El TC rechaza los recursos de los pensionistas: el aplazamiento del aumento del punto de pensión, entre 2020 y 2023, fue constitucional

El Tribunal Constitucional ha rechazado los recursos de varios pensionistas que pedían la anulación, por vía constitucional, de cuatro decretos-leyes de urgencia mediante los cuales el Gobierno aplazó dos veces y redujo el aumento del valor del punto de pensión entre 2020 y 2023. La Decisión n.º 189/2026, pronunciada en marzo y publicada en el Boletín Oficial de Rumanía casi cinco meses después, confirma que el Ejecutivo podía, mediante decretos-leyes de urgencia, aplazar o reducir los aumentos inicialmente previstos en la ley de pensiones, sin vulnerar el derecho de propiedad ni el derecho a pensión de los afectados. El caso llegó al Tribunal a través de nueve expedientes distintos, presentados por pensionistas de Brașov, Timișoara, Vâlcea, Galați, Bacău y Harghita, todos ellos disconformes con la forma en que se les calculó la pensión durante esos años.

Los cuatro decretos-leyes en cuestión, el OUG n.º 135/2020, el OUG n.º 8/2021, el OUG n.º 125/2021 y el OUG n.º 168/2022, modificaban sucesivamente la misma ley: la Ley n.º 127/2019 sobre el sistema público de pensiones, que debía introducir una nueva fórmula de cálculo de las pensiones, basada en un «punto de referencia» en lugar del antiguo «punto de pensión». Sin embargo, esta ley nunca entró en vigor en su forma inicial: fue aplazada dos veces y, finalmente, derogada a partir del 1 de enero de 2024 por la Ley n.º 360/2023, que sigue regulando hoy las pensiones en Rumanía.

Los efectos que produce

Para los pensionistas cuyos expedientes, pendientes ante los tribunales, planteaban exactamente esta cuestión de inconstitucionalidad, la decisión cierra en la práctica la controversia: los tribunales rechazarán el argumento, remitiéndose directamente a la Decisión n.º 189/2026, sin un nuevo examen de fondo. No habrá recálculos retroactivos de las pensiones para el periodo 2020-2023 sobre esta base, y las cantidades calculadas entonces, conforme a los valores fijados por los cuatro decretos-leyes, permanecen firmes.

Para los pensionistas de hoy, la decisión no cambia nada en la forma en que se les calcula la pensión: el sistema actual funciona exclusivamente sobre la base de la Ley n.º 360/2023, que sustituyó por completo a la antigua ley ya en 2024. El alcance de la decisión es más bien histórico y procesal: confirma definitivamente que el Gobierno actuó de forma constitucional al «recortar», mediante decretos-leyes de urgencia, los aumentos de pensión inicialmente prometidos por ley, en nombre del equilibrio presupuestario. El índice de corrección volvió ante el Tribunal en 2026, esta vez sobre el momento en que se aplica en el alta inicial en la jubilación.

Qué ha cambiado respecto de la situación anterior

• Nada en el cálculo de las pensiones: los cuatro decretos-leyes de urgencia siguen siendo aplicables exactamente como fueron adoptados, y los valores del punto de pensión utilizados entre 2020 y 2023 no se modifican.
• Se cierra una vía de recurso: el argumento de que el aplazamiento o la reducción del aumento del punto de pensión vulneró el derecho de propiedad o el derecho a pensión ya no puede utilizarse con éxito en otros expedientes similares.
• Jurisprudencia confirmada: el Tribunal remite expresamente a la Decisión n.º 203 del 7 de abril de 2022 y a la Decisión n.º 372 del 29 de junio de 2023, que ya habían resuelto la misma cuestión en otros casos, y constata que no existe ningún elemento nuevo que justifique un cambio de solución.

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