caracter personal.
Anexez prezentei declarații următoarele documente:
[ ] hotărârea autorității deliberative a beneficiarului de aprobare a actualizării inventarului bunurilor care constituie domeniul public, dacă este cazul;
[ ] Avizul/Autorizația de funcționare nr. ……./data ………. emis de …………..5;
[ ] material fotografic (fotografii clare și relevante care să certifice îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezenta declarație)6;
[ ] alte documente relevante: ……………………………………….. .
Numele: ………………………………………………………………
Funcția: ……………………………………………………………….
Semnătura7: ………………………………………………………..
Data8 semnării: ………………………………
1 Se va trece denumirea completă a beneficiarului programului.
2 Se vor completa informațiile privind autorizarea din punct de vedere funcțional (de exemplu: unitate sanitară cu paturi – spital) și se va indica documentul de autorizare (de regulă, autorizația sanitară de funcționare).
3 Se vor trece actul de autorizare, precum și autoritatea emitentă.
4 Se vor trece toate documentele în care este prevăzută destinația clădirii: hotărâre de actualizare a inventarului bunurilor domeniului public, avizul Ministerului Sănătății, autorizația de funcționare, alte documente.
5 Se depune obligatoriu.
6 Materialul fotografic este obligatoriu a fi depus.
7 Cererea va fi semnată de persoana autorizată să reprezinte legal beneficiarul Programului național de investiții pentru consolidarea spitalelor „Mihail Cantacuzino”.
8 Cel târziu data de 31 ianuarie a anului curent.
ANEXA Nr. 2 (Anexa nr. 9 la normele metodologice)
MODEL PLACĂ PERMANENTĂ
A. Placă permanentă amplasată în poziție orizontală
B. Placă permanentă amplasată în poziție verticală
Notă a redacției: anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil în Monitorul Oficial, adică sub formă de imagine, iar cele două modele de placă (orizontal și vertical) nu pot fi redate ca text. Ele pot fi consultate în ediția tipărită sau electronică a Monitorului Oficial al României, Partea I, nr. 558 din 7 iulie 2026, paginile 6-7.
Notă:
În interiorul logoului se va trece anul finalizării și recepționării lucrărilor de consolidare. Perioada menționată pe placă va corespunde celei aferente implementării investiției și se va adapta de către beneficiar.
Este artículo tiene carácter informativo y no constituye asesoramiento jurídico. Para situaciones concretas, consulta a un abogado o asesor fiscal autorizado.